Diego San Martín Villaverde, Profesor de Derecho de la Universidad Científica del Sur y Gerente de Sostenibilidad de SUGO

Este año inició con diversos eventos de suma importancia mundial. En el caso particular, la Organización Mundial de la Salud (OMS), luego diversos debates médicos/científicos, decidió declarar emergencia sanitaria internacional por el Coronavirus. Concretamente, el término que se utiliza es el de «emergencia de salud pública de interés internacional» (PHEIC, por sus siglas en inglés), para lo cual se han tenido en cuenta diversos factores como la conformación de un comité de expertos, análisis de laboratorio, causa y tipo de riesgo, contagios, muertes sobrevenidas y demás que son comunicadas a la OMS, lo cual permitió al Director General de dicha organización tomar una decisión.

En el aspecto regulatorio, dicha acción responde a los alcances del Reglamento Sanitario Internacional – RSI (2005), el mismo que la OMS define como un acuerdo internacional jurídicamente vinculante suscrito por 196 países, entre los que se encuentran todos los Estados Miembros de la OMS, cuyo objetivo consiste en ayudar a la comunidad internacional a prevenir y dar respuesta a los riesgos graves para la salud pública que puedan cruzar fronteras y amenazar a la población mundial.

Ciertamente, el coronavirus no es la única emergencia de salud que la OMS ha declarado. Lo ha hecho anteriormente con casos tales como el ébola, zika, la gripe aviar (H1N1), entre otros.

Frente a ello, los Estados Miembros han tomado medidas para prevenir los riesgos inherentes a este nuevo virus. En el caso del Perú, se publicó la  Resolución Ministerial N° 039-2020/MINSA, el pasado 1 de febrero, que aprobó el Documento Técnico: “Plan nacional de preparación y respuesta frente al riesgo de introducción del Coronavirus 2019-nCoV”. El mismo contempla acciones que se abordarán en el marco de las disposiciones del RSI. Entre los aspectos más relevantes, se dispuso que el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) es el órgano desconcentrado del Ministerio de Salud responsable de gestionar los procesos de vigilancia epidemiológica e inteligencia sanitaria relacionados con el coronavirus.

En el campo de la gestión ambiental, este tema tiene gran relevancia. Siguiendo el análisis efectuado por Tim Benton, director de investigación del equipo de Riesgos Emergentes en Chatham House, el factor del cambio climático resulta imprescindible para determinar si estamos o no preparados para evitar aspectos como la propagación del virus. ¿Estamos los peruanos preparados?

Por un lado, tenemos las medidas de prevención que evitan el contagio; por otro, los hábitos personales y la factibilidad que ello genere resultados favorables. Contar con una ambiente sano y equilibrado, un derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución responde a tener las garantías para que ello se de sin mayores inconvenientes y recae en la gestión pública para que las medidas se efectivicen con amplia certeza.

Sin perjuicio de ello, Lima es una ciudad sumamente diversa, que alberga muchas movilizaciones de personas, también llamados desplazamientos a la capital. Pero, no se limita a Lima, sino a varias ciudades más. Conforme destaca la ONU, las ciudades son hervideros de ideas, comercio, cultura, ciencia, productividad, desarrollo social, etc., pero que además enfrenta problemas como el recojo y correcta segregación y disposición de residuos sólidos (recientemente un distrito de la capital ha sido afectado por este aspecto). Adicionalmente, nuestro sistema de salud mantiene una deuda con los asegurados para ofrecerles un mejor servicio.

Continuamente, perdura la idea que nuestras autoridades accionan reactivamente en lugar de hacerlo de manera preventiva.

Este escenario pone en debate nuestra preparación, a nuestro rol frente al cambio climático como sociedad y como Estado y a cuestionar continuamente las decisiones necesarias para garantizar una ciudad sostenible, lo cual es un objetivo de desarrollo sostenible (ODS) parte de la Agenda 2030 de la ONU. Es, por tanto, nuestro deber requerir la reducción del impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo, conforme sostiene una de las metas establecidas en el ODS 11.

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here