Por: José Diego Ruiz Huidrobo, asociado del área de Derecho Tributario del estudio Rodrigo, Elías & Medrano Abogados

A raíz del incremento recientemente aprobado al Impuesto Selectivo al Consumo aplicable a los distintos combustibles, bebidas azucaradas, bebidas alcohólicas, cigarrillos y vehículos, se ha visto reforzada la vigencia de la capacidad de los tributos para perseguir fines extrafiscales.

A saber, se entiende que los tributos siguen fines extrafiscales cuando estos cumplen objetivos distintos a la recaudación de dinero por parte del Estado para el cumplimiento de sus fines.

En este contexto, el Impuesto Selectivo al Consumo es, por diseño, un tributo con fines extrafiscales en tanto se estructura para su aplicación sobre productos finales, con tasas diferenciadas aplicables a determinadas operaciones que implican transferencias de bienes considerados como “no esenciales” (tales como el combustible, la bebidas azucaradas, el alcohol, el tabaco y vehículos automotores), buscando incrementar el precio de estos bienes y generar un efecto regresivo, desincentivando su consumo.

En tiempos en los que el cambio climático y sus efectos ocupan a, y se hacen sentir sobre, virtualmente todo el globo, tiene sentido reflexionar acerca de la conveniencia e idoneidad de establecer tributos ambientales a fin de dirigir y condicionar la conductas de los principales actores en la realización de actividades nocivas o contaminantes en el país.

Siguiendo el viejo adagio de “quien rompe paga”, que ciertamente hace eco en la doctrina europea referida a la tributación ambiental, se gesta la reflexión de “quien contamina paga”, que no busca sino que se incluya dentro de la estructura de costos del agente generador, aquellos que soporta la sociedad de manera colectiva al sufrir una disminución del derecho fundamental al gozar de un ambiente equilibrado y adecuado.

La técnica tributaria ofrece todas las herramientas que le permitirán al Estado dirigir de manera precisa la orientación que desee darle a los tributos ambientales, conjugando la hipótesis de incidencia y subsunción, delimitada por los aspectos subjetivo, objetivo, temporal y espacial, que responden a las interrogantes ¿A quién?, ¿Qué?, ¿Cuándo? y ¿Dónde? se grava.

A estos fines, la técnica tributaria deberá complementarse a fin de integrar los elementos necesarios de las ciencias, que le permitan diseñar una herramienta de cambio que le permita intervenir, en función a parámetros medibles en relación con las decisiones conductivas de los agentes y consumidores, hacia una producción ambientalmente deseada.

Es importante que tal intervención pueda darse no solo en la forma de crear tributos o cargas que afecten y vuelvan más gravosos los procesos de quienes decidan utilizar productos más nocivos o contaminantes, sino también a través del otorgamiento de beneficios a quienes opten por el uso de las energías menos contaminantes e insumos que menos externalidades generen.

Asimismo, tal intervención puede manifestarse mediante distintas formas, atendiendo a los diversos tributos y sus características, pudiendo crearse impuestos, tasas o contribuciones.

Como se puede ver, la tributación pensada como una herramienta de cambio, a través de la consecución de fines extrafiscales, abre un abanico de posibilidades que, acompañados de una voluntad y dirección basadas en datos, permitirán al Estado dirigir y corregir la conducta de los agentes y consumidores, al mismo tiempo que salvaguardar el medioambiente y la salud pública.

 


Fuente de la imagen: https://www.hch.tv/2018/05/14/consejos-eco-friendly-para-cuidar-el-planeta-y-ahorrar-dinero/

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