El gobierno estadounidense volvió a estar en el ojo de la tormenta por la política de “tolerancia cero” respecto a los inmigrantes. Muchas personas que intentaron cruzar la frontera americana son ahora “prisioneros” en este país al encontrarse en condiciones deplorables; muchos de ellos con problemas para conciliar el sueño debido a las luces prendidas durante 24 horas en las celdas donde se encuentran; en general, en un ambiente inhumano.

Sin embargo, la situación más criticada ha sido el trato que se les ha dado a los niños detenidos, los cuales están custodiados en jaulas de metal y separados de sus padres, lo que ha sido considerado como una serie de tratos inhumanos . Más de 2300 niños y jóvenes inmigrantes fueron separados de sus padres en la frontera sin que estos sepan de su paradero. Esta situación es cuestionada en tanto vulnera la dignidad de miles de ciudadanos y los efectos traumáticos permanentes que puede ocasionar en la salud física y psíquica de los menores de edad.

Todos este contexto provocó presión política de diversos actores internacionales para exigir el cese de estos abusos por parte del gobierno norteamericano. Esto ha llevado a que el propio Donald Trump aceptara la vulneración de los derechos de miles de ciudadanos e incluso indicó que “no [le] gusta ver a las familias separadas”. A partir de esto, el gobierno estadunidense ha decretado una nueva política de no separación de familias; sin embargo, es importante mencionar que no se ha establecido qué se hará para que estos más de 2300 niños ya separados.

Algo importante de señalar es que la política inmigratoria de Trump ha configurado como delito el ingresar a territorio estadounidense de forma ilegal, hecho que anteriormente era calificado como una infracción administrativa. En ese sentido, cuando un adulto es detenido por haber cruzado la frontera sin documentos, automáticamente se le inicia un proceso penal bajo la ley estadounidense, la cual debe de garantizar el debido proceso independientemente de la nacionalidad de quien es juzgado; esto debido a que este derecho tiene la calidad de derecho humano y por lo tanto es extensivo a todos.

A pesar de que Trump ha manifestado una intención de renunciar a todo tipo de tratado que le exija a su gobierno no vulnerar derechos humanos, existen aún pactos o convenios vinculantes para los Estados Unidos. En ese sentido, los procesos incoados contra los inmigrantes deben ser respetuosos de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que reconoce, como se indicó antes, los derechos a la justicia y al proceso regular. En esa línea, se señala que toda persona tiene derecho a ser oído en forma imparcial y a que no se le impongan penas “crueles, infamantes o inusitadas”. Todas estas garantías se hacen aún más importantes cuando se trata de procedimientos que conllevan una sanción para la persona, como en el presente caso. Por tanto, deben ser un criterio inherente a la creación y  aplicación de las leyes estadounidenses.

En los último años, se ha intensificado la política anti migratoria de Estados Unidos, especialmente con ciudadanos que provienen de los diferentes países de América Latina y con ello también han aumentado los casos en los que se ha vulnerado diferentes derechos de estos grupos. Es por ello que, en este contexto , los consulados deben tener un rol más activo de protección con sus nacionales. Recordemos que estas instituciones tienen como función brindar asistencia a los ciudadanos de su países en el exterior, en ese sentido, se debe otorgar ayuda a quienes se encuentran en un estado de indefensión. Dicha ayuda se puede reflejar en ofrecer una orientación legal dirigida al respeto de sus derechos, otorgar una lista de abogados que puedan asumir su defensa en tales procesos, etc.

Finalmente, diversos organismos internacionales de Derechos Humanos han establecido criterios respecto al trato de los países para con los inmigrantes. Por ejemplo, la Corte Interamericana, a partir del ‘Caso familia Pacheco Tineo vs el Estado Pluricultural de Bolivia’, ha establecido diversas garantías en procesos llevados a cabo contra inmigrantes y en casos en los que se separe a los padres de familia de sus hijos. Si bien es cierto que Estados Unidos no se encuentra dentro de la jurisdicción de esta Corte, es necesario tomar en cuenta los parámetros establecidos por esta a fin de asegurar un proceso más respetuoso con la dignidad de los individuos.

Dentro de las garantías más importantes:

  • Las personas deben recibir una constante información acerca de cómo se encuentra el estado de su proceso, asimismo,  recibir información del paradero de sus familiares.
  • Durante el proceso, cualquier acción que se tome no puede ser mayor al interés superior del niño, ya que una situación adversa puede ser traumática para los niños afectados, esto puede perjudicar su salud psicológica y por ende su vida. En el caso de la política anti-migratoria, separar a los niños de sus padres los pone en grave peligro si es que se obvia estos intereses.
  • La política de tolerancia cero no puede ser lineal y constante, sino que esta debe ser de modo individual y tratando cada caso de forma adecuada con la situación en la que se encuentre.

En conclusión, la política de “tolerancia cero” y la forma en cómo ha sido aplicada respecto a los inmigrantes no ha sido respetuosa de los Derechos Humanos ni de los diversos criterios y garantías establecidos por diversos organismos internacionales que interpretan estos. Respecto al trato dado a los menores de edad, si bien es cierto que los padres de familia tendrán que afrontar un proceso penal debido a lo establecido en las leyes estadounidenses, es necesario establecer condiciones idóneas a fin de evitar un daño mayor al que ya encuentran estas familias que se ven en necesidad de migrar. Finalmente, en este contexto es muy importante el rol que deben cumplir los consulados de cada país a fin de que puedan proteger y velar por el respeto de los Derechos Humanos de los ciudadanos de sus países.

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