Por Abner Casallo Trauco, estudiante de Derecho de la UNMSM y Economía de la UNAC. Colaborador de Regulación Racional.

El estudio de las fallas de mercado entendidas, en términos sencillos, como la incapacidad que tienen algunos mercados sin regulación de asignar recursos de una manera eficiente[1] es uno de los principales tópicos de la Microeconomía y, consecuencia de ello, del Análisis Económico del Derecho. Sin embargo, la concepción tradicional de ellas no ha estado libre de críticas. En este escrito haremos recuento de alguna de ellas considerando especialmente factores institucionales.

Para empezar, Zerbe y McCurdy[2] han señalado las deficiencias de lo que se entiende por “falla de mercado”:

  1. El concepto de falla de mercado describe una situación que prácticamente existe en todas partes.
  2. La intervención del estado para resolver una falla puede conllevar a situaciones subóptimas en sentido paretiano.
  3. Hay falta de evidencia empírica que sustente la validez del concepto de falla de mercado.
  4. El análisis tiende a ser vago e inexacto, permitiendo que los sesgos ideológicos se presenten como hechos científicos.

Frente a estas dificultades, los autores proponen que se debe explorar más bien el concepto de costo de transacción, el cual si bien no resuelve todos los problemas, proporciona a los analistas una visión de la relación entre el gobierno y el mercado que de otro modo no sería evidente. Asimismo, proporciona información sobre la acumulación de acuerdos institucionales que existen en la práctica y evita la búsqueda interminable de “fallas”, ya sea en el sector privado o público[3].

De hecho, la importancia de los costos de transacción ya era previsto en lo que Stigler llamó “teorema de Coase”: el estado intervendrá para resolver las externalidades siempre que los costos de transacción sean de consideración. En caso contrario, las partes podrían resolver el problema a través de acuerdos contractuales[4]. Esto no excluye que el Estado pueda participar a través de innovaciones que, por ejemplo, faciliten los acuerdos reduciendo los costos de transacción[5].

En efecto, cada vez que el gobierno puede reducir los costos de transacción privados o sus propios costos de provisión, debe hacerlo independientemente de si existe o no una externalidad[6]. Ahora bien, entre muchas otras, una aplicación de esto se puede ver en los mecanismos de pagos por servicios ambientales los cuales se dan bajo acuerdos y el Estado genera incentivos para que ellos se viabilicen. Esto es posible dado que existen costos de transacción bajos. A esto también se le podría sumar el mercado de bonos de carbono como mecanismo de reducción de la contaminación (una externalidad negativa).

Por otro lado, también como falla de mercado se tiene a los bienes públicos (no exclusivos y no rivales), sobre lo cual nuevamente Coase mostraba que el caso de los faros pese a ser un ejemplo tradicional de bien público, eran administrados por el sector privado y no por el gobierno en Inglaterra[7]. Asimismo, se ha propuesto que antes de hablar de bienes públicos, es mejor analizar la rivalidad y exclusividad como fenómenos separados y con características propias que pueden concurrir o no[8].

Al respecto, un caso diferente al bien público es el bien común (rival pero no exclusivo) que también ha sido bastante estudiado por los neoinstitucionalistas, especialmente Elinor Ostrom. Aquí la visión tradicional planteaba que ello siempre terminaría en una tragedia de los comunes teniendo como salida ya sea la estatización o la privatización del bien[9]; sin embargo, Ostrom demostró que esto no es así y que el éxito de los bienes comunes dependen del marco institucional[10].

Se ve que independientemente que aceptemos o no el concepto de falla de mercado, la consideración del marco institucional es muy relevante para analizar si el Estado debe intervenir o no. Esto muchas veces no es considerado y se termina promoviendo regulaciones que muchas veces en lugar de resolver el problema lo termina agravando.


Fuente de la imagen: Derecho News.

[1] MANKIW, Gregory. Principios de Economía. 6° ed. Cengage Learning Editores. México D.F, 2012, p.151.

[2] ZERBE, Richard y MCCURDY, Howard. The Failure of Market Failure. En: Journal of Policy Analysis and Management, Vol. 18, No. 4, 1999, pp. 558–578.

[3] Ibíd., p.14.

[4] COASE, Ronald. The Problem of the Social Cost. En: Journal of Law and Economic. Vol. 3, 1960.

[5] Cabe recordar que también los economistas austriacos han cuestionado a las llamadas fallas de mercado, argumentando que muchas de ellas en realidad son ineficiencias causadas por el propio gobierno. Ver: VÁZQUEZ, Fernando. ¿Fallos de mercado o del Estado? Una recapitulación. Revisado el 02/07/2018 en: http://www.miseshispano.org/2018/01/fallos-de-mercado-o-del-estado-una-recapitulacion/

[6] ZERBE, Richard y MCCURDY, Howard. The Failure of Market Failure, Op cit., p. 8.

[7] Ronald H. Coase. The Ligthouse in Economics. The Journal of Law & Economics, Vol. 17, 1974.

[8] ZERBE, Richard y MCCURDY, Howard. The Failure of Market Failure, Op cit., p.10.

[9] HARDIN, Garrett. The Tragedy of the Commons. En: Science. New Series. Vol. 162, nº. 3859, 1968.

[10] OSTROM, Elinor. El gobierno de los bienes comunes. La evolución de las instituciones de acción colectiva. Traducción de Corina de Iturbide Calvo y Andriana Sandoval. Fondo de Cultura Económica. México DF. 2009

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