Rafael Chanjan, profesor de Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica del Perú y coordinador del proyecto anticorrupción del IDEHPUCP.

ED: ¿Existe responsabilidad penal para las empresas que ofrecen servicios de taxi por aplicativos en caso de delitos cometidos por sus dependientes en el ejercicio de sus funciones?

RC: En abstracto, no existe una responsabilidad penal establecida y tipificada de manera expresa en nuestro Código Penal ni en nuestro ordenamiento jurídico penal. Es así que una responsabilidad penal de la empresa o de alguna persona jurídica por algún delito de violencia sexual o de violación sexual cometido por un dependiente o por un, en este caso, trabajador de la empresa no está a priori regulado como delito.

Ahora, esto se tiene que analizar caso por caso para ver en qué medida se puede llegar a formar algún tipo de responsabilidad de la empresa por algún delito de, en este caso, violencia sexual que puede haber cometido un dependiente o trabajador, por ejemplo, un conductor de la empresa Uber . Esto se relaciona en realidad no con una responsabilidad penal autónoma de la persona jurídica. Es así que más que con un sistema de responsabilidad penal autónomo está relacionado con un sistema de consecuencias accesorias. Ello porque, si nosotros actualmente tenemos un sistema de responsabilidad de la persona jurídica, este es un sistema que solo aplica para algunos delitos de corrupción (como colusión, cohecho, tráfico de influencia, lavado de activos) pero solo para estos delitos mas no para delitos de violencia sexual.

Entonces, hay una excepcionalidad de la responsabilidad penal de la persona jurídica, autónoma por lo menos. Sin perjuicio de eso, en el artículo 105 de nuestro Código Penal, se tipifican unas consecuencias jurídicas especiales sui generis para las personas jurídicas que nuestro código les denomina consecuencias accesorias. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un delito lo comete una persona natural, individual en el marco de una actividad empresarial para favorecer la comisión del delito o se utiliza a la empresa para encubrir o realizar el delito, si se haya responsabilidad penal en esa persona individual, en este caso por ejemplo, se haya la responsabilidad penal de este sujeto que presuntamente violó a esta joven y además de eso se prueba que la empresa favoreció a la realización de este tipo de delitos, se puede aplicar también conjuntamente a la condena y a la pena que se le imponga a este presunto violador una sanción a la propia persona jurídica como consecuencia accesoria. No le denomina pena pero nuestra Corte Suprema ya ha dicho que estas consecuencias accesorias son de naturaleza penal. Así, ¿cuáles son estas consecuencias accesorias? Bueno, pueden ser sanciones que van desde multas, simples amonestaciones, inhabilitaciones para desempeñar ciertas actividades como por ejemplo seguir prestando el servicio de taxis de manera temporal, clausura de locales o la más grave de ellas: la medida de disolución que es finalmente la muerte, la extinción de la persona jurídica, de la empresa en el ámbito jurídico. Esas serían las sanciones que se le podrían aplicar conjuntamente siempre y cuando exista responsabilidad en el conductor, presunto violador y, además, que se determine efectivamente que favoreció la empresa a este tipo de conductas.

ED: Por la figura de las consecuencias accesorias, ¿la única responsabilidad que podrían tener empresas como Uber sería una responsabilidad civil?

RC: Las consecuencias accesorias, que están reguladas en el artículo 105 del Código Penal, en realidad son consecuencias jurídico penales y así lo ha dicho el acuerdo plenario de la Corte Suprema del año 2009. Se estableció ahí que ellas tenían naturaleza punitiva. Por lo tanto, las personas jurídicas, cuando van a ser plausibles de una consecuencia accesoria, tienen el derecho de defensa. Tienen que ser instadas por el órgano judicial. Tienen que respetarse sus garantías del debido proceso. Tienen el derecho a tener un abogado defensor propio de la persona jurídica. Entonces, se consideran como un sujeto pasivo del derecho penal porque van a recibir una sanción de naturaleza penal distinta a la pena porque las personas jurídicas no tendrán culpabilidad como sí la tienen las personas naturales pero igual es una consecuencia aflictiva de afectación de derechos.

Ahora, paralelo a esa regulación está la reparación civil derivada del delito que se comete. En este caso, por ejemplo, el delito de violación sexual que se habría cometido habría atentado contra la libertad sexual de esta joven y obviamente además de la pena que se le puede imponer al sujeto que la cometió se tendrá que determinar una reparación civil por el daño sobre todo psicológico que supone este tipo de conductas. Con lo cual, aquí la reparación civil recaerá sobre el conductor, si se llega a probar su delito, y, además, existe la figura del tercero civil responsable. Regulada en el artículo 99, 101 y 104 y 1981 del Código Civil. Todos estos artículos se deben interpretar de manera conjunta en la medida que regulan la responsabilidad de naturaleza civil de la persona jurídica cuando el delito se ha cometido por un dependiente de esa persona y este daño se ha generado por en el marco de una actividad empresarial.

