Tiempos recios, tiempos chilenos

El autor relata la situación social y política de Chile, analizando las presiones de los líderes de opinión, demandas de cambio posibles escenarios futuros para el país a raíz de las negociaciones y declaración de posible nueva Constitución.

0
295

 Por Fernando Londoño, abogado por la Universidad de Chile y director de posgrados de la Universidad Diego Portales.

Con mucho gusto he accedido a la solicitud editorial que tempranamente me dirigiera Enfoque Derecho (Revista Themis, PUCP), en orden a compartir una reflexión sobre la movilización social del Chile presente. Al igual que un texto (jurídico o el que sea), los hechos demandan interpretación. Los pliegues de su facticidad constituyen, sin embargo, un material por momentos opaco a la lectura y, en cualquier caso, siempre resistente a las abstracciones y los esquematismos (ese atajo tan tentador[1]). Por lo demás, se trata aquí de hechos especialmente indóciles. Se han ido sucediendo episodios aquí y allá — en la calle y desde las instituciones — con giros y escenarios que nadie podía prever. “Vértigo”, es quizás la palabra del día. Pues, ¿cómo es que algo que comenzó con evasiones masivas al transporte público —seguido de graves incidentes de violencia— converge hoy, a casi un mes desde el estallido social, en un acuerdo nacional para una nueva Constitución Política? ¿El principio del fin del Estado de Derecho Democrático o el comienzo de un nuevo Chile, más cohesionado y más justo?

Digo todo lo anterior (antes que nada aquello de la opacidad de lo fáctico) no por afán metodologicista, ni tan solo para excusar la grosera demora de mi contribución (prolijamente, se me había solicitado el sábado 19 de octubre, cuando los hechos estaban todavía en furioso in crescendo), sino para advertir algo obvio, pero que no está demás reiterar, tratándose aquí de cuestión tan disputada: la feble subjetividad de nuestras reconstrucciones. Con ello quisiera situarme en la misma frecuencia de onda de quienes durante estas semanas han comenzado sus columnas y opiniones con una apelación al pudor[2], desde la humildad de quien ni veía esto venir, ni desconoce el carácter selectivo de la propia lectura. Se comprende entonces que está por completo fuera de lugar aventurar un juicio categórico sobre el futuro de la movilización.

Los hechos (que por ahora es todo lo que tenemos)

Al cierre de esta nota se ha completado un mes desde el primer gran estallido social, aquel viernes 18 de octubre. De allí en más no hemos tenido respiro, para bien o para mal. Los hechos medulares de la crisis son a esta altura ampliamente conocidos, también fuera de Chile, pero conviene ofrecer un relato para no discurrir “en voladizo”. Los hechos son, por lo demás, lo único que tenemos por ahora. Es muy pronto para que cristalice una nueva forma de institucionalidad.

Pero antes… un posible marco teórico

La primera parte de esta entrega se reducirá por tanto a los hechos. La segunda parte —ojalá despachada pronto y de buen humor— procurará reflexionar sobre lo acontecido. Conviene en todo caso adelantar el hilo conductor de aquella posible reflexión: ¿Cuál es el soporte y cómo se desdibuja la legitimidad, entendida como predisposición al cumplimiento de normas? Las evasiones masivas (y lo que siguió) nos pusieron esta pregunta ante los ojos. Pero luego, con mayor urgencia: ¿Cómo transitar hacia la justicia (carisma) sin barrer con la seguridad (institución)? ¿Qué cualidad ha de tener aquella seguridad para no perder su tensión hacia lo justo, decayendo en macabra insensibilidad o en acrítica abstracción? ¿Y qué cualidad ha de tener la forma de lo justo para no decaer en impaciencia incendiaria o espontaneidad irresponsable?

Virtud y amenaza hay pues en la idea de lo justo y de lo seguro, las dos almas del Derecho. En su adecuado equilibrio (ajustado a la realidad del mundo de la vida) se halla quizás la idea de prudencia como expresión del razonamiento práctico. En su radical desequilibrio se cobijan en cambio los peores males. Allí la pesadilla: políticos twitteando acalorados, por un lado, y tecnócratas unidimensionales, por el otro[3]. “Política de la moderación”[4] (pero no por ello “política gatopardista”) es lo que este Chile recio parece necesitar más que nunca.

