Yhasira Fabián, estudiante de la Facultad de Derecho de la PUCP y miembro del Consejo Editorial de Enfoque Derecho.

El 2013, se le dio comienzo a la Operación Lava Jato a cargo de la Policía Federal de Curitiba. En ese marco, se destapó toda una red de corrupción en la petrolera brasilera Petrobas, que involucraba no solo a ejecutivos de la petrolera sino también a políticos, que habían recibido coimas a cambio de grandes proyectos de infraestructura a favor de las principales constructoras de Brasil, entre las que figuraban la siguientes: Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutierrez, OAS, Queiroz Galvao, UTC Engenhaira, etc. De acuerdo a las investigaciones, estas constructoras habrían conformado un club en el que se repartían proyectos de infraestructura mediante el soborno a funcionarios públicos. Es así que, en ese contexto, se recurrió a la figura de la delación, la cual beneficia a los involucrados en casos de corrupción con la atenuación de sus penas a cambio de información relevante para las investigaciones. Haciendo uso de esta figura legal, los testimonios de Alberto Youssef, cambista y encargado del blanqueo de dinero, y Paulo Roberto Costa, ex director de Abastecimiento de Petrobras entre 2004 – 2012, fueron pieza fundamental para dar con los demás protagonistas de uno de los más grandes casos de corrupción en la región. Entre los nombres más notorios en este caso, encontramos a los ex presidentes de Brasil, Fernando Collor de Melo (1990-1992), Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) y Dilma Rousseff (2011-2016), cuyas campañas electorales, según Marcelo Odebrecht, fueron financiadas irregularmente en un 75%, con dinero de la “caja B” de la empresa.

Sin embargo, la historia no termina ahí, puesto que la modalidad de reparto de proyectos de infraestructura instalada en Brasil, llegó hasta Perú. Pero ¿cómo es que Odebrecht cobra tal importancia en esta trama? La constructora Odebrecht fue fundada en 1944 y actualmente cuenta con presencia en 28 países, entre los que se encuentra Perú. Gracias a la operación Lava Jato, se supo que Odebrecht fue quien formó el ahora conocido “Club de la Construcción” -conformado por 16 empresas, de acuerdo al testimonio de Dalton Avancini, presidente de Camargo Correa-, cuyo objetivo era conseguir licitaciones y contaba con un sistema dedicado al lavado de dinero. La forma de operar consistía en inflar los costos de las obras a partir de la firma de adendas; asimismo, se aperturó el Departamento de Operaciones Estructuradas, mediante el cual se realizaban los pagos de sobornos a funcionarios de Brasil y del extranjero.

En el caso de Perú, Odebrecht se encuentra en el país desde 1979 y, tras el destape del escándalo de corrupción en Brasil, se han puesto al descubierto supuestos casos de corrupción en licitaciones públicas, así como millonarios sobornos al gobierno peruano, aunque podría decirse que, en general, a casi todo aquel que aspirara a él, como una forma de asegurarse los favores del gobierno de turno. A fines de 2016, Odebrecht admitió ante la Justicia de Estados Unidos que, entre 2005 y 2014, pagó 29 millones de dólares a funcionarios peruanos para obtener las más importantes licitaciones de proyectos de infraestructura. Tras el inicio de las investigaciones en nuestro país, entre los ex presidentes peruanos investigados se encuentran Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y, anteriormente, Alan García, cuyo suicidio se dio en medio de una detención preliminar en el marco de las investigaciones del caso Odebrecht en el Perú. Por otro lado, Keiko Fujimori, quien contaba con un considerable porcentaje de apoyo en las elecciones presidenciales en las que participó, fue incluida en las investigaciones por aportes a su campaña en el 2011.

En ese panorama, Jorge Barata, quien trabajó en la sede de Odebrecht en el Perú por más de 12 años y fue ex director ejecutivo en el periodo 2011-2016, y que, por lo tanto, conoce los detalles de las concesiones y proyectos entre el 2001 y el 2016, cobra vital protagonismo. A lo anterior, se le añade que, en lo que respecta al caso en el Perú, Marcelo Odebrecht señaló que Jorge Barata era la persona que podía confirmar los aportes a campaña y sobornos realizados a favor de políticos y funcionarios peruanos. Como un símil a lo sucedido en Brasil, Barata se acogió a la colaboración eficaz, figura que consiste en la entrega de información de parte de una persona que ha cometido un delito grave, a cambio de un beneficio en su pena: la exención, remisión y reducción de la pena o la suspensión de la ejecución de esta. De acuerdo al artículo 474 del Código Procesal Penal, en primer lugar, la persona que quiera acogerse a esta figura debe: a) haber abandonado voluntariamente sus actividades delictivas; b) admitir o no contradecir, libre y expresamente, los hechos en que ha intervenido o se le imputen; y c) presentarse ante el Fiscal mostrando su disposición de proporcionar información eficaz. En segundo lugar, la colaboración eficaz solo es aplicable en el caso de delitos como asociación ilícita, terrorismo, lavado de activos, delitos contra la humanidad, corrupción de funcionarios, entre otros.

En esa línea, hace unos días , Jorge Barata confirmó que Odebrecht realizó aportes a las campañas electorales de los ex presidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Alan García y Pedro Pablo Kuczynski, así como de la ex candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Respecto a Alejandro Toledo, Barata declaró que se le entregó 600 mil dólares al ex para financiar su campaña presidencial, a través de su ex jefe de seguridad de Palacio de Gobierno durante su gestión 2001-2006. Sobre Ollanta Humala, este indicó que, por orden de Marcelo Odebrecht, entregó 3 millones de dólares a la campaña presidencial de Humala del 2011, de los cuales 2 millones fueran entregados a Nadine Heredia, en efectivo. En el caso de Pedro Pablo Kuczynski, Barata declaró que entregó a Susana de la Puente, ex embajadora del Perú en Reino Unido, 300 mil dólares para la campaña de Kuczynski el 2011. Respecto a Alan García, Jorge Barata señaló que se realizó un aporte de 200 mil dólares para la campaña electoral del fallecido ex mandatario del 2006. Asimismo, sobre Keiko Fujimori, este declaró que se aportó 1’200,000 dólares a la campaña presidencial de la lideresa de Fuerza Popular, a través de Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya. Por último, se confirmó el aporte de 3 millones de dólares para la campaña del No a la revocatoria del 2013 a favor de Susana Villarán, en ese entonces, alcaldesa de Lima.

Las declaraciones de Jorge Barata en estos siguientes días no hacen más que confirmar un diagnóstico bastante evidente: nuestro país está infestado de corrupción de manera estructural. En estos últimos años, la corrupción en altas esferas del poder es la que ha ganado el protagonismo en todos los medios, por su especial incide en la población en general. Los sobrecostos en proyectos de infraestructura más que contribuir al desarrollo, han generado mayores brechas de desigualdad y una desconfianza creciente en la clase política. No obstante, de esta desgracia, lo que podemos rescatar es que por lo menos aquellos que antes eran intocables, ahora ya no lo son. Lo que nos queda como país es, además de exigir el respeto de los derechos y garantías en los procesos penales, también, en esa misma línea, respetar el trabajo y esfuerzo de jueces y fiscales involucrados en el caso, así como su independencia.

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Fuente de la imagen: Diario la Prensa Regional.

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