Luis Sánchez, asociado de Miranda & Amado.

  1. Introducción

Con la finalidad de que una empresa pueda desarrollar sus actividades comerciales, casi siempre es necesario que esta cuente con los fondos dinerarios necesarios que le permitan llevar a cabo su objeto social.

Siendo esto así, existen dos formas mediante las cuales las empresas pueden financiar sus actividades, la primera consistente en los aportes de capital realizados por sus socios y la segunda consistente en la deuda que la empresa pueda adquirir.

La gran diferencia entre ambas formas de financiamiento radica en que el capital permite a los socios, entre otros derechos, tener una participación en los resultados económicos de la empresa, reflejada en los dividendos que puedan ser distribuidos; mientas que, por otro lado, la deuda permite a los acreedores tener derecho al pago de intereses a cambio del uso del dinero, así como la restitución del importe principal.

Ahora bien, los dividendos y los intereses tienen un impacto diferente en los resultados de una empresa; ello puesto que, mientras que los intereses reducen los resultados de la empresa por constituir un gasto, los dividendos no lo reducen.

Es así que, para efectos tributarios, el legislador ha establecido en la Ley del Impuesto a la Renta (IR) una serie de limitantes con la finalidad de que, al decidir cómo financiar una empresa entre deuda y/o capital, se consideren variables económico legales que no busquen simplemente obtener una ventaja o ahorro fiscal desproporcionado.

Es en este contexto, que el presente artículo pasará a describir los mecanismos contenidos en la Ley del IR para evitar que los contribuyentes hagan un uso indebido de los financiamientos empresariales.

  1. Régimen de deducción de intereses aplicable hasta el 31 de diciembre de 2018
  1. Requisitos sustanciales para la deducción de intereses

La deducción de intereses para efectos de la determinación del IR empresarial, se encuentra en primer lugar condicionada al uso que la sociedad otorgó a los fondos del financiamiento. Al respecto, el primer párrafo del Artículo 37 de la Ley del IR actualmente vigente establece que:

“A fin de establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, así como los vinculados con la generación de ganancias de capital, en tanto la deducción no este expresamente prohibida por Ley, en consecuencia son deducibles: […]”.

El principio recogido en el citado párrafo es el de “causalidad” de gastos, el cual determina que las erogaciones serán deducibles siempre y cuando se encuentren destinadas a la generación de rentas gravadas y/o al mantenimiento de su fuente.

En ese sentido, a efectos de que los intereses puedan ser deducibles, el financiamiento en primer lugar debe cumplir con el principio de causalidad, sea este de manera directa o potencial. Así, el primer párrafo del inciso a) del Artículo 37 de la Ley del IR establece que serán deducibles “Los intereses de deudas y los gastos originados por la constitución, renovación o cancelación de las mismas siempre que hayan sido contraídas para adquirir bienes o servicios vinculados con la obtención o producción de rentas gravadas en el país o mantener su fuente productora, con las limitaciones previstas en los párrafos siguientes”[1].

Por ejemplo, si una empresa se endeuda con la finalidad de poder financiar el pago de su planilla laboral o el pago de obligaciones con terceros proveedores de servicios o la adquisición de materia prima para la fabricación de productos que posteriormente comercializará, claramente el gasto por intereses se encontrará acorde con el principio de causalidad.

Sin embargo, existen otros casos en los cuales la distinción no es tan clara, como por ejemplo un préstamo destinado a la adquisición de acciones, en cuyo caso si estas corresponden a una empresa domiciliada, la renta que en primer término se recibiría a través de los dividendos no se encontrará gravada con el IR. No obstante, a través de la jurisprudencia del Tribunal Fiscal, ha sido posible establecer que el gasto por intereses es causal toda vez que, en potencia, el financiamiento se encuentra destinado a la generación de rentas gravadas, como la que se podría presentar en una eventual y futura venta de las acciones.