Como pueda quizás apreciarse a partir del relato que sigue, el futuro de la movilización social parece jugarse en ese (des)equilibrio. Queremos movernos desde un estado de cosas que a una mayoría ha llegado a manifestársenos como intolerablemente injusto (sensibilidad recobrada), pero no lograremos avanzar en esa dirección si es que no cuidamos de la institucionalidad (moderación del justicialismo).

Pero con todo esto voy ya diciendo demasiado, opacando lo único que tenemos por ahora. Vamos pues a los hechos.

Primer acto: el 18-O

A comienzos de octubre un organismo técnico del transporte (el denominado “panel de expertos”) recomendó un alza de 30 pesos chilenos para el boleto del metro en horario de punta (un incremento de menos de 5 centavos de $ USD, inferior al 4% del precedente valor del boleto). La medida no fue bien acogida por los usuarios, como era esperable, pero su impopularidad se disparó tras una explicación insólitamente insensible por parte de un ministro de Estado (haciendo ver que los usuarios podíamos eludir el mayor valor levantándonos más temprano). Un llamado a evadir el pago fue proclamado (y ejecutado) en círculos estudiantiles, encontrando apoyo y caja de resonancia en actores políticos de izquierda y, como no, en las ubicuas redes sociales. Los promotores de la evasión hablaban de “épica desobediencia civil”. Los detractores de “vil delincuencia”. La temperatura fue subiendo, se comprende. Se llega así al preámbulo del 18 de octubre: la evasión iba en franco aumento, con puntuales episodios de vandalismo (desde rayados hasta destrucción de infraestructura). Temiendo un incremento desatado de la protesta, las autoridades reaccionaron concentrando fuerza policial en las principales estaciones de metro. Episodios de vandalismo y represión policial se sucedieron, sin que sea claro hasta hoy qué fue primero, y si acaso medió o no proporcionalidad (posiblemente habría que mirar caso a caso para decidir). Y entonces apareció el fuego: 25 estaciones de metro fueron incendiadas aquella tarde, con un total de 118 estaciones dañadas; atentados sin precedentes en nuestro país. El Metro cerró todas sus operaciones y aquella tarde millones de santiaguinos regresaban caminando a sus casas, atorando veredas y calzadas. Cayó la noche y, con ella, la violencia se desató. El Gobierno declaró “estado de emergencia” constitucional y el orden público fue confiado al Ejército. Con ello se cierra el primer acto.

Segundo acto: del estado de emergencia a la gran manifestación del 25-O

El segundo acto se corresponde con la agudización de la crisis. Mientras en las calles la violencia se consolidaba (ahora con saqueos a establecimientos comerciales y más vandalismo), se abría el capítulo de la “opinología”, crecientemente polarizada. Así, mientras algunos valoraban la decisión del Gobierno (el ingreso en escena del Ejército), otros temían revivir el trauma de la dictadura bajo Pinochet. La opinión dominante afirma hoy que el Ejército tuvo un comportamiento adecuado, pero eso no era claro cuando la noche del domingo 20 de octubre el Presidente Piñera afirmó que “estábamos en guerra”. Bencina sobre el fuego. El Presidente se retractaría, por fortuna, pero el descontento social iba en aumento. Mientras tanto, se filtraba un desafortunado audio WhatsApp de la Primera Dama, Cecilia Morel. Con tono alarmado, le decía allí a un grupo de amigas que la situación era delicada y que no quedaba más remedio que comenzar a despedirse de los privilegios. Más bencina.

