Cristina Gonzales, estudiante de Derecho en la PUCP y parte del consejo editorial de Enfoque Derecho

El pasado 7 de julio inició la revelación de uno de los casos de corrupción más endémicos de los últimos tiempos. Los CNM Audios remecieron a la política peruana en su conjunto y no era para menos. En efecto, el órgano encargado de la elección, remoción y destitución de jueces se develaba como aquel en donde los “hermanitos”, “verdecitos” y “empujoncitos” reinaban a viva voz. Con respecto a estos, IDL-Reporteros ha publicado hasta la fecha, más de 16 entregas con audios en donde los protagonistas son autoridades principales como congresistas, jueces y vocales supremos.

Esta revelación de investigación periodística bien podría ilustrase como el inicio de una partida de domino compuesta por muchas manos claves y, pese a las fichas puestas ya en la mesa, con muchas otras por figurar. Indubitablemente,  la atención está puesta en el despliegue de esta partida, en los nuevos audios a develarse, las acciones de la fiscalía, los procesos judiciales respectivos, las incautaciones y los eventuales antejuicios. No obstante, el pensamiento crítico y alerta con respecto al análisis de la coyuntura de administración de justicia no se ha conformado con cuestionamientos políticos y judiciales de los casos ya evidenciados.

Afortunadamente, y para continuar con la ilustración, las interrogantes también se han dirigido al origen de las fichas en la partida, la formación de la estrategia “lúdica”. Obras como las de Jeffrey Klaiber y Alfonso Quiroz, por mencionar algunos autores, presentan con auténtico profesionalismo, un mapeo conceptual e histórico de las prácticas de corrupción en el país. No obstante, poco se ha desarrollado en la proliferación de un antídoto contra estas deplorables prácticas. Ello es corroborado en las interacciones telefónicas de principales autoridades nacionales, quienes en su mayoría tienen, para desmedro de muchos profesionales íntegros, un título de abogado. Lo cual quiere decir que los nuevos “rostros criollos del mal”, como denominó Portocarrero, actualmente, son los profesionales de la abogacía en su mayoría.

Parece haberse quedado atrás el sentido de la diatriba de Shakespeare en Enrique VI: “Matemos a todos los abogados”. Debido a, que no solo el caso de los CNM Audios evidencian una patología casi endémica en el ejercicio de la profesión jurídica, sino también los casos Lava Jato y Panama Papers, entre muchos otros. Parece que ya no son de los abogados de los cuales las mafias o dictaduras han de cuidarse, sino que estos pueden llegar a ser sus principales aliados.

En ese sentido, siendo los profesionales del Derecho los conocedores de la administración de justicia tanto en el ámbito privado como público, su formación resulta primordialmente relevante. Con los últimos acontecimientos, ha quedado evidenciado, por un lado, el uso convenido de la ley; es decir, solo cuando la aplicación de la norma conlleva la satisfacción de intereses propios o afines, entonces se le da protagonismo, o lo que otros llaman: “a mis amigos todo y a mis enemigos la ley”. Asimismo, se ha percibido el intento de comprensión, únicamente, literal de la norma apelando a un pésimo entendimiento del positivismo jurídico, el cual por cierto, gracias a filósofos como H.L.A. Hart, ha evolucionado. Por otro lado, resulta inexistente el sustrato en la praxis de conceptos de justicia, responsabilidad social y de la ética profesional. Todo ello no hace más que representar inconmensurables obstáculos en la lucha contra la corrupción.

De manera que, la problemática presentada líneas arriba denota no solo el funesto análisis de las ciencias jurídicas sino también, el escaso conocimiento del ejercicio ético y responsable de la abogacía. Lo cual no hace más que girar la lupa hacia las universidades que cuentan con facultades de Derecho. No es solo momento de cuestionar a aquellos centros que se denominan universidades cuando no cuentan con la certificación ni acreditación necesaria, sino también cuestionar a todas las universidades privadas y públicas de todo el país de donde egresan miles y miles de abogados ostentando un título que poco o casi nada puede señalar sobre su integridad profesional. En ese sentido, existe particular preocupación por el conocimiento y debate alrededor de la deontología forense o ética profesional del abogado. De hecho, ésta se puede encontrar positivizada internacionalmente (Código Internacional de Deontología Forense), así como también en diversas normas nacionales (Código de ética del CAL o en ciertas normas del Código Penal, Civil y Procesal). No obstante, la deontología forense va mucho más allá de un conjunto estático de normas o regulación positivizada, sino que requiere de continuidad en el cuestionamiento y redescubrimiento de los fundamentos y sentidos de las mismas. En palabras de Carlo Lega, se trata del análisis de la “urbanidad del profesional”, pues no se trata de darle un enfoque necesariamente en las vías para adquirir conocimiento jurídico sino en lo no técnico de la profesión, la conducta.