Igualmente, tenemos casos en los cuales es más notoria la ausencia del principio de causalidad como, por ejemplo, un financiamiento obtenido con la finalidad de pagar dividendos o con la finalidad de llevar a cabo una reducción de capital. Claramente, ambas son obligaciones de pago que mantiene la empresa frente a sus socios; no obstante, son dos actividades que no guardan relación alguna con la generación, directa y/o potencial, de rentas gravadas.

Una vez superado el test de causalidad de gastos, los intereses se encuentran sujetos a limitantes del tipo valorativo, como son la aplicación de las normas de valor de mercado y/o de Precios de Transferencia, a fin de poder determinar que el gasto asumido corresponde al que hubieran pactado terceros independientes, en condiciones similares.

En otras palabras, si los intereses no se encuentran a valor de mercado, por haberse pactado de manera sobrevaluada, el exceso no será deducible para efectos de la determinación del IR empresarial.

De otro lado, la Ley del IR establece una disposición adicional que limita la deducción de intereses y consiste en sólo deducir los intereses que, en definitiva, excedan el importe de ingresos por intereses exonerados e inafectos que obtenga la empresa. Por ejemplo, si la empresa tiene un gasto de intereses deducibles de S/2,000 y a la vez ingresos por intereses inafectos[2] de S/300; el gasto deducible será únicamente de S/1,700; debiéndose reparar la diferencia.

Finalmente, el gasto debe ser real para poder ser deducido tributariamente. En otras palabras, como veremos a continuación, las empresas deberán encontrarse en la posibilidad de sustentar la fehaciencia de la operación llevada a cabo.

  1. Requisitos formales y oportunidad para la deducción de intereses

Como todo gasto, la deducción se encuentra limitada por obligaciones formales que todo contribuyente debe cumplir y en el caso de intereses, esta no es la excepción.

El primer requisito formal para la deducción de intereses proviene de la Ley para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía, Ley No. 28194, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por el Decreto Supremo No. 150-2007-EF.

Conforme al artículo 3 de la citada norma:

“Las obligaciones que se cumplan mediante el pago de sumas de dinero cuyo importe sea superior al monto a que se refiere el artículo 4 se deberán pagar utilizando los Medios de Pago (…). También se utilizarán los Medios de Pago cuando se entregue o devuelva montos de dinero por concepto de mutuos de dinero, sea cual fuera el monto del referido contrato”.

Por su parte, el artículo 8 dispone que:

“Para efectos tributarios, los pagos que se efectúen sin utilizar Medios de Pago no darán derecho a deducir gastos, costos o créditos; a efectuar compensaciones ni a solicitar devoluciones de tributos, saldos a favor, reintegros tributarios, recuperación anticipada, restitución de derechos arancelarios. (…) Tratándose de mutuos de dinero realizados por medios distintos a los señalados en el artículo 5, la entrega de dinero por el mutuante o la devolución del mismo por el mutuatario no permitirá que este último sustente incremento patrimonial ni una mayor disponibilidad de ingresos para el pago de obligaciones o la realización de consumos, debiendo el mutuante, por su parte, justificar el origen del dinero otorgado en mutuo”.

Como se puede observar, la norma obliga a los contribuyentes a utilizar Medios de Pago para efectos de poder deducir el gasto por intereses, siempre que se cancelen en dinero; mientras que para efectos de la recepción y devolución del capital también será necesario utilizar Medios de Pago, a fin de evitar que se considere que el dinero recibido corresponde en realidad a un incremento patrimonial no justificado sujeto al IR. Es preciso indicar que estas normas no resultan de aplicación para financiamientos otorgados por empresas bancarias o financieras no domiciliadas.

Por su parte, la propia Ley del IR establece como una obligación formal para la deducción de gastos, incluyendo los intereses, la obtención de un comprobante de pago emitido por el prestador del servicio o, en este caso, por el acreedor del préstamo y beneficiario de los intereses.

