Por Gustavo Richarte, abogado por la PUCP y máster en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid.

Frente a un procedimiento sancionador, uno de los argumentos de defensa de los administrados suele ser la prescripción de la potestad de la entidad para perseguir la falta imputada. Este argumento, por sí mismo, correctamente sustentado, puede suponer la conclusión del procedimiento por falta de competencia de la autoridad al haber decaído su potestad para perseguir y sancionar la falta. Para ello, la autoridad únicamente debe comprobar que los plazos prescriptorios establecidos legalmente hayan transcurrido y, de acuerdo a ello, estimar o desestimar la referida defensa.

Asimismo, desde la emisión del Decreto Legislativo Nº 1272 (D.L. Nº 1272), el 21 de diciembre del 2016, que modificó, entre otros, el entonces artículo 233 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG), quedó claro que la prescripción, al ser de orden público, también puede ser declarada de oficio.

Sin embargo, la cuestión que complica esta institución jurídica, tanto para autoridades como para administrados, está referida a desde cuándo se empieza a computar el plazo de prescripción, ya sea el de la ley especial o, en su defecto, el plazo general de la LPAG.

Y es que el inicio del cómputo del plazo dependerá del tipo de falta administrativa que se analice. En ese sentido, resulta necesario repasar cuál es la clasificación general de las infracciones de acuerdo su consumación. Esta clasificación, además, ha sido tomada del ordenamiento penal, como muchas otras instituciones sancionadoras.

Así, de acuerdo a su consumación, las infracciones se pueden clasificar en:

1. Actos de consumación: se refiere a aquellas faltas cuya consumación se realiza en un solo instante. Es decir, el hecho antijurídico sucede en un momento determinado del tiempo.

Dentro de esta clase, hay dos tipos de faltas:

1.1. Faltas instantáneas: se trata de aquellas faltas cuya antijuridicidad inicia y finaliza junto con el hecho infractor. La antijuridicidad no se dilata más allá del instante de la comisión hecho que la ocasiona.

Así, por ejemplo, si conduciendo mi auto, me paso una luz roja, ello supondrá la comisión de una falta conforme al Reglamento Nacional de Tránsito. Es el solo hecho de haberme pasado la luz roja el que genera la comisión de la infracción, lo cual no dura más que el tiempo que demoro en atravesar el cruce.

1.2. Faltas de estado: también conocidas como instantáneas con efectos permanentes. Son aquellas que se consuman en un solo instante, pero ello no supone que la antijuridicidad finalice junto con la acción. Es decir, la falta se configura únicamente con la realización de la acción, a pesar de que los efectos antijurídicos excedan ese instante y permanezcan en el tiempo.

Por ejemplo, si comercializo una máquina para cuya fabricación utilicé patentes ajenas, ello será una falta conforme a la Decisión Andina Nº 486. Sin embargo, si bien la falta se configura al haber utilizado patentes ajenas sin autorización, los efectos permanecerán en el tiempo hasta que no se retiren del mercado las maquinas que he fabricado.

2. Periodo de consumación: se refiere a las faltas cuya consumación no se da en un solo momento, sino que se dilata en el tiempo. Así, no son los efectos de la falta, sino que es la falta en sí la que se despliega dentro de un lapso de tiempo.

Esta clase, a su vez, contiene dos tipos:

2.1. Faltas Permanentes: se consideran como tales a aquellas faltas en las que no sólo se ha tipificado la acción que ocasiona la situación antijurídica, sino también (o incluso exclusivamente) los efectos antijurídicos de dicha acción. Además, dichos efectos permanecen en el tiempo por voluntad del infractor.

A modo de ejemplo, imaginemos que yo compongo una canción para mi novia y la toco en nuestro aniversario. Su hermano, Gabriel, que tiene un grupo musical, la empieza a reproducir en sus conciertos e incluso la graba en su nuevo álbum, promocionándola como suya.

Conforme al Decreto Legislativo Nº 822, la acción de Gabriel infringiría mi derecho moral a la paternidad de la obra, al no reconocer mi autoría. Y ello continuará sucediendo hasta que él reconozca, o la autoridad determine, que el autor de dicha canción soy yo. Así, se observa que la situación antijurídica permanece en el tiempo por voluntad del infractor.

2.2. Faltas Continuadas: se trata de aquellos casos en que el infractor comete más de una conducta antijurídica que vulnera el mismo tipo (homogeneidad del bien jurídico vulnerado). Estas conductas se consideran una sola al formar parte de una concepción unitaria previa por parte del infractor.

Imaginemos, por ejemplo, que soy el titular de la marca “X”. Y mi competidor, “Y”, lanza una campaña de publicidad comercial televisiva, realizando comparaciones subjetivas entre su marca y la mía. Este tipo de publicidad se encuentra prohibido por el Decreto Legislativo Nº 1044.

Así, cada transmisión de la publicidad de “Y” vulnera la libre y leal competencia al menoscabar mi reputación empresarial, pero obedecen a una campaña publicitaria. No es que “Y” decide trasmitir cada vez que la publicidad se presenta en la señal de televisión, sino que su decisión es que se transmita seis veces por día dentro del horario de 18:00 a 20:00 horas (la campaña publicitaria). Es decir, se deben a una voluntad unitaria por parte del infractor.

Ahora bien, conocida la clasificación de la faltas de acuerdo a su consumación, veamos desde cuándo se computará el plazo de prescripción.

El referido artículo 233 de la LPAG únicamente establecía que el plazo se empezaba a computar, como regla, desde el día en que la infracción se hubiera cometido y, excepcionalmente, en los casos de acciones continuadas, desde el día en que cesaron los actos.

Como vemos, esta regulación no recogía los diferentes tipos de comisión de infracciones que se presentaban en la realidad.

Por ello, otra de las modificaciones que introdujo el D.L. Nº 1272 al artículo 233 de la LPAG, estuvo referida al computo del plazo de prescripción. Así, el actual artículo 252 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, no deja lugar a dudas al manifestar en su numeral 252.2. que:

a) Para el caso de infracciones instantáneas y de estado, el plazo se computa desde que la infracción se cometió.

b) Para el caso de las faltas continuadas, desde que se realizó la última acción constitutiva de infracción.

c) En el caso de las faltas permanentes, desde el día en que cesó la acción.

Consecuentemente, gracias al D.L. Nº 1272, actualmente se tiene certeza respecto a desde cuándo empezaremos a contar el plazo de prescripción. Esto, nuevamente, no sólo favorece a los administrados, sino también a la autoridad, ya que goza de la faculta de declarar la prescripción de oficio.

Fuente de la imagen: ESAN

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