Esta semana, el Poder Judicial ha sido escenario de un nuevo escándalo después de que Sandra Castro Castillo, fiscal contra la criminalidad organizada del Callao, revelara en un informe que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, también sería parte de la red de corrupción “Los Cuellos Blancos del Puerto”. Según la investigación de Castro, que fue realizada en base a los audios de la corrupción y declaraciones de colaboradores eficaces, también ocho jueces y fiscales supremos, y cinco integrantes del CNM formarían parte de esta red criminal.

Esta situación ha motivado que distintas voces de la opinión pública soliciten la remoción de la Junta de Fiscales Supremos, especialmente del titular Pedro Chávarri. Los argumentos que se esgrimen a favor de la misma señalan que este órgano está totalmente deslegitimado y que, además, atenta contra la imagen y correcto funcionamiento del Ministerio Público. No obstante, otro grupo defiende que es necesaria la continuidad de este órgano, debido a que este desempeña funciones directrices que permiten la organización del Ministerio Público.

Primero, la Junta de Fiscales Supremos es el órgano de gobierno de mayor jerarquía del Ministerio Público y es integrada por los Fiscales Titulares que están a cargo de las Fiscalías Supremas. Asimismo, es importante enfatizar que esta Junta es la que elige al Fiscal de la Nación de entre sus miembros. Por otro lado, entre sus atribuciones figuran principalmente la elección del representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones y el Consejo Nacional de la Magistratura, la revisión del Pliego correspondiente del Presupuesto del Sector Público que le someta el Fiscal de la Nación y la asignación de sanciones disciplinarias aplicables a casos concretos.

Es precisamente debido a la importancia de la Junta que se cuestiona su legitimidad ante la ciudadanía para desempeñar tales cargos; sin embargo, ¿es este motivo suficiente para la remoción de todos sus miembros?.

A pesar de que este órgano se encuentre seriamente desacreditado por los recientes audios en los que se exponen presuntos actos de corrupción, estos deben ser parte de un debido proceso que determine finalmente su inocencia o culpabilidad. Sería arbitraria la remoción de los fiscales supremos por sospechas o indicios de la ciudadanía; es decir, solo mediante una debida motivación podrán ser apartados de sus cargos. Esta exige un debido proceso en el cual los fiscales ejerzan plenamente sus derechos probatorios y sean juzgados por el tribunal administrativo competente.

Entonces, ¿cuál sería el procedimiento correcto para destituir a quienes integran la Junta de Fiscales Supremos? La Oficina de Control Interno del Ministerio es el órgano competente de investigar y sancionar las conductas y los actos de corrupción de los fiscales y todo el personal administrativo de la institución. Sin embargo, esta oficina ejerce control disciplinario sobre todos los fiscales, a excepción de los supremos, por lo que debemos acudir a otro órgano que lleve el proceso y sanción.

Este es el Consejo Nacional de la Magistratura: único órgano competente que puede abrir, de oficio o de parte, un procedimiento disciplinario a los fiscales supremos, que puede concluir en la destitución. Es aquí donde se presenta el problema de fondo: por un lado, reconocer que esta es la institución competente de nombrar, ratificar y destituir a los fiscales y, por otro lado, que esta es la misma encargada de investigarlos y sancionarlos.

Es conocida ya la situación del CNM y los hechos de corrupción en los que se han visto envueltos quienes lo conforman. Por ello, la dificultad se vuelve mucho más compleja cuando el problema inicia desde la designación de los fiscales supremos por una institución en la que se han evidenciado múltiples situaciones de corrupción, además de ser esta la que termina investigando y sancionando a las mismas personas que asignó en el cargo.

Ante esto, la última opción para la destitución de los fiscales es la denuncia constitucional ante el Congreso de la República. Este es un proceso político en el que, a pesar de sus particulares características prevalece el debido proceso; es decir, toda decisión debe estar basada en hechos objetivos y no en especulaciones. De determinarse la culpabilidad de los fiscales en las acusaciones que se les imputa, se llegaría a la remoción de estos del cargo.

Es por ello que los recientes hechos no deben llevar a propuestas y soluciones populistas, sino que se requiere de una reforma integral del sistema judicial en la que se busque que quienes formen parte tengan que pasar no solo una rigurosa prueba de conocimientos, sino también han de ser personas con una sólida formación ética. Asimismo, es esencial que quienes se encarguen del control y fiscalización de los miembros de estos órganos de justicia realicen correctamente sus labores; es decir, todo nos lleva nuevamente a la necesidad de una reforma del CNM, ya que ellos son quienes designan a los fiscales que forman parte de la ahora ampliamente cuestionada Junta.

Fuente de imagen: Andina

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