Por Gianpierre Valverde, investigador del Grupo de Investigación en Derecho Administrativo (GIDA), y Braylyn Paredes, estudiante de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Introducción

Uno de los deportes más entretenidos y fascinantes del mundo es el básquet de la National Basketball Association (NBA). Durante la temporada regular, se pueden ver partidos trepidantes rodeados de toda una parafernalia mediática donde las estrellas demuestran sus destrezas con el balón. Entre los equipos más importantes de las conferencias este y oeste destacan los Clevelan Cavaliers, los Bolton Celtics, los Golden State Warriors con jugadores como LeBron James, James Harden, Kevin Durant y Stephen Curry.

Los juegos de la NBA son atractivos por la simpleza de su juego y la calidad de sus estrellas, quienes destellan jornada a jornada. Sin embargo, las reglas suelen confundir un tanto a quienes estamos acostumbrados a ver encuentros de fútbol semanalmente.

El más peculiar es el tiempo muerto o time out. Esta regla permite al referí paralizar el tiempo de juego cuando es solicitado por el coach de alguno de los equipos o cuando se produce alguna contingencia en el juego. Así, el tiempo en el básquet no sufre cambios, pero sí suspensiones como no ocurre, por ejemplo, en el fútbol donde el árbitro compensa el tiempo perdido, agregando minutos al final de cada tiempo.

El time out es una herramienta muy utilizada por los equipos. Existen estrategias de juego en función al tiempo muerto, cuyo uso se requiere cuando pasan situaciones nada agradables como la fractura que sufrió el jugador de los Boston Celtics Gordon Hayward en un encuentro contra los Cleveland Cavaliers del gran LeBron James allá por el año 2017[1].

¿Cómo hemos llegado a vincular el Derecho Administrativo con la NBA? La responsabilidad la debemos irrogar a la reciente publicación del Decreto Legislativo Nº 1396 (en adelante, la Ley), pues, por obra y gracia de la modificación del Artículo 30-A, el INDECOPI tiene la facultad de dictar un time out al plazo para resolver un procedimiento sancionador por conductas contra la libre competencia. Esto significa que el plazo de caducidad podrá ser suspendido por la agencia de competencia hasta por un periodo de 90 días hábiles, según el artículo reformado.

Es así que, a la luz de la redacción del artículo mencionado, las suspensiones que se realizarán “excepcionalmente y mediante decisión motivada de la Secretaría Técnica o la Comisión” en las etapas de un procedimiento administrativo sancionador parece tener la misma justificación que utilizó el árbitro del partido de la NBA cuando decidió suspender el tiempo del partido por algunos minutos para posteriormente retomarlos. De esa manera, pronto dejaremos de decir I love this game para decir I love this Public Administration.

  1. La suspensión de la caducidad en el procedimiento sancionador

La caducidad o el plazo para resolver (eufemismo utilizado por la Ley para referirse a lo mismo) es un plazo aceleratorio porque la Administración Pública debe actuar dentro de un periodo de tiempo y poner fin a su investigación en ese margen, constituyendo este hecho a través de la resolución y notificación de la decisión final[2]. Por ser aceleratorio, también se tiene a la caducidad como plazo fatal. Ese carácter es el que le impediría, según la posición de autores como Juan Carlos MORÓN, que pueda admitirse su suspensión[3].

Sin embargo, otra parte de la doctrina considera que, en determinados supuestos sí cabe la suspensión de la caducidad, toda vez, que existen circunstancias que no se encuentran dentro del ámbito de control de la Administración competente, que dirige y conduce un procedimiento sancionador y resultaría injustificado permitir que el procedimiento caduque por una inactividad no imputable a ella[4].

Lo cierto es que la suspensión se incorpora en nuestra legislación administrativa como un mecanismo para detener el transcurso de la caducidad cuando se produzca una inactividad interna en la Administración, pero que no es causada por ella sino por factores exógenos como la prejudicialidad penal.

  1. Competencia para suspender el plazo de caducidad

El artículo 30-A señala que “la Secretaría Técnica o la Comisión” serán las competentes para suspender el plazo. Lo cual, en nuestra opinión, es una fórmula desacertada, ya que, por el principio que diferencia los órganos de instrucción y de decisión, debe ser siempre el órgano que resuelve quien tome la decisión no solo para suspender el plazo sino también para ampliarlo[5].

Bajo esa premisa, resulta claro que debe ser el órgano de decisión (la Comisión) quien deba tener la competencia para decidir suspender el plazo, a fin de que exista un cauce regular e imparcial donde las partes puedan garantizar su derecho al debido procedimiento y a la defensa.

