Este sábado se realizó la sexta marcha por la vida promovida por diversas organizaciones y por el arzobispado de Lima, en la cual participaron alrededor de 800 mil personas manifestando su rechazo al aborto y reclamando el respeto hacia el derecho a la vida y la familia. A partir de ello, se reactivó el debate en torno a si se debería despenalizar el aborto en el Perú. En ese sentido, el presente editorial abarcará las razones por las que se debería despenalizar el aborto en todos los casos y las regulaciones al respecto.

En primer lugar, la penalización del aborto en el Perú no ha cumplido su objetivo de disuadir a las mujeres para que no aborten. Según datos presentados por el Centro Flora Tristán, en el año 2006 se registraron 371,420 abortos clandestinos; es decir, más de 1,000 abortos al día. Esta situación es preocupante, ya que se estima que la cifra se ha incrementado en la actualidad debido al mayor acceso a estos centros clandestinos a partir de anuncios en las calles, redes sociales y contactos telefónicos.

El problema se hace más grave si tomamos en cuenta que los centros de aborto clandestinos no cuentan con las medidas de seguridad necesarias, calidad de profesionales, salubridad en sus instalaciones, etc.; lo cual ha hecho que el aborto termine siendo una de las principales causas de mortalidad femenina. En el 2008, la Organización Mundial de la Salud estimó que el 13% de muertes de las mujeres fueron causadas por un aborto mal practicado; por otro lado, según un estudio realizado por Gerdts et al, estima que el aborto inseguro fue causa del 16% de las muertes entre el período del 2000 y 2011[1].

Finalmente, la penalización del aborto ha hecho que ahonden más los efectos perjudiciales de la desigualdad social en nuestro país ya que, si bien la práctica de un aborto clandestino presenta riesgos para la mujer que lo practique, independientemente de su estrato social, los mayores peligros suelen presentarse en aquellas mujeres de escasos recursos, dado que no cuentan con los medios económicos necesarios para acceder a tratamientos menos riesgosos ni tampoco para resguardar su salud ante eventuales complicaciones.

La posibilidad de acceder a un aborto legal y seguro tiene su fundamento en los derechos sexuales y reproductivos, los cuales garantizan la libertad de las personas de decidir sobre su propio cuerpo en el ámbito sexual y reproductivo, sin coerción, discriminación ni violencia[2]. En diversas conferencias y acuerdos internacionales[3], se estableció que los derechos sexuales y reproductivos comprenden el poder decidir el número de hijos/as y su esparcimiento, disfrutar de vida sexual satisfactoria y sin riesgo de procrear, así como el tener acceso a información adecuada y oportuna respecto a métodos de planificación familiar.

Por todo ello y más motivos, el aborto debería ser despenalizado en todos los casos y regulado por el Estado. Sin embargo, ¿cómo debería darse esta regulación? Al respecto, es importante que se consideren dos puntos: el plazo dentro del cual pueda practicarse un aborto seguro y la asistencia psicológica en todas las etapas del proceso.

En primer lugar, el plazo ideal para practicar un aborto seguro es dentro de las primeras catorce semanas de embarazo, esto principalmente por el bienestar y la vida de la madre, y las complicaciones que tendría un aborto en momentos posteriores. Este plazo ha sido considerado también como criterio por distintas regulaciones extranjeras, como es el caso de España. Durante el primer trimestre de embarazo existen 4 métodos para poder abortar: dos de ellos referidos a la ingesta de pastillas abortivas, un tercer método es denominado la aspiración manual endouterina, el cual se considera menos invasivo; y finalmente, la aspiración, el cual puede usarse hasta casi finalizado el primer trimestre.

En el segundo trimestre, los procedimientos abortivos son más invasivos, puesto que el feto se ha desarrollado y ha crecido más dentro del vientre de la madre. Los riesgos van aumentando conforme avance el embarazo y esto puede dejar secuelas como daño al cuello uterino, sangrado excesivo, infección en las trompas de falopio o el útero, rotura o perforación de este, incluso la muerte. Por tanto, el aborto será más seguro mientras se practique lo antes posible, ya que mientras más avanzado esté el embarazo y más grande sea el feto implantado en el útero, mayores son los riesgos de dicha intervención y la madre puede quedar con secuelas irreparables. Incluso existe el riesgo de muerte ante alguna complicación.

En segundo lugar, es muy importante la presencia de un psicólogo capacitado en todo el proceso del aborto, incluso en los momentos posteriores a este. Siguiendo la experiencia española, se considera esencial el rol que un profesional pueda tener en todo el proceso, lo cual además va acorde con el respeto al derecho al consentimiento informado, del cual debe gozar toda persona que va a someterse a un tratamiento médico. Este es considerado como un derecho esencial, según lo mencionado por Nélida Huamán, Miembro Titular de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, puesto que el especialista tiene la obligación de proporcionar información importante y de calidad acerca de las posibles implicancias, riesgos y consecuencias, tanto físicas como psicológicas, que la intervención puede provocar en el paciente. Por otro lado, el derecho al consentimiento informado implica también la información acerca de diversas opciones distintas a la ya decidida.

En el caso concreto del aborto, un psicólogo debe tener incidencia y opinión con respecto a las consecuencias psicológicas que puede sufrir una mujer que se somete a este procedimiento y, del mismo modo, las maneras en cómo esta puede superar dicho episodio; así como brindar asesorías constantes incluso en los momentos posteriores al aborto, puesto que existen secuelas no son solo físicas sino también emocionales en las que es necesaria la intervención un profesional capacitado.

Finalmente, resulta indispensable que la despenalización del aborto y su aseguramiento por el Estado vayan acompañadas con Educación Sexual Integral (en adelante, ESI). Siguiendo al Informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación, el derecho a la educación sexual integral forma parte del derecho humano a la educación, y su reconocimiento es necesario para asegurar el goce del derecho a la salud, el derecho a la información, y los derechos sexuales y reproductivos.

Si la ESI fuera una política pública obligatoria en el Perú, los casos de embarazos adolescentes y abortos serían menores. Esto ha quedado demostrado por el informe ‘Evidencias, lecciones y prácticas para comprender la educación integral en sexualidad’ publicado por la UNESCO en el año 2015, el cual demuestra que la implementación de la ESI en 48 países, incluyendo el Perú ha tenido impactos positivos en la salud sexual de los niños y adolescentes, así como en la reducción de las tasas de embarazo.

Por todo lo expuesto, consideramos que la penalización del aborto en nuestro país no ha provocado que ellos se detengan ni disminuyan. Aún más, esta prohibición obliga a que las mujeres los practiquen en centros clandestinos, poniendo en riesgo su salud y haciendo más grave aún las consecuencias de la desigualdad económica. El aborto en nuestro país debe ser legal y seguro, sin restricción de casos. Es preferible que esta práctica se garantice dentro de los primeros tres meses de embarazo, de tal forma que se puedan prevenir daños irreparables en la salud física y emocional de la madre. Finalmente, esta despenalización debe ir acompañada una política pública de educación sexual integral en todo el Perú, pues ha quedado demostrado que esto reduce efectivamente las tasas de embarazos no deseados, inicio temprano de la vida sexual y disminución de abortos.

 


[1] http://www.rpmesp.ins.gob.pe/index.php/rpmesp/article/view/2573/2600

[2] ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU)
2012 Consideraciones de los informes presentados por los Estados partes según los artículos 16 y 17 del Pacto. Ginebra

[3] Como ejemplos, podemos mencionar a la Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo (1994), la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en la Plataforma (1995) y la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

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