Por Enfoque Derecho

“Las fuerzas de seguridad bajo el mando del presidente Sebastián Piñera –principalmente el Ejército y Carabineros (la policía nacional)– están cometiendo ataques generalizados, usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta” – Informe de Amnistía Internacional 2019

Ha sido un estallido imposible de ignorar por la comunidad internacional la situación política y social chilena que empezó el pasado 6 de octubre como una simple protesta de estudiantes. A raíz de una alza en los precios de la tarifa del sistema público de transporte en Santiago el día 6 de octubre, se formó una organización de evasión masiva del pago. Poco a poco, la protesta creció en su simbología no solo del caso concreto, sino sobre la desigualdad y situación social de Chile, por lo que diversos grupos se unieron a los esfuerzos de protesta. Sin embargo, pronto se llegó a convertir en una situación de crisis y enfrentamientos entre grupos sociales, económicos y políticos que se vieron reflejados en el inicio de la protesta. El 18 de octubre, las fuerzas armadas y Carabineros chilenos habían sido esparcidos por casi la totalidad de la ciudad para reprimir a los manifestantes, lo cual solo generó más tensión y enfrentamiento. Para el día 20 de octubre, ya se veía el cambio de situación: saqueos, incendios y los primeros muertos civiles. La situación se tornó violenta y en lo que luego sería un foco de mirada de la comunidad internacional por graves niveles de violencia, repercusiones civiles y excesos desbandados por parte de las fuerzas chilenas.

25 muertos confirmados y 2808 heridos se dieron dentro de los enfrentamientos entre los civiles y los Carabineros, así como producto de los incendios y saqueos. Un eje que ha resaltado ha sido el mediático y excesivo uso de la fuerza por las instituciones militares y policiales, de los que Amnistía internacional calcula son más de 1,100 denuncias, siendo que el mismo Instituto Nacional de Derechos Humanos ya ha llevado a los tribunales 346 casos de dicho empleo excesivo de fuerza, de los que 246 fueron por torturas y tratos crueles y 58 por violencia sexual.

Entonces cabe preguntarse, ¿qué cosa es parte de una protesta tornada violenta y qué es lo que llega a transgredir esos límites para ser simples abusos de poder y violaciones de derechos humanos? Entre los casos más resaltados por los medios, están las detenciones violentas y arbitrarias, y los casos de los heridos oculares por disparos de balines directo a los ojos. Dentro de las 2.670 investigaciones penales contra las fuerzas de seguridad por presuntas violaciones a los derechos humanos, hay reportes de desnudamientos, amenazas de violaciones y tocamientos indebidos con el uso de amenaza y armas. En las detenciones, los tratos crueles no pasaron desapercibidos, y siguen siendo investigados en relación al trato de los 2,000 civiles en prisión preventiva y 20,525 con prohibición de desplazamiento que se presentan actualmente[1]. Asimismo, reportes demuestran circunstancias en las que se dejaba sin atención ni ventilación a detenidos dentro de los vehículos militares durante largos periodos. Dentro de los aparentes abusos, los heridos oculares se convirtieron en una figura de las protestas y reflejo directo de las alegaciones en contra de las fuerzas del orden. Mientras que los balines de goma deben ser empleados para disuadir la violencia en manifestaciones y disturbios, testigos y diversa evidencia muestra que estas eran dirigidas directamente al rostro de los manifestantes, causando entonces más de 200 víctimas de heridas oculares graves que se hicieron conocer como los “ciegos de Chile”. Aunque estas no son heridas letales, el hecho deliberado de causar estas lesiones, en muchos casos permanentes, es una grave presencia de desproporcionalidad del uso de armas por los Carabineros, inaceptable a la luz de la normativa nacional e internacional.

Naturalmente, los disturbios y la continuidad de convocatoria a manifestaciones justifican la intervención de los carabineros y fuerzas armadas en tanto las protestas representan un grave peligro para la seguridad y el orden público. No obstante, como ya se mencionó, esta facultad de intervención no es absoluta, sino que los límites responden a la proporcionalidad de las lesiones de los derechos humanos y flagrancia de cada ciudadano. Aquí, es importante distinguir entre lesión y violación de derechos fundamentales, ya que, como señala Robert Alexy, se debe buscar la máxima optimización de los derechos y principios, lo cual implica el no ejercicio absoluto de ninguno de estos. Por ese motivo, es importante establecer si el ejercicio de las facultades de las autoridades chilenas fue proporcionado en conjunción con los derechos humanos de cada uno de los manifestantes: libertad de expresión, integridad, vida, libertad, entre otros. Es decir, el uso de la fuerza tiene niveles que se pueden diferenciar en 2 tipos: preventivos (presencia, verbalización y control de contacto) y reactivos (control físico, tácticas defensivas no letales y fuerza letal).

Sobre dicho análisis, han sido partícipes 2 organismos internacionales fundamentales: Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW). Ambos organismos presentaron informes respecto a diversos casos de aparentes violaciones de derechos humanos. No obstante, la iniciativa de participación de cada uno de estos difiere, mientras que AI intervino por iniciativa propia, HRW fue invitado por el gobierno y respaldado por el mismo, posteriormente. Asimismo, a este análisis se sumó el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), organismo público chileno que goza de autonomía.