Santiago se vivía en tanto con el metro paralizado, las calles atestadas de microbuses, supermercados cerrados o saqueados (en la periferia postergada, antes que nada) y un toque de queda por las noches. Por su parte, la movilización, — ya pacífica, ya violenta — se extendió a regiones. “Chile despertó”, decían unos, “Estado de Derecho fracturado”, decían otros. El segundo acto se cerró con una manifestación impresionante en el centro de Santiago, la mayor en el último medio siglo chileno: un millón doscientas mil personas se manifestaron pacíficamente la tarde del viernes 25 de octubre, al cumplirse una semana desde el primer estallido. ¿Qué pedían nuestros ciudadanos? No puede decirse con precisión (se insiste mucho que aquella tarde no había colores), y me temo que cada cual sacaba entonces sus propias cuentas alegres: “los ciudadanos han demostrado que quieren vivir en paz”; o bien “los ciudadanos reclaman un nuevo pacto social, una nueva Constitución”, se decía. Una cosa puede decirse ahora con seguridad (además del genérico burkhardtiano “las cosas tienen que cambiar”[5]): la temperatura seguía en aumento. Ni los cambios de gabinete ni los anuncios del gobierno aplacaban la movilización.

Primeras lecturas (la opinología)

Dos tesis interpretativas acaparaban a esa altura el debate público.

(1) Un sector afirmaba que la movilización era expresión de la ya insufrible desigualdad, reclamando por tanto un urgente cambio de ruta[6]; si no ya derechamente de “modelo”, o de Constitución, dejando atrás el sistema que ha caracterizado al Chile de la transición post dictadura (“neoliberal” o “de provisión mixta”, según la visión política de quien lo defina, se comprende, blindado por una Constitución tendencialmente pétrea, herencia de la dictadura, y concebida para neutralizar las posibilidades de acción del poder de turno). Por estos días un editorialista muy influyente habla también de “des-americanizar” el modelo o de “re-europeizarlo”, restitituyéndole el sello que habría tenido hasta antes de los ’70[7]. Esta línea de lectura coincide, se comprende, con la del lema “Chile despertó”. Se acusa así el fracaso del modelo de modernización capitalista, de provisión mixta y estimulante del consumo, inaugurado bajo el signo de los Chicago Boys en dictadura (the Chilean way) que sólo habría sido “retocado” (pero no rectificado) por los gobiernos de la Concertación tras el retorno a la Democracia[8]. Como aval se invoca el índice Gini de desigualdad, que es comparativamente muy alto en el marco de los países de la OCDE, y que en todo caso ha mejorado poco tras el retorno a la Democracia. Si a ello se agrega que el índice Gini para Chile casi no se ve alterado antes y después de impuestos, entonces la conclusión es evidente: la carga tributaria es regresiva[9] y urgiría una reforma en la especie[10].

(2) La otra lectura sugería en general que la movilización era en importante medida una expresión “juvenil”, tan desafiante de la autoridad como auto-convencida de la irrefutable justicia de sus reclamos. Lo anterior, agravado por la complacencia del mundo adulto, ya por mala conciencia, ya por entusiasmo nostálgico. Esta visión llamaba a un urgente restablecimiento del orden social —como condición anterior a cualquier otra medida o agenda de cambio— sin mala conciencia de cara al ejercicio del “monopolio de la fuerza” que supone la idea misma de Estado, en su médula[11]. Insistía en fin que debía antes que nada preservarse la dimensión de lo institucional[12]. Aplaudida por unos, abucheada por otros, esta visión coincide en lo grueso con la alarma “Estado de Derecho fracturado”. Explícita o implícitamente, desde este punto de vista se asume que la protesta es expresión ineludible de las contradicciones de la modernización capitalista, sin que ello suponga el rechazo del modelo por parte de los grupos medios (que simplemente aspirarían a consolidar o incrementar lo que ya han alcanzado gracias a su preciado esfuerzo individual, se dice)[13]. Se agrega en fin que Chile nunca había estado mejor económicamente, y que desde la recuperación de la democracia en 1990 la pobreza se ha reducido desde casi un 50% a menos de un 10%.

