Por Mariano Peró, abogado por la PUCP, Magíster en Derecho (LL.M.) por la Universidad de Columbia y asociado del Miranda & Amado Abogados

Cíclope, ¿me preguntas mi célebre nombre? (…) Nadie es mi nombre, y Nadie me llaman mi madre y mi padre y todos mis compañeros.

Homero, La Odisea

Los socios fundadores son aquellas personas que participan como gestores en la creación de una nueva sociedad, mediante el otorgamiento de la escritura pública de constitución y la suscripción de la totalidad de las acciones iniciales. Asimismo, como señala Enrique Elías, los fundadores “realizan una serie de actos que comprenden desde el planeamiento del negocio, la organización de la futura sociedad y la preparación de los estatutos que regularán su funcionamiento, hasta la ejecución de las formalidades legales requeridas para el nacimiento de la nueva empresa.”[1]

Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley General de Sociedades (LGS), “[l]a sociedad se constituye cuando menos por dos socios, que pueden ser personas naturales o jurídicas” (el énfasis es nuestro). Por lo tanto, este artículo excluye a las entidades corporativas sin personalidad jurídica –como lo son, por ejemplo, los patrimonios fideicometidos[2], los fondos mutuos de inversión en valores[3] y los fondos de inversión[4]– de ser fundadores y, por ende, de constituir sociedades reguladas por la LGS.

Podría alegarse que, dado que los fundadores tienen importantes deberes y responsabilidades impuestos por la ley[5], entonces estos deberían ser personas naturales o jurídicas que cuenten con suficientes recursos como para responder por ellos. Sin embargo, esta argumentación omitiría la realidad: las entidades corporativas sin personalidad jurídica son titulares de derechos y obligaciones, y muchas veces cuentan con vastos patrimonios, con los cuales les es posible responder por sus deberes, por lo que no sería una razón suficiente.

Si bien no nos ha sido posible encontrar antecedentes o exposiciones de motivos que nos expliquen la razón por la cual se optó por esta disposición normativa, lo más probable es que estas entidades sin personalidad jurídica no estuvieron en la mente del legislador de la LGS, ya que fueron creados poco antes de la entrada en vigencia de la LGS (y mientras esta se encontraba en elaboración por su Comisión Redactora)[6]. Por lo tanto, el legislador se ciñó a las figuras más conocidas y ampliamente utilizadas.

Tras lo argumentado, carece de justificación y encarece las transacciones comerciales que dichas entidades corporativas sin personalidad jurídica puedan ser titulares de acciones emitidas por sociedades reguladas por la LGS, pero que no puedan constituirlas, viéndose forzadas a valerse de terceros (que sí sean personas naturales o jurídicas) que actúen como accionistas de favor y constituyan las sociedades para inmediatamente luego transferirles sus acciones emitidas por ellas. Por lo tanto, debería modificarse el artículo 4 de la LGS para permitir que, por lo menos, los patrimonios fideicometidos y los fondos de inversión puedan constituir sociedades al amparo de lo previsto en la referida ley.


[1] ELÍAS LAROZA, Enrique. “Derecho Societario Peruano. La Ley General de Sociedades del Perú”. Tomo I. Segunda edición. Lima: Gaceta Jurídica. 2015. p. 264.

[2] Regulados por el artículo 241 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, son patrimonios autónomos integrados por bienes transferidos por un fideicomitente en fideicomiso a un fiduciario, sujetos al dominio fiduciario de este último y afectos al cumplimiento de un fin específico en favor del fideicomitente o de un tercero denominado fideicomisario. Estos patrimonios fideicometidos son distintos a los patrimonios del fiduciario, del fideicomitente, del fideicomisario y, en su caso, del destinatario de los bienes remanentes.

[3] De acuerdo al artículo 238 de la Ley del Mercado de Valores, son patrimonios autónomos integrados por aportes de personas naturales y jurídicas para su inversión en instrumentos y operaciones financieras, y administrados por sociedades administradoras de fondos mutuos de inversión en valores, quienes actúan por cuenta y riesgo de los partícipes del fondo.

[4] Conforme al artículo 1 de la Ley de Fondos de Inversiones y sus Sociedades Administradoras, son patrimonios autónomos integrados por aportes de personas naturales y jurídicas para su inversión en instrumentos, operaciones financieras y demás activos, bajo la gestión de una sociedad administradora constituida para tal fin, por cuenta y riesgo de los partícipes del fondo.

[5] De acuerdo con lo previsto en el artículo 71 de la LGS, estas incluyen ser solidariamente responsables frente a aquellos con quienes hayan contratado a nombre de la sociedad en la etapa previa a la constitución, así como por la suscripción integral del capital y por el desembolso del aporte mínimo exigido para la constitución, por la existencia de los aportes no dinerarios y valor de aportación consignados en el informe de valorización correspondiente, y por la veracidad de las comunicaciones hechas al público para la constitución de la sociedad.

[6] La Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros fue promulgada el 6 de diciembre de 1996, y la Ley del Mercado de Valores y la Ley de Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras fueron promulgadas el 21 de octubre de 1996.

Fuente de imagen: Depositphotos

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