Por Paola Ochoa, alumna en la Facultad de Derecho de la PUCP y miembro de la comisión de Desarrollo Social de THEMIS, Khuska.

“La discapacidad no es una lucha valiente, ni el coraje frente a la adversidad. La discapacidad es un arte, una forma ingeniosa de vivir.”

Neil Marcus[1]

A propósito de la VI edición de los Juegos Parapanamericanos que se realizaron este año en la ciudad de Lima, así como observamos con admiración a todos los atletas paralímpicos de nuestro continente y sobretodo a nuestros representantes, también somos tristemente testigos, de lo poco que se ha venido avanzando respecto a la implementación de políticas públicas, que permitan una correcta inclusión de las personas con discapacidad, para lograr así su libre desplazamiento y desarrollo, sin encontrar barreras por su condición y volverlas así doblemente vulnerables.

Unas semanas atrás, el actual alcalde de Lima, Jorge Muñoz, aceptó el reto propuesto por una deportista paraatlética para recorrer las calles de la ciudad en silla de ruedas. Tras realizar esto, se dio cuenta que para una persona con discapacidad era prácticamente imposible movilizarse sin que esto implique un gran esfuerzo. Ya sea por la falta de calles señalizadas correctamente, veredas sin rampas e incluso un transporte público que hasta resulta peligroso para ellas.

Es por eso que, tal como dice la frase mencionada líneas arriba, la discapacidad se puede considerar “una forma ingeniosa de vivir”. Esto porque a lo largo de los años hemos construido un mundo pensado en los estándares humanos considerados como habituales, sin ver más allá una realidad en la que exista una diversidad de personas, no todas ellas en las mismas condiciones pero no por eso menos importantes.

De esa manera, en el presente articulo se busca demostrar cómo el Estado peruano aún tiene mucho trabajo por delante para lograr una sociedad en la que las personas que padecen de alguna discapacidad logren desenvolverse sin ninguna barrera. Para esto, se brindará, en primer lugar, un mayor alcance sobre el derecho a la igualdad y cómo este debería preponderar a fin de lograr un país realmente inclusivo. Y en segundo lugar, en base a la barreras existentes para el libre desenvolvimiento de las personas con discapacidad, analizar qué medidas se pueden aplicar para lograr dar un primer paso en este sentido.

En principio, debemos explicar a qué nos referimos cuando hablamos del derecho a la igualdad. En ese sentido, podemos acogernos al concepto brindado por Francisco Eguiguren[2], quien asevera que:

“[…] este derecho puede ser entendido por un lado como un principio rector de todo el ordenamiento jurídico del estado democrático de derecho, siendo un valor fundamental y una regla básica que éste debe garantizar y preservar. Y, de otro lado, como un derecho constitucional subjetivo, individualmente exigible, que confiere a toda persona el derecho de ser tratado con igualdad ante la ley y de no ser objeto de forma alguna de discriminación.” (Eguiguren 1997: 63)

Un derecho que sirve de guía y directriz del mismo ordenamiento en tanto metaderecho que condiciona la validez y aplicación de los demás derechos. El cual se encuentra relacionado ya sea en su creación como en su aplicación por la ley.  Asimismo, en el trato de las personas que componen la sociedad debiendo ser equitativo para y en todos los casos. Sin embargo, sin llegar a ser absoluto pues mientras exista una situación que lo justifique y amerite se podrá apelar a las denominadas acciones positivas o discriminación a la inversa.

Y cuando nos referimos a dichas medidas, hablamos de acciones “[…] orientadas a superar obstáculos y condiciones concretas que imposibiliten el logro efectivo de la igualdad ante la ley y en su aplicación. confiriendo un trato diferenciado y más favorable a grupos o sectores que se encuentran en una evidente situación social de subordinación o marginación, a fin de darles mayores posibilidades y oportunidades de acceso a derechos formalmente consagrados a nivel constitucional o legal.” (Eguiguren 1997: 69). Especificamente, aquellas medidas que aún siendo desiguales nos permiten una sociedad justa pues se dan en función a una situación que las necesita en específico para lograr ciertos fines.

Este es el caso de las personas que padecen de algún tipo de discapacidad, para quienes es necesario aplicar ciertas políticas públicas en vías de eliminar aquellas barreras que no les permiten desarrollarse sin significar un doble esfuerzo. Tan solo con observar, que muchos centros laborales no cuentan con un equipo especial para ellos o simplemente no los quieren contratar porque en muchos casos resulta menos “rentable”, la falta de ascensores especiales en la mayoría de edificaciones, calles señalizadas sin pensar en sus necesidades, pistas malogradas e incluso bermas sin rampas (solo por mencionar algunos problemas o desafíos que enfrentan en su cotidianidad).

