Julio Gamero Requena, economista y profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú en la facultad de Gestión en la maestría de Relaciones Laborales y de Derecho y Seguridad Social.

1.- ¿Cuál es el marco normativo de la OIT para la formalización laboral?

Para la OIT, el marco referencial para enfrentar la informalidad es la Recomendación Núm. 204, que precisa el tránsito de la informalidad a la formalidad. Se parte de la concepción de que la informalidad no es una situación de elección, sino una en la que el trabajador se ve obligado a entrar, en tanto que no consigue un trabajo en el sector formal y necesita generar ingresos para él y su familia. Entonces, no le queda más que insertarse en una actividad de la economía informal.

Para transitar de esa situación de informalidad a la formalidad, las recomendaciones de política son diversas, ya que el asentamiento en la informalidad es bastante distinto. Por ejemplo, hay empleo informal en el sector formal; y por sector formal se entiende a las unidades productivas que están registradas, que tienen un RUC, un registro municipal, pero básicamente las que tienen un RUC. Allí, lo que uno encuentra es que sobre todo en las empresas más pequeñas, estando registradas, la informalidad laboral es muy alta. Incluso en el Estado: las últimas cifras del 2017 identifican que hay un poco más del 11% de trabajadores que están en situación de empleo informal.

Entonces, el panorama es bastante variado. Hay empleos informales en el sector formal, pero donde hay mayormente empleo informal es en el sector informal; es decir, en empresas que no están registradas o trabajadores independientes, trabajadores en cuenta propia, que no tienen un RUC, y que no están afiliados a algún esquema de seguridad social; los trabajadores  familiares no remunerados (donde el 100% está en situación de empleo informal); y el rubro de trabajadoras remuneradas del hogar en el cual aproximadamente el 94% está en condición de empleo informal.

Por ello, la Recomendación Núm. 204, constatando esta realidad heterogénea del empleo informal, identifica un conjunto de recomendaciones para transitar de la informalidad a la formalidad, dependiendo de dónde estás ubicado en el sector informal. Por ejemplo, en una empresa grande, de más de cien trabajadores en la cual hay empleo informal, ahí es básicamente un tema de inspección del trabajo y de fiscalización; además hoy en día, la planilla electrónica permite identificar quienes están recurrentemente bajo locación de servicios, no obstante que están en esa empresa realizando labores de trabajo dependiente.

Tal es el caso del trabajo independiente por cuenta propia, en el cual más del 90% son empleos informales, y además ellos constituyen casi la mitad de todo el empleo informal en el país, ¿qué políticas se recomiendan para ellas? Facilitarles el registro, generar como política pública esquemas de protección social que permitan que estos trabajadores puedan afiliarse a la seguridad social, o esquemas tributarios que han probado relativa eficacia en otros países, como es el esquema de monotributos: que en un solo pago estén concentrados el impuesto a la renta, el aporte al sistema de salud y a pensiones; y utilizar los mecanismos tecnológicos que faciliten que los trabajadores puedan afiliarse.

Además, allí también hay un tema de sensibilización por el tema de la cultura del ahorro. Recordemos que hace cinco años hubo un intento para hacer que de forma más o menos compulsiva los trabajadores de cuarta categoría, aquellos que emiten recibo de honorarios, se formalicen, lo que generó un descontento por parte de este sector. Entonces, allí hay un tema de sensibilización, pero también de que los esquemas de previsión social resulten atractivos para el trabajador que en el futuro recibirá una jubilación.

En el caso de trabajadores del hogar, ¿qué recomendar para la formalización? Un caso referente es el de Uruguay, el cual, desde una aplicación de un celular, el empleador de la trabajadora remunerada del hogar puede hacer las cotizaciones al sistema de seguridad social y pensiones, eso le facilita. Asimismo, el caso de Ecuador, en el que hubo una campaña muy intensa de parte de los sindicatos de trabajadores del hogar, más el Estado, para sensibilizar a la población de que este sector de trabajadores pueda afiliarse a un esquema de seguridad social.