Entonces, en el caso, primero, se trata de un conductor que ha cometido un delito en el marco de una actividad empresarial de Uber que es la prestación del servicio de transporte. Segundo, esta persona era un dependiente de Uber porque más allá de que no esté en planilla y que no sea un trabajador formal para el derecho laboral, para el derecho civil y penal en realidad tenía una relación de dependencia con la empresa. Con lo cual, existe una responsabilidad extracontractual que también va a pesar sobre la empresa porque el daño se ha producido en el marco de su actividad por parte de su dependiente. Por tanto, además de la consecuencia accesoria podrá hacerse responsable civilmente a la empresa por el daño sobre todo psicológico.

ED: ¿Cómo se podría determinar que la empresa favoreció este tipo de delitos?

RC: Bueno, se tendría que ver en qué medida la empresa de alguna forma fue descuidada o no adoptó ninguna medida de seguridad a la hora de seleccionar a este tipo de personas, si se siguieron protocolos de selección , de supervisión o no dentro de la empresa, probar de alguna forma que esta empresa ha tenido diligencia en evitar este tipo de conductas o es que simplemente no realizó ningún filtro y dejó que cualquier persona incluso con antecedentes pudiese prestar este tipo de servicios de transporte. Entonces esos podrían ser indicios que determinen en qué medida la persona jurídica, en este caso Uber Peru, contribuyó o no al favorecimiento de esta conducta delictiva. Lo que queda claro es que el delito se cometió en el marco de una actividad empresarial que fue la prestación del servicio de transporte, que es la actividad que Uber Peru realiza. Eso queda claro. Ahora, habría que probar en qué medida se puede establecer que este ilícito se cometió con el favorecimiento, fomento de la empresa. Eso sería quizá lo más complicado de determinar en el caso concreto.

ED: ¿Considera que debería haber una responsabilidad penal para la empresa por estos delitos o todo debería quedar en el marco de la prevención?

RC: Bueno a nivel comparado, existen algunos países que tienen una responsabilidad penal de las personas jurídicas o las empresas más amplia que la que tenemos nosotros. Como dije, nosotros solo tenemos responsabilidad penal autónoma para casos de algunos delitos de corrupción. Habría que pensar si es que resulta pertinente, adecuado y político-criminalmente conveniente que también se establezca para los delitos de violencia sexual por ejemplo que se cometen en el marco de actividades empresariales también una responsabilidad penal de las personas jurídicas cuando no adoptan una organización eficiente, ni medidas de supervisión, ni medidas de control interno que finalmente protejan otros bienes jurídicos de terceras personas por ejemplo la libertad sexual de las mujeres de las personas en general que se suben en un medio de transporte a un Uber y tratar de evitar prevenir que se cometan estos delitos que sean también las empresas de transporte en este caso las empresas que utilizan estos aplicativos electrónicos también utilicen medios de prevención de actos de violencia sexual. Creo que podría ser una alternativa. Habría que ver cuál es la tasa de incidencia de este tipo de supuestos. Probablemente, se tiene un índice alto de atentados contra la libertad sexual que se dan en el marco de transportes privados, por ejemplo, el caso de los taxis. Existiría ya una realidad criminológica que exige por parte del estado adoptar otras medidas criminológicas más eficientes. La responsabilidad penal de la empresa por estos actos podría ser una de las medidas que haría más eficaz el sistema estatal de protección de la libertad sexual.

ED: ¿Cómo se regula esta situación en otros países?

RC: Podría mencionar el caso de reino unido, en general, los sistemas anglosajones tienen un sistema mucho más amplio de responsabilidad penal criminal de las empresas y las personas jurídicas. Por lo menos, el sistema anglosajón tiene mucha más experiencia que el sistema romano germánico en relación al tema de responsabilidad de las empresas. En EEUU, existe responsabilidad penal de las personas jurídicas desde 1909. Tienen mucha más experiencia y su ámbito de aplicación de sanciones es mucho mayor. Ellos no tienen tantos problemas dogmáticos o teóricos para afirmar este tipo de responsabilidad. En el Reino Unido, por ejemplo, existe lo que se llama el homicidio de la corporación que es cuando a través de las actividades empresariales un dependiente comete algún tipo de atentado o se permite algún tipo de vulneración de la vida de un tercero. Por ejemplo, por haber realizado un deficiente control de riesgos de una actividad empresarial. Ahí, la empresa podría responder por una suerte de una conducta imprudente al no haber controlado los riesgos propios de su actividad empresarial. Esa es una experiencia comparada que se tiene bastante expansiva de lo que es la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

 

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