Por Mariano Peró, abogado por la PUCP, Magíster en Derecho (LL.M.) por la Universidad de Columbia y asociado de Miranda & Amado Abogados

De acuerdo con el artículo 121 de la Ley General de Sociedades (LGS), “[p]ueden asistir a la junta general y ejercer sus derechos los titulares de acciones con derecho a voto que figuren inscritas a su nombre en la matrícula de acciones, con una anticipación no menor de dos días al de la celebración de la junta general.” En el caso particular de la sociedad anónima abierta, el artículo 256 de la LGS dispone que “la anticipación con que deben estar inscritas las acciones para efectos del artículo 121 es de diez días.” Si bien la asistencia a las juntas generales es un derecho inherente a la calidad de titular de acciones con derecho a voto, los citados artículos de la LGS buscan otorgar un plazo razonable para que la sociedad pueda preparar la lista de personas que tienen derecho de asistir a la junta general. Dado que la sociedad anónima abierta tiene usualmente – y por definición– más accionistas que los demás tipos societarios, la LGS le ha otorgado un plazo mayor.

Como bien señala Enrique Elías, esta limitación “tiene un evidente sentido práctico, al permitir que se pueda establecer con una anticipación razonable quiénes son las personas que tienen derecho a asistir. De no establecerse una “fecha de corte” se podría pretender acreditar frente a la sociedad transferencias de acciones hasta el momento mismo de la realización de la junta, lo que dificultaría el cómputo de las personas con derecho a asistir a la misma.”[1] En la misma línea, Uría, Menéndez y Olivencia han opinado que “[l]a exigencia de un tiempo mínimo de posesión de los títulos como requisito indispensable para asistir a las juntas (…) [es una] medida de garantía, dirigida, de una parte a permitir a los administradores disponer de tiempo suficiente para examinar la verdadera condición de los accionistas, y por otra, a evitar en la medida de lo posible las transmisiones de acciones realizadas a última hora con el propósito de dar acceso a la junta a personas desprovistas de verdadero interés en la marcha de la empresa para crear así en la junta una oposición interesada”[2].

Es por ello que, como crítica a Daniel Abramovich, “no necesariamente todo accionista tendría derecho a asistir a una junta general de accionistas, puesto que, naturalmente, pueden producirse transferencias válidas de acciones hasta instantes antes de la celebración de una junta general de accionistas.”[3] Recuérdese que, según lo previsto en los artículos 91 y 92 de la LGS, en la matrícula se anotan las transferencias de acciones (las cuales tienen el tratamiento de bienes muebles, por lo que se producen con la tradición) y que la sociedad considera propietario de la acción a quien aparezca como tal en la matrícula de acciones. Es por ello que las normas sobre concurrencia a la junta “establecen una suerte de fecha de corte para establecer no quiénes son accionistas a la fecha de celebración de la junta general de accionistas, sino quiénes –sean o no accionistas– tienen derecho a asistir”[4].

Llevando este caso al extremo, podría llegarse al absurdo en el que un accionista transfiriese sus acciones en una sociedad a un tercero un día antes de celebrarse una junta, y que a dicha junta tenga derecho de asistir el antiguo accionista en lugar del nuevo titular de las acciones. Especialmente dramático es el escenario –bastante común– donde la sociedad solo cuenta con el mínimo necesario de dos accionistas (uno de ellos que es un accionista de favor), por lo que tanto ellos como la sociedad saben con certeza quiénes son los accionistas en el momento de celebración de la junta. Es así que la formalidad de la ley ha superado la racionalidad.

Lo señalado sucede muy comúnmente en las adquisiciones de empresas, donde “es usual que en la misma fecha del cierre de la operación de compraventa los accionistas vendedores renuncien a los cargos de directores o gerentes que ejercen en la sociedad, celebrándose esa misma fecha una junta general de accionistas a efectos de aceptar las renuncias presentadas y nombrar a los reemplazantes. Y en esos casos, muchas veces quienes asisten a esas juntas y toman los correspondientes acuerdos son los nuevos accionistas, a pesar de no ser accionistas considerando la anticipación establecida por el artículo 121 de la Ley General de Sociedades”[5]. La solución empleada en algunos casos ha sido que los accionistas vendedores adopten los acuerdos en las juntas generales con los accionistas compradores participando como intervinientes.

Coincidimos con el citado autor en que “los artículos 121 y 256 de la [LGS] contienen disposiciones en beneficio de la sociedad, para no tener que verificar –lo que en la práctica sería muy complicado– hasta instantes antes de la celebración de la correspondiente junta general de accionistas, quién tiene la condición legal de propietario o titular de acciones”[6], por lo que, “siendo disposiciones en beneficio de la sociedad, en nuestra opinión no se trata de normas de orden público –que no son renunciables–, sino que por el contrario al estar pensadas en beneficio de la sociedad, ésta podría renunciar a contar con este derecho”[7]. Sin embargo, creemos cuestionable que la LGS brinde la flexibilidad suficiente para que la sociedad pueda decidir renunciar a dicho beneficio sin que exista el riesgo de que un accionista o tercero interesado pueda anular o solicitar la nulidad de los acuerdos adoptados en la junta.

Es por ello que consideramos que los artículos 121 y 256 de la LGS debieran ser modificados para hacer expresa la posibilidad de que los accionistas reunidos en junta universal o el gerente general puedan renunciar al beneficio conferido por la ley a favor de la sociedad, máxime si desde el año 2013 el Decreto Supremo N° 006-2013-JUS confiere la seguridad de la certificación de las actas donde se realicen actos u otorgamientos de poderes de disposición o gravamen de bienes de la sociedad; en estos casos el gerente general debe declarar bajo su responsabilidad que los accionistas intervinientes fueron efectivamente tales y que sus firmas corresponden a los mismos[8]. De esta forma, podrían participar en las juntas los titulares de acciones con derecho a voto sin importar la anticipación con la que su adquisición haya sido anotada en la matrícula de acciones, cuando la sociedad tenga la certeza de que efectivamente se trata de sus accionistas.

Fuente de Imagen: Marshall-Alston


[1] ELÍAS LAROZA, Enrique. “Derecho Societario Peruano. La Ley General de Sociedades del Perú”. Tomo I. Segunda edición. Lima: Gaceta Jurídica. 2015. p. 472.

[2] URÍA, Rodrigo; MENÉNDEZ, Aurelio y Manuel OLIVENCIA. “Comentario al régimen legal de las sociedades mercantiles”. Tomo V. Madrid: Civitas. 1992. pp. 157-158.

[3] ABRAMOVICH ACKERMAN, Daniel. “El derecho de asistencia y representación en la junta general de accionistas de la sociedad anónima”. En: THEMIS-Revista de Derecho 59. 2011. p. 139.

[4] Ibid. p. 140.

[5] Ibidem.

[6] Ibidem.

[7] Ibidem.

[8] Para mayor detalle, ver: PERÓ MAYANDÍA, Mariano. “La nueva función del gerente general en la certificación de las actas societarias”. En: Actualidad Jurídica 244. Marzo de 2014.

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