En el Perú de los últimos años, uno de los mayores epicentros de tensión producto de la minería ha sido el proyecto Tía María, el cual, según estimaciones del BCR, dejaría para la región de Arequipa S/600 millones en pago de impuestos, US$1,400 millones en inversión y 3,600 puestos de trabajo en la fase de construcción. No obstante, según ha señalado Francisco Ísmodes, ministro de Energía y Minas, los “afectados” por este proyecto serían cerca de 30 mil personas en la provincia de Islay. Ello ha generado preocupaciones en el sector del agro, siendo una de ellas el impacto que puede traer el desarrollo de la actividad minera cerca al Valle del Tambo. Muchos consideran que puede afectar el desarrollo agrícola de la región y afectar a miles de familias sin que el Gobierno o la empresa puedan reparar los daños correctamente. Ante tal situación, a lo largo de los años, se han realizados múltiples movilizaciones y paros en contra del proyecto minero. En consecuencia, desde este lunes 5 de agosto, se viene realizando también un paro indefinido en la región de Arequipa.                         

Bajo dicho contexto, en su Mensaje a la Nación, el presidente de la nación, Martín Vizcarra, señaló que va a presentar una nueva Ley en los próximos meses. Dentro de su discurso, este mencionó que la norma actual tiene casi 30 años de vigencia y su actualización es necesaria. Entonces, mediante una nueva Ley se buscaría “brindar un marco legal claro a los inversionistas y ofrecer tranquilidad y desarrollo para todos”. Asimismo, el presidente recalcó que el Gobierno se encuentra comprometido con el desarrollo de una minería responsable.

Ante tal situación, distintos gobernadores aprovecharon para solicitar ciertos aspectos en la nueva Ley. Por un lado, el gobernador de Junín – Vladimir Cerrón – solicitó que sean los gobiernos regionales y locales los responsables de dar las concesiones y administrar la gran minería. Por otro lado, el gobernador de Arequipa – Elmer Cáceres – ha señalado que su gobierno se encuentra trabajando en un borrador para una nueva ley. Dentro de este proyecto, Cáceres señala que se va a proponer que las empresas mineras realicen el pago del 80% de los impuestos y no del 2% como se efectúa en la actualidad. Ante este panorama, Enfoque Derecho analizará la viabilidad de una nueva ley de minería, principalmente gestionada por los gobiernos regionales y locales.

En primer lugar, es necesario aclarar que, para explorar y extraer recursos minerales, es necesario ser titular de un derecho minero, en tanto, de acuerdo al artículo 66° de la Constitución Política del Perú, los recursos naturales ubicados en el subsuelo en cualquier parte del territorio nacional le pertenecen al Estado. Por ello, es este último el que debe autorizar la exploración y extracción de recursos minerales. En esa línea, de acuerdo a la Ley General de Minería, la concesión minera es el título que otorga tal derecho. Es así que, en el proceso de obtención de estas concesiones, intervienen diferentes entidades: las Operaciones de Procesamiento de Minerales, que otorgan los títulos de concesión minera para proyectos mineros medianos y grandes; la Dirección Regional de Energía y Minas , que otorga tales títulos a favor de los Mineros en Pequeña Escala y los Mineros Artesanales; el Ministerio de Energía y Minas, que actúa a través de la Dirección General de Minería, como la entidad responsable de otorgar el título para el procesamiento de concesiones a la minería mediana y grande; y el DREM, que otorga tal título en caso el solicitante sea un PPM y un PMA.

De lo anterior, es evidente que el Gobierno Central es el que tiene un rol fundamental en el proceso de obtención de permisos para realizar actividad minera. Aunque cabe señalar que los gobiernos regionales y locales son los principales beneficiarios del canon minero: la participación de la que gozan los gobiernos Locales (municipalidades provinciales y distritales) y los gobiernos regionales del total de ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la explotación económica de los recursos mineros (metálicos y no metálicos). No obstante, lo sucedido en el caso del proyecto Tía María ha llevado a poner sobre la mesa la cuestión de descentralizar la gestión minera. ¿Realmente los gobiernos regionales y locales son la solución? De acuerdo a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, de un informe en el que se analizaron 4,225 casos de corrupción, 2,059 involucran autoridades y ex autoridades regionales y locales por diversos delitos de corrupción. Entre estos, se encuentran 205 gobernadores, ex gobernadores, alcaldes y ex alcaldes sentenciados, quienes han generado un perjuicio económico al Estado de 7,727,744.23 soles. Ello está lejos de ser diferente a la situación por la que cruzan el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, donde los escándalos de corrupción y enfrentamientos no generan más que una crisis de gobernabilidad y, por lo tanto, un escenario poco agradable para la inversión privada.

En ese sentido, si bien es cierto que estos gobiernos tienen la ventaja de contar con una mayor cercanía a las poblaciones afectadas en mayor medida por la actividad minera, ello debería, en todo caso, no inclinarnos a monopolizar toda la gestión del sector minero en manos de estos, sino a plantear el reforzamiento su rol en conjunto con el Gobierno Central.

Ahora bien, expertos tales como Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, han señalado que, de promulgarse la nueva Ley, debe enfocarse en la simplificación administrativa minera para que los procedimientos que en la actualidad vienen demorando puedan verse liberados. No obstante, a expensas de ello, los cambios que se buscan hacer son extremadamente riesgosos; especialmente preocupante es la dificultad de que la gran minería pueda ser manejada por los gobiernos regionales y locales. Dicho cambio proviene directamente a pedido de los gobernadores, pero sería un gran error modificar la norma actual para que la gran minería sea responsabilidad de ellos, al menos en temas de permisos y autorizaciones 

Finalmente, en el actual contexto político de incertidumbre nacional, realizar cambios como los que sugieren los gobernadores sería condenar a la minería por dos razones principales. Primero, porque en las últimas décadas diversas autoridades locales y regionales han montado plataformas políticas en base al dominio cerrado de cualquier proyecto de dinero, incluso a expensas del presupuesto y empleos en su región. Ello, dada la poca predictibilidad e institucionalidad que pone en riesgo el sector minero en varias regiones. Segundo, es innegable que modificaciones legales – tan importantes como esta – requieren tiempo y consenso entre los diversos actores. La situación de tensión actual no permite dicho tipo de diálogo y hacer cambios improvisados, especialmente en el contexto actual de Arequipa, donde se vive un paro indefinido que ya ha traído muchos daños, sería empeorar el escenario. En dicho sentido, una nueva Ley General, con la presión tan fuerte de los gobiernos regionales, generaría incertidumbre y desconfianza en inversionistas. 

En conclusión, una nueva Ley General de Minería, en un contexto de crisis política que comprende un posible adelanto de elecciones y el surgimiento de un nuevo conflicto social, es inoportuna y contraproducente, existiendo un amplio riesgo de ahuyentar y preocupar a inversionistas. En todo caso, lo más adecuado es buscar una manera de hacer que lo que ya se tiene funcione adecuadamente, y ello solo será posible si el Gobierno Central, los regionales y los locales – junto al Poder Legislativo y Judicial – se concentran en los que realmente es importante: el desarrollo y bienestar político, socio-cultural y económico de nuestro país. 


Fuentes consultadas

Imagen: Difusión

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