Es necesario señalar, que las medidas empezaron con toques de queda, no experimentados desde el funesto gobierno de Pinochet, donde cada integrante de las fuerzas armadas se desplegó en conjunto para “contener” y restablecer el orden. Protestas que, por su parte, incluyeron la movilización de miles de ciudadanos chilenos entre jóvenes y adultos. Todo ello, terminó por generar un enfrentamiento letal con graves consecuencias, las cuales, precisamente, fueron evaluadas por los organismos antes mencionados. Al respecto, INDH presentó poco más de 40 acciones judiciales (querellas) por casos de torturas, detenciones ilegales y violencia sexual en comisarías como los casos desarrollados en líneas superiores. Frente a ello, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional de Chile aperturó 17 causas penales sobre la responsabilidad de las autoridades de las fuerzas del orden.

Respecto a la responsabilidad de estas violaciones de derechos humanos, para Amnistía Internacional, es claro que el responsable es el presidente Sebastián Piñera; además, en las acciones de los carabineros, dirigidas por la órdenes de Piñera, se evidenciaría intencionalidad de daño, es decir, actos con el objetivo de castigar a los manifestantes. Ahora bien, al respecto, se debe tener en cuenta el derecho a la protesta, que se encuentra reconocido en el artículo 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 21 del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos, implica el poder que tiene la ciudadanía para participar en la vida pública. No obstante, como todo derecho, no puede ser ejercido de manera absoluta, tiene límites[2]. En ese sentido, los principales límites al derecho de protesta están vinculados al orden público y seguridad nacional.

Por otro lado, respecto al informe de HRW, difiere abiertamente con las conclusiones de Amnistía, pues señalan que la responsabilidad es exclusiva de los carabineros y no vinculan responsabilidad alguna a las autoridades civiles que controlan a los mismos. Asimismo, este informe no advierte ninguna intencionalidad por parte de los agentes del orden sino una simple manifestación de falta de control interno[3]. Consecuentemente, el gobierno ejecutivo buscó la desacreditación de la labor de Amnistía Internacional y avaló lo presentado por HRW. De esa manera, el gobierno no solo busca no intervenir directamente en las acciones de control de eventuales lesiones de derechos humanos, sino también, que se le desvincule de toda responsabilidad. Ahora bien, es importante señalar que si se llega a demostrar la responsabilidad de las autoridades civiles sobre las violaciones de derechos humanos, que se han dado de modo sistemático, las consecuencias son distintas a si solo se afirma un abuso de poder por parte de los agentes del orden y militares: crímenes de lesa humanidad.

Teniendo estos informes y el modo en cómo ha ido manejando las diversas protestas, denuncias e interpelaciones el gobierno ejecutivo chileno, es menester señalar que la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un tema pendiente, fundamentalmente, con el anuncio de la visita al país chileno de altos comisionados de dicha autoridad internacional. Asimismo, Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), ha establecido que Chile deberá responder también a dicho órgano internacional, el cual analizará el caso de abuso de autoridad y violencia en las protestas. A raíz de ello, el director INDH, Sergio Micco, se ha reunido con Xavier Mena, el representante de la Oficina para América del Sur del (ACNUDH), y se esperan los resultados del estudio que se desplegó hasta el 22 de noviembre.

La situación chilena todavía no puede decirse que es estable. Quedan muchos elementos que no se han esclarecido frente a sus ciudadanos y la comunidad internacional, que demanda respuestas concretas que desmientan la aparente política deliberada de ataque a los manifestantes por parte de las fuerzas del orden. Mientras que no cabe duda que hubo casos de flagrantes delitos por civiles y que el uso de fuerza proporcional era necesario para proteger colindantes derechos humanos de terceros en los disturbios violentos, daños deliberados y desproporcionados, permanentes, torturas o abusos sexuales quedan indubitablemente fuera del espectro de actuación del un agente policial o militar como se ha logrado establecer previamente. Es crucial que la comunidad chilena e internacional no pierda de vista que estos excesos deben ser procesados y sancionados de ser correspondiente. Frente a ello, el presidente chileno, Piñera, ha declarado lo siguiente: “No habrá impunidad y nuestro Gobierno hará todos los esfuerzos para asistir a las víctimas en su recuperación y para que la fiscalía y la justicia cumplan su misión de investigar y hacer justicia”[4]. El presidente ha dado un paso público para la investigación y consecuente reconstrucción social luego de la violencia, pero será labor crucial de los ciudadanos chilenos y comunidad internacional no perder de vista que estos excesos deben ser procesados y sancionados de ser correspondiente, no dejando, efectivamente, lugar para la impunidad.


[1]https://www.infobae.com/america/america-latina/2019/12/01/la-fiscalia-de-chile-presento-cargos-contra-unos-20000-detenidos-durante-las-protestas/

[2]https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/protestas-chile-aumentan-denuncias-represion-detenciones-ilegales-nid2299797

[3]https://ciperchile.cl/2019/12/02/la-violencia-estatal-y-sus-responsables-en-los-informes-sobre-derechos-humanos/

[4] https://elpais.com/internacional/2019/11/18/america/1574045707_106027.html

Fuente de la imagen: CNN en Español

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