Nótese que, dicha obligación no resulta aplicable, en caso el mismo Reglamento de Comprobantes de Pago establezca que no es obligatoria la emisión de comprobantes de pago o permita sustentar la operación con algún otro documento autorizado como, por ejemplo, los emitidos por entidades financieras domiciliadas.

Finalmente, un tema importante es la oportunidad en que podrán deducirse los intereses que devenga una empresa; toda vez que, conforme a la Ley del IR, los gastos vinculados con la generación de rentas de tercera categoría son deducibles en el ejercicio en que se devenguen[3]. Sin perjuicio de ello, debemos tomar en cuenta que a partir del ejercicio 2019 entrará en vigencia un nuevo concepto de devengo tributario[4].

  1. Reglas de subcapitalización para la deducción de intereses

Sin perjuicio de las normas descritas anteriormente, la Ley del IR estableció un mecanismo adicional para prevenir la eventual deducción desproporcional del gasto por intereses.

Este mecanismo es recogido por las normas de “subcapitalización” contenidas en el inciso a) del Artículo 37 de la Ley del IR, las mismas que establecen que, en el caso de préstamos realizados entre empresas vinculadas, únicamente son deducibles los intereses que no excedan el coeficiente que determine el Reglamento sobre el patrimonio del contribuyente.

Conforme a ello, el Reglamento estableció que “El monto máximo de endeudamiento con sujetos o empresas vinculadas (…) se determinará aplicando un coeficiente de 3 (tres) al patrimonio neto del contribuyente al cierre del ejercicio anterior. (…) Los contribuyentes que se constituyan en el ejercicio considerarán como patrimonio neto su patrimonio inicial. Si en cualquier momento del ejercicio el endeudamiento con sujetos o empresas vinculadas excede el monto máximo determinado en el primer párrafo de este numeral, sólo serán deducibles los intereses que proporcionalmente correspondan a dicho monto máximo de endeudamiento”. 

La intención de esta regla es evitar que las empresas financien sus operaciones con otras empresas vinculadas, y de esta forma trasladen intereses deducibles a empresas del mismo grupo con algún beneficio fiscal por aplicar[5].

En este sentido, las normas citadas establecen un límite fijo, determinable al inicio de cada año y en función al patrimonio neto de la empresa al cierre del ejercicio anterior, para poder tomar préstamos entre empresas vinculadas[6].

El límite equivale a 3 veces el patrimonio neto de la empresa al cierre del ejercicio anterior y, en caso la empresa iniciara operaciones, el límite se determinará en base al patrimonio inicial de la empresa. Al respecto, debemos indicar que existe una jurisprudencia del Tribunal Fiscal[7] que determinó que el límite para las empresas que inician operaciones debe ser determinado conforme al patrimonio neto al cierre de su primer ejercicio; aunque esto claramente contradice lo establecido por la norma reglamentaria.

Una vez establecido el límite este no podrá ser modificado hasta el siguiente ejercicio gravable; ello aun cuando durante el ejercicio el capital de la empresa y, por ende, su patrimonio, sea incrementado por aportes de capital[8].

Ahora bien, la norma reglamentaria establece que el importe que no será deducible se encuentra constituido por la proporción de intereses derivada del exceso del endeudamiento.

Por ejemplo, si el patrimonio neto al cierre del ejercicio fuera de S/5,000, el límite máximo de endeudamiento de S/15,000 y el préstamo entre vinculadas ascendiera a S/17,500; únicamente los intereses derivados del exceso de S/2,500 no serían deducibles. En otras palabras, del 100% de intereses entre vinculadas, únicamente el 86% será deducible.

Finalmente, debemos recordar que los intereses que sean deducibles conforme a la citada norma, deberán computarse a fin de pasar el test entre intereses deducibles e ingresos por intereses exonerados y/o inafectos del IR.

