Ernesto de la Jara, abogado por la PUCP. Fundador y exdirector del Instituto de Defensa Legal.

ED: Hace un par de semanas, nos enteramos de la diligencia suspendida del Ministerio Público al local de IDL-Reporteros. En base a lo ocurrido, ¿cuál es su opinión sobre el accionar de ciertos fiscales que, sin ninguna orden previa, realizan este tipo de diligencias?

Ernesto de la Jara: Como muchas personas, yo tengo una posición absolutamente crítica sobre lo ocurrido, no solamente por mi vínculo con el IDL, sino también porque este accionar es ilegal desde muchos puntos de vista. En primer lugar, porque no se ha seguido el procedimiento correcto con las formalidades respectivas para una medida de destrucción de derechos, es decir, la incautación de materiales. Recordemos que, para adoptar este tipo de medidas, debe haber una investigación de por medio, el pedido de un fiscal, y la autorización de un juez, siempre respetando los principios de proporcionalidad y racionalidad. El fiscal, como nos hemos podido dar cuenta, no contaba con esta orden.

La segunda ilegalidad está en que la misma incautación se ha superpuesto sobre el principio de reserva de las fuentes, como si IDL-reporteros hubiera cometido un acto ilícito. Existe una gran diferencia entre el chuponeo ilegal y la difusión de determinado material que pueda haber sido interceptado legalmente o chuponeado ilegalmente. En ese caso, lo que se debe sancionar es lo ilegal y no la difusión de un material que, por cierto, es de interés público.

ED: Entonces, ¿se vulneró el principio del secreto de las fuentes, así como los derechos inherentes a la libertad de prensa?

Ernesto de la Jara: Totalmente. Yo creo que este ha sido un claro intento de sorprender y amedrentar a los periodistas de investigación de IDL, porque se sabía que se venían más audios que comprometerían a funcionarios.

ED: ¿Cuál es su apreciación sobre lo ocurrido en el Consejo Nacional de la Magistratura, teniendo en cuenta la gran importancia que un órgano como este tiene para el funcionamiento del sistema de justicia?

Ernesto de la Jara: Uno de los problemas ha sido que, como la mayoría de la ciudadanía no sabe lo que es el CNM y cuáles son sus funciones, no hubo una fiscalización ciudadana como la hay ahora, con una serie de consecuencias muy positivas. Entonces, este desconocimiento de la población permite que los funcionarios actúen por lo bajo y solamente sean fiscalizados por instituciones como el Instituto de Defensa Legal, que ha venido hablando de la importancia del CNM por muchos años.

Lo que ha ocurrido incluso va más allá de un caso de corrupción, porque se ha descubierto una especie de engranaje que abarca a jueces, fiscales, consejeros del CNM, congresistas, políticos, empresarios y mafiosos. No dejemos de lado a los órganos encargados de las elecciones, ya que la ONPE y el JNE podrían ser utilizados como mecanismos de favores políticos.

ED: ¿Cómo se podría solucionar este problema de corrupción endémica y la falta de legitimidad que ahora tiene el CNM?

Ernesto de la Jara: Podríamos plantear una solución haciendo énfasis en el papel de las universidades en la formación de abogados, y en el proceso de selección de los consejeros del CNM. La gran mayoría de las universidades privadas son pésimas, sobre todo en Derecho, porque es una carrera que no requiere equipos o una infraestructura fuera de lo común. Esto ha traído dos tipos de problemas. En primer lugar, año a año tenemos abogados de un pésimo nivel, los que probablemente lleguen a convertirse en jueces o fiscales.

Y, en segundo lugar, esas mismas universidades son las que han elegido al representante ante el CNM. Yo me pregunto: ¿cómo alguien como Noguera, con todo el historial que acarrea, ha sido representante de las universidades privadas? Yo creo que tiene que haber un cambio radical con respecto a este asunto, como que solamente puedan votar las universidades que tengan facultad de Derecho y que estén debidamente acreditadas para que exista un debido filtro de elección a los representantes.

ED: ¿Y qué opina sobre los requisitos para quien puede ser consejero del CNM?

Ernesto de la Jara: Considero que se deben aumentar los requisitos, no solamente a nivel de títulos (doctorado, maestría, etc.), sino también en la trayectoria que el postulante a consejero ha tenido. Opino lo mismo con respecto a las otras modalidades de selección, en las que también existe perversión. Por ejemplo, cada vez que los vocales supremos quieren elegir a un miembro ante el CNM, la ley exige que esta persona no pueda formar parte del Poder Judicial al menos por seis meses. No obstante, lo que se ha visto es que muchos vocales hacen que un juez renuncie ocho meses antes para que este, al formar parte del CNM, pueda proteger y devolver los favores a quienes lo eligieron. Hay que buscar modalidades mucho más democráticas, en las que la sociedad civil tenga mayor participación.

ED: En una entrevista que usted realizó a Néstor Sagüés (“La selección de un buen juez”, en la revista Ideele), él le comentó que no se trata solo de evaluar los conocimientos jurídicos, sino también el sentido común, la educación o la prudencia del magistrado. ¿Cómo aplicaríamos este criterio en el CNM?

Ernesto de la Jara: Yo estoy en contra de que se diga que todos los miembros del CNM tienen que ser abogados, ya que a la hora de evaluar a los jueces y fiscales uno no solamente mide el desempeño jurídico, sino también se mide el nivel de vinculación con la gente, la mentalidad, si se es homofóbico, machista… son cosas que también tienen que evaluarse. Considero que los psicólogos que han trabajado en los procesos de selección de jueces y fiscales podrían ofrecer grandes aportes.

ED: ¿Cree que las penas no han sido lo suficientemente disuasivas como para que no se cometan estos actos de corrupción? Es decir, ¿una solución a este problema podría ser el aumento de penas para los delitos de función?

Ernesto de la Jara: Todo quebrantamiento a la ley debe ser sancionado, porque la impunidad siempre es luz verde del delito. A pesar de ello, considero que toda pena debe ser proporcional al delito cometido, algo que en el Perú no necesariamente sucede. Por ejemplo, a Marcelo Odebrecht, inicialmente, se le dio dieciséis años, mientras que en el Perú el robo de celulares tiene doce años. ¿A qué quiero llegar con esto? Que no todo se resuelve metiendo a la cárcel a las personas. Por ello, y en respuesta a tu pregunta, yo no propondría que, para el tráfico de influencias, abuso de autoridad o cualquier otro delito relacionado a la función pública, se tengan que elevar las penas.

ED: Ya que usted menciona el tema de la proporcionalidad, ¿cuál es su opinión sobre la prisión preventiva de Walter Ríos a pesar de la existencia del arraigo? ¿Fue proporcional establecer la medida cautelar?

Ernesto de la Jara: Como sabes, yo me considero anti-prisión preventiva en el sentido de que esta medida debe ser absolutamente excepcional, como lo dice la doctrina, la Constitución, las leyes o los tratados internacionales. En el caso concreto de Walter Ríos, en primer lugar, existen elementos de convicción: los audios que incluso pueden considerarse como flagrancia. En segundo lugar, a pesar de los posibles atenuantes que hubiesen, la pena terminaría superando los cuatro años. Entonces, lo que corresponde evaluar es si existe riesgo procesal. Como tu mencionaste, él tiene arraigo, por lo que sería difícil probar el peligro de fuga. Sin embargo, evidentemente ha existido el peligro de obstaculización de la verdad, porque él es una persona que tiene muchos contactos al interior del Poder Judicial y de esta manera podría alterar cualquier avance en las investigaciones.

Por ello, yo estoy de acuerdo con la prisión preventiva de Walter Ríos, no por la gravedad de la pena o por lo que la mayoría de la gente cree, sino por la obstaculización de la verdad.

ED: El viernes de la semana pasada, el Congreso aprobó por unanimidad la remoción de todos los miembros del CNM. Sin embargo, ese mismo día Ronald Gamarra, en su columna de Hildebrandt en sus trece, hablaba de un Congreso obstruccionista. ¿Usted cree que se pueda concretar una reforma del sistema de justicia con el Poder Legislativo actual?

Ernesto de la Jara: Debemos recordar que estamos en un momento en que la mayoría de los líderes de partidos políticos están vinculados a casos de corrupción enormes, como Lava Jato; debido a esto, yo diría que en general ellos son muy obstruccionistas cuando se trata de discutir este tipo de reformas que no les conviene. Ahora bien, lo que pasa es que la presión de la gente ha sido tal que el APRA y el Fujimorismo se han visto obligados a dar pasos muy concretos y rápidos. Incluso el mismo Vizcarra se ha dado cuenta de que si no hacía algo iba a seguir cayendo en las encuestas y se lo iba a llevar la corriente, por lo que tuvo la reacción de convocar una sesión extraordinaria.

En el Perú ha habido muchos intentos de reforma judicial; la última fue Ceriajus. Sin embargo, siempre que estamos a punto de dar un paso, este no termina de concretarse. La explicación es muy simple: hay mucha gente a la que le conviene un sistema de justicia como el que tenemos. Esta reforma solo va a poder avanzar en la medida que la indignación y la presión de la gente se mantengan. Y desde el punto de vista jurídico, habría que ver si conviene la reforma constitucional o si es más conveniente modificar las reglas y requisitos de elección con el sistema que está previsto en la Constitución.

A mí me da un poco de miedo que este Congreso sea el que reforme al CNM a nivel constitucional.

 

Fuente de la imagen: IDL

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