Abner Francisco Casallo Trauco, egresado de la Facultad de Derecho, estudiante de Economía de la UNMSM y colaborador de Regulación Racional.

Recientemente, se ha propuesto modificar los artículos 14º y 16º de la Ley 26549, Ley de los Centros Educativos Privados, a partir de lo cual se ha prohibido exigir el pago de cuotas de ingreso o cualquier concepto diferente a la matrícula o a las mensualidades, así como la previa autorización del MINEDU para aumentar dicha mensualidad.

Respecto al primer punto, ¿tiene sentido esta prohibición? Consideramos que no. Como muchas veces, los legisladores piensan que conocen mejor la organización interna de una firma que los mismos ofertantes. Lo que se puede prever es simplemente un traslado del cobro por cuota de ingreso al cobro de matrícula o mensualidad. Es decir, seguiremos en lo mismo.

El otro punto es más preocupante: el aumento de las pensiones solo se podrá hacer por autorización del Ministerio de Educación. Respecto a este punto, la exposición de motivos “justifica” el cambio señalando que “ya existe esta autorización respecto de las cuotas extraordinarias que cobran los centros de estudios privados, por lo que, al haber un antecedente sobre un cobro adicional, resulta razonable que, en la misma línea, suceda lo propio con las mensualidades”[1]. Es decir, estamos ante una petición de principio (asumimos que se debe regular porque se “debe”).

Esto evidentemente es regulación de precios. Yendo más allá de las implicancias legales que esto tiene, es importante tomar en cuenta las nefastas consecuencias económicas de este tipo de medidas. Cuando uno regula precios, puede establecerla en dos sentidos: precios máximos y mínimos. Concentrémonos en el primer caso.

Si el Estado establece un precio máximo por debajo del competitivo[2](es decir, no quiere que se cobre “mucho” por el servicio), lo que sucede es un caso de exceso de escasez. La cantidad demandada por el servicio aumenta, lo cual tratándose de educación puede sonar bastante atractivo. Sin embargo, a la vez la cantidad ofertada se reduce, quedándose los demandantes sin lugar donde satisfacer su necesidad y generando pérdida social. El siguiente gráfico resume esto mejor:

En efecto, es importante no olvidar lo que la teoría económica nos enseña respecto a la intervención del Estado. Este puede, luego de pasar por algunos filtros, intervenir ante la existencia de fallos de mercado. En la educación, generalmente, uno encuentra externalidades positivas que son una falla de mercado; sin embargo, en ningún libro (al menos serio) de microeconomía o teoría de la organización industrial, encontraremos que la intervención en los precios sea una solución[3].

Las consecuencias de esta medida de hecho son potencialmente desastrosas: menos gente educándose. No se trata de intervenir por intervenir y llenarnos con el discurso que “la educación es un derecho y no un negocio” (como en la citada exposición de motivos), sino de buscar soluciones inteligentes basadas en teoría o evidencia alguna que permitan mejorar este sector tan necesario para el desarrollo económico.

[1]Exposición de motivos, pág. 7.

[2]Si el precio máximo esta por encima del competitivo no hay problema, pero no suele ser el caso.

[3]Las recomendaciones suelen ir vinculadas a la falla identificada, como información asimétrica o externalidades positivas, por ejemplo. Una salida común a este último problema es el de los subsidios. Ver: Johnes, Geraint y Johnes, Jill.  International handbook on the economics of education, Cheltenham, 2004.

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Análisis Regulatorio
Análisis Regulatorio se publica en colaboración con la asociación Regulación Racional, dirigida por Oscar Sumar, profesor de calidad regulatoria con un doctorado en UC Berkeley. En este blog, se realizará el análisis de regulación o políticas públicas, basándose en la teoría económica y en la evidencia empírica. ¡No te lo pierdas!

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