Como se verá, la primera tesis terminaría imponiéndose, muy marcadamente, cuanto menos en el mundo de los hechos y los anuncios. Y es que la falta de crecimiento económico del último lustro parece haber avivado la sensibilidad ante las desigualdades y, con ello, el toque de gracia para el modelo. En otro contexto, la imagen más clara de esto era sugerida hace algunos años por Moisés Naím, si no recuerdo mal: “¿Cómo es que los pobres toleran tanta pobreza?”, se preguntaba Naím con dramatismo. “Yo no sería capaz”, era un implícito. Con todo, el mismo Naím se respondía que, mal que mal, aquella tolerancia se comparaba a la que uno exhibía en un taco o embotellamiento en carretera: pues basta que una fila de autos avance —incluso si no es la propia— para que uno se aplaque y aprenda a esperar, tolerando el mal rato. “Algo se mueve y pronto nos tocará a nosotros avanzar”. Pero si por largos minutos uno ve que ninguna fila de autos avanza, entonces la impaciencia se transforma en desesperanza. Resumo de este modo un planteamiento que a su tiempo le escuché a Naím y que hace en parte sentido ahora (aunque no es perfectamente comparable el “mal rato en carretera” con el arco de la vida misma). Lo cierto es que Chile lleva varios años embotellado económicamente, con un crecimiento no superior al 2%. La desigualdad se vivía de otro modo, al parecer, cuando crecíamos al 5% o 6% y nos considerábamos los “jaguares” de esta parte del mundo. Pero sobre esto convendrá volver (nueva entrega), pues es dudoso que todo pueda explicarse en virtud de “las condiciones materiales de la existencia”.

Decía que la primera tesis terminaría ganando el debate público, y con ello el llamado a nueva Constitución. La segunda tesis ha tenido en todo caso el mérito de haber alertado tempranamente sobre los riesgos de un asalto anti-institucionalista: una sensibilidad que puede haber servido para moderar los maximalismos a la hora de negociar una salida para el conflicto (cfr. infra el acto final).

En fin, en un plano más elemental o práctico (como “llamado a la acción”), la opinión pública se dividía entre quienes llamaban a retomar la normalidad (en el trabajo, en la universidad, en la programación del campeonato de fútbol, etc.), para desde ahí seguir avanzando en las negociaciones y los cambios, y quienes al contrario llamaban a no retomarla hasta conseguir lo anhelado[14].

Pero volvamos a los hechos.

El tercer acto: ¿antesala del precipicio o gran acuerdo nacional?

El tercer acto supuso una prolongación zigzagueante del segundo acto: por momentos encendida, por momentos aletargada. El estado de emergencia quedó atrás, por fortuna, pero la movilización siguió viva (no sabemos aún si por fortuna o por desgracia). Durante el día la mayoría vivíamos una suerte de “anómala normalidad”: se llegaba al trabajo con dificultad, se trabajaba —aunque mucho más se conversaba— para regresar a casa a media tarde, algo extraño en la afanosa Santiago. A partir de las cinco de la tarde comenzaban las marchas y manifestaciones, nunca tan masivas como la del 25 de octubre, pero persistentes. Siempre pacíficas, siempre violentas. Y es que hacia el cierre de las manifestaciones —al ponerse el sol— comenzaban enfrentamientos entre carabineros y grupos de exaltados (mientras la mayoría pacífica se había ya retirado del lugar). En ese marco la situación tendía a agudizarse. Por un lado, nuevos saqueos y nuevos incendios intencionales: oficinas públicas, infraestructura vial, iglesias, establecimientos de educación, locales comerciales. Por otro lado, cientos de personas con pérdida ocular a causa de disparos efectuados por carabineros (balines de goma disparados directamente a la cara, según versiones confiables). Pero también carabineros agredidos con bombas molotov y comisarías atacadas. Caos. No había consuelo en la emotiva canción “el derecho de vivir en paz” de Víctor Jara (que en un remix de cantantes chilenos se había vuelto emblemática de la movilización del 25 de octubre). Tampoco en “el baile de los que sobran”, ese canto de los postergados en dictadura. No había consuelo porque el pueblo seguía sufriendo, por costado y costado. Los postergados de siempre.

