Por: César Landa, ex presidente del Tribunal Constitucional y profesor de Derecho Constitucional en la PUCP.

La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce a través del Poder Judicial y del Ministerio Público con arreglo a la Constitución y las leyes. Los fiscales y los jueces deben luchar contra los muy graves delitos extraordinarios que el poder constituyente ha establecido en la Constitución como la corrupción, el narcotráfico y el terrorismo; sin perjuicio de los otros delitos ordinarios creados por el legislador, que pueden ser modificados o derogados por la mayoría parlamentaria.

De modo que, los delitos constitucionalizados tienen un alto valor no solo para el Estado, sino también para la sociedad peruana. Por eso, las movilizaciones ciudadanas, las protestas de las instituciones de la sociedad civil y del Presidente de la República, rechazando la remoción que ha realizado el Fiscal de la Nación, Pedro Chavarry, de los fiscales Domingo Pérez y Rafael Vela, encargados de conducir las investigaciones del caso Lava Jato, contra los líderes políticos vinculados a los casos de corrupción de la empresa Odebrecht, expresan la indignación popular por el retroceso que significa en la lucha contra la corrupción.

El Fiscal de la Nación no puede creerse intocable encubriéndose en la autonomía del Ministerio Público, y, que puede estar al margen de la ley gracias a la protección que recibe del fujimorismo y el aprismo que controlan la comisión la Sub Comisión de Acusaciones de la Comisión de Constitución del Congreso, que es renuente a tramitar las graves denuncias constitucionales que hay en su contra. Más aún,  cuando Chávarry se encuentra investigado en la propia fiscalía en el caso de los “Cuellos blanco del Puerto”, liderado por el ex juez supremo César Hinostroza, debido a que constituía el candidato afín de dicha organización criminal para presidir el Ministerio Público.

Hay que recordar que las mafias en la historia de la lucha contra la corrupción, como en el caso  el Lava Jato en el Brasil, siempre han buscado comprar a policías, amedrentar testigos, infiltrar o corromper fiscales y/o jueces encargados de las investigaciones y procesos. Más aún, en el caso peruano se ha contado además con el apoyo de autoridades políticas, como alcaldes provinciales, gobernadores regionales y congresistas de la República, además de abogados y periodistas corruptibles.

Los argumentos del Fiscal de la Nación son que los fiscales Pérez y Vela han incumplido con el principio de respeto a la jerarquía y a la falta de reserva de las investigaciones. Sin embargo, lo que ha detonado la reacción de Chávarry es no solo la investigación que se cierne sobre él, sino sobre los ex Presidentes de la República Alan García y la lideresa Keiko Fujimori, cuyos parlamentarios, empresarios y periodistas afines constituyen un bloque de contención a la labor de los fiscales Pérez y Vela, así como, del juez Concepción Carhuancho.

Ante esta situación, el Estado constitucional no puede quedar inerte ante la falta de liderazgo del Fiscal de la Nación en la lucha contra la corrupción, que pone en grave peligro la respuesta de la justicia a la corrupción de los partidos y los líderes políticos, por parte de la empresa Odebrecht. En estos casos, el Presidente de la República, como Jefe de Estado, conjuntamente con el Consejo de Ministros, tienen una alternativa de solución política y/o judicial:

Política, mediante un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que declare al Ministerio Público en reorganización, quedando el Fiscal de la Nación suspendido en su cargo, y, dejando la conducción de la misma, en  el anterior Fiscal de la Nación, hasta la reorganización de la institución. Más aún, correspondería al Presidente del Consejo de Ministros, de no aprobarse el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, que lo presente como cuestión de confianza; habida cuenta que los voceros de  la oposición parlamentaria, que tienen a Keiko Fujimori detenida y a Alan García impedido de salir del país, han reafirmado su apoyo al Fiscal de la Nación.De recibir la cuestión de confianza el rechazo de la mayoría parlamentaria, el Presidente de la República, conforme con  la Constitución, esta facultado a disolver el Congreso, convocando a elecciones parlamentarias, dentro de los próximos cuatro meses. Tiempo durante el cual podrá gobernar mediante decretos de urgencia; llevando a cabo la reforma judicial y política anti corrupción.

Judicial, mediante la interposición de una demanda de amparo y/o de acción popular contra la resolución del Fiscal de la Nación, por violar el mandato constitucional del combate contra la corrupción, dada sus decisiones administrativas de ralentizar, interferir y obstaculizar la decidida acción de los fiscales encargados del emblemático caso Lava Jato, que afecta el derecho a la inamovilidad en el cargo de los fiscales, y/o, el principio/derecho del pueblo  de la lucha contra la corrupción.

Esperemos que a inicios del nuevo año, el derecho a la justicia que anhela el pueblo peruano se pueda realizar a través de las instituciones y procesos constitucionales. Realizando así el mandato democrático supremo según el cual: la potestad de administrar justicia emana del pueblo.

 

Fuente de la imagen: Perú21

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