José Antonio del Risco, estudiante de la Facultad de Derecho de la PUCP  y miembro del Consejo Editorial de Enfoque Derecho.

 Nos encontramos ante uno de los momentos más convulsos para la movilidad urbana en España, ya que el pasado jueves 31 fue publicado en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña el Decreto Ley 4/2019. Esta norma, que entró en vigencia el primero de febrero, tiene como objetivo adaptar la legislación vigente en Cataluña en materia de transporte de viajeros mediante el arrendamiento de vehículos con conductor (VTC), y establecer determinadas condiciones de explotación y control del servicio. Sin embargo, lo llamativo de este Decreto de la Generalitat es que ha introducido serias restricciones para las VTC, a tal punto que Uber y Cabify han tenido que anunciar el abandono sus servicios en Cataluña.

Para abordar este problema, me gustaría explicar brevemente cuáles son las diferencias entre un servicio VTC y uno de taxi. En un principio, ambos sistemas se basan en la prestación de servicios de vehículos con chofer; sin embargo, las VTC tienen un servicio generalizado prepago, el cual únicamente puede ofrecerse a través de una app. Asimismo, la fijación del precio de la prestación puede depender de distintos factores; por ejemplo, la alta demanda, el exceso de tráfico o también la ruta que se utilizará para llegar al destino. En el caso de los taxis, no podemos hablar de un servicio prepago que se contrate a través de una app, pues la mayoría de las veces, estos se dedican a la captación de clientes en la vía pública.

Si uno leyese los titulares de la semana pasada con respecto a este tema, podría pensar que es la primera vez que las empresas VTC reciben un duro golpe en Europa; sin embargo, ya hace algunos años que no la han pasado tan bien que digamos. Desde que este tipo de servicios llegó a España (hace cinco años aproximadamente) se ha generado un conflicto entre los conductores de taxis y aquellos que trabajan con el servicio VTC. Cuando Uber lanzó su primer teaser, los taxistas empezaron con sus protestas y exigieron que esa clase de empresas no se encuentre exenta de regulación. A falta de un pronunciamiento por parte del gobierno, dichas protestas continuaron; mientras tanto, Uber y compañías similares empezaban a ganar popularidad. Sin embargo, debido a la fuerte presión de los taxistas, a finales del 2014, un juez ordenó bloquear a Uber en España, al menos de manera cautelar, debido a que algunos de sus conductores trabajan sin tener una autorización previa. La solución a esto fue la utilización de las licencias VTC, una autorización que les permitía operar de manera legal.

En un primer momento, estas licencias VTC fueron creadas exclusivamente para servicios de limusina o choferes particulares, y no para el servicio de taxi. No obstante, en el caso español estas licencias empezaron a ser un negocio rentable gracias a la llegada de Uber y Cabify. La consecuencia fue que el sector del taxi se viese obligado a protestar nuevamente, debido al aumento de una peligrosa competencia. Esto llevó a una reforma del Reglamento de Ordenación Terrestre, la cual propuso reducir el número de concesiones; es decir, se debía expedir una licencia VTC por cada 30 licencias de taxi. Esta proporcionalidad de 1/30 no se llegó a cumplir en su totalidad debido a la entrada en el mercado de nuevas autorizaciones VTC.

La situación de conflicto en Cataluña ha tenido como consecuencia que la Generalitat añada a su cuerpo normativo regulatorio el Decreto Ley 4/2019, del que hablé al inicio, el cual restringe la actuación de las VTC en la comunidad autónoma, en tres aspectos: a nivel de tiempo, captación y geolocalización.

La restricción que me parece más preocupante es la del tiempo de pre contratación mínima, una restricción única en Europa. El artículo 4.2 señala lo siguiente: «debe transcurrir un intervalo de tiempo mínimo de 15 minutos, entre la contratación y la prestación efectiva del servicio». Esto quiere decir que, por ejemplo, si una persona en Barcelona pide un Uber a través de la app, y el conductor llega en menos de cinco minutos, deberá esperar otros diez minutos para poder empezar el viaje. Evidentemente, no es una alternativa rentable económicamente. Y, por si fuera poco, en la Disposición adicional primera se establece que «los entes locales, en el ejercicio de sus competencias sobre utilización del dominio público viario, gestión del tráfico urbano, protección del medio ambiente y prevención de la contaminación atmosférica, pueden aumentar el intervalo de tiempo fijado en el artículo 4.2». En ningún momento se hace referencia a la problemática existente entre los taxis y las empresas VTC para justificar esta decisión.

Desde el punto de vista de la captación, el artículo 4.3 nos dice que «los vehículos adscritos a las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor no pueden, en ningún caso, circular por las vías públicas en busca de clientes ni propiciar la captación de viajeros que no hubieran contratado previamente el servicio remanente estacionados a estos efectos». Con esto, lo que se está haciendo es prohibir que los vehículos con autorizaciones VTC circulen libremente por las vías públicas si no están prestando un servicio. Ello implica que, por ejemplo, un VTC no pueda aprovechar aquellas zonas de la ciudad más concurridas para captar clientes a través de la app.

Finalmente, está el artículo 4.4, el cual prohíbe el uso de la geolocalización que permite ubicar, previamente a la contratación, a los vehículos disponibles adscritos a una autorización de arrendamiento de vehículos con conductor, debido a que «propicia la captación de viajeros». En términos simples: el cliente no podrá saber en qué parte del mapa se encuentra el vehículo que le brindará los servicios.

En definitiva, el problema entre los taxis y las VTC en España es más complejo de lo que imaginamos, y considero que el Decreto Ley de la Generalitat podría agravar la situación al endurecer las condiciones del servicio en el tiempo mínimo de pre contratación, la captación y geolocalización. Muchos diarios y portales web de noticias de España y del mundo hablan sobre las graves consecuencias de esta reforma legislativa, como despidos masivos (más de 3 000 puestos de trabajo se han visto afectados), demandas a la Administración y, sobre todo, una reducción de servicios de movilidad; todo esto producto de la mala gestión de un conflicto.

Hemos podido ver que, por un lado, tenemos al servicio de taxis, que con el paso de los años se ha ido convirtiendo en un modelo obsoleto y muchas veces inseguro. Y por otro lado están las VTC, cuya forma de negocio está basada en irrumpir en el mercado, lo que provoca un problema en torno a la competencia entre ambos servicios. Entonces, teniendo en cuenta estos factores, el objetivo de una buena regulación no debería enfocarse en buscar el beneficio de un sector y el perjuicio de otro, sino en encontrar las medidas más idóneas para lograr un consenso entre las partes… No por algo la comunidad de Madrid se ha opuesto a regular las VTC de la misma forma que en Cataluña.

Enlaces consultados

Decreto Ley: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7800/1724394.pdf

https://www.genbeta.com/actualidad/uber-en-espana-estas-han-sido-sus-desventuras-desde-que-llego

https://www.xataka.com/automovil/estas-condiciones-que-generalitat-impondra-a-uber-cabify-se-aprueba-decreto-anti-vtc

https://www.youtube.com/watch?v=xnJRCeAZH2Y

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20190131/consecuencias-marcha-uber-cabify-barcelona-7278230

https://www.youtube.com/watch?v=Vttrk1QyHN4

Fuente de la imagen: RTV.net

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