  1. Supuestos de suspensión de la caducidad

La Ley contiene una relación de supuestos que gatillan la suspensión de la caducidad. Dada la brevedad de este artículo, vamos a enfocarnos en comentar la inclusión del supuesto que dispone la suspensión por causa del imputado. Al respecto, GÓMEZ SANZ y SANZ RUBIALES señalan lo siguiente:

“Es implanteable que un interesado pueda paralizar o bloquear un procedimiento sancionador. Es la Administración instructora la responsable del procedimiento, que se impulsa de oficio en todas sus fases, la que tiene que superar en su caso al interesado que utilice todos los medios legítimos a su disposición para evitar que el procedimiento concluya con una sanción. Por eso esta causa, por su propia naturaleza, no es aplicable a los procedimientos sancionadores sino a los iniciados a instancia de parte”[6].

Del mismo modo opinan GAMERO y FERNÁNDEZ, puesto que, coinciden en afirmar que el imputado no tiene la obligación de aportar ningún medio que lo incrimine porque esta protegido por el principio de no autoinculpación[7]. Por eso, cuando la administración le requiera información que los culpe, ello no debe tenerse como impedimento u obstrucción a la investigación, ya que, la carga de la prueba recae en aquella y no al revés.

Así, es importante que tomar en cuenta que debe ser el órgano de decisión quien esté facultado para suspender el plazo. De ese modo, el órgano instructor se dedicará a investigar y formular una recomendación, y cuando las circunstancias lo ameriten podrá solicitar la suspensión al órgano decisor, quien valorará si las causas justifican la suspensión del plazo.

  1. Efectos de la suspensión de la caducidad

Al momento de interpretar la norma, hay que ser cuidadosos en no caer en el error de confundir los términos suspensión e interrupción. Cuando se trata de suspender un plazo, el tiempo se paraliza en un determinado momento hasta que el mismo se reanude. Esta reanudación implicará contar el plazo acumulado hasta antes de la suspensión con el plazo que está por empezar a partir de la reanudación[8].

No ocurre lo mismo con la interrupción. El efecto es diferente por cuanto el plazo transcurrido se resetea y vuelve al inicio. Es decir, cuando se reinicia el plazo interrumpido, se volverá a contar desde cero, como si nunca hubiera transcurrido ningún periodo de tiempo[9].

En el caso de la norma, el legislador optó por referirse a la suspensión, lo cual, por un lado, permite acumular los plazos y, por otro lado, descarta la prolongación innecesaria del plazo de caducidad.

  1. Impugnación de la suspensión del plazo de caducidad

Al tratarse de un acto de trámite, no podría ser impugnado directamente en la vía impugnativa. No obstante, cabe acotar que la doctrina ha sostenido que los actos de trámite pueden impugnarse cuando se cumplan dos presupuestos: a) cuando estos actos pongan fin al procedimiento administrativo o impidan o paralicen su desarrollo; b) cuando provoquen un estado de indefensión a los particulares por vulneración de sus derechos y garantías[10].

En ese sentido, consideramos que la regla para el cuestionamiento de la validez del acto de suspensión, no debe realizarse de manera meramente autónoma, sino que, se deben incluir dentro de los argumentos que sirvan de fundamento y contenido al recurso que impugnará el acto administrativo que ponga fin al procedimiento sancionador en trámite.


[1] BRITISH BROADCASTING CORPORATION (2017). La escalofriante lesión de Gordon Hayward en su primer partido para los Boston Celtics luego de su fichaje por US$128 millones. BBC News/Mundo. Obtenido de https://www.bbc.com/mundo/deportes-41666060.

[2] SENDÍN, M. A. (2010). El tiempo en el Procedimiento Administrativo español. Revista de Derecho Administrativo, 9, pp.160-175.

[3] MORÓN, J.C. (2017). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General: texto único ordenado de la Ley N° 27444. Lima: Gaceta Jurídica, pp.528.

[4] REBOLLO, M., IZQUIERDO, M., ALARCÓN, L. & BUENO, A. (2010). Incidencias en el cómputo de la caducidad. In: Derecho Administrativo Sancionador, 1st ed. España: LEX NOVA, pp.811.

[5] ALARCÓN, L. (2007). El procedimiento administrativo sancionador y los derechos fundamentales. Madrid: Civitas, pp.53-54.

[6] GÓMEZ TOMILLO, M. & SANZ, I. (2013). Derecho administrativo sancionador. Navarra: Cizur Menor, pp.783.

[7] GAMERO, E. & FERNÁNDEZ, M. (2014). Manual básico de derecho administrativo. Décimo primera edición. Madrid: Tecnos, pp.406.

[8] DANÓS, J. (2013). La prescripción de las infracciones, de la ejecución de las sanciones y la caducidad (perención) del Procedimiento Administrativo Sancionador. En AA. VV. Derecho Administrativo del siglo XXI, Libro de ponencias del Congreso Internacional de Derecho Administrativo. Lima: Adrus, pp.711-712.

[9] ZEGARRA, D. (2010). La figura de la prescripción en el ámbito administrativo sancionador y su regulación en la Ley No. 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. Revista de Derecho Administrativo, 9, pp.207-214.

[10] MARTÍN MATEO, R. & DIEZ, J. (2012). Manual de Derecho Administrativo. Cizur Menor: Aranzadi, pp.250-251.

Fuente de la imagen: NBA

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