  • Nuevo régimen de subcapitalización para los años 2019 y 2020
  1. Propósito del nuevo régimen

En el último paquete de normas tributarias publicado el 13 de setiembre de 2018 se modificaron las normas del IR en materia de deducción de intereses, con la finalidad de perfeccionar las normas de “subcapitalización”. Dichas modificaciones fueron recogidas en el Decreto Legislativo No. 1424.

Conforme a la Exposición de Motivos del citado Decreto Legislativo, entre las cuestiones que se pretendió corregir estaba la facilidad con la cual los grupos empresariales podían eludir la citada norma, a través de préstamos back-to-back[9].

Asimismo, la posibilidad de deducir intereses por préstamos otorgados desde paraísos fiscales, así como la tasa reducida del IR sobre intereses pagados a beneficiarios no vinculados en el exterior[10], eran incentivos suficientes para erosionar la base fiscal con préstamos desproporcionados.

No podemos dejar de mencionar que las modificaciones introducidas también recogen las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) a fin de prevenir la erosión de la base imponible y trasladar beneficios a jurisdicciones más favorables fiscalmente[11], que incluyen la posibilidad de aplicar el límite a partes no vinculadas, con la finalidad de evitar la aplicación de estructuras back-to-back.

Teniendo en cuenta lo anterior, la modificación introducida a la Ley del IR busca hacer extensiva la regla de subcapitalización para la deducción de intereses, no sólo a empresas vinculadas, sino a cualquier otro préstamo obtenido por una empresa domiciliada.

De esta forma, la norma estableció que, a partir del 1 de enero de 2019 y hasta el 31 de diciembre del año 2020, sólo serán deducibles los intereses provenientes de endeudamientos, cuando dicho endeudamiento no exceda del resultado de aplicar el coeficiente de 3 sobre el patrimonio neto del contribuyente al cierre del ejercicio anterior.

Finalmente, la norma establece un régimen temporal aplicable a los créditos otorgados y/o renovados hasta el 13 de setiembre de 2018, fecha de publicación del Decreto Legislativo, a los cuales les resultarán aplicables las normas contenidas en el inciso a) del artículo 37 de la Ley del IR, sin tomar en cuenta las modificaciones antes señaladas. En este sentido, se otorga ultraactividad al régimen derogado hasta finales del año 2020.

  1. Exclusiones

Sin perjuicio de lo anterior, debe tenerse en cuenta que el límite por subcapitalización no resultará aplicable en los siguientes casos:

  • Las empresas del sistema financiero y de seguros señaladas en el Artículo 16 de la Ley No. 26702- Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros.
  • Contribuyentes cuyos ingresos netos en el ejercicio gravable sean menores o iguales a dos mil quinientas (2,500) UIT[12].
  • Contribuyentes que mediante Asociaciones Público Privadas desarrollen proyectos de infraestructura pública, servicios públicos, servicios vinculados a estos, investigación aplicada y/o innovación tecnológica en el marco del Decreto Legislativo No. 1224, “Decreto Legislativo del Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos” y las normas que lo modifiquen o sustituyan.
  • Endeudamientos para el desarrollo de proyectos de infraestructura pública, servicios públicos, servicios vinculados a estos, investigación aplicada y/o innovación tecnológica, bajo la modalidad de Proyectos en Activos en el marco del Decreto Legislativo No. 1224, “Decreto Legislativo del Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos” y las normas que lo modifiquen o sustituyan, de acuerdo a lo que señale el Reglamento.
  • Endeudamientos provenientes de la emisión de valores mobiliarios representativos de deuda con las siguientes condiciones:
    1. Se realicen por oferta pública primaria en el territorio nacional conforme a lo establecido en el TUO de la Ley del Mercado de Valores aprobado mediante Decreto Supremo No. 093-2002-EF y las normas que lo modifiquen o sustituyan,
    2. Los valores mobiliarios que se emitan sean nominativos y
    3. La oferta pública se coloque en un mínimo de 5 inversionistas no vinculados al emisor.

