Por Enfoque Derecho

La Amazonía ha experimentado uno de los más grandes daños a su ecosistema luego de los incendios que sucedieron en las últimas semanas; sin embargo, esta no es y -posiblemente no será- el único daño que una población indiferente causó al primer pulmón del planeta.

Esta entrevista es la segunda entrega de nuestro Especial de la Amazonía. Para ello, en esta oportunidad Enfoque Derecho conversó con el politólogo e internacionalista Javier González-Olaechea, quien nos explica acerca de los conflictos surgidos en relación a conservar la Amazonía y la concepción de «desarrollo económico». Asimismo, nos detalla algunas medidas que podrían ayudar a acabar con los estragos que a diario se causan a las tierras amazónicas.

¿Cómo podríamos describir el conflicto latente entre la Amazonía y «el desarrollo económico»?

En término generales, podríamos decir que es considerado uno de los grandes pulmones del mundo. Si uno mira las imágenes satelitales más modernas, se va a dar cuenta del grado de contaminación que hay en ciertas tierras debido al uso de energías y malas prácticas que dañan la atmósfera, el clima y que alteran la temperatura de las tierras e incluso el curso de las aguas. Estos cambios hace que aún existan territorios que son muy apreciados y que además tienen la fuente, hasta ahora inagotable, de la virginidad.

La Amazonía, aproximadamente 2/3 de ella, todavía no está habitada, ni cuenta con carreteras de penetración. Dicho esto, los ojos del mundo comienzan a mirar a la Amazonía e incluso, en algunas iniciativas muy recientes, algunos países proponen que haya una suerte de cesión de soberanía internacional por parte de quienes somos países amazónicos, creando un status internacional ad-hoc-. Esto ha tenido una respuesta muy dura por parte de Brasil hacia los países que , capitaneados por Francia, han lanzado esta idea. Y ¿por qué? porque no se puede hacer una cesión de soberanía sobre un territorio que ya tiene un ius imperium en tanto que hay un derecho adquirido por el reconocimiento de la posesión de la tierra de los Estados, no solo por parte  de tratados limítrofes -que son custodiados en las Naciones Unidas y que son parte del Derecho Internacional- sino también por otros instrumentos internacionales que protegen la propiedad y, en este caso en adición, los usos y costumbres. Ahí entramos a una zona que es conflictiva.

Por un lado, encontramos a los países que quieren hacer inversiones y desarrollar infraestructura para el uso y explotación de las tierras amazónicas y, por otro lado, hay un movimiento creciente cuyo amparo principal es el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Este convenio tiene la característica de ser un tratado internacional multilateral, de manera que es fuente de derecho internacional público y fuente de derecho interno. Además, tiene 30 años de vigencia y fue ratificado por Perú hace casi 20. Es considerado un instrumento de derechos humanos porque protege, por así decirlo, desde una posición conservacionista, una visión de diálogo intercultural entre estas poblaciones de carácter ancestral, aquellas que son preexistentes al proceso de colonización.

Entonces, el choque de civilizaciones es creciente porque hay, desde el Estado formal, una promoción de la inversión privada y pública en estos territorios y una corriente cada vez mayor, fuera de la ley, de la explotación de los recursos naturales, como la minería ilegal, la tala ilegal, entre otros. Estas actividades sí están penalizadas, pero el Estado no llega a ejercer su Ius imperium en su totalidad. Tampoco ejerce plenamente la rectoría del Convenio a lo que está obligado. En otros países, se permite -por temporadas y con cuotas- la tala, siempre y cuando haya un compromiso de reforestación. En el caso de la Amazonía, no lo hay y, evidentemente, esto genera grandes tensiones. La primera es el choque de las cosmovisiones: las empresas y los pueblos indígenas que hacen de la tierra un culto. Dichos pueblos tienen una relación ancestral de supervivencia con los productos de la tierra y la calidad de las aguas, incluso llegando a pensar que los bosques -como en un caso boliviano- son intocables, Dado que ahí yacen las almas de sus muertos. Quien no comprende esto, piensa que esos pueblos no procesan el “progreso”, por eso esto se vuelve una fuente permanente de conflicto social que, a mi parecer, no va a cesar hasta que el Estado por un lado y las sociedad por otro entiendan la importancia de estas tierras ancestrales y qué las animan.

