1. Prisión preventiva de 36 meses a Keiko Fujimori

El 31 de octubre, el juez de la sala penal de investigación preparatoria Richard Concepción dictó 36 meses de prisión preventiva contra Keiko Fujimori por el presunto delito de lavado de activos en el marco del caso Odebrecht.

Según el articulo 268 del Código Procesal Penal (CPP en adelante), los aspectos materiales para que se dicte una prisión preventiva son los siguientes: en primer lugar, que existan fundados y graves elementos de convicción para que se estime razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo. Sobre lo anterior, a Keiko Fujimori se le imputa el delito de lavado de activos como autora mediata, según la teoría desarrollada por Claus Roxin, en una organización criminal de facto en el interior del partido político Fuerza Popular. En segundo lugar, la sanción a imponerse debe ser superior a 4 años de pena privativa de la libertad, lo cual se cumple en el caso en cuestión pues el delito de lavado de activos es reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 8 ni mayor de 15 años y con 120 a 350 días multa, pudiendo llegar hasta los 20 años conforme a la ley penal 277765. En tercer lugar, que a razón de los antecedentes y circunstancias, se pueda colegir que existe un peligro de fuga (artículo 269 del CPP) o peligro de obstaculización del proceso (artículo 270 del CPP). Al respecto, en el caso concreto, el peligro de obstaculización del proceso se construye en base a los testimonios vertidos por los testigos protegidos que denuncian, además de haber sido intimidados, el poder político que ostenta Keiko Fujimori en los poderes del Estado. Ello en relación a sus conexiones con el fiscal de la nación Pedro Chávarry y el ex juez supremo César Hinostroza.

Respecto al plazo de esta medida, según el artículo 272 del CPP, considerando que estamos ante un caso de criminalidad organizada, la prisión preventiva tiene como límite los 36 meses. Sobre ello, se debe considerar que también se puede solicitar una prolongación de esta medida, hasta por 12 meses adicionales si se presentan situaciones de especial dificultad para las investigaciones y el proceso.

Fuentes recomendadas:

https://rpp.pe/politica/judiciales/juez-dicto-36-meses-de-prision-preventiva-contra-keiko-fujimori-noticia-1160217

https://elcomercio.pe/politica/keiko-fujimori-camino-audiencia-prision-preventiva-cronologia-noticia-57076

2. Pedro Chávarry presentó denuncia constitucional contra Alfredo Thorne

El miércoles 30 de octubre, el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry presentó una denuncia constitucional contra Alfredo Thorne, ex ministro de Economía y Finanzas en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, por los presuntos delitos de cohecho activo genérico y tráfico de influencias en agravio del Estado, previstos en los artículos 397 y 400 del Código Penal (CP en adelante) respectivamente, en el marco del caso Chinchero.

La denuncia se debe a que, en junio del 2017, se hicieron públicos unos audios que revelarían que Thorne, como titular del MEF, habría intentado persuadir al entonces contralor Edgar Alarcón para favorecerlo en el informe de control sobre el proyecto Chinchero a cambio de más presupuesto para su institución.

Sobre las imputaciones, según el artículo 397 del CP, el delito de cohecho activo genérico consiste en que un sujeto activo, bajo cualquier modalidad, ofrece, da o promete a un funcionario o servidor público, algún donativo, promesa, ventaja o beneficio para que realice u omita actos de violación de sus obligaciones. En este caso, el sujeto activo vendría a ser Thorne y el funcionario, sujeto pasivo, Alarcón, a quien se le ofrece un beneficio (para su sector) para realizar u omitir algún dato en su informe de control sobre el proyecto Chinchero. La pena puede oscilar entre 4 a 6 años de pena privativa de la libertad o una inhabilitación por 365 a 730 días multa.

Por otro lado, según el artículo 400 del CP, el delito de tráfico de influencias consiste en un sujeto que invoca o tiene influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o promete para sí o para un tercero, donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo. En este caso, Thorne habría usado su calidad de titular del MEF para ser favorecido en el informe en cuestión, mediante la promesa de un mayor presupuesto para la institución de Alarcón.

