Por César Landa, ex presidente del Tribunal Constitucional y docente en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

La crisis política, derivada del conflicto entre el gobierno y la oposición parlamentaria, terminó siendo resuelta mediante la disolución del Congreso de la República. La decisión presidencial de disolver el Congreso fue consecuencia del rechazo de la mayoría parlamentaria a la cuestión de confianza planteada por el premier Fernando Zavala en el 2017 y por el premier Salvador Del Solar en el 2019, pues, tras ello, el Presidente, en uso de las facultades constitucionales, disolvió el Congreso, revocando el mandato de los congresistas, salvo el de los miembros de la Comisión Permanente del Congreso, y, convocó a elecciones parlamentarias para el 26 de enero del 2020, según el artículo 134 de la Constitución.

Cabe precisar que la crisis política se fue gestando desde el año 2016, cuando en las elecciones generales de ese año, Keiko Fujimori fue derrotada por Pedro Pablo Kuzcynski;, obteniendo, sin embargo, una mayoría parlamentaria absoluta. De esa manera, Fujimori ejercitó una oposición parlamentaria ideológica y obstruccionista frente a la labor gubernamental del electo presidente Kuzcynski, que se caracterizó por interpelar, censurar y presionar ministros hasta sus renuncias, así como rechazar la cuestión de confianza planteada por un ministro y, luego, por dos gabinetes de ministros. Todo ello sin perjuicio de aprobar leyes que afectaban la recaudación tributaria, el presupuesto público, las políticas educativas y de salud alimentaria, entre otras.

Sin embargo, la confrontación política fue atizada por las investigaciones fiscales y judiciales de los actos de corrupción internacional entre la empresa Odebrecht y los ex presidentes peruanos Todelo, García, Humala y Kuzcynski, así como a la propia lideresa de la oposición, Keiko Fujimori, en el conocido «Caso Lava Jato». Las denuncias contra el Presidente Kuzcynski tuvieron rápida recepción en el Congreso opositor, a fin de iniciar un proceso de vacancia que no obtuvo los votos necesarios en diciembre del 2017, debido al indulto presidencial que este otorgó al ex presidente Alberto Fujimori. Empero, luego de que la empresa Odebrecht brindara información sobre los pagos que habría recibido la consultora del entonces presidente Kuzcynski -cuando era ministro del gobierno de Toledo-, la oposición consiguió iniciar un segundo trámite de vacancia por incapacidad moral, que finalmente la renuncia de Kuzcynski a la presidencia, en marzo de 2018. En ese contexto, Martín Vizcarra, primer vicepresidente, asumió el cargo de Presidente de la República.

El gobierno de Vizcarra se ha caracterizado por haber apoyado dos movimientos: por un lado, la lucha contra la red de corrupción judicial “Los cuellos blanco del puerto” enquistada en el entonces Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), la Corte Suprema, el Ministerio Público, la Corte Superior de Justicia del Callao, entre otras instituciones; y, por otro lado, la lucha contra la corrupción política del Congreso y los partidos políticos.

De esa forma, el Poder Ejecutivo recibió el respaldo del pueblo, reflejado en el referéndum del 9 de diciembre de 2018, cuando se aprobó la desaparición del CNM y la creación de una Junta Nacional de Justicia, la no reelección inmediata de los congresistas y el control del financiamiento de los partidos políticos, a pesar de que la bicameralidad fuera rechazada debido a que la oposición parlamentaria introdujo disposiciones de su Reglamento que eran inconstitucionales. Respecto a lo último, en efecto, el Tribunal Constitucional declaró dichas disposiciones inconstitucionales por romper el equilibrio de poderes: por un lado, por prohibir al gobierno hacer cuestión de confianza de proyectos de leyes y/o interpelaciones, así como prohibir al presidente nombrar como ministros a cualquier otro que haya formado parte de un gabinete censurado, pues, caso contrario, este no seria contabilizado a efectos de la disolución presidencial del Congreso, es decir, cuando este haya censurado o rechazado la confianza a dos gabinetes (Exp. N°0006-2018-PI/TC).

Durante el 2019, esta situación de conflicto entre el gobierno y oposición llegó a ser de una “suma cero”, tanto del bloqueo sistemático de la mayoría parlamentaria a las iniciativas de reforma política y judicial, así como del impedimento del procesamiento fiscal y/o judicial por corrupción de altas autoridades protegidas por la inmunidad parlamentaria o el privilegio del fuero. En ese panorama, la oposición pasó a gestar, activar y anunciar la vacancia del presidente Vizcarra por supuestos actos de corrupción durante su mandato como gobernador de la región Moquegua. Para ello, se reactivaron viejas denuncias archivadas en el Ministerio Público de personal de su gobierno regional.