Si bien se pueden encontrar muchos artículos que describen y buscan perfeccionar el entendimiento de la deontología forense, la preocupación actual radica en que el estudiante de Derecho no encuentra efímera curiosidad alguna en la deontología forense, ello guiado por concepciones del vox populi que naturalizan prácticas corruptas. En ese sentido, existe un rol universitario determinante en el fomento del interés por la reformulación y asimilación de deberes a cumplirse en el ejercicio de la profesión. Ello, evidentemente, no va a lograrse con la continuidad irresoluta de  prácticas pedagógicas, de ciertas universidades, enfocadas en la formación de profesionales del Derecho desvinculados e independientes de su labor social. No va a concretarse con la persistente idea que señala, supuestamente, a un mejor profesional cuando este termina la carrera en un corto plazo. Del mismo modo, cuando las dinámicas pedagógicas mantienen una estructura funcional en donde el estudiante juega el rol de litigante pese a la existencia diversa de formas en las cuales esta ciencia puede desarrollarse y ejercerse.

Asimismo, el acercamiento del estudiante a la deontología forense no va a concretarse si este no es consciente del poder que conlleva el ejercicio de la profesión conforme a Derecho. Al respecto, la cita de Loewestein a Lord Acton resulta ilustradora: “power tends to corrupt and absolute power tends to corrupt absolutetly”. De manera que, no solo el abogado sino fundamentalmente, el estudiante de Derecho interioricen la relevancia social del poder que tiene el conocimiento y administración de justicia. De lo contrario, evidentemente, el poder lo va a corromper y si, como en el Perú, no existen vías eficaces de control del poder, la corrupción devendría en absoluta.

Fundamentalmente, el conocimiento deontológico de la profesión no va poder ser avizorado en el futuro del ejercicio de la abogacía si continúa siendo escaza la educación humanista en la formación jurídica. Formación que permita al estudiante no ser un receptor pasivo de conocimiento sino que mediante, por ejemplo, en primer lugar, el conocimiento de la filosofía del Derecho pueda ejercer un pensamiento crítico sobre las corrientes predominantes en la praxis, que le permita ir más allá de los códigos y se convierta en un actor jurídico-social activo. En segundo lugar, la educación humanista incluye el conocimiento histórico del país, ello no solo desde la perspectiva jurídica sino también, desde las concepciones antropológicas, psicológicas y sociológicas, al ser el Derecho una ciencia transversal a estas disciplinas.

En tercer lugar, la Literatura no resulta ajena al Derecho. Al margen de poseer características que acerquen al abogado al desarrollo de sensibilidad social, la Literatura ha llegado a plasmar entre versos y prosas (“entre junco y capulí”) las principales necesidades de la sociedad, la percepción de justicia gubernamental y las expectativas sobre el sistema de justicia. Lo cual significa la posesión de herramientas claves para, por un lado, ser un profesional ético, crítico y activo; y por otro, un abogado consciente y preocupado por la excelencia del sistema de justicia para todos los grupos sociales desde el ejercicio de su profesión. Al respecto, obras como Los ríos profundos de José María Arguedas, Fuente Ovejuna de Lope de Vega, Testigo de cargo de Agatha Christie, Alicia en el país de las maravillas de Lewis, El Quijote de la Mancha del Manco de Lepanto, entre muchas otras son herramientas valiosas para introducir al estudiante la curiosidad por la deontología forense.

Naturalmente, el estudio de estas disciplinas de formación humanista ha de ser estudiada a profundidad y no de manera aislada a los conocimientos técnicos del Derecho. Pues, como se señaló anteriormente, si bien la deontología forense se vincula con la conducta profesional del ejercicio de la abogacía, es necesario que el estudiante relacione desde los primeros años de estudio, que su formación va más allá de la satisfacción personal. Respecto a ello, el jefe de Estado en su mensaje a la nación recalcó la preocupación frente al olvido de la acción social del cual los abogados son agentes fundamentales. Por ello, lo cierto es que el rol de las universidades es en demasía compleja, dinámica y deontológica.

Finalmente, si bien existen cursos universitarios de “ética y responsabilidad profesional”, la mayoría de estos son dictados previo al inicio de prácticas profesionales. Sin embargo, estos deben reevaluarse en cuanto a la dinámica pedagógica, de contenido y de practicidad, según se ha señalado. Esta especie de introspección es necesaria para que pueda tenerse resultados éticamente valorables. Asimismo, la planificación del dictado del curso no tendría por qué darse, exclusivamente, en los últimos semestres universitarios, sino que bien podría trabajarse por desarrollar la incorporación de este en los diferentes cursos técnicos y clásicos del Derecho desde inicios de la carrera. De manera tal que, el acercamiento y debate alrededor de la deontología forense se encuentre presente desde el inicio de la formación profesional y no una vez que el estudiante ya haya relacionado lo técnico con las prácticas “tradicionales” del Derecho, que en su mayoría resultan ser corruptas. Evidentemente, quedan más preguntas que respuestas, ¿por dónde empezar? ¿qué modificar? ¿cómo implementar el cambio? ¿a quiénes convocar? entre muchas otras preguntas. No obstante, es precisamente estas preguntas y la iniciativa de buscar acercarse al conocimiento de la deontología forense lo que en primer lugar, modifica la pasividad frente a la recepción pasiva de conocimiento. Y, en segundo lugar, fomenta el debate alrededor de la deontología forense, debate que debe darse entre autoridades y que debe ir de la mano del interés y cuestionamientos de los propios estudiantes de Derecho.

Fuentes recomendadas:

Fernández Del Castillo, Bernardo. “Deontología Jurídica”. México (1994)

Lega, Carlo. “Deontología de la profesión del abogado”. Madrid (1893)

https://es.scribd.com/document/347651050/DEONTOLOGIA-FORENSE

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