Roger Yon, abogado por la PUCP y magíster en Investigación Jurídica. 

Estimado lector, a riesgo de que a cambio de leer las siguientes líneas obtenga su rechazo y reprobación, me permito analizar un hecho que en los últimos días ha marcado el acontecer social.

El pasado domingo 13 de enero del presente año, el suboficial de tercera, Elvis Joel Miranda Rojas, se vio inmerso en una persecución policial en Tacala, ubicado en el distrito de Castilla del departamento de Piura. Junto con el conductor de la unidad policial, Carlos Junior Carhuayo Cruz, durante su servicio de patrullaje, fueron avisados de que un mototaxi color amarillo con negro saldría de un callejón ubicado cerca de la Universidad San Pedro. Este llevaba a tres personas que recientemente habrían asaltado a un transeúnte, identificado como Danfer Jesús Cutín Santos, por lo que decidieron intervenir al verlo salir del callejón. El conductor del mototaxi, al ver el vehículo policial, procedió a dar una vuelta en u para escapar. Ambos oficiales realizaron un disparo cada uno (al aire) como señal de aviso para que el mototaxi se detenga, sin obtener resultados. A cierta distancia, el mototaxi se detuvo, y fue ahí cuando Juan Carlos Ramírez Chocan, uno de los presuntos asaltantes, comienza a darse a la fuga, por lo que el suboficial Miranda fue tras él. Elvis Miranda realizó cinco disparos: los primeros cuatro hacia el aire, y el último hacia Juan Ramírez, ya que no se detuvo. El presunto asaltante fue trasladado por los policías a la clínica Miraflores, pero llegó muerto, ya que el disparo le provocó traumatismo abdominal abierto[1].

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Castilla, perteneciente a la Corte Superior de Justicia de Piura, dictó contra Elvis Joel Miranda Rojas siete meses de prisión preventiva por la presunta comisión del delito de homicidio simple, delito previsto y tipificado en el artículo 106° del Código Penal, y por el delito de abuso de autoridad, delito previsto y tipificado en el artículo 376° del Código Penal.

Si alguno ha pensado que la actuación del policía se encuentra amparada por alguna causa de justificación, está totalmente equivocado ya que para analizar si el policía se encontraba habilitado a desarrollar razonablemente un medio de defensa, el presupuesto que lo habilitaba a defenderse es que se haya encontrado ante una agresión ilegitima y, hasta donde hemos descrito los hechos, el presunto delincuente se encontraba en franca huida, físicamente dándole la espalda al policía, quien efectuó varios disparos al aire que podrían ser valorados de advertencia antes de efectuar el disparo en la parte posterior del cuerpo a la altura de la cavidad toráxica y de consecuencia mortal. Es decir, surge la pregunta de si una persona, delincuente o no, que hace caso omiso a la conminación policial de detener su huida habilita el orden a detenerlo con un disparo de consecuencia mortal. Entendemos que no.

El reglamento nacional de la policía señala lo siguiente:

Artículo 5.- Atribuciones
Son atribuciones del Personal Policial las siguientes:

  1. Hacer uso de la fuerza, de acuerdo a la normatividad vigente, Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, y Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego, en el marco de los acuerdos adoptados por las Naciones Unidas.

En la misma línea, los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de la Naciones Unidas[2] se encuentran en sus Disposiciones Generales:

  1. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto.

Asimismo, en caso no de haber otra medida que usar las armas de fuego, también establece lo siguiente:

  1. Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley:
  2. a) Ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga;
  3. b) Reducirán al mínimo los daños y lesiones y respetarán y protegerán la vida humana;
  4. c) Procederán de modo que se presten lo antes posible asistencia y servicios médicos a las personas heridas o afectadas;
  5. d) Procurarán notificar lo sucedido, a la menor brevedad posible, a los parientes o amigos íntimos de las personas heridas o afectadas.

En el mismo sentido, el principio número 9, ubicado dentro de las Disposiciones Especiales de la misma norma internacional, menciona:

  1. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las personas salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida.[3]

Como es de apreciarse, el cumplimiento de un deber exige que los agentes del orden desarrollen sus actividades de manera ponderada, puesto que en un estado de derecho en el que sí interesan los medios para alcanzar fines no es posible aceptar acciones desbordadas cuando existen otros medios para que el sospechoso detenga su fuga para el interrogatorio de ley, nos referimos, por ejemplo, a alcanzarlo en una franca carrera en el que un policía, contando con un excelente estado físico le da alcance y lo tira al suelo.

Esto exige que el policía cuente con una óptima preparación física. Otra alternativa a realizar podía ser que los disparos se efectúen muy próximos al cuerpo del sospechoso y a la altura de la parte baja de las extremidades inferiores. Claro, estas dos últimas posibilidades implican que el policía se encuentre muy bien entrenado y que sus disparos sean certeros.

Llama la atención que el reglamento policial no haga referencia al Código Penal peruano, sino a una disposición internacional como es la de Naciones Unidas.

Estos comentarios los hago a consecuencia de que un amigo me envió un video respecto de la realidad de un país vecino en donde se viene dando cacería a presuntos delincuentes, tras lo cual sus cuerpos yacían sin vida y eran apilados en una camioneta, bajo la lluvia de aplausos de la población, quien inocentemente piensa que esta es una manera eficaz de combatir la delincuencia. Felizmente, en el Perú hemos aprendido, espero, que la forma de luchar contra la criminalidad común y organizada, es con el despliegue de inteligencia (así se capturó al líder de Sendero Luminoso: sin efectuar un solo disparo).

De otro lado, que nuestras fuerzas policiales se encuentren físicamente bien entrenadas y preparadas con el número de horas necesarias para contar con prácticas de tiro que les permita efectuar disparos disuasivos, si fuera el caso, es una exigencia mínima para cualquier desarrollo de lucha contra la delincuencia común.

A las personas a las que he herido en su susceptibilidad y no les he dado gusto otorgándoles la justificación jurídica para dar contenido a la frase “mátenlos a todos” o “están bien muertos” (en alusión a presuntos delincuentes), les digo: lo siento, soy amigo de mis amigos pero más amigo de la verdad.

[1] Fuente: http://www.laindustria.pe/nota/4370-piura-policia-abatio-a-delincuente-en-persecucion-y-lo-envian-a-prision

[2]Adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspx

[3] Resaltado es propio.

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