A los hechos procuraba el gobierno responder ahora con anuncios y proyectos de justicia social: incrementar la carga tributaria de los denominados “súper ricos” (nuevo impuesto para titulares de inmuebles por sobre el millón de $ USD, básicamente), liberar de impuesto inmobiliario a los jubilados de sectores medios-bajos, avances en materia de pensiones (un tema crítico en Chile desde hace más de tres años[15]), entre otros. Por su parte, el sector más radical de la oposición empujaba una acusación constitucional contra el ex Ministro del Interior, y aún contra el Presidente[16] (y no faltó quien pidió la renuncia del Presidente o elecciones anticipadas).

En tanto, los líderes de opinión seguían divididos: quien insistiendo que debía reponerse el orden, quien insistiendo que no bastaba con una agenda de justicia social: que había llegado el tiempo para una nueva Constitución. Más concretamente: la idea de una “Asamblea constituyente” entraba con fuerza en el debate público. Los partidarios de esta línea iban ganando consenso. Con todo, un sector seguía opinando que una nueva Constitución no era el camino para resolver las inequidades[17] y que, en todo caso, no se trataba tanto de una necesidad del pueblo como una exigencia de cierta elite. A ella se respondía que una nueva Constitución era un primer peldaño, ineludible, para todo lo demás. Así pues, muchos quedaron soprendidos cuando la noche del domingo 10 de noviembre el nuevo Ministro de Interior anunciaba a la prensa la apertura del Gobierno para una nueva Constitución. Sin el acuerdo de los partidos de Gobierno un cambio de tal magnitud es jurídicamente inviable, considerando los altos quórums exigidos por la Constitución vigente. Nótese que el anuncio seguía a una reunión de gabinete convocada en la residencia del Presidente Piñera, pocas horas después de conocerse la renuncia del Presidente Evo Morales en Bolivia: ¿casualidad o causalidad? Como sea, el anuncio de apertura a una nueva Constitución no era preciso, ni en formas ni en tiempos, de modo que la presión seguía latente, creciendo.

Acto final: la hora de la política

Llegaría así el martes 12 de noviembre. Un paro nacional convocado por los principales sindicatos ofrecía el escenario perfecto para una escalada. Y más de lo mismo: manifestaciones pacíficas primero, violencia después. Pero esta vez violencia extendida, agudizada en regiones. Antofagasta y Concepción sufrieron mucho ese día. Mientras tanto, en Valparaíso, los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado decidían cerrar el Congreso Nacional, aduciendo “razones de seguridad” para el personal administrativo. Inexplicable y atemorizante. El cuadro se completa con una temprana declaración pública de la Oposición —sin fisuras, desde el “Frente Amplio” y el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana— en la que llamaban al Presidente Piñera a transitar un único camino: “Plebiscito, Asamblea Constituyente y Nueva Constitución”. No seguir ese camino sería “a estas alturas (…) una ceguera inexcusable, que la historia condenará con rigor”, concluía perentoriamente la declaración. “Que la historia condenará con rigor…”. Se hablaba ya de “historia”, y esa era la percepción generalizada cuando aquella noche el gobierno anunció un comunicado formal en cadena nacional.

Caía la noche y las imágenes de violencia transmitida por los telediarios —incluyendo un asalto de encapuchados a un regimiento militar—presagiaban lo peor. Rumores de “acuartelamiento militar” y ruidos de helicóptero en Santiago. Se temía lo peor: si los militares entraban nuevamente en escena (la declaración de estado de excepción parecía segura) se restauraba el orden, pero se reducía el margen para un gran acuerdo político. La alternativa no era mucho mejor: ¿negociar bajo coacción? A las 22 horas el Presidente Piñera apareció en pantalla junto a dos de sus ministros. Nervioso, posiblemente preocupado de no improvisar (aquello de “estamos en guerra” estuvo muy mal), leyó un comunicado con gusto a nada. Se hablaba de paz y de justicia social y no era claro hacia dónde se movía el asunto. Cerró en fin anunciando solemnemente la apertura del Gobierno hacia una nueva Constitución. Ya no era un ministro el que lo decía a la prensa, sino el Presidente en cadena nacional. Allí estaba lo que la Oposición esperaba, pero de nuevo sin detalles: ni procedimientos ni plazos.

