Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado por la PUCP, coordinador del área de Litigio Constitucional del Instituto de Defensa Legal y especialista en los derechos de los pueblos indígenas.

¿Cuál es el valor de los territorios de los pueblos indígenas? ¿Tiene valor cuantificable económicamente? ¿Tienen el mismo valor que la propiedad en zonas urbanas? ¿Pueden ser vendidas las tierras de los pueblos indígenas? ¿Cuál es la importancia y la función de los territorios en la vida de los pueblos indígenas?

  1. La nueva regulación: El artículo 13 del Decreto Legislativo Nº 1192

Esta pregunta es necesaria luego de la publicación del Decreto Legislativo Nº 1192, que aprobó la “Ley marco de adquisición y expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del estado, liberación de interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de  infraestructura”. Preocupa de manera especial el artículo 13, que establece criterios de tasación estrictamente comerciales de la propiedad en zonas rurales, desconociendo el valor espiritual y cultural de las tierras económicas. Nos preocupa de manera especial cuando señala que no procede “indemnización de carácter extrapatrimonial”.

“Artículo 13.- Fijación del valor de la Tasación

La fijación del valor de la Tasación se efectúa considerando lo siguiente:

13.1. El valor comercial del inmueble: Incluye los valores de terreno, de edificación, obras complementariasy plantaciones, de ser el caso. Asimismo, se considera las mejoras o cultivos permanentes existentes, de corresponder. En el caso de los cultivos no permanentes sembrados antes de la fecha de comunicación establecida en el numeral 20.2 del artículo 20, el Sujeto Activo puede acordar un plazo para la entrega del bien inmueble en el que se considere la cosecha de los mismos; de lo contrario, la valorización debe considerar el valor de los cultivos no permanentes. En ningún caso la Tasación comprende el valor delas mejoras o cultivos realizados en el inmueble conposterioridad a la fecha establecida en el numeral 20.2del artículo 20.

13.2. El valor del perjuicio económico: Incluye laindemnización por el eventual perjuicio, que comprendeúnicamente al lucro cesante y daño emergente, siempreque se encuentren acreditados o cuenten con un informe debidamente sustentado. No procede indemnización de carácter extrapatrimonial. El monto de la indemnizaciónincluye, entre otros, el resarcimiento de los gastostributarios, incluyendo el Impuesto a la Renta. Asimismoincluye los gastos de traslado de bienes dentro delterritorio nacional en que deberá incurrir el Sujeto Pasivocomo consecuencia de la Adquisición o Expropiación,como parte del daño emergente…”.

  1. Lo que no quieren entender los que quieren disponer de los territorios de los PPII: la importancia de los territorios de los PPII

Diversos sectores en el Estado pretenden homologar la concepción que los pueblos indígenas tienen de su territorio con la concepción clásica de propiedad individual, desnaturalizando la primera.

a. La propiedad colectiva de los PPII sobre sus territorios es de diferente naturaleza que la propiedad individual civil clásica

El TC recuerda que “la propiedad comunal de los pueblos indígenas no puede fundamentarse en el enfoque clásico de “propiedad” sobre el que se basa el Derecho Civil. Para los pueblos indígenas la tierra no constituye un mero bien económico, sino un elemento fundamental con componentes de carácter espiritual, cultural, social, etc. En sus tierras los pueblos indígenas desarrollan sus conocimientos, prácticas de sustento, creencias, formas de vida tradicionales que transmiten de generación en generación. El Tribunal valora la relación especial de los pueblos indígenas con sus tierras y pone de relieve la acentuada interrelación del derecho a la propiedad comunal con otros derechos, tales como la vida, integridad, identidad cultural, libertad de religión” (STC No 00024-2009-PI, f.j.28).

b. La relación espiritual de los PPII con sus territorios

El artículo 13 del Convenio de la OIT es muy claro: obliga al Estado a reconocer y respetar la esta relación espiritual y religiosa entre los PPII y sus territorios. En palabras de este, “los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación”. A juicio de la Corte IDH, es “la estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica”[1]. Para tales pueblos, su nexo comunal con el territorio ancestral no es meramente una cuestión de posesión y producción, sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras[2].

c. La tierra asegura continuidad de vida de PPII

La Corte IDH es muy clara cuando establece que la tierra es condición de continuidad de la identidad cultural, “La tierra significa más que meramente una fuente de subsistencia para ellos; también es una fuente necesaria para la continuidad de la vida y de la identidad cultural de los miembros del pueblo Saramaka. Las tierras y los recursos del pueblo Saramaka forman parte de su esencia social, ancestral y espiritual. En este territorio, el pueblo Saramaka caza, pesca y cosecha, y recogen agua, plantas para fines medicinales, aceites, minerales y madera. Los sitios sagrados están distribuidos en todo el territorio, a la vez que el territorio en sí tiene un valor sagrado para ellos”.  (Corte IDH, Saramaka vs Suriname, 2007, párr. 82)

d. La tierra como una condición de subsistencia física de los PPI

La Corte IDH entiende la supervivencia de los PPII como “capacidad de preservar, proteger y garantizar la relación especial de los pueblos indígenas con su territorio”. La Corte enfatizó que “la frase “supervivencia como una comunidad tribal” debe ser entendida como la capacidad de los Saramaka de “preservar, proteger y garantizar la relación especial que [ellos] tienen con su territorio”, de tal forma que puedan “continuar viviendo su modo de vida tradicional y que su identidad cultural, estructura social, sistema económico, costumbres, creencias y tradiciones distintivas serán respetadas, garantizadas y protegidas […]”. Por tanto, el término “supervivencia” significa, en este contexto, mucho más que supervivencia física.(Corte IDH, Caso Saramaka, sentencia de interpretación, párr. 37). (Resaltado nuestro)

e. La conexión entre acceso a los recursos naturales, la economía de subsistencia y la supervivencia

Señala el artículo 23.1 del Convenio 169 de la OIT, que “las actividades tradicionales y relacionadas con la economía de subsistencia de los pueblos interesados, como la caza, la pesca, la caza con trampas y la recolección, deberán reconocerse como factores importantes del mantenimiento de su cultura y de su autosuficiencia y desarrollo económicos. Con la participación de esos pueblos, y siempre que haya lugar, los gobiernos deberán velar por que se fortalezcan y fomenten dichas actividades”. En efecto, la falta de uso y goce la tierra con condiciones fundamentales para asegurar la subsistencia[3]. La Corte IDH ha sostenido previamente que la subsistencia cultural y económica de los pueblos indígenas y tribales, y por lo tanto de sus integrantes, depende del acceso y el uso a los recursos naturales de su territorio[4]. Existe una relación intrínseca entre la tierra y los recursos naturales que allí se encuentran, así como entre el territorio (entendido como comprendiendo tanto la tierra como los recursos naturales) y la supervivencia económica, social y cultural de los pueblos indígenas y tribales, y por ende de sus miembros[5].

Para la CIDH, la relación especial entre los pueblos indígenas y tribales y sus territorios significa que “el uso y goce de la tierra y de sus recursos son componentes integrales de la supervivencia física y cultural de las comunidades indígenas y de la efectiva realización de sus derechos humanos en términos más generales”[6]. Añade la CIDH que dicha relación especial es fundamental tanto para la subsistencia material como para la integridad cultural de los pueblos indígenas y tribales[7]. La CIDH ha sido enfática en explicar, en este sentido, que “la sociedad indígena se estructura en base a su relación profunda con la tierra”[8]; que “la tierra constituye para los pueblos indígenas una condición de la seguridad individual y del enlace del grupo”[9]; y que “la recuperación, reconocimiento, demarcación y registro de las tierras significan derechos esenciales para la supervivencia cultural y para mantener la integridad comunitaria”[10].

f. La falta de acceso al uso y goce ocasiona miseria en los pueblos indígenas.

La Corte IDH señaló que, “los miembros de la Comunidad Yakye Axa viven en condiciones de miseria extrema como consecuencia de la falta de tierra y acceso a recursos naturales, producida por los hechos materia de este proceso, así como a la precariedad del asentamiento temporal en el cual se han visto obligados a permanecer y a la espera de la resolución de su solicitud de reivindicación de tierras […] El desplazamiento de los miembros de la Comunidad de estas tierras ha ocasionado que tengan especiales y graves dificultades para obtener alimento, principalmente porque la zona que comprende su asentamiento temporal no cuenta con las condiciones adecuadas para el cultivo ni para la práctica de sus actividades tradicionales de subsistencia, tales como caza, pesca y recolección”[11].

  1. Herramientas jurídicas para proteger la propiedad sobre los territorios de los PPII

a. El principio de “indemnidad patrimonial” exige pagar por el íntegro del valor de la propiedad

El criterio de la “indemnidad patrimonial” desarrollado por el TC precisa que “La inviolabilidad de la propiedad a la que refiere el artículo 70 de la Constitución debe interpretarse no sólo como prohibición de intervenciones en el libre ejercicio o goce de los mencionados atributos clásicos del derecho de propiedad, sino también como garantía de indemnidad. Así las cosas, el derecho de propiedad garantiza la conservación de la integridad del patrimonio de la persona (STC No 00228-2009-PA, f.j. 35 y STC No 7364–2006–AA, f.j. 6) (Resaltado nuestro). De modo más específico, el TC concluye en relación con la expropiación, que “la esencia de la expropiación forzosa es dejar indemne al expropiado”. (STC No 05312-2009-AA, f. j. 21). Castillo Córdova añade que: “es posible concluir que el contenido esencial del derecho a la propiedad si bien no proscribe la expropiación, sí exige que cuando ésta se decida, se prevea el pago de un monto tal que evite el quiebre de la garantía de indemnidad patrimonial exigida constitucionalmente”[12]. Esto significa que debe pagarse por las tierras su valor real e integral, si solo se paga el valor económico de las tierras de los PPII, se estará afectando el principio constitucional de “indemnidad patrimonial” patrimonial, que garantiza el pago del valor real e integral de la propiedad.

La compra venta no elimina la titularidad del derecho de propiedad sobre el objeto, sino que simplemente cambia el objeto sobre el cual recae este derecho de propiedad. Figuras como la expropiación, la compraventa, no afectan el derecho constitucional de propiedad, cuando se paga el precio real del objeto sobre el cual recae la propiedad. En estos casos, se mantiene el derecho de propiedad, sólo que ahora recae en bienes de distinta naturaleza, siempre que se pague el valor real del objeto sobre el que cae la propiedad.

b. Los elementos “incorporales” de la propiedad colectiva indígena tienen protección en el artículo 21 de la Convención Americana de derechos humanos

Para la Corte IDH, “la estrecha vinculación de los pueblos indígenas sobre sus territorios tradicionales y los recursos naturales ligados a su cultura que ahí se encuentren, así como los elementos incorporales que se desprendan de ellos, deben ser salvaguardados por el artículo 21 de la Convención Americana”[13].  En otras sentencias, la Corte IDH ha señalado que el término “bienes” utilizado en el artículo 21, contempla “aquellas cosas materiales apropiables, así como todo derecho que pueda formar parte del patrimonio de una persona; dicho concepto comprende todos los muebles e inmuebles, los elementos corporales e incorporales y cualquier otro objeto inmaterial susceptible de tener un valor”[14].

Conclusiones. En atención a estos elementos consideramos que las tierras de las comunidades campesinas y nativas, en su condición de pueblos indígenas no deben ser vendidas, como lo establecía la Constitución Politica del Perú de 1979. Y no deben ser vendidas pues no son mercancías, de las que se puede disponer fácilmente sino son la base de pueblos y culturas, que el Estado está en la obligación de preservar y cuidar, como se lo exige el artículo 2.19 de la Constitución, cuando establece la obligación del Estado de reconocer y proteger el pluralismo cultural. La preservación de un pueblo indígena, de una comunidad campesina o nativa es un asunto de interés público. Si un pueblo indígena desaparece o se extingue, el Estado peruano habrá faltado a su obligación de proteger estas identidades culturales. El Estado peruano, antes que dar cumplimiento a su obligación de titular los territorios de los pueblos indígenas en el Perú, es decir de las comunidades campesinas y nativas, tal como se lo exige el artículo 14.2 del Convenio 169 de OIT, y de proteger estos territorios de la intromisión de empresas extractivas que ingresan a su territorio sin permiso, acaba de publicar una norma que facilita la compra venta de tierras de las comunidades campesinas.


[1] Cfr. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) AwasTingni, supra nota 171, párr. 149.

[2] Ibídem.

[3] CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004, párr. 114. La Corte Interamericana de Derechos Humanos “ha adoptado un criterio similar [al de la CIDH] respecto del derecho de propiedad en el contexto de los pueblos indígenas, reconociendo las formas comunales de tenencia de la tierra por los indígenas y la relación singular que los pueblos indígenas mantienen con su tierra” [CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004, párr. 116. Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) AwasTingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79]. Citado por Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales, op. Cit., pág. 22.

[4] Cfr. Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa, supra nota 75, párr. 137, y Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, supra nota 75, párr. 118.

[5] Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka. Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr.. 120.

[6]CIDH, Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales, op. Cit., pág. 22.

[7]CIDH, Quinto Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Guatemala. Doc. OEA/Ser.L/V/II.111, Doc. 21 rev., 6 de abril de 2001, Capítulo XI, párr. 56. Citado por CIDH, Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales, op. Cit., pág. 22.

[8]CIDH, Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Perú. Doc. OEA/Ser.L/V/II.106, Doc. 59 rev., 2 de junio de 2000, Capítulo X, párr. 16. Citado por CIDH, Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales, op. Cit., pág. 22.

[9]Ibídem.

[10]Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 164

[11]Ibidem.

[12]CASTILLO CÓRDOVA, Luis. “La inconstitucionalidad de gravar la indemnización justipreciada

Entregada por la expropiación de un bien”. En: gaceta Constitucional No. 47, 2011, p. 171.

[13] Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 137.

[14] Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) AwasTingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 144.

Fuente de la imagen: L’art de volar

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