1.- Se suspende audiencia de prisión preventiva contra Luis Castañeda Lossio

La audiencia de solicitud de 36 meses de prisión preventiva en contra de Castañeda Lossio, José Luna y Giselle Zegarra, que se llevaría a cabo el jueves pasado a las 9am, fue suspendida para el lunes 10 de febrero a la misma hora. 

La reprogramación se debió a la solicitud del abogado de Castañeda para analizar los nuevos anexos presentados por el Ministerio Público, frente a lo cual, la jueza Álvarez decidió levantar la sesión a los 25 minutos de iniciada alegando el “derecho a la defensa”

El ex alcalde es acusado de los presuntos delitos de lavado de activos, asociación ilícita para delinquir en la modalidad de organización criminal y colusión agravada. 

La tesis fiscal es que Castañeda recibió un aproximado de US$480 000 dólares para su campaña a la alcaldía de Lima del 2014 con el fin de beneficiar a la empresa constructora OAS. Asimismo, que aprovechando su condición de alcalde, habría sido el líder de una organización criminal que recibía sobornos a cambio de firma de contratos y adendas que beneficien a las empresas. 

Además, de la solicitud de prisión preventiva en su contra, ya se le había dictaminado impedimento de salida por 18 meses.

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2.- Odebrecht demanda al Estado peruano: pide US$1.200 millones de indemnización 

La empresa Odebrecht demandó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) frente al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial el pasado 4 de febrero. 

La demanda se debe a que la cancelación del contrato del Gasoducto Sur Peruano habría generado un gran perjuicio a la empresa. Asimismo, habría violado el Convenio entre el Perú y la Unión Económica Belga-Luxemburguesa para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones frente a lo cual pediría como indemnización US$1.200 millones.

Tras ingresar la solicitud de demanda, el CIADI debe aceptarla o rechazarla. De aprobarla, se conformará un Tribunal donde las partes tendrán que realizar sus respectivas defensas. 

Se debe tener en cuenta, que hace tres años se interpuso una solicitud de demanda arbitral en contra del Estado peruano por parte de Odebrecht; sin embargo, la empresa no continuó el proceso. 

Por último, la empresa se ha pronunciado comunicando que podría suspender o cancelar la demanda si se reinicia el proyecto del Gasoducto Sur Peruano con otra empresa privada con el fin de que se resarza el capital invertido a sus acreedores. 

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3.- Luciana León habría gestionado obras por S/ 4 millones. 

Al realizarse el allanamiento de la oficina de Luciana León, se encontró en la computadora del despacho conversaciones de WhatsApp comprometedoras. En estas, se evidencian las gestiones de obras de infraestructura de pistas y parques que realizaba la señora León a favor de la Municipalidad de La Victoria ante el Ministerio de Vivienda. Esas obras estaban valorizadas en más de S/4 millones.

Los mensajes de texto son de mediados del 2018 entre Luciana León, su ex asesora Betsy Matos y la secretaria del despacho apristas, Patricia Ortiz. 

Por lo tanto, las conversaciones reafirmarían la tesis fiscal de acusarla del presunto delito de tráfico de influencias. Este se encuentra tipificado en el artículo 400 del Código Penal. El delito mencionado consiste en que una parte, haciendo alusión de su influencia recibe, hace dar para sí o para un tercero un donativo con el fin de interceder frente a un funcionario o servidor público que conozca un caso judicial o administrativo. En este caso, como fue ante un caso administrativo y por su condición de funcionario- ya que las conversaciones se llevaron a cabo cuando era congresista- la pena privativa de libertad sería entre 4 y 8 años.

Además de tráfico de influencias, se le imputa los presuntos delitos de cohecho pasivo propio, peculado doloso y organización criminal. 

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4.- Caso Ana Estrada: La Defensoría del Pueblo presenta acción de amparo

La Defensoría del Pueblo presentó a la Corte Superior de Justicia de Lima una acción de amparo al Estado peruano para que se le reconozca Ana Estrada su derecho a una muerte digna. Ella sufre desde los 12 años de polimiositis, una enfermedad degenerativa e incurable. 

De acuerdo a las declaraciones del Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, lo que se busca proteger es “la voluntad libre e informada de una persona de decidir el cese de su vida, cuando ante ciertas condiciones, como es este caso, se afecta grave e irreversiblemente su dignidad humana”

Estrada solicita al Estado que se incorpore el derecho a una muerte digna. Esto debido a que actualmente el homicidio piadoso se encuentra penado con 3 años de pena privativa de la libertad como máximo. 

Homicidio piadoso

Artículo 112°.- El que, por piedad, mata a un enfermo incurable que le solicita de manera expresa y consciente para poner fin a sus intolerables dolores, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años.

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Fuente de imágenes: Perú 21, Gestión, UCI y Defensoria del Pueblo del Perú

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