La clase política pareció sin embargo entender muy bien aquel mensaje insulso. Una suerte de “ultimátum por omisión”: es decir, sin militares, por un lado, y sin ruta definida, por el otro. La reconstrucción de Mario Desbordes, líder de Renovación Nacional (uno de los principales partidos de Gobierno), era clara en ese sentido: si la noche del 12 los militares hubiesen sido llamados a escena (como muchos esperaban, ya por temor, ya por convicción), la posibilidad de diálogo se extinguía. Líderes de partidos de Oposición (un Gabriel Boric o un Jaime Quintana) reaccionaron recogiendo el guante. Ahora es cuando, y es urgente. Las negociaciones se abrieron a todo campo en el Congreso Nacional.

La decisión por una nueva Constitución estaba entonces “blindada”, pero el punto de la discordia se había desplazado: la cuestión orgánica-procedimental. Tres caminos posibles: desde nueva Constitución por Asamblea de ciudadanos electos (fórmula que ha preferido la Oposición), pasando por Convención constituyente (combinación de parlamentarios y ciudadanos electos, como fórmula de compromiso), hasta la solución de un Congreso Constituyente (defendido por un sector de la derecha). Y luego también la cuestión del quórum en el seno del órgano, y la del texto de default: ¿Quórum de 2/3? ¿Sobre texto en blanco o sobre texto vigente? La solución pasaría por un balance entre credibilidad e institucionalidad. Una vez más, política de la moderación. Si aquella no imperaba, el riesgo de “cerrar por fuera” no era menor, en palabras de casi todos los actores. La ocasión era también límite, pues las negociaciones se llevaban a cabo mientras se conmemoraba el primer aniversario del asesinato de un joven comunero mapuche (Camilo Catrillanca, baleado por carabineros el 14 de octubre de 2018). Para la ocasión se anunciaban nuevos episodios de violencia. Mucho se jugaba en pocas horas.

Epílogo. El acuerdo nacional: luces y sombras

Al cierre de esta nota —en la madrugada del 15 de noviembre— los partidos de Oposición y Gobierno concluían dos días de intensas negociaciones en el Congreso Nacional. Mensajes optimistas se venían filtrando desde hace algunas horas. Cuando poco antes de las dos de la mañana las cámaras mostraron una sala repleta de congresistas de todos los colores, entonces se supo: ¡un histórico acuerdo nacional![18] Un protocolo marco firmado por casi todos los partidos del espectro (de entre los significativos, sólo se restaron el Partido Comunista, de un lado, y el Partido Republicano, del otro). El acuerdo es básicamente el siguiente, tal cual como acaba de ser informado: (1) reforma constitucional para habilitar un plebiscito de apertura o rechazo al proceso constituyente, previsto para abril de 2020; (2) en el mismo contexto, para el supuesto de apertura, consulta plebiscitaria por dos alternativas orgánicas: Convención mixta (con mitad de parlamentarios y mitad de ciudadanos electos) o Convención simple (integrada sólo por ciudadanos electos); (3) exigencia de quórum de 2/3 sobre texto en blanco; (4) plebiscito de salida, ratificatorio de la Constitución propuesta por la Convención, algo que en todo caso no podrá ocurrir antes de 2021.

El ambiente era festivo, y era difìcil no emocionarse al ver los abrazos entre adversarios acérrimos. Un día de unidad, luego de un mes de división y violencia. Un día histórico: quizás si el fin de la transición hacia la democracia, iniciada con el gran plebiscito del 5 de octubre de 1988 (el “No” a Pinochet) y luego con el primer Presidente democráticamente elegido post dictadura (don Patricio Aylwin, 1990-1994).

Hace algunos días (cuando un acuerdo no se veía en el horizonte) había quien decía (los twitteros de siempre) que la derecha y la centro-izquierda pagarían muy caro haberle cerrado el camino a la Presidenta Bachelet hace cuatro años, oponiéndose entonces a un cambio constitucional comparable al acordado hoy. Me alegro que esos sectores no lo hayan pagado (si es que el acuerdo se concreta y la paz se consolida). Y me alegro, porque ya se sabe quién paga siempre el precio más caro: el pueblo.

