1. ¿Cuál es la diferencia entre un allanamiento y una detención preliminar?

Aunque ambas constituyen medidas cautelares -es decir, acciones destinadas a asegurar determinados aspectos de la investigación-, se diferencian en que el allanamiento es una intervención fiscal –ordenada a su pedido por el juez– en el domicilio u otro recinto vinculado al investigado a fin de recabar evidencia o detener a una o varias personas, mientras que la detención preliminar es una medida de coerción personal por la que se priva de su libertad al investigado por un máximo de 10 días a fin de evitar que fugue o entorpezca la investigación.

2. ¿Cuál es el procedimiento para ordenar una detención preliminar?

El fiscal debe verificar que se cumplan los presupuestos que establece el Código Procesal Penal (evidencia plausible que vincule al investigado con el delito, pena probable superior a los 4 años de privación de libertad y peligro procesal en cualquiera de sus dos vertientes: pronóstico de fuga o de entorpecimiento de la actividad probatoria). Si la conclusión es positiva, el fiscal solicita y fundamenta la medida ante el juez, quien luego de evaluarla, procederá a ordenarla o desestimarla.

3. ¿Cuáles son los protocolos para llevarla a cabo ante la persona contra la que se ordena?

El fiscal debe apersonarse a donde está la persona que va a ser detenida, premunido de la orden judicial que lo faculta y con el equipo policial que la va a ejecutar. Se le informa a la persona de la existencia de la orden, se le leen sus derechos y se procede a enmarrocarla para ser conducida al lugar donde cumplirá la detención. En caso la detención sea simultánea al allanamiento, el detenido deberá permanecer en el recinto debiendo llamar a su abogado para constatar la requisa de evidencia y firmar el acta correspondiente al término de la misma.

4. ¿Existe un trato diferenciado cuando se trata de un funcionario público o, en este caso, un exmandatario? En caso de ser así, en el caso de Alan García, ¿se cumplió con ese protocolo especial?

Todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, por lo que no existe un protocolo diferenciado para funcionarios públicos. En todos los casos se debe garantizar que se proceda conforme a las garantías del debido proceso legal. En el caso del ex – presidente Alan García, por lo que ha sido informado por la policía, se ha cumplido con el protocolo de ley, lo que sin embargo no pudo evitar su autoeliminación, pues este se encontraba premunido de un arma y a una distancia que no permitió evitar que se recluyera en su dormitorio, cerrara la puerta y se descerrajara un tiro en la sien.

Fuente de la imagen: Perú 21.

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