¿Quién asume la responsabilidad del daño causado por los incendios?

Respecto a las personas de las comunidades que se han visto directamente afectadas por los últimos incendios, lo que podemos decir es que, si bien hay una serie de instrumentos internacionales que protegen sus tierras, costumbres, y necesidades, en la práctica, están en una situación de indefensión. Esto no quiere decir que no haya una creciente corriente y consciencia de que lo que sucede con estos incendios sea realmente una afectación a la sociedad en general, pero podríamos estratificar esta suerte de sentimiento, de rechazo a lo que sucede. La gente de 40 años para abajo son mucho más consciente de garantizar y proteger a estas comunidades y a sus tierras. Lo positivo es que las nuevas generaciones son muchos más conscientes aún cuando viven en las ciudades; están más comprometidos, no solo con la sensibilidad del problema, sino también a procurar soluciones. Ahora, estas soluciones no pueden escapar de la responsabilidad del Estado, porque -como Estado democrático- su bien supremo a tutelar es el hombre y las condiciones de la sociedad, es decir, el bien común.

¿Existe alguna salida y/o solución frente a los daños que se vienen haciendo a la Amazonía?

Sí. Se debe comenzar por entender y atender razonablemente las demandas justificadas de los pueblos indígenas que en las zonas amazónicas se ven directamente afectadas, y no solamente porque se han quemado sus tierras, sino porque la alteración de su hábitat impacta evidentemente en sus condiciones de vida, en sus usos y costumbres, en la posibilidad de perdurar en el tiempo sin perder su identidad.

Asimismo, en primer lugar tenemos que decir que inclusive en aquellos países donde hay ciertos vacíos legales, sí existe una obligación de carácter moral y constitucional. Todas las constituciones, en general, deben procurar el bien común en general y también obviamente al reconocerse Estados de carácter plurinacional, deben salvaguardar esos derechos que están amparados por tratados internacionales: los derechos de las comunidades indígenas y tribales.

En segundo lugar, es absolutamente indispensable que se demande a los estamentos políticos de los Estados involucrados que observan los problemas con una visión interdisciplinaria y un modelo integral que conjunte todas las partes.

Justamente acabo de concluir una propuesta donde se ofrece un modelo de gestión matricial de los conflictos sociales, especialmente aquellos que están afectados por los derechos que son amparados en la practica del Convenio 169. Y claro, en esta propuesta de gestión matricial se hace mucho énfasis en la detección temprana de los problemas, en el tratamiento antes de la ejecución de los proyectos, y de los pros y los contras para poder mitigar y reparar los impactos negativos de todos los procesos de extracción. No es que sea una propuesta anti extractivista, al contrario, hace compatible el desarrollo con la salvaguarda de los derechos colectivos y de los derechos individuales de las poblaciones indígenas y tribales. Hay países avanzados que han aplicado modelos parecidos. En este modelo la mayor responsabilidad recae en el Estado y los estamentos, y no hablo solamente de los estamentos públicos, sino también de los gremios empresariales y de los gremios ambientalistas de forma que se pueda aterrizar en un modelo que compatibilice los intereses sostenidamente. Asimismo, también no se debe cruzar la frontera del corazón básico de las reservas naturales, aún más si son protegidas por ley, porque si seguimos con esa tendencia, mirando lo que ha sucedido en los últimos 100 años, en los próximos 60 años, sin esas limitaciones y ciertas penalidades que realmente se cumplan, pues habremos acabado con el hábitat natural del planeta.

Abundo, creo que hay que revisar las normas legales porque hay situaciones en donde hay explotación de recursos naturales e incendios. Hay causalidades que están en la frontera de lo que no impide la ley. Entonces hay que revisar la legislación de una manera integral, desarrollando esa cosmovisión de diálogo intercultural para que, entendiendo desde las ciudades lo que significan las culturas ancestrales, se pueda buscar y obtener un equilibrio sano y paz social. Son identidades que hacen a la constitución de la nación. En nuestro caso, es evidente y fuente de riqueza cultural.

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