Aunque escribo bajo la estela de la esperanza (y el alivio), el peso de algunas sombras es insoslayable. No verlas sería miopía o insensibilidad de elite. Pues no es todavía claro si el mensaje de unidad y cambio llegará hasta aquel Chile profundo de la protesta violenta. Un desajuste entre una y otra instancia no puede descartarse. Quedan luego varios cientos de heridos a causa del estallido (civiles y carabineros), largas extensiones de ciudad severamente dañadas y carentes de servicios básicos (antes que nada en la periferia[19], como suele suceder). Empresas en dificultad (las pymes antes que nada), inminente alza de la cesantía y un trimestre de crecimiento negativo[20]. En el plano político-institucional, hemos dejado organismos cuestionados o resentidos; y, más grave aún, se ha implantado el riesgo de normalización de la violencia como método de acción política. Queda también pendiente esclarecer la responsabilidad por los incendios y daños al Metro durante el 18-O. En fin, un plebiscito ad portas, donde no todo será armonía.

No quiero cerrar con notas amargas. Ya llegará nuevamente el tiempo para la política. De aquella que, con moderación y apertura al diálogo fraterno, cultivan los demócratas que anhelan justicia y paz.

Fuente de la imagen: Andina.


[1] Cfr. Carrel, Alexis, La conducta en la vida, Ed. Guillermo Kraft Ltda., Buenos Aires, 1952 (original Réflexions sur la conduite de la vie, 1951), pp. 32-33. Es notable que Carrel – ese faro de la medicina moderna, premio Nobel en 1912 por sus contribuciones en cirugía vascular – atribuya el “defecto de exceso de razonamiento” nada menos que a la pereza humana: “Nos hemos estancado en abstracciones en vez de avanzar hacia la realidad concreta. Sin duda ninguna, la realidad concreta es difícil de asir. Y a nuestro espíritu le gusta el menor esfuerzo. Quizá la pereza natural al hombre le hace escoger la simplicidad de lo abstracto sobre la complejidad de lo concreto. Es menos arduo salmodiar fórmulas o dejarnos llevar por la somnolencia respecto a los principios que averiguar laboriosamente cómo están hechas las cosas y con arreglo a que principios es preciso manejarlas. Observar no es tan fácil como razonar. Como se sabe, pocas observaciones y muchos razonamientos conducen al error; muchas observaciones y pocos razonamientos, a la verdad. Pero hay además un mayor número de espíritus capaces de formular silogismos que de captar exactamente lo concreto. Por eso, la humanidad se ha complacido siempre en manejar las abstracciones, aun cuando esas abstracciones le den una visión, incompleta y a veces totalmente falsa de la realidad.” (op. cit. pp. 32-33).

[2] Cfr. Squella, Agustín, “¿Qué nos pasó?” en El Mercurio, 28 de octubre de 2019 A2, haciendo ver la necesidad de una búsqueda colaborativa (coral) de la verdad.

[3] Esta dirección ha denunciado de reciente Herrera, Hugo, “La crisis del bicentenario”, Revista Capital, 24 de octubre de 2019, con referencia a un tecnicismo economicista reductivo: disponible en https://www.capital.cl/la-crisis-del-bicentenario/.

[4] Cfr. Valenzuela, Arturo, en “Intermediarios Políticos en Chile, Gobierno local en un régimen centralizado”, Ed. UDP, 2016 (traducción y reedición del original en inglés de 1977), p. 210, nota 21, haciendo ver la importancia de esta aproximación —característica del decenio de Manuel Bulnes (1841 y 1851)— para el futuro republicano de Chile.

[5] Cfr. Mascareño, Aldo, “Crisis en sociedades complejas”, en El Mercurio, 29 de octubre de 2019, A 2.

[6] En esta línea cfr. Squella, “¿Qué nos pasó?”, cit.

[7] Cfr. Tironi, Eugenio, “Perdonen lo simple”, en El Mercurio, 12 de noviembre, A3.

[8] Por todos, en esta línea, cfr. Atria, Fernando; Larraín, Guillermo; Benavente, José Miguel; Couso, Javier; Joignant, Alfredo, El Otro Modelo, Ed. Debate, 2013.