Las tres primeras exclusiones se encuentran ligadas a la calidad del contribuyente y permiten que la totalidad de sus intereses sean deducibles, siempre que mantengan la calidad indicada. Esto quiere decir que, no importa qué tipo de financiamiento obtengan, mientras sean empresas financieras reguladas o empresas cuyos ingresos en el ejercicio no superen las 2,500 UIT[13] o desarrollen los proyectos de infraestructura y otros arriba citados; el límite de 3 a 1 entre deuda y capital no resultará aplicable.

Sin embargo, esto no quiere decir que no les resulten aplicables las otras normas vinculadas a la deducción de intereses comentadas en los puntos precedentes, así como la limitación entre gasto por intereses e ingresos por intereses exonerados y/o inafectos, previamente comentada[14].

Por su parte, las dos últimas exclusiones no se vinculan con el tipo de contribuyente sino más bien con la naturaleza de la transacción. Por un lado, tenemos los intereses provenientes de emisiones públicas de valores representativos de deuda, llevada a cabo en el país; mientras que, por otro lado, tenemos a los endeudamientos para infraestructura pública y otros, regulados por las normas de promoción a la inversión mediante Asociaciones Público Privadas.

Al respecto, la norma establece que los intereses provenientes de estos endeudamientos serán deducibles en su integridad; no obstante, el endeudamiento en sí formará parte de la base de endeudamientos para determinar el límite de 3 a 1 entre deuda y capital.

Esto quiere decir que, si bien los intereses son deducibles, en caso la empresa obtenga algún otro tipo distinto de endeudamiento, este deberá sumarse a la deuda cuyos intereses son deducibles, a fin de establecer si el gasto por intereses se encuentra o no dentro del rango antes citado[15].

Claramente, la norma en cuestión contraerá de alguna forma el financiamiento con empresas del Sistema Financiero, aun cuando la intención de la misma haya sido únicamente la de atacar a los sobreendeudamientos desproporcionados. Si bien esto podría generar que las empresas financieras mejoren sus tasas de endeudamiento, no estaría de más ampliar las exclusiones antes citadas a los financiamientos con empresas del Sistema Financiero, a fin de fomentar estos préstamos en contraposición a los préstamos entre empresas, con los riesgos arriba descritos.

  1. Nuevo régimen de subcapitalización para el año 2021 en adelante

 

  1. Del patrimonio neto al EBITDA

Toda vez que las normas de subcapitalización tienen como finalidad el evitar la erosión de la base imponible y el traslado de resultados a jurisdicciones más favorables fiscalmente, el legislador consideró relevante tomar en cuenta las recomendaciones de la OCDE e implementar gradualmente un cambio de límite para la deducción de intereses, de un sistema patrimonial a uno basado en el EBITDA de la empresa.

Por ello, a partir del año 2021, la norma modificatoria estableció que sólo serán deducibles los intereses netos que no superen el límite del 30% del EBITDA determinado por la empresa en el ejercicio anterior. De esta regla nos llama la atención la introducción de dos nuevos conceptos para la determinación del IR, como son los “intereses netos” y el “EBITDA”.

Al respecto, el Decreto Legislativo define al primer término como el monto de los gastos por intereses que exceda el monto de los ingresos por intereses computables para determinar la renta neta, es decir, los intereses gravados; por otro lado, el segundo término es definido como la renta neta luego de efectuada la compensación de pérdidas más los intereses netos, depreciación y amortización.

La norma no ha esclarecido si el gasto por intereses deberá o no considerar las demás limitaciones establecidas por la Ley del IR como, por ejemplo, intereses que de por sí no son deducibles por no cumplir con el principio de causalidad o intereses que no se encuentren a valor de mercado. Esto podrá ser materia de la reglamentación que se espera se publique antes de la entrada en vigencia de esta modificación.

Asimismo, el reglamento deberá especificar cuáles serán los conceptos tributarios o contables que se deberán tomar en cuenta para la correcta determinación del EBITDA, como por ejemplo si la “compensación de pérdidas” a la que hace referencia la Ley modificada deberá corresponder o no a las pérdidas tributarias y/o si la depreciación y amortización adicionada deberán corresponder también a la depreciación y/o amortización tributaria.

De tomar una postura en la cual los conceptos a utilizar sean netamente los contenidos en las normas tributarias, esto nos podría llevar a concluir que el concepto de EBITDA recogido por la Ley del IR, es uno de carácter especial, que no necesariamente coincidiría con el concepto recogido por las normas contables y/o financieras[16].

  1. Exclusiones

Al igual que en el régimen establecido para los años 2019 y 2020, el régimen basado en el EBITDA mantiene las mismas exclusiones a la aplicación del límite de intereses, sean estas por la calidad del contribuyente como por la naturaleza de la operación de financiamiento realizada.

Esto permitirá anticipar la aplicación del límite con mayor facilidad, a las empresas que a partir del año 2019 se vean obligadas de aplicarlo en todas sus operaciones de financiamiento.

  1. Reflexiones y conclusiones finales
  1. La deducción de intereses para efectos de la determinación del IR empresarial, conlleva una serie de requisitos de sustancia y forma, que deben ser cumplidos por las empresas a fin de poder llevarla a cabo.
  2. La oportunidad de deducción de los intereses dependerá del momento en que estos devenguen, teniendo en cuenta que a partir del año 2019 resultará aplicable un nuevo criterio de devengo tributario.
  3. Las reglas de subcapitalización para empresas vinculadas, en términos del legislador, no lograban el objetivo propuesto y eran fácilmente eludidas, por lo que es necesario hacerlas extensivas a los endeudamientos con terceros.
  4. A la fecha, existen 3 regímenes de reglas para limitar la deducción de intereses aplicables en el tiempo.El régimen actual que durará hasta el 31 de diciembre de 2018 y será aplicable con respecto a las deudas contraídas y/o renovadas hasta el 13 de setiembre de 2018, hasta el 31 de diciembre de 2020; el régimen que entrará en vigencia a partir del 1 de enero del 2019 hasta el 31 de diciembre del 2020, el cual mantiene el cálculo del límite con relación al patrimonio de la empresa y que aplicará sobre cualquier endeudamiento; y, el régimen aplicable a partir del año 2021 en adelante, basado en un porcentaje del EBITDA tributario de la empresa.
  5. En los nuevos regímenes resultan aplicables exclusiones basadas en la calidad del contribuyente y/o la naturaleza de la operación.No obstante, la exclusión a las empresas del sistema financiero debería incluir también a los financiamientos otorgados por estas, quizás instaurando nuevamente la obligación de emitir una declaración jurada de no encubrimiento de una operación back-to-back.

[1] Limitaciones que, para el caso de empresas, analizaremos en los siguientes puntos del presente trabajo.

[2] Entre otros supuestos, se encuentran inafectos del IR los intereses y/o ganancias de capital generadas por Letras del Tesoro Público.

[3] Sobre este punto debemos considerar que, si bien el inciso v) del artículo 37 de la Ley del IR establece que los gastos que constituyan rentas de segunda categoría -como es el caso de los intereses para las personas naturales- para sus beneficiarios serán deducibles sólo cuando estos hayan sido pagados; mediante la Resolución del Tribunal Fiscal No. 7719-4-2005, de observancia obligatoria, se dispuso que la regla contenida en el citado inciso v) era aplicable siempre y cuando la renta a deducir no estuviera regulada por algún otro inciso del citado artículo, como sería el caso del inciso a) que regula la deducción de intereses. En ese sentido, al estar regulado en otro inciso, la regla del pago para poder deducir el gasto no le resulta aplicable, siendo aplicable el criterio del devengo.

[4] La casuística que se podría presentar por la aplicación de este nuevo concepto de devengo tributario, así como la obligatoriedad de efectuar el pago para deducir los intereses cuando el beneficiario es un sujeto no domiciliado, es sumamente interesante, con respuestas que valen la pena ser tratadas en un futuro artículo que amplíe el alcance del presente trabajo.

[5] La intención de las normas de subcapitalización es la de evitar el traslado de rentas de una empresa hacia otra, en un mismo grupo económico, con la finalidad de aprovechar alguna menor tasa y/o escudo económico. En ese aspecto estas normas funcionan como una norma anti-elusiva de carácter especial; distinta y ajena al ámbito de aplicación de las normas de Precios de Transferencia. Por ejemplo, una empresa con pérdidas tributarias podría recibir un aporte de capital a fin de financiar a través de un préstamo a otra empresa del grupo que tiene resultados positivos, logrando así aprovechar las pérdidas tributarias acumuladas y reducir el impacto del IR empresarial a nivel de grupo.

[6] Otra forma de limitar los préstamos entre empresas vinculadas consiste en la aplicación de una tasa de retención del IR sobre intereses pagados a empresas vinculadas del exterior.

[7] Resolución del Tribunal Fiscal 14830-10-2011.

[8] El hecho de que el límite sea fijo implica que el mismo tampoco se ve afectado por una eventual reducción de capital o distribución de dividendos que, por ejemplo, sea llevada a cabo durante el ejercicio y que efectivamente reduzca el patrimonio neto a cierta fecha.

[9] Así, la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo No. 1424 señala que “Aun cuando las normas del IR limitan la deducción de intereses provenientes del endeudamiento entre partes vinculadas, la evidencia internacional señala que los contribuyentes pueden adoptar esquemas complejos bajo los cuales no es posible verificar si se están realizando operaciones entre partes vinculadas tales como aquellos en los que se utiliza a un tercero como intermediario, lo que se denomina back to back. Por ejemplo, la empresa A efectúa un depósito a un tercero independiente a fin que este último financie con dichos fondos a una empresa vinculada de A”.

[10] La tasa reducida del IR aplicable a créditos del exterior es de 4.99%, la misma que resulta aplicable a operaciones de préstamo que cumplan con ciertos requisitos y a valores mobiliarios emitidos a partes independientes.

[11] Al respecto, la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo No. 1424 señala que: “Esta problemática de erosión de la base imponible y traslado de beneficios mediante el pago de intereses también ha sido analizada por la OCDE en el informe del Plan de Acción 4 en el que señalan que el uso de intereses por préstamos con partes vinculadas y no vinculadas es una de las técnicas más simples en la planificación fiscal internacional para trasladar beneficios. La fluidez y fungibilidad del dinero hace que sea relativamente simple ajustar la combinación de deuda y capital en una entidad controlada”.

[12] Al día de hoy, 2,500 UIT equivalen a S/ 10,375,000.

[13] Este tipo de contribuyentes correspondería a las empresas sujetas al régimen general del IR que no califican como Principales Contribuyentes.

[14] Es preciso indicar que, para el caso de empresas del Sistema Financiero, esta norma establece que deberá determinarse la proporción existente entre los ingresos financieros gravados e ingresos financieros exonerados e inafectos y deducir como gasto, únicamente, los cargos en la proporción antes establecida para los ingresos financieros gravados.

[15] Esta lectura también se desprende de la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo No. 1424, la misma que establece que “Cabe mencionar que, con esta exclusión se permite que los intereses de endeudamientos por “valores representativos de deuda” y determinados “proyectos en activos” sean deducibles sin ningún límite. No obstante, para verificar si una deuda excede el límite de 3 veces el patrimonio neto, dichos endeudamientos sí deben ser considerados”.

[16] Conforme  a su definición en inglés, EBITDA significa “Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization”, es decir, beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Su utilización es netamente financiera y no se encuentra ligado a los conceptos tributarios contenidos en la Ley del IR. Ello puesto que el EBITDA es un indicador financiero que busca exponer el beneficio bruto de explotación calculado antes de la deducibilidad de los gastos financieros, en una empresa.

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