La Ley de Promoción Agraria, Ley N° 27360, ha ocasionado gran polémica en estas últimas semanas, debido a las diversas protestas que se dieron en diferentes partes del país por la posible extensión de su vigencia, la cual debería culminar en el año 2021.

La ley en cuestión fue promulgada en el año 2000, buscando beneficiar al trabajador agrícola a través de la formalización de su actividad, brindando beneficios no solo a los trabajadores sino también a los empleadores. No obstante, la mayoría de los objetivos planteados no se concretizaron, principalmente, en el ámbito laboral.

Esto ha generado gran preocupación en la población, ya que la agricultura es una de las principales actividades de ingreso para el país. Por ello, en el presente editorial, analizaremos los beneficios de la aplicación de esta ley; así como, las críticas al régimen laboral establecido en ella.

La ley en cuestión conllevó a establecer una serie de beneficios para el sector agrario. La actividad agrícola en nuestro país se ha formalizado y consolidado, siendo una de las que mayores ingresos produce para la economía nacional. Además, el aumento de la actividad agroexportadora ha contribuido con tal ventaja económica,  siendo que en el 2001 se computaron 500 millones de dólares como ingresos; mientras que, actualmente, estamos bordeando los 5 mil millones de dólares.

Asimismo, productos banderas como la uva, el espárrago y el plátano lideraron la agroexportación, introduciéndose satisfactoriamente en el mercado internacional. Ello generó que otros productos como la granada, la alcachofa y los arándanos incrementen sus niveles de exportación.

Por otra parte, los trabajadores agrícolas adquirieron ciertos derechos laborales gracias a la formalización; tales como vacaciones, CTS y seguro social, aunque estos no fueron reconocidos en igual medida que en un régimen laboral común.

Por ello, pese a los beneficios económicos evidentes de la aplicación de esta ley, los trabajadores del sector agrario no han formado en su totalidad parte de los resultados favorables señalados. Si bien es cierto que establecer un régimen especial para el agro no resulta inconstitucional dada la naturaleza especial de la actividad agraria, esto no significa la supresión de derechos laborales ni que dicha situación sea inmutable por estar contenida en una norma.

En primer lugar, se debe tener en cuenta que los salarios percibidos por los trabajadores no guardan relación con los ingresos que este sector de producción genera anualmente. Incluso, se advierte que un empleado agrícola deja de percibir 1 388 soles anuales o 116 soles mensuales frente al salario que perciben los trabajadores del régimen común.

En segundo lugar, la ley establece  que el aporte mensual al Seguro de Salud para los trabajadores de la actividad agraria, a cargo del empleador, sea del 4% de la remuneración en el mes; mientras que, en el régimen laboral común, el porcentaje es del 9%.  Por ello, aunque esta norma ha permitido el acceso a los trabajadores agrícolas al seguro social, se continúa reclamando no solo mayor presupuesto, sino también una constante fiscalización que asegure el real acceso a los centros médicos.

En tercer lugar, las vacaciones en el régimen agrario tienen una duración de 15 días, frente a los 30 días de vacaciones que gozan los trabajadores del régimen laboral común. Además de ello, las CTS y las gratificaciones, en el régimen especial agrario, son incluidas dentro del pago diario que reciben los trabajadores, creando una falsa apariencia de incremento de salario y dejando sin protección al trabajador cuando finalice su contrato.

Finalmente, una de las principales falencias del régimen agrario establecido es la mínima protección que se le brinda a la estabilidad laboral del trabajador agrícola. Así, en el año 2017, se calcula que de 276 mil trabajadores, solo 38 mil habían sido contratados a plazo indeterminado. Esto, sin duda, no solo afecta la estabilidad laboral sino que también impide el ejercicio de otros derechos como la libertad sindical.

En síntesis, consideramos que el sector agrario requiere de medidas legislativas y políticas continuas que permitan su desarrollo de manera eficiente. Si bien es cierto que la Ley de Promoción del Sector Agrario presenta una serie de beneficios económicos, esto no puede darse en sacrificio de los derechos de los trabajadores. Por ello, es necesario que se establezca un régimen laboral que otorgue derechos laborales en lugar de suprimirlos o limitarlos desproporcionadamente, buscando el equilibrio entre el crecimiento económico y el bienestar de los trabajadores del sector agrícola.

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Fuente:

  • https://larepublica.pe/economia/1254232-ley-fomento-agrario-permitio-crecer-sector-ajustando-trabajadores

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