Por Alejandra Aquije, estudiante de la facultad de Derecho de la PUCP y miembro del programa de desarrollo social de THĒMIS, Khuska

Desde hace una semana el país entero se paralizó ante el horror del caso de Camila, una niña de 4 años, quien fue secuestrada, abusada sexualmente y asesinada por un adolescente de 15 en el distrito de Independencia. Sorprendentemente, lo que siguió a esa noticia fue el ensañamiento contra su madre, Mirella Huamán, de 22 años, debido a que habría dejado a sus dos hijas en casa de un familiar para, posteriormente, participar de una yunza.

Así, no solo sus propios familiares, vecinos/as y el mismo padre de su hija la sindicaron directamente como responsable del crimen, sino que la opinión pública y los medios de comunicación promovieron esta idea. Esto, llegando al punto de avalar que Ricardo Zúñiga, ex conductor del programa “Válgame”, le grite “bestia e inhumana” en señal abierta y en frente de un país entero.

Todo esto como si no hubiéramos ya repetido hasta el cansancio que la culpa nunca será de nadie más que del agresor, sin importar si la madre estaba bebiendo, divirtiéndose o trabajando para mantener a sus hijas, la culpa nunca será suya. Sin embargo, la verdadera responsabilidad, independientemente de la que se determinará al adolescente de 15 años, es del Estado, ausente y alejado de la realidad de millones de niños/as y adolescentes peruanos/as.

En consecuencia, este episodio nos debería llevar a la reflexión sobre los aspectos que no consideramos al analizar casos de esta magnitud y sobre las medidas necesarias a tomar para que no se repitan, pues esta alarmante realidad necesita ser comprendida y la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los/as niños/as y adolescentes peruanos/as -y los diversos factores de riesgo existentes- tiene que ser abordada.

Según el Observatorio Nacional de la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, los/as niños/as y adolescentes son una población en situación de vulnerabilidad debido a que necesitan de apoyo y cuidado de otros/as, pues “al no contar con autonomía tienen una posición de desventaja para poder hacer efectivos sus derechos y libertades. La autonomía es algo que van adquiriendo progresivamente a medida que crecen y se socializan” (1) (aunque, en muchos casos el contexto social, cultural o económico en el que se desenvuelven, obstaculizan su desarrollo y posteriormente el ejercicio pleno de sus derechos). Este es el motivo por el que se encuentran particularmente expuestos/as a ser víctimas de distintos tipos de violencia física, psicológica o sexual y por el que el Estado tiene el deber de brindarles una protección integral.

El caso de Camila, lamentablemente, no es aislado y los/as peruanos/as hemos sido testigos de que tan solo en esta semana se han destapado diversos casos de asesinato, abusos sexuales y físicos a los que millones de niños/as se encuentran expuestos/as en este preciso momento. En ese sentido, según la División de Investigación de Personas Desaparecidas de la PNP, en lo que va del 2020, han sido reportadas más de 558 desapariciones; es decir que al día de hoy desaparecen 11 niños/as cada 24 horas (2). De igual manera, de acuerdo con cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el Perú un/a menor de edad es abusado/a sexualmente cada dos horas (3). Cabe señalar que la situación de vulnerabilidad se agrava en el caso de niños/as y adolescentes migrantes, en situación de discapacidad, pertenecientes a comunidades indígenas o mujeres. Por ello, es necesario tener presente siempre un enfoque interseccional.

En el caso del feminicidio de Camila, los medios de comunicación se han encargado de deshumanizar y personalizar la violencia en el adolescente perpetrador, esto, desde una mirada superficial y sensacionalista. Estos últimos días fuimos testigos de cómo cientos de policías se movilizaron ante las cámaras de televisión para atrapar al culpable una vez que el caso se había vuelto mediático. Pero para abordar la problemática se requiere, además, dejar de lado las reacciones coyunturales, ya que el problema es estructural y las soluciones deben serlo también. De lo contrario, seguiremos viendo casos similares año tras año y los agresores seguirán existiendo -y aparecerán nuevos- si es que no se institucionalizan y se hacen efectivas las medidas de prevención y protección en favor de víctimas y grupos en situación de vulnerabilidad.

Específicamente, en casos en los que el agresor es un menor de edad, niño/a o adolescente, hay que tomar en cuenta e investigar la existencia de posibles y distintas experiencias de abuso en su pasado en las que el perpetrador de hoy haya sido o sea también una víctima. En ese sentido, siguiendo el modelo de investigación acerca de las causas de la violencia sexual de menores realizado por Finkelhor y Krugman, las agresiones pueden pueden verse impulsadas por cuatro categorías de motivaciones (cada una con un modus operandi particular):

  • “Por repetición transgeneracional de experiencias previas de abuso en la infancia
  • Por un componente psicopático de personalidad
  • Por trastorno de control de impulsos
  • Pedófilo exclusivo, por fijación obsesiva con un objeto sexualizado” (4).

En esa línea, enfocándonos en los/as menores que agreden por experiencias previas, nuestro objetivo debería ser romper con este ciclo de violencia para lo cual es necesario trabajar en la prevención de manera integral mediante la educación sexual. En ese sentido, Finkelhor y Krugman señalan que, dentro de la cuarