Esta semana, miembros del Congreso de la República se vieron envueltos en un nuevo escándalo luego de que el programa televisivo, Cuarto Poder, emitiera un reportaje que ponía en evidencia irregularidades en el cobro de cheques por gastos de representación. Así, Karina Beteta, Cesar Segura, Fredy Sarmiento, Mario Mantilla, Segundo Tapia —todos pertenecientes a la bancada de Fuerza Popular— y Jorge Castro, ex integrante de Frente Amplio, son los congresistas que habrían cobrado los S/. 2800.00 otorgados para la semana de representación, pero que habrían viajado al extranjero (Suiza, Rusia, Panamá, entre otros destinos) en vez de visitar sus regiones. Ante esta situación, el Ministerio Público aperturó una investigación a los legisladores señalados por delito de peculado doloso y falsedad ideológica.

La semana de representación comprende 5 días hábiles al mes, que permite que el legislador o legisladora vuelva a la región que representa; estos días son agendados cada año y, desde el 2017, se cobra S/. 2800 netos de manera anticipada exclusivamente para ello. Esta actividad se encuentra regulada en el artículo 23.f del Reglamento del Congreso, el cual establece como obligación de los congresistas “mantenerse en comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales con el objeto de conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes”. Conforme puede entenderse, y en el marco de toda conducta lícita, solo corresponderá el cobro de gastos por representación cuando el legislador efectivamente realice dicha función. Sin embargo, según ha sido denunciado públicamente, los antes referidos congresistas cobraron cheques por concepto de la semana de representación, sin haber realizado esta función.

Asimismo, según información proporcionada por el congresista investigado Jorge Castro, estos no serían los únicos casos de cobro indebido de viáticos, sino que “hasta 100 congresistas habrían cobrado irregularmente la asignación por semana de representación”[1] . Cierta o no la información señalada por Jorge Castro, lo cierto es que se ha tornado en práctica común que los congresistas cobren dinero por concepto de gastos de representación, sin haber realizado esta función o haciéndolo sin gastar la totalidad del dinero solicitado como viáticos.

En relación a ello, es importante destacar que según información obtenida del portal del Congreso, 46 legisladores no han sustentado sus informes de representación de lo que va del presente año[2]. Este hecho demuestra la irregularidad y falta de control en que pueden incurrir los parlamentarios en el cobro de gastos de representación.

Siendo este el contexto actual, cabe preguntarse lo siguiente: ¿existen indicios -aunque parecieran ser pruebas contundentes- de cobros indebidos por gastos de representación?. Según lo señalado, la respuesta es claramente afirmativa.

Pues bien, conforme hemos ya adelantado, la Fiscalía de la Nación ha aperturado una investigación preliminar en contra de estos seis parlamentarios, por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso y falsedad ideológica.

En primer lugar, el delito de peculado por apropiación se encuentra tipificado en el artículo 387° del Código Penal, el cual dispone textualmente lo siguiente:

Artículo 387°.– El funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.”

Conforme se aprecia, según la regulación contenida en el artículo citado, el comportamiento típico prohibido requerido para la configuración del tipo penal del delito de peculado consiste en la apropiación o utilización por parte del funcionario público del dinero, valores, bienes, caudales o efectos que le estén confiados en razón del cargo que ostenta. Esta es la finalidad perseguida por el delito de peculado por apropiación. De modo que para la comisión de este delito se requiere la concurrencia de dos requisitos: (i) quien despliega la conducta típica debe ostentar la condición de funcionario público; y, (ii) la apropiación de los recursos a los que tiene acceso en razón de su cargo debe ser para sí mismo o para un tercero.

