Enfoque Derecho

El pasado miércoles, los medios de comunicación peruanos denunciaron los tocamientos indebidos cometidos por Moisés Maman, congresista de la República a una trabajadora de LATAM Perú durante un vuelo local. Conforme ha informado la propia empresa en su comunicado oficial, antes que el avión despegue la jefa de cabina reportó haber sido víctima de tocamientos por parte del congresista, motivo por el cual el capitán ordenó su desembarque del avión. La agraviada denunció los hechos en flagrancia el mismo día en la dependencia policial ubicada en el aeropuerto. El congresista ha negado los hechos que se le imputan.

A partir de ello, se ha cuestionado si es que la inmunidad parlamentaria impediría que se pueda procesar a Moisés Mamani. En ese sentido, es necesario hacer un análisis de esta figura en nuestro país, ante qué tipo penal nos encontramos y determinar si es que puede o no ser levantada la inmunidad en el caso particular.

Como punto inicial, consideramos conveniente definir y desarrollar los principales alcances de la inmunidad parlamentaria. Esta es una prerrogativa propia de la función parlamentaria durante el periodo por el cual fueron elegidos hasta un mes después de terminar su periodo. La finalidad  de la figura es evitar que los congresistas sean procesados o detenidos por delitos extra funcionales —salvo flagrancia— sin previo levantamiento de la inmunidad por parte del propio Poder Legislativo. Lo señalado ha sido recogido en el artículo 16° del Reglamento del Congreso, precisando que la inmunidad parlamentaria no protege a los Congresistas contra las acciones de naturaleza diferente a la penal que se ejerzan en su contra, ni respecto de los procesos penales iniciados ante la autoridad judicial competente, con anterioridad a su elección, los que no se paralizan ni suspenden.

El reconocimiento y atribución de esta prerrogativa es evitar que los procesos penales afecten el ejercicio de sus funciones parlamentarias. Aplica exclusivamente a procesos de esta naturaleza debido a que son los únicos que pueden privar la libertad personal del congresista e interferir en sus funciones. Ello no significa eximir de responsabilidad penal a los congresista, sino que se busca evitar su detención y procesamiento ante denuncias injustificadas, por ejemplo, realizadas en el contexto de persecución política. En tal sentido, en caso existan pruebas suficientes que demuestren la posible comisión de un delito extra funcional, el Parlamento deberá levantar la inmunidad parlamentaria, y ser procesado en igualdad de la aplicación de la ley.

Cabe diferenciar la “inmunidad parlamentaria” de la “inviolabilidad parlamentaria”. Así, la inviolabilidad parlamentaria se refiere a los delitos cometidos en ejercicio de las funciones propias del cargo; por el contrario, la inmunidad parlamentaria busca evitar el apresamiento e inclusive el encauzamiento judicial que pudiera sufrir arbitrariamente un congresista por delitos extra funcionales.

En tal sentido, la regulación de la inmunidad parlamentaria nos hace situarnos en dos escenarios: (i) cuando se trata de imputaciones de delitos cometidos durante el periodo de ejercicio de sus funciones parlamentarias, supuesto en el cual el Congresista acusado de haber cometido tales hechos punibles, no podrá ser detenido, procesado ni penado sin que previamente se el Congreso le haya despojado de la inmunidad parlamentaria de la que goza. (ii) Cuando se trate de delitos flagrantes cometidos por el Parlamentario, supuesto en el cual será puesto a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente, a más tardar dentro de las veinticuatro horas, a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento.

Ahora, sobre el tipo penal, el mismo día la víctima formalizó la denuncia en la comisaría del aeropuerto Jorge Chávez por el delito de actos contra el pudor. Tras una reciente modificación por la Ley Nº30838, el tipo penal señala lo siguiente:

Artículo 176.- Tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento

“El que sin propósito de tener acceso carnal regulado por el artículo 170, realiza sobre una persona, sin su libre consentimiento, tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos, en sus partes íntimas o en cualquier parte de su cuerpo será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años (…).”

Sobre el tipo penal, es un delito común, que por lo tanto comprende como sujeto pasivo y activo a cualquier persona. Por otro lado, la tipicidad subjetiva no exige nada más que el dolo; es decir, no exige un ánimo libidinoso. Por último, debido a la calidad de funcionario público del sujeto activo, se añade la agravante comprendida en el inciso 3 del artículo 170° conforme al modificado artículo 177°. Por lo que la pena correspondiente, estaría comprendida entre los 8 y 11 años.

Es necesario recordar que la figura de la inmunidad parlamentaria no tiene como fundamento la impunidad, sino la protección de la función pública ejercida por una persona en concreto —elegida para ello por vías democráticas— ante denuncias infundadas. En esa línea, considerando la situación actual del país respecto a la violencia de la que son víctimas miles de mujeres, la decisión que tome el Poder Legislativo será de gran trascendencia en este contexto. Atendiendo a la naturaleza de la conducta denunciada —la calidad de flagrancia y el tipo delictivo— y la calidad del acusado, el Congreso debería retirar la inmunidad parlamentaria y así permitir que proceda la investigación judicial correspondiente.

Fotografía: www.americatv.com.pe

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