[9] El impuesto al valor agregado en bienes y servicios (IVA) sí parece serlo.

[10] Es la tesis del ex Presidente Ricardo Lagos: cfr. Lagos, Ricardo, “El escenario mínimo común para conjugar la igualdad”, en La Tercera, 27 de octubre de 2019, p. 28, con referencias comparadas: la recaudación tributaria en Chile sería del orden del 20% de su PIB, mientras que en Alemania del 37%; en España, 33%; en Francia, 46%; y en Estados Unidos, 27% .

[11] Muy representativo de esta línea, cfr. Peña, Carlos, “En la crisis, fortalecer al Estado”, en El Mercurio, 24 de octubre de 2019, C 4.

[12] Cfr. Peña, “En la crisis”, cit.

[13] Cfr. Peña, Carlos, “El nuevo arcoíris”, en El Mercurio, 27 de octubre de 2019, D 11.

[14] Elocuente en este sentido, cfr. Tironi, Eugenio, “No volver a la normalidad”, en El Mercurio, 29 de octubre de 2019, A3: “Pasado el pánico no faltarán voces que llamen a volver a la normalidad. No hay que escucharlas. Ellas nos trajeron hasta aquí. Su indolencia nos ensordeció, hasta que el estallido explotó bajo nuestros pies. Volver a la normalidad sería pavimentar el camino para eventos aún más traumáticos.” Este autor es siempre muy eficaz en su comunicación. Llama en todo caso la atención que él mismo no se haya reconocido entre los “indolentes” de un tiempo, al menos estando a aquellas columnas de opinión (casi siempre propias de un balance de fin de año) en las que presentaba a “un amigo extranjero” que lo visitaba en Chile y que iba encontrando que las cosas no estaban para nada tan mal como se decía (o como el propio anfitrión le anticipaba que estarían). Eugenio Tironi dirá entonces que era su amigo el indolente…; pero en fin, me atrevería a decir que la autocomplacencia debe excusársele en razón de los invaluable servicios prestados para el plebiscito de 1988, en el retorno a la democracia. En lo demás, cfr: https://www.theclinic.cl/2016/01/12/la-particular-conversacion-de-tironi-con-su-amigo-europeo-que-le-hace-un-queque-a-las-instituciones-en-chile/.

[15] Emblemáticos y valientes fueron en este contexto los dichos de Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional (partido de Gobierno), haciendo ver que su propio hijo estaba protestando por la situación de su abuelo (el padre de Desbordes), quien recibía una pensión de 180 mil pesos mensuales (del orden de los 220 $USD, suma groseramente insuficiente para vivir en el Chile de hoy): cfr. https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/11/12/966961/Marios-Desbordes-manifestaciones-constitucion.html.

[16] Cfr. El Mercurio, Jueves 24 de octubre de 2019, C4: “PC estudia presentar una acusación constitucional contra Presidente Piñera”, es el titular. La propia nota hace ver que la “iniciativa fue rechazada por partidos de la ex Concertación”, pues “no parece algo que colabore a la búsqueda de una salida”, según indicó el jefe de bancada del PPD (partido de Opsición).

[17] Cfr. Fermandois, Joaquín, “Ni ruedas de carreta ni 250 constituciones”, en El Mercurio, 5 de noviembre de 2019, A3.

[18] Cfr. la noticia en: https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/11/14/967291/Historico-acuerdo-plebiscito-Constitucion-politicos.html.

[19] En Santiago, entre los más afectados Puente Alto, San Ramón, Quinta Normal, Maipú, La Granja, entre otros. En regiones Antofagasta, Valparaíso, y Concepción, por mencionar sólo algunas ciudades. Para Santiago, cfr. los daños medidos en indicador de valor social: https://www.emol.com/noticias/Economia/2019/11/11/966840/crisis-social-valor-social-comunas.html

[20] El $ USD se ha elevado por otra parte desde el 18-O, a razón de cerca de un 15%, superando registros históricos (sobre los 800 pesos chilenos).

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here