En ese sentido, en el presente caso se advierte que, efectivamente, se cumple con lo exigido en el tipo penal del peculado para la configuración del delito. Así, vemos, en primer lugar, que quienes han realizado la cuestionada conducta son congresistas, quienes en razón de la naturaleza de sus funciones ostentan la condición de funcionarios públicos. En esa línea, se habría cumplido con la primera exigencia requerida para la configuración de este delito. En segundo lugar, los gastos de representación percibidos por los congresistas son bienes (dinero) a los cuales tienen acceso en razón de la condición que ostentan, es decir, por ejercer la función parlamentaria. Con independencia de la no obligatoriedad de sustentar estos gastos, los parlamentarios tienen acceso a este tipo de recursos, hecho que configura el cumplimiento de la segunda exigencia requerida para la determinación de este delito.

Considerando todo lo desarrollado, queda demostrado que los seis congresistas antes referidos habrían incurrido en la comisión del delito de peculado por apropiación.

Por otro lado, y como segunda parte del presente análisis legal, los seis congresistas también son investigados por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica. El referido delito se encuentra regulado en el artículo 428° del Código Penal, en los siguientes términos:

“Artículo 428°.- El que inserta o hace insertar, en instrumento público, declaraciones falsas concernientes a hechos que deban probarse con el documento, con el objeto de emplearlo como si la declaración fuera conforme a la verdad, será reprimido, si de su uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años y con ciento ochenta a trescientos sesenticinco días-multa.

El que hace uso del documento como si el contenido fuera exacto, siempre que de su uso pueda resultar algún perjuicio, será reprimido, en su caso, con las mismas penas”.

Según se desprende de esta regulación legal, para la configuración de este delito se requiere: (i) insertar en un documento público declaraciones sobre hechos que deban ser probados en el mismo documento; (ii) el animus de hacer pasar como verdaderos tales hechos, a pesar de ser falsos; y, (iii) la generación de perjuicio. En el presente caso, si bien no existe obligatoriedad por parte de los congresistas de sustentar los gastos de representación, debe tenerse presente que si los seis congresistas cuestionados han formulado declaraciones falsas -señalando que viajaron a las regiones que representan, cuando ello no corresponde a la realidad- sobre estos hechos en algún documento público [en este caso, mediante un informe de sustentación], se estaría cumpliendo con las dos primeras exigencias requeridas para la configuración de este delito. Finalmente, en lo que respecta a la falsedad ideológica, debe tenerse en cuenta que se genera el perjuicio requerido por el hecho de tratarse de una retribución que viene del patrimonio estatal. Por consiguiente, y dentro de los argumentos antes expuestos, se habría configurado el delito de falsedad ideológica.

Por otro lado, un hecho cuya mención consideramos de vital importancia, siendo esta la situación actual, y con el énfasis en la posible existencia de muchos más casos similares, es que el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, planteará la eliminación de la semana de representación. Según ha señalado Salaverry, está reforma legislativa buscará garantizar el uso transparente y eficiente de los recursos entregados para las funciones de representación de los parlamentarios. A nuestro parecer, ante las constantes denuncias a parlamentarios por realizar cobros indebidos, resulta apropiada la medida que Daniel Salaverry planteará en las próximas semanas.

De acuerdo a lo señalado en párrafos precedentes, consideramos que los seis congresistas investigados por cobros indebidos de gastos de representación habrían incurrido en delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica, según lo dispuesto en los artículo 387° y 428 del Código Penal, respectivamente. Sin embargo,cave advertir que, para poder ocurrir ello, es necesario que el pleno del Congreso previamente les haya levantado la inmunidad parlamentaria, institución que impide que los congresistas sean procesados o arrestados, salvo caso de flagrancia, sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente. La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria evaluaría, de ser el caso, la admisión del pedido y, finalmente, se votaría en el pleno.


[1] Visto en: http://www.atv.pe/actualidad/legisladores-habrian-cobrado-irregularmente-gastos-por-representacion-375936

[2] Visto en: https://diariocorreo.pe/politica/congreso-46-legisladores-no-sustentaron-informes-gastos-representacion-2018-876156/

Fuente de la imagen: Andina.

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