Por lo que es ahí, donde radica la necesidad de este trato diferenciado porque como el mismo presidente del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad- Conadis  afirma “Lo difícil es que se haga el cambio entre nosotros, para poder vivir en una sociedad donde consideramos a todos iguales, incluidos a ellos.” (Bustos Garay, 2019)

Ahora bien, en segundo lugar y con los conceptos más claros, debemos tener en cuenta cuáles son esas medidas necesarias o más útiles y próximas por aplicar en base a los impedimentos que existen en nuestro país para lograr una sociedad más inclusiva. Si tenemos en cuenta que más del 90% de las vías de la capital no están diseñadas para el desplazamiento de las personas con discapacidad y que actualmente en el Perú son pocas las municipalidades (entre ellas San Isidro, Miraflores y La Molina) quienes han adoptado medidas para fomentar una ciudad más inclusiva, nos daremos cuenta de que buscar una solución es urgente.

Es por esa razón que un buen punto de partida sería el modelo propuesto por el ingeniero Marquez Requena[3], sobre las 3 de barreras que existen principalmente para el libre desenvolvimiento de las personas con discapacidad: las barreras de las zonas urbanas, las barreras en edificaciones y las barreras en el transporte. Considerando, adicionalmente, las barreras políticas.

Respecto de las primeras, o aquellas pertenecientes a la zona urbana, nos hacen dar cuenta que las veredas o son muy estrechas o muy altas, las rampas o están mal diseñadas o simplemente no existen, pistas llenas de huecos e incluso desagües abiertos. De igual manera, en cuanto a las relativas al transporte, estas son prácticamente inaccesibles para quienes están en silla de ruedas o muletas, semáforos no inteligentes e incluso carteles que no se encuentran en idioma Braille, sumado al hecho de que por sí el tráfico ya es peligroso. Y respecto de las últimas o  referentes a las edificaciones, o bien las construcciones no cuentan con escaleras o con barandas, o  no cuentan con estacionamientos preferenciales o es más, los baños no son nada accesibles.

Entonces, si queremos avances debemos enfocarnos en corregir estas deficiencias primero, promoviendo la implementación de proyectos lo más inclusivo posibles a todas las municipalidades al menos a un nivel urbanístico. Ya sea, colocando una superficie podo táctil o mejor conocido como el sendero exclusivo para personas con discapacidad visual, semáforos sonoros e información en idioma Braille para estas mismas.  Lo que va de la mano con el nivel transporte, el cual debería verificar, antes de otorgar  algún tipo de autorización, que efectivamente los choferes y cobradores de buses han recibido algún tipo de concientización respecto de las necesidades de las personas con discapacidad, para que haya un mínimo de empatía.

Al mismo tiempo que, es necesaria la implementación de una correcta señalización y un sistema inteligente de semáforos.  A nivel edificaciones, a través de ordenanzas municipales, se debería plantear la obligación y una verdadera fiscalización de contar con los servicios adecuados para que las personas con alguna discapacidad también puedan hacer uso de esta construcción.

En síntesis, lamentablemente son muchos los desafíos que plantea la inclusión efectiva de las personas con discapacidad en un plan de acceso a servicios que hayan sido mínimamente pensados en base a su condición. Y esto debido a que, hemos venido avanzando pensando en este “modelo habitual de ser humano”, cometiendo el error de tratar igual a quienes por naturaleza no lo son, sin implementar medidas positivas que  realmente colaboren a su reconocimiento. Por lo que, reafirmamos, que es tarea del Estado peruano promover iniciativas que no sean meramente declarativas sino realmente eficaces para la eliminación de las barreras a un nivel urbanístico, de transporte y de edificaciones.


Bibliografía

  • CAPITAL 2019 Día del Braille’: “La discapacidad está en las murallas que nos pone la sociedad peruana». Lima, 04 de diciembre. Consulta: 28 de agosto. https://bit.ly/2LcW9yk
  • EGUIGUREN, Francisco 1997 “Principio de igualdad y derecho a la no discriminación”. Ius et Veritas. Lima, número 15, pp 63- 73
  • EL COMERCIO 2015 “La Molina: la primera avenida inclusiva para invidentes”. Redacción EC. Lima, 10 de febrero. Consulta: 28 de agosto. https://bit.ly/2OK2Xra
  • MARCUS, Neil 2018 En: Teletón fundación. Ciudad de México, 03 de julio.  Consulta: 29 de agosto. https://bit.ly/32jDbvO
  • Panamericana Televisión 2019 “¿Es Lima una ciudad inclusiva para todos?”. Lima,  febrero. Consulta: 29 de agosto. https://bit.ly/2zJ4xPy

[1] Actor y dramaturgo estadounidense activo en el empoderamiento de las personas con discapacidad.

[2] Doctor en Derecho Constitucional y actual docente de la PUCP

[3] Representante del Colegio de Ingenieros del Perú, elaboró un estudio en el que se muestra las 64 barreras urbanas y arquitectónicas más comunes con las que a diario se enfrentan las personas con discapacidad en las calles de Lima.

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