Fuentes recomendadas:

https://elcomercio.pe/politica/pedro-chavarry-presento-denuncia-constitucional-alfredo-thorne-noticia-573319

https://elcomercio.pe/politica/fiscalia-nacion-investigara-alfredo-thorne-caso-chinchero-noticia-553632

3. El Perú informó a la Corte IDH sobre el indulto de Fujimori

El 29 de octubre, el Estado Peruano envió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH en adelante) un informe sobre los avances del control del indulto que se concedió a Alberto Fujimori, que incluye la resolución del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema que anuló el indulto y la apelación presentada por la defensa de Alberto Fujimori que aún no ha sido resulta.

La entrega de este informe se da luego de que la CIDH señalara que el control de la legalidad del indulto debía ser resuelto por la justicia peruana. Cabe recordar que, mediante el mecanismo del control de convencionalidad, se declaró la nulidad del indulto, que ordenó su inaplicación sobre la misma línea de la Convención Americana de Derechos Humanos, en tanto que estos beneficios no son compatibles con los delitos de lesa humanidad, como es el caso de Fujimori.

El control de convencionalidad puede darse en dos niveles: a) Internacional: el control de convencionalidad consiste en juzgar en casos concretos si un acto o una normativa de derecho interno resulta compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH en adelante), disponiendo la reforma, abrogación o inaplicación de dichas prácticas o normas, según corresponda, en orden a la protección de los derechos humanos y a la vigencia de tal Convención y de otros instrumentos internacionales en este campo. Para ello, la CIDH, por vía jurisprudencial, impone al Estado a tomar medidas legislativas o de otro carácter para lograr tal finalidad. Por otro lado, b) Interno: se da en sede nacional, y consiste en la verificación de la adecuación de las normas jurídicas internas que se aplican en casos concretos a la CADH (y otros instrumentos internacionales de derechos humanos) y a los estándares interpretativos que la Corte ha establecido a través de su jurisprudencia.

Fuentes recomendadas:

https://elcomercio.pe/politica/peru-informo-corteidh-indulto-alberto-fujimori-noticia-573904

https://www.lagaceta.com.ar/nota/788598/actualidad/cidh-analiza-fin-indulto-fujimori.html

4. Segundo acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht por el caso “La Centralita”

El caso “La Centralita” gira en torno a la acusación contra el ex presidente regional de Áncash César Álvarez y otras 59 personas que habrían integrado una organización ilícita que se benefició con los fondos públicos de dicha región. En esa línea, este caso involucra a la constructora Odebrecht por unos pagos realizados a cambio de que se le adjudique la rehabilitación y mejoramiento de la carretera Callejón de Huaylas-Chacas-San Luis. En el marco de las investigaciones de este caso, la Procuraduría Anticorrupción y la fiscalía lograron un segundo acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, por el cual la constructora brasileña se comprometió a pagar S/ 50 millones a favor del Estado por concepto de reparación civil por delitos contra la administración pública, según informó la Procuraduría Anticorrupción.

El acuerdo de colaboración eficaz fue aprobado el 10 de octubre con la sentencia de Colaboración Eficaz N°02-2017. La colaboración eficaz, comprendida entre los artículos 472 – 481 del CPP, consiste en la entrega de información de parte de un sujeto que ha cometido un delito y que puede recibir a cambio un beneficio en la pena. Por otro lado, la colaboración eficaz comprende los siguientes requisitos: quien desee sujetarse a esta figura debe cumplir con el abandono voluntario de sus actividades delictivas, la admisión o no contradicción de los hechos que se le imputen y presentarse al fiscal mostrando su disposición de proporcionar la información eficaz. Asimismo, esta persona puede estar o no sometida a un proceso penal o incluso tener una sentencia.  Por último, los beneficios que se pueden obtener con esta figura son los siguientes: la exención, remisión, reducción de la pena o la suspensión de la ejecución de la misma.

Fuentes recomendadas:

https://elcomercio.pe/politica/firman-segundo-acuerdo-colaboracion-odebrecht-caso-centralita-noticia-572710

https://larepublica.pe/politica/1201714-piden-30-anos-de-prision-para-cesar-Alvarez-por-la-centralita

https://larepublica.pe/politica/1347791-caso-centralita-firman-acuerdo-colaboracion-eficaz-odebrecht

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