Los audios que revelan negociaciones ilícitas e implican a jueces y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) han causado revuelo en las esferas políticas y sociales del país. Con dichas grabaciones, se revela una estructura de corrupción que involucra altas autoridades de nuestro país, demostrando que para conseguir el cargo de funcionario público en el Perú muchas veces no se requiere de mérito, sino de contactos y también que los operadores de justicia no necesariamente actúan con imparcialidad en aras de tutelar los derechos de los ciudadanos, sino más bien para satisfacer intereses personales y políticos.

Estos audios se obtuvieron como parte de una investigación que comenzó en julio del año pasado, en la que se buscaba conocer el actuar de la banda “las Castañuelas de Richi Port”, dedicada a la comisión de delitos como narcotráfico y sicariato. Dicha banda tenía como allegados a miembros del sistema judicial; con los cuales pretendían asegurar su impunidad y acordaban reuniones para ello.

Por ese motivo, la Fiscalía solicitó al juez Cerapio Roque, juez titular especialista en crimen organizado del Callao, que se ordene la interceptación telefónica de algunos números involucrados en los presuntos actos ilícitos. Luego de evaluar los fundamentos del pedido, el juez Roque estimó tal solicitud. Cabe señalar además que no se conocían los nombres ni los cargos de dichos funcionarios involucrados, por lo que se solicitó a la compañía telefónica revelar su identidad.

Como era de esperarse, los involucrados en los audios han buscado deslegitimar a aquellos que publicaron dichas grabaciones. Por ejemplo, se ha alegado que la difusión vulnera el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones. Asimismo, la propia Fiscalía exigió en un primer momento a los medios periodísticos la remisión de los audios y que estos últimos revelen su fuente de obtención.

Ante este panorama, cabe preguntarse: ¿la obtención de dichos audios fue legal? La Constitución, en su artículo 2 inciso 10 establece que “toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados. Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos sólo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento motivado del juez, con las garantías previstas en la ley”.

De la lectura de este artículo, se desprende que si bien la Constitución permite la interceptación de las telecomunicaciones en determinados supuestos, también se busca proteger el derecho a la intimidad y la vida privada. Dicho artículo termina estableciendo que cuando se realice la interceptación se debe guardar secreto de los asuntos ajenos al hecho que motiva su examen.

En este punto, cobra relevancia el concepto de interés público, que es una característica que posee toda información relativa a la forma en cómo se maneja la función pública y el rol que desempeñan los funcionarios en ese contexto. Evidentemente, las escuchas telefónicas que se han difundido versan sobre actos cuestionables que son del interés ciudadano, ya que está vinculada directamente con la actuación de funcionarios públicos y con la forma en cómo se administra la justicia y política en nuestro país. No existe componente de intimidad alguno en estas conversaciones.

A partir de lo expuesto, queda claro que las interceptaciones telefónicas, al ser potencialmente peligrosas para el derecho a la intimidad, deben brindar garantías en las que se asegure la integridad del derecho al secreto de las comunicaciones. No obstante, es cierto también que cuando se ordena la interceptación de llamadas telefónicas en el contexto de una investigación fiscal y con un objetivo reconocido por ley, dicha escucha es completamente válida. Esto último ha ocurrido en el presente caso.

Siguiendo la Ley 27697, ley que otorga facultad al Fiscal para la intervención y control de comunicaciones y documentos privados en Caso Excepcional, los jueces pueden conocer o controlar las comunicaciones de las personas siempre y cuando se den algunos supuestos, entre los cuales encontramos a la investigación del delito de asociación ilícita para delinquir. Como sabemos, el escándalo de la CNM involucra a fiscales, jueces y políticos que están siendo acusados de formar una red de corrupción para conseguir favores judiciales y negociar la ratificación de jueces. Es así que se les acusa del delito de asociación ilícita para delinquir, supuesto que se incluye en la ley, y, por ende, corresponde con el principio de legalidad.

Por todo lo expuesto, concluimos que los audios que han sido difundidos recientemente han sido obtenidos de forma legal y que su difusión es de interés público, ya que involucra el manejo de la justicia y política en nuestro país. Por tanto, estos audios podrían ser usados como pruebas ante una eventual investigación penal contra las personas involucradas; y no deberían desecharse como prueba ilícita, tal como han sostenido algunos personajes políticos.

 

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