Abner Francisco Casallo Trauco, estudiante de derecho de la UNMSM y economía en la UNAC, colaborador de Regulación Racional

 

Actualmente vivimos en un contexto donde cada día la corrupción en los más altos niveles del Estado se va haciendo más evidente. De hecho, según el Índice de Percepción de la Corrupción 2017 de Transparencia Internacional, el Perú se ubica en el puesto 96 con un puntaje de 37[1]. En este contexto, cabe preguntarse ¿cómo afecta un escenario institucional donde prima la corrupción al proceso regulatorio? En las siguientes líneas buscamos responder esta interrogante y proponer algunas salidas.

Este problema viene explicado en gran parte por una de las principales fallas de gobierno en el proceso regulatorio: la captura del regulador, cuya noción fue introducida por Stigler en The Theory of Economic Regulation[2]. Ella puede ser definida como un proceso por el cual las empresas reguladas influyen y manipulan las decisiones de las autoridades que supuestamente supervisan la actividad económica desarrollada por ellas[3], de manera que no se logra conseguir una regulación eficiente, llegando a subóptimos sociales[4].

Al respecto, desde los medios de su materialización, podemos considerar dos formas de captura: a. La captura materialista o la captura financiera ocurre cuando la motivación del agente regulador es de naturaleza material, y puede resultar de sobornos, contribuciones y donaciones políticas, o del deseo de mantener un alto nivel de financiación por parte del Estado; b. La captura no materialista, también llamada captura cultural, se evidencia cuando el regulador comienza a pensar como las empresas en el sector regulado, lo que refleja una fuerte identificación social con él. En este caso, el regulador no está corrompido materialmente; acepta la influencia, los valores y los intereses de las empresas reguladas, que él cree que son convergentes con los intereses de los consumidores y la sociedad[5].

Es importante tener en cuenta que los extremos muchas veces no son viables y este probablemente sea uno de esos casos. En efecto, una política que busque eliminar totalmente la corrupción y posible captura de algún regulador difícilmente sea viable, implicaría altos cosos para garantizar su cumplimiento. Una medida más razonable es tratar de reducir el riesgo de captura, pues bien ¿cómo logramos minimizarlo? Podemos considerar dos aspectos sobre este asunto[6]:

a. Partiendo de un enfoque de principal- agente[7]. encontramos un útil esquema que nos permite identificar ciertas deficiencias y tratar de corregirlas, tales como combatir los malos incentivos, aumentar los costos de corrupción y reducir el beneficio que podrían resultar de las acciones ilícitas. Esto implica hacer uso de mecanismos de control, sanciones y recompensas.

b. Si bien la autonomía del regulador es importante, pues permite reducir al mínimo la interferencia de los poderes políticos en desmedro de las empresas reguladas, es necesario encontrar un equilibrio que implique una limitación de la discreción del regulador que a la vez no comprometa su independencia y la autonomía.

Asimismo, Boehm propone que el enfoque del costo de transacción frente a la corrupción arroja luz sobre posibles medidas destinadas a socavar el establecimiento y la aplicación de acuerdos corruptos. Tales medidas podrían comprender, entre otras [8]:

a. Rotar a los reguladores en posiciones vulnerables para obstaculizar el establecimiento y aplicación del acuerdo lateral corrupto.

b. Las empresas o reuniones reguladas siempre deben visitarse en equipos de al menos dos reguladores y, si es posible, en equipos rotativos.

c. Las relaciones entre los reguladores y las empresas reguladas deben mantenerse en el anonimato cuando sea posible.

d. Los reguladores deben ser descalificados para trabajar para la industria privada que han regulado durante un cierto período de tiempo.

e. Se debe prever una dotación de personal adecuada de la agencia y solo contratar expertos externos si es realmente necesario.

f. Introducir reglas y protección para denunciantes. Las legislaciones se pueden diseñar de una manera que fomente el oportunismo.

Estas estrategias, algunas de las cuales ya están siendo aplicadas, permiten conseguir un proceso regulatorio con menores riesgos de captura o corrupción. Este es un tema que no puede pasar por alto, nuestra debilidad institucional nos está trayendo serios problemas y en el largo plazo termina afectando el crecimiento económico. Contribuyamos a que la regulación no sea parte de esto.

[1] El puntaje es de 0 a 100 y mientras más cercano a cero sea, la percepción de corrupción es mayor. Pueden consultar el ranking completo en el siguiente enlace: https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2018/02/tabla_sintetica_ipc-2017.pdf

[2] STIGLER, George. The Theory of Economic Regulation. The Bell Journal of Economics and Management Science, Vol. 2, No. 1, 1971, pp. 3-21

[3] BORGES, María Rosa. Regulation and Regulatory Capture. Revisado el 30/07/2018 en: http://www.worldacademy.org/files/colloquium_2017/papers/Regulation_regulatory_capture_M.Borges.pdf p. 2.

[4] Algunos autores distinguen entre: Captura clásica y captura suave.

[5] BORGES, María Rosa. Op. Cit., p.10. Ahora bien, es importante tomar en cuenta que no solo las empresas son las que tienen intereses en juego frente al regulador, sino hay un “grupo de intereses” entre los que se encuentra a políticos, consumidores, otras agencias, bancos, etc. BOEHM, Frédéric. Regulatory capture revisited – lessons from economics of corruption. Internet Centre for Corruption Research (ICGG) Working Paper, 2007, p. 6.

[6] BORGES, María Rosa. Op. Cit., p. 14.

[7] Para un mejor entendimiento de este enfoque LAFFONT, Jean y TIROLE, Jean. The politics of government decision-making: a theory of regulatory capture. Quarterly Journal of Economics 106(4), 1991, pp. 1088-1127.

[8] . BOEHM, Frédéric. Óp., Cit., p. 24.

Fuente: Celag

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