Por otro lado, ante el rechazo del Congreso a las iniciativas legislativas del gobierno –vía cuestión de confianza-, para reformar la inmunidad parlamentaria, tipificar como delito el financiamiento anónimo y no bancarizado de los partidos y reforzar la transparencia de las elecciones internas de los partidos, entre otras medidas, el Presidente -a pesar de recibir el pleno respaldo ciudadano para la clausura del Congreso por haber concentrado su acción política en la lucha contra la corrupción- en su Mensaje a la Nación del 28 de julio, planteó el adelanto de las elecciones generales congresales y presidenciales del 2021 al 2020.

La propuesta de reforma constitucional fue dilatada en su debate por la mayoría parlamentaria, para finalmente ser archivada por la Comisión de Constitución, sin un debate en el Pleno del Congreso. En adición, la oposición parlamentaria puso en agenda el cambio de seis de los siete magistrados del Tribunal Constitucional, con mandato vencido, invitando a un conjunto de abogados afines a las bancadas de oposición, como candidatos a ser electos magistrados del Tribunal, sin respetar los requisitos democráticos de pluralidad, transparencia, integridad y/o los requisitos técnicos de competencia y especialidad de los candidatos.

Ante un manifiesto interés de la oposición parlamentaria de controlar la composición del Tribunal Constitucional, organismo encargado de dirimir los conflictos entre los poderes, proteger los derechos fundamentales y limitar los excesos de los poderes, el Premier Del Solar hizo cuestión de confianza de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), para asegurar que la nominación de los nuevos magistrados sean por concurso público, sin favoritismos, con transparencia, observancia institucional y veeduría ciudadana.

No obstante, el 30 de setiembre del 2019 la mayoría parlamentaria rechazó la cuestión de confianza para reformar la LOTC y,por el contrario, eligió a uno de los nominados como nuevo magistrado del TC. De esa manera, al producirse el segundo rechazo de confianza a un gabinete ministerial, el Presidente de la República, en uso de sus atribuciones constitucionales, declaró disuelto por cuatro meses el Congreso, llamando a elecciones parlamentarias para el 26 de enero de 2020. Dicho sea de paso, la elección del nuevo magistrado no llegó a consumarse con la publicación de la resolución legislativa en el diario oficial El Peruano ante el inmediato cierre del Congreso.

En este sentido, la potestad legislativa del Congreso pasó a manos del Poder Ejecutivo, para dictar, mediante Decretos de Urgencia, las normas legales necesarias para el funcionamiento del Estado, quedando la Comisión Permanente del Congreso como el organismo encargado de recibir y preparar informes sobre los decretos para el próximo Congreso.

La decisión de disolver el Congreso fue tomada por el Presidente de la Comisión Permanente al Tribunal Constitucional, mediante una demanda competencial con solicitud de medida cautelar de suspensión de la disolución del Congreso. El Tribunal ha admitido la demanda, pero desestimando la anulación de la disolución del Congreso, por lo que, en consecuencia, la convocatoria a elecciones parlamentarias goza de plena constitucionalidad. Al término del año, aún no se cuenta con una sentencia final del TC.

Lo anterior pone en evidencia que, en materia constitucional, el año 2019 ha sido el punto culminante de la tensión del balance del poder entre el Congreso y el Gobierno: mientras el primero ha venido haciendo uso de las interpelaciones y censuras ministeriales y de gabinetes, la vacancia presidencial y la manipulación de las acusaciones constitucionales para blindarse frente a la lucha contra la corrupción; el Poder Ejecutivo ha hecho uso de la convocatoria a legislatura extraordinaria del Congreso, el pedido de cuestión de confianza para aprobar leyes, la iniciativa de reforma constitucional mediante referéndum y, finalmente, la disolución del Congreso.

El uso inédito de estas instituciones, propias del control y balance de poderes de los regímenes parlamentarios, en nuestro modelo semi-presidencial ha generado una tensión política y hasta inestabilidad gubernamental, que eventualmente generó zozobra en la población. No obstante, resulta destacable que el conflicto de “suma cero” entre el gobierno y la oposición se haya desenvuelto por causes constitucionales, en vez de los llamamientos a golpes de estado militares o civiles, como el último golpe de Alberto Fujimori en 1992.

Por tales motivos, resulta loable que, con la disolución del Congreso, se haya devuelto al pueblo la decisión soberana de recomponer el equilibrio de poderes, resolviendo así democráticamente la crisis de “suma cero”. En esa situación, corresponde entonces al próximo Congreso las labores no solo legislativas y de control al gobierno, sino sobre todo de representación de la voluntad popular expresada en las urnas y en las encuestas de opinión.

Finalmente, con el establecimiento del nuevo Congreso, que completará el período legislativo restante hasta el año 2021, será oportuno que se plantee el estudio de la reforma constitucional no solo del modelo político, sino también económico, a fin de llegar al bicentenario con una nueva Constitución que renueve el pacto social y genere consenso y estabilidad política, de cara al desarrollo y bienestar de la población con justicia y seguridad, sobretodo para los más necesitados.

Lima, 30 de diciembre de 2019

Fuente de imagen: El Español

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