1. Acusación constitucional a César Hinostroza.

El pasado viernes 28 de setiembre, la Comisión Permanente del Congreso analizó la acusación e investigación al juez César Hinostroza por delitos artículos 39, 44, 138, 146, 139.2 y 139.3 de la Constitución y el artículo 317 (organización criminal) del Código Penal. Al respecto, la Comisión identifica a Hinostroza, por unanimidad, por presuntos delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias y negociación incompatible. Asimismo, se estipula de destitución del magistrado y la inhabilitación por de 10 años de función pública.

Con la decisión de la comisión permanente, en donde los votos en contra fueron 18 (pertenecientes a la bancada fujimorista), se impide la acusación al juez Hinostroza por el delito del art. 317, imposibilita la investigación, frena el conocimiento de riesgos para la reforma judicial e impide el conocimiento de la verdad con respecto a la organización criminal “Los Cuellos Blancos de Puerto”.

  1. Comisión IDH concede audiencia a víctimas de esterilizaciones forzadas durante gobierno de Fujimori.

El pasado 29 de setiembre, la Comisión IDH anunció la aceptación de exposición de testimonios y demandas en la Audiencia temática “Igualdad de género, derechos sexuales y reproductivos y denuncias de esterilización forzada, de mujeres en Perú” a cargo de las víctimas de esterilizaciones forzadas durante el mandato presidencial de Alberto Fujimori Fujimori. Específicamente, participarán Aurelia Paccohuanca, quien es parte de la Asociación de Mujeres Afectadas por las esterilizaciones forzadas de Cusco; Ana María Vidal, parte de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH); María Ysabel Cedano, directora de DEMUS; la sobreviviente Victoria Vigo y Almanzor Salazar (hijo de la fallecida Mamérita Mestanza); y representantes del Estado peruano.

Con esta decisión de la Comisión IDH, se afirma la cláusula abierta del artículo 205 de la Constitución Política al posibilitar y afirmar la jurisdicción supranacional que, opera de manera subsidiaria, en materia de garantías constitucionales, en este caso, garantías de todas las mujeres víctimas y afectadas por la política antidemocrática de esterilizaciones. Precisamente, el objetivo de esta exposición, tras 20 años de lucha por la emisión de una denuncia, pretende la exigencia a la titular de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, Marcelita Gutiérrez para que cumpla con su obligación, ante el Poder Judicial, de denunciar a Alberto Fujimori por delitos relacionados a lesiones graves, lesiones seguidas de muerte, homicidio culposo, exposición a peligro, secuestro, coacción y peculado en calidad de autor mediato.

  1. Correos y declaraciones de Barata vinculando a Ollanta Humala y Keiko Fujimori.

El pasado 30 de setiembre se confirmó la existencia de dos correos electrónicos encriptados que intercambiaron Jorge Barata (ex CEO de Odebrecht en Perú) y Luiz Mameri (ex presidente de Odebrecht para América Latina y Angola) donde se confirman aportes que la constructora brasileña realizó en Perú a propósito de la campaña electoral presidencial del 2011. Asimismo, dichos correos, que se encontraban encriptados bajo el sistema Fox, dejan constancia de aportes a las campañas electorales de Keiko Fujimori y Ollanta Humala tras su pase a segunda vuelta. En el primer correo, se deja constancia del envío de 3 millones de dólares a las siglas OH y en el segundo correo, se busca la corroboración de “los 3 que no son del 21” con alusión al partido encabezado por Keiko Fujimori.

Actualmente, Barata se encuentra investigado y siendo colaborador eficaz sobre el caso que vincula a varios países latinoamericanos: caso Lava Jato. Si bien ambos correos corroboran las declaraciones emitidas por Barata al Ministerio Público en el 2017; evidentemente, aún queda el análisis de estos medios probatorios por parte del Ministerio Público. Este presunto financiamiento ilícito no constituye un delito en el país, pero sí una infracción administrativa, el artículo 36 de la ley de Organizaciones Políticas sanciona con multa a los partidos que reciban dinero o bienes de “fuente prohibida”.

  1. Referéndum y bicameralidad del Congreso.

El 28 de setiembre, la Comisión de Constitución del Parlamento aprobó la propuesta del ejecutivo respecto a la configuración bicameral del Congreso, pero con el cambio en el número de congresistas: que se cuente con 180 parlamentarios (130 diputados y 50 senadores). Propuesta que someterse a debate y votación en el Pleno del Congreso y de ser aprobada, sería ratificada o rechazada por la ciudadanía en las urnas a través de un referéndum que se planea para el mes de diciembre del presente año.

Esta eventual reforma constitucional viene acompañada de requisitos taxativos para la elección de congresistas como por ejemplo, ser peruano de nacimiento, haber cumplido 35 años, gozar de derecho a sufragio y contar con 10 años de experiencia profesional o contar con la elección de diputada por 2 periodos. Lo cual terminaría por modificar completamente el artículo 90 de la Constitución de ser aprobado por referéndum.

 

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