Por:  Oscar Sumar, director de la Asociación Regulación Racional y doctor en Derecho por UC Berkeley

Hace tiempo (desde 2013) se asumió, con la aprobación de la Ley de Alimentación Saludable, que habría algún tipo de regulación a los alimentos. La “lucha” en los últimos meses se ha centrado en si las advertencias de “alto en sal”, etc., se pondrían en forma de semáforos u octágonos. Al final, han ganado los octágonos, que fueron presentados como la alternativa “internacional y académicamente respaldada”. Sin embargo, no solo los efectos de estas advertencias no son obvios, sino que tampoco lo es su justificación. Aquí algunas interrogantes que plantea el uso de estas advertencias como método para informar a los consumidores:

1. Como ya vimos, la justificación de esta norma no es obvia. Es una idea generalmente aceptada entre los que estudian el “disclosure” como método regulatorio que las empresas tendrán incentivos para dar información sobre sus productos, aunque algunos autores han encontrado que obligar a las empresas a revelar información puede tener sentido económico, en algunos casos (Board, `Competition and Disclosure` 2009). En el mercado de alimento tenemos cada vez más disclosure sobre las propiedades de los alimentos, de manera voluntaria, con lo cual el mandato de revelar información podría ser redundante.

2. No es obvio tampoco que estos supuestos beneficios vayan a ser mayores que los costos producidos por este mandato de revelar información. El costo de adquirir la información y usar parte del empaque va a incrementar el costo de producir alimentos, lo cual podría incrementar el precio final de estos productos para los consumidores. Esto, sin tomar en cuenta que podría haber un “deterrance” desproporcionado del consumo de ciertos productos, debido a lo “grueso” de las advertencias.

3. Tampoco sabemos si efectivamente van a cambiar los hábitos de las personas o si –como uno podría sospechar- mas bien se va a generar un “efecto sustitución” por el cual las personas simplemente van a reordenar la cantidad de sal, grasa y azúcar que consumen durante el día. Según el efecto sustitución, las personas tenemos una preferencia por la cantidad de riesgo que asumimos, de igual modo que tenemos preferencia por la cantidad de horas que dormimos, o cuantas horas de televisión vemos. Si alguien duerme poco en la noche, es probable que “compense” durmiendo en el día. De similar forma, si tenemos una preferencia por una determinada cantidad de azúcar, entonces consumir menos en una comida solo hará que compensemos en otra (he escrito sobre esto en mayor detalle, aquí).

4. En un escenario donde la industria hace lobby en relación a este tipo de regulación, es ingenuo pensar que la norma realmente los afecta. Por un lado, una norma que eleva los costos de producción no necesariamente perjudica a los principales actores en un mercado. Si asumimos que las normas son como vallas, si yo soy una empresa que puede saltar 2 metros, no me importará tanto que eleven la valla de 1 m a 1.5. Incluso, esa norma me podría beneficiar en el entendido que existan empresas en el mercado que no puedan superar la nueva valla. Por otro lado, las empresas más establecidas también podrán adaptarse a la legislación, cambiando por ejemplo los componentes de sus productos. Si el límite de azúcar es 80 mg por cada 100 gr y mi producto actualmente tienen 85 mg, podría simplemente reemplazar parte del azúcar por edulcorante (más información, aquí).

5. Al igual como pasa actualmente con las advertencias en las cajetillas de cigarrillos, las advertencias en alimentos corren el riesgo de volverse banales en el corto plazo. Lejos de pensar que nuestros legisladores son visionarios sobre la salud, muchas veces ellos no hacen otra cosa que seguir tendencias sociales que ya se encuentran ahí. Dicho de otro modo, primero viene la preocupación popular por la cantidad de sal, azúcar o grase que consumimos y luego viene la regulación. En ese escenario, una advertencia como “el azúcar puede ser mala para tu salud” es tan informativa como “tirarte de un edificio de 15 pisos no es recomendable”.

Esta norma se ha vendido como un obvio triunfo de la sociedad peruana frente a la industria, pero no queda claro que realmente esté justificada o que sus beneficios vayan a justificar sus obvios costos.

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Fuente de la imagen: La República.pe

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Análisis Regulatorio se publica en colaboración con la asociación Regulación Racional, dirigida por Oscar Sumar, profesor de calidad regulatoria con un doctorado en UC Berkeley. En este blog, se realizará el análisis de regulación o políticas públicas, basándose en la teoría económica y en la evidencia empírica. ¡No te lo pierdas!

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