Por otro lado, para las unidades productivas más pequeñas que tienen elevados niveles de informalidad, como son las microempresas, allí la evidencia indica que lo que se requiere son políticas de desarrollo productivo, aunque estas no se cumplen, pues hay bastante desconocimiento de la legislación -por ejemplo, el sector de microempresa tiene un régimen laboral especial bastante menos oneroso que el régimen general. Sin embargo, la informalidad allí supera el 90%, a pesar de que ese régimen laboral ya tiene 17 años. ¿Por qué no se ha formalizado? En realidad, el tema para ellos es crecer, generar excedentes, tener mejor inserción en el mercado. Por tanto, lo que se requiere, más que una ley laboral, son políticas de apertura de mercados, que generen aumentos de productividad, que les permitan asociarse para poder enfrentar mejor el mercado. En suma, se requiere más políticas de desarrollo productivo para ese sector, primero para que se formalicen empresarialmente y luego, laboralmente, ya que esta formalidad no precede a aquella.

La Recomendación Núm. 204 presenta un conjunto de lineamientos y orientaciones para que cada país libremente incorpore un portafolio de políticas que, atendiendo a la particular heterogeneidad del empleo informal, pueda transitar hacia el sector formal.

2.- La Política Nacional pone en evidencia que el sector de Mypes es uno de los que tiene altos grados de informalidad, además de la idea de hacer regímenes especiales que suponen disminución de derechos. Uno de los pilares que señala gran parte del sector empresarial es reducir la informalidad: ¿hay algo que falla ahí? ¿Esa es la receta que se debe seguir?

El régimen laboral especial para la microempresa ya tiene 17 años y el régimen especial para la pequeña empresa tiene 11 años, ambos tienen derechos laborales bastante inferiores a los del régimen general. Entonces, en este caso, el Perú ya ha probado que la reducción de costos laborales y derechos laborales no ha tenido impacto en la formalización.

¿Por qué este sector de la microempresa persiste en elevadas tasas de informalidad laboral? Ese régimen tiene 17 años, la evidencia está indicando que no hay una correlación, no hay una causalidad entre menos derechos laborales, menos costos laborales, y mayor formalización. ¿Por qué? El problema para ese sector es menos un problema de costo laboral y más uno de desarrollo productivo: ¿cómo hacemos que ese sector de las microempresas que absorbe una gran cantidad de empleo sea más productivo? Esto requiere fortalecerlas económicamente. Por ello, si no hay políticas específicas de desarrollo productivo para ese sector, no van a elevar productividad, y, si no se formalizan empresarialmente, menos lo harán laboralmente.

3.- Nos queda claro que la formalización empresarial debe anteceder a la formalización laboral. En este contexto, ¿cuáles son los criterios más importantes que deben tomarse en cuenta para la formalización empresarial?

En el caso de la formalización empresarial, no solo es un tema de reducir costos burocráticos, de registro, porque el Perú ha avanzado bastante en eso que llaman barreras para registrar una empresa; incluso, alguna época, los municipios competían para ver cuál era el que expedía más rápido una licencia de funcionamiento. No obstante esos avances, la formalización empresarial es bastante reducida y eso obedece a que gran cantidad de unidades productivas, en realidad son más unidades de sobrevivencia que con potencial de desarrollo empresarial. Allí hay un tema que supondría unas políticas publicas más activas, es decir, llegar al sector de microempresas informales con programas que las transiten a la formalización, pero eso significa hacerlas crecer. Inicialmente, llevarlas “de la mano”, sin que eso sea paternalismo ni subsidio, pero sí llevarlas en el sentido de facilitarles esquemas asociativos para que puedan, por ejemplo, vincularse a compras públicas, facilitarles esquemas asociativos para que se inserten en cadenas productivas, o esta modalidad de negocios inclusivos en el cual hay una empresa ancla que jala a un conjunto de proveedores. Esas figuras se pueden promover, sin embargo, nos parece que en el país están faltando esos mecanismos para efectivamente hacer que ese sector pueda crecer.

También hay una parte de ese sector que en realidad está esperando un mejor momento para poder insertarse como trabajador asalariado en alguna empresa, porque están allí porque no les quedó otra opción. Entonces están generándose un ingreso mientras tanto, pero eso puede ser muy largo si es que ese conductor de la microempresa no tiene las capacidades ni las habilidades que requiere para ser incorporado en una mediana o gran empresa. Entonces, hay allí un asunto muy importante que es la formación para el trabajo: cómo genero programas, esquemas de certificación de competencias laborales, pero no como casos pilotos o como temas puntuales, sino como políticas. Así como los programas sociales tienen una amplia cobertura, los programas para formación en el trabajo también tienen que ser bastante amplios, si es que se quiere, no solo una mano de obra más capacitada, sino facilitarles ese tránsito a esquemas productivos de mayor potencial.

4.- Es importante lo que nos está diciendo sobre la evidencia y sobre lo que la OIT ha trabajado respecto al fortalecimiento de la composición empresarial de fomentar la productividad. No obstante, ¿a qué se debe que algunos técnicos o gremios empresariales insistan en que la solución sea la reducción de derechos laborales?

En términos porcentuales, en realidad, el régimen general es tan solo ‘general’ en el nombre, porque, si vemos cuántos trabajadores están adscritos al régimen laboral, en términos porcentuales, vamos a ver que no es la mayoría. Hoy, la mayoría está bajo regímenes especiales. Y si analizamos, por ejemplo, el proceso de crecimiento económico del 2003-2004 en adelante, se ha reducido en forma significativa la informalidad en el país. En realidad, el crecimiento del empleo informal en el país, tiene que ver con las políticas de los años noventa. El país que dejó está época puede ser un país de más apertura y de una economía de mercado con mayor profundidad, pero en términos sociales y de empleo, no fue así. Y no solo son investigaciones de la OIT, sino de diferentes instituciones que señalan que los años noventa fueron una década de fuerte precarización del mercado laboral en el país.

Tengo dos datos. En el año 2004, el empleo informal no agrícola en el Perú era de 75%, según datos del Programa de la OIT para la formalización de la informalidad en América latina (FORLAC) que es gestionado por la OIT. ¿Cuánto es el empleo informal no agrícola el año 2016? Llegó a alrededor del 60%, bajó quince puntos porcentuales en doce años. No es que las cifras que hoy se señalan del empleo informal como un todo, agrícola y no agrícola del 70%, son cifras que se han generado producto de costos laborales. Más bien, en el 2004 teníamos 75% del empleo informal no agrícola en condiciones de empleo informal y en el 2016 que es el último dato es cerca del 60%. Entonces, es alto, pero hace 15 años lo era mucho más. El nuevo siglo, más bien, ha coincidido con una reducción del empleo informal en el Perú, y la mayoría del empleo que se ha generado del 2004 en adelante, en un 80%, ha sido empleo formal.

No sé si hay una lectura inadecuada de la realidad, pero en todo caso una lectura de todo lo que ha ocurrido en los noventa y dos mil, nos está indicando que más bien el tema de la formalización va por otro lado.

5.- En el Convenio Núm. 122 de la OIT, sobre políticas de empleo, nos dice que estas políticas deben ser diseñadas de manera tripartita. Entonces, ¿cuál es el rol de las organizaciones de trabajadores y empleadores en la elaboración de estas políticas? y ¿en qué se diferencian estos del rol que debe tomar el Estado en estas políticas? Entendiendo que hay una visión de parte de la población de que el Estado se inclina más a tomar los intereses del sector empresarial.

Para OIT, como organización de Naciones Unidas tripartita, las políticas deben ser dialogadas, porque eso asegura la probabilidad de que sean sostenibles. Además, las partes involucradas deben tener las capacidades similares para poder aportar opinar para poder ser actores activos del proceso de diálogo.

Por su parte, el Estado es quien responde, por ejemplo, por el incumplimiento de un convenio internacional, dado que es el garante de la legalidad y del cumplimiento de la normativa. En realidad, los Estados tienen la tarea de fomentar ese diálogo y de escuchar a ambas partes, porque si no eso le va a restar legitimidad a la política que devenga tras ese proceso de diálogo.

El otro tema es que estos procesos de diálogo van a requerir de una temporalidad que pueda ir más allá de lo que ciertos apremios administrativos señalen. Allí hay que tener un espíritu más abierto para incorporar esas opiniones.

Otro aspecto es el caso de la Política de Competitividad que ha generado opiniones encontradas, porque la política ya está publicada en El Peruano desde el 31 de diciembre y a lo que se les convoca es para que esa política se asiente en un plan para que se operativice. Pero, como sabemos, el reglamento no puede ir contra la ley, y en este caso el plan no podrá ir en contra de esa política, sino que ya la política está decidida y el plan tendría que amoldarse a eso. También, lo que es cierto es que en el Consejo de Trabajo se ha abierto una posibilidad para que se discuta ello, pero entiendo a la fecha que todavía no hay una decisión clara de los actores sindicales para facilitar ese proceso.

6.- Otro punto respecto a la Política Nacional: ¿cuál es el papel que tienen los contratos temporales en la formalización? ¿Tienen algún efecto adverso o positivo?

Los contratos temporales van en paralelo con la estabilidad laboral, porque desde el primer gobierno del expresidente García que de un momento a otro se hizo extensiva la estabilidad laboral, luego de tres meses, pero junto de esa rigidez se abrió la temporalidad con los contratos del PROEM (Programa de Ocupacional de Emergencia) que era una modalidad que atemperaba esa estabilidad. A la par, en esa época se generó el CERTEM que era como un certificado de reintegro tributario a la generación de empleo permanente.

A lo que voy es que el tema de los contratos temporales ha acompañado el tema de contratos de duración indefinida. Eso hay que verlo en el contexto de dos variables: primero, es ver si se está en un periodo de crecimiento económico o no; es necesario distinguir que contratos a modalidad es distinto a empleo formal o empleo informal, porque yo puedo tener un empleo formal con un contrato bajo modalidad. Segundo, tiene que ver con el cumplimiento efectivo de la norma y de la eficacia de la fiscalización, porque, en muchos casos, estos contratos temporales o bajo modalidad no guardan correspondencia con el objetivo de ellos e invaden otras esferas que más bien corresponde a contratos de duración definida.

Entonces, ahí hay dos elementos que hay que verlos en contexto, porque los contratos temporales aumentaron tras las modificaciones laborales del año noventa y dos, luego han seguido aumentando, pero ello no ha obviado que el empleo formal aumentara del 2004 hasta la fecha. No obstante, lo que sí se constata es que eso habría que modelar con más herramientas econométricas, pero parece que hay alguna asociación con el tema de sindicalización y negociación colectiva, porque en los sectores donde abunda esta modalidad de contratación son sectores que tiene bajos niveles de sindicalización como el caso de textil y confecciones, así como el sector agrario.

7.- Esto influye en el diálogo tripartito, porque los representantes de los trabajadores que van a dialogar no necesariamente son los que en la realidad representan a los sectores que son más vulnerables a la informalidad. Por ejemplo, el caso de las Mypes, donde el índice de sindicalización es tan bajo, pero no son sus representantes sindicales los que van a las mesas de diálogo, ¿qué tanta representatividad puede haber?

La representatividad es un tema bien controvertido, no solo en el Perú, sino también en los diferentes países de la región, y en el sector de las microempresas es mucho más. Recuerdo cuando estaba operativo el CODEMYPE (Consejo Nacional para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa) que era un símil del Consejo Nacional del Trabajo, pero para la microempresa, la representatividad de los gremios de la microempresa en ese consejo a veces se reconocía a uno y al costado aparecía otro que decía “yo tengo la representatividad”. Además, en teoría, en el Consejo de Trabajo, las centrales sindicales, si bien representan a sus afiliados, que por las normas en el país tienen determinadas características, básicamente representación, que, si bien se pueden federar, pero el sindicato se constituye con un número determinado de trabajadores y el tema de la negociación por rama de actividad la tiene construcción civil y la federación de portuarios… pero no hay más. Eso restringe las posibilidades de que sectores de trabajadores que por número no podrían tener un sindicato podrían conglomerarse a nivel de la federación. Entonces, allí hay un tema que debe contemplarse.

8.- Respecto a la Política, uno de los temas controversiales que trae es que hace una relación entre la reposición y si se quiere volver más caro el mercado de trabajo, porque implica dificultad la entrada y salida de trabajadores a través de esta figura. Para usted, ¿tiene ese impacto tan negativo que se dice?

En realidad, allí habría que ver varias cosas. Descansar en una sola variable esa capacidad determinística o de causalidad es complicado, sobre todo diremos desde un enfoque económico que se puede apreciar muchas estadísticas y econométricas de científico. No es solo que una sola variable explique todo, porque esa explicación se sucede en un contexto determinado; y el contexto muchas veces influye o hace que la variable determinística cambie de signo. Por ejemplo, recuerdo la asesoría de una tesis que identificaba la relación entre el salario mínimo y el desempleo. El alumno me decía que de acuerdo a los aumentos que ha habido el desempleo abierto debería ser de 12% y el desempleo era 5% o 6%, entonces, me decía, “mi modelo está sobreestimando el impacto del salario mínimo sobre el desempleo”, porque hay elementos de armado econométrico que tiene detrás suyo una teoría en la que capital y trabajo son sustitutos perfectos, entonces, si sube el precio del salario, va a subir la absorción de mano de obra. Pero eso es a nivel micro, porque si las empresas no tienen demanda, aun así, el costo de contratar un trabajador sea cero, no lo van a contratar. Entonces allí hay todo un elemento de cuál es el marco teórico que está detrás de una determinada herramienta o enfoque.

Además, si uno revisa los resultados del World Economic Forum que tienen vinculación con el Doing Business, pilar VII del mercado laboral, lo que uno encuentra y está recogido en el último documento de la Política de Competitividad en el diagnóstico de que el Perú está entre los países con mayor eficiencia del mercado laboral. Perú y Chile son los únicos dos países de la región que están por encima de la mediana mundial en ese pilar que incorpora entre uno de sus elementos el costo del despido. Pero, por ejemplo, en el tema de flexibilidad salarial, el Perú está en los puestos más altos porque ahí hay que ver el criterio: está mejor en el ranking si la negociación salarial es más descentralizada; mientras más centralizada, estará más en la cola del ranking. En el Perú, la negociación salarial es básicamente a nivel de empresa, no hay a nivel de rama de actividad o por federación.

También, un indicador en el cual estamos en la parte inferior es el tema de las relaciones de cooperación empresarios-trabajadores, y eso tiene que ver con el diálogo. El costo de despido es uno de los elementos que forman parte del ese pilar de eficiencia del mercado laboral, pero si se mira el resultado del pilar, el Perú está situado en un buen lugar. También habría que ver, y sobre ello hay poca evidencia, en cifras numéricas ¿cuántos son los procesos judiciales que se afrontan anualmente para buscar la reposición? Estimo que es bastante poco, porque además enfrentar un juicio que se alarga, para buscar la reposición, salvo que sea un personal bastante calificado y que tenga una remuneración que le compensa de todos esos costos, se va a ese proceso judicial.

El otro tema es que ese es un asunto que reposa en una sentencia del Tribunal Constitucional, y eso una ley no lo puede cambiar, tendría que ser una reforma de la Constitución o el mismo Tribunal debería irse para atrás. No obstante, una política no puede ser contraria a esa norma por el carácter que esta tiene.

9.-  Entonces, ¿podríamos concluir que la reposición por despido nulo, incausado o fraudulento no es un elemento que promueva la informalidad?

No, porque, desde la sentencia del 2001 en adelante, ahí las cifras indican que el empleo informal no agrícola en el 2004 era 75%, y en el 2016 es 60%. O sea, la evidencia, determina que no hay correlación entre la informalización con esa sentencia del Tribunal Constitucional.

10.- Respecto al objetivo Núm. 5 de la Política Nacional, referente a la creación de condiciones para un mercado laboral dinámico y competitivo para la generación de empleo digno. ¿Qué herramientas o medidas podrían ser útiles?

Allí es clave la vinculación con la formación para el trabajo, pero en eso nuestro país está muy rezagado. Cuando uno revisa las encuestas de demanda ocupacional que realiza anualmente el Ministerio de Trabajo en el sector formal, uno lo que encuentra en la última que es del 2019, pero que es recurrente desde que empiezan las encuestas, es que el 70% de la mano de obra que señala el sector productivo que va a contratar, es mano de obra que solo cuenta con educación secundaria, o sea es mano de obra no calificada. Y una de las ocupaciones que aparece con más demanda en el 2019, me parece que, en tercer lugar, era agentes de seguridad. Uno esperaría que fueran técnicos o ingenieros, pero no, las ocupaciones reúnen capacidades muy elementales.

Esto se condice con que el sector productivo aún es poco diversificado, porque si requiero 70% de mano de obra no calificada eso me indica que mi proceso productivo no es muy especializado. Entonces, allí hay que promover mayor diversificación productiva para que también albergue la oferta de gente que busca trabajo y que se ha calificado (porque hay que reconocer que ha aumentado la calificación de mano de obra, aunque en forma paralela no ha aumentado la calidad, ni tampoco se ha potenciado los mecanismos para que haya un mejor empate entre oferta y demanda). Asimismo, en el dato a setiembre del año pasado (2018) para Lima Metropolitana, la mitad de los desempleados contaba con estudios superiores, técnicos o universitarios; y el año 2006, era el 30%. Entonces, en los últimos 13 años ha aumentado la participación del sector calificado en el contingente de desempleados en Lima Metropolitana y eso está indicando que algo no va bien con el tema de la pertinencia de la formación.

Esto se vincula con lo que señalaba al comienzo, respecto a la formación en el trabajo. Si queremos tener un mercado de trabajo más dinámico, en realidad el tema del costo laboral genera “una ganancia por una sola vez”, porque todos los años no puedo basar la competitividad en reducir costos laborales, además que eso tiene implicancias sociales de otra naturaleza. Pero donde sí puedo bajar costos unitarios en forma dinámica es siendo más eficiente en el proceso productivo, y eso significa montar mano de obra más calificada. En realidad, a mi modo de ver, la principal apuesta o reforma que debería mover la política pública es el tema de formación para el trabajo. Eso es clave. De allí que estudiantes con educación superior puedan tener mejores prácticas, puedan tener mejor formación y puedan insertarse mejor; también trabajadores que por diferentes razones no han podido culminar un proceso formativo formal, puedan validar la experiencia que tienen, y eso significa certificación de competencias laborales.

Entonces, en realidad, la gran inversión que debería realizar el país es en formación para el trabajo, tener una mano de obra bastante calificada. Por ejemplo, si queremos ser un país que tenga en el turismo un sector muy dinámico, no es solo u tema de facilitar el acceso de turistas, sino que, por ejemplo, todos los que trabajen en el sector deberían tener el manejo de un segundo idioma, tal vez el inglés, y eso uno encuentra que no es muy extendido. Ese es un elemento al que hay que apuntar.

De igual modo, es importante que los trabajadores, sobre todo los menos calificados, puedan acceder, a procesos formativos, porque a veces lo que uno encuentra y las empresas, con razón, señalan “¿por qué lo voy a capacitar si luego se irá a la competencia?”. Claro, eso a nivel privado puede ser explicado, pero a nivel del país, interesa que el trabajador esté calificado, sea en la empresa A o B, porque eso eleva la productividad general de la economía.

Por otro lado, el Perú ya está en pleno consumo de lo que se llama el “bono demográfico”, y en una generación más se consumirá este bono. Tendremos una sociedad en proceso claro de envejecimiento, y, para que en una generación más haya mejores condiciones para toda una población, ahora los jóvenes tienen que tener más inversión en formación, para facilitarles el tránsito de la escuela al trabajo, y eso supone: procesos formativos, fortalecer el servicio público de empleo, orientación vocacional, certificación  de competencias laborales para esos jóvenes que no han podido culminar procesos formativos formales, y la posibilidad de que los trabajadores con menor calificación del sector productivo puedan acceder a esquemas de formación tipo SENATI, u otros de formación dual, que combinen mecanismos de aprendizaje en aula y en el lugar de trabajo. Allí está el foco principal.

11.- Finalmente, ¿cómo podríamos evitar caer en la “formalización de la precariedad” en el ámbito laboral? Es decir, la tendencia de instaurar la reducción de derechos y beneficios laborales.

Uno de los puntos de la Recomendación Núm. 204 es que se evite que el proceso de formalización no signifique a su vez la formalización de la precariedad, porque en realidad eso significaría, como a veces se indica, que para formalizar el empleo hay que bajar estándares y reducir costos laborales. En un símil, un profesor que quiere tener más aprobados en su salón reduce la nota aprobatoria de once a ocho; con eso tendrá más aprobados, pero estos tendrán un estándar menor. La idea, entonces, es que la formalización no signifique una reducción de estándares laborales, porque al final diremos que nos estamos haciendo trampa.

Además, detrás de un puesto de trabajo hay personas y ellos no son bienes ni servicios, sino su trabajo debe tener determinadas características. En este caso, para la OIT es el trabajo decente que garantice que el trabajador tenga más y mejores oportunidades de empleo, y que con la remuneración que tenga pueda tener cierta seguridad y satisfacer las necesidades de él y su familia; asimismo, que tenga mecanismos de protección social y que pueda acudir a procesos de diálogo social. Entonces, el set va con todo eso, y no se trata de que formalización significa modificar el concepto para tener más cobertura cuando en realidad estamos devaluando el concepto.

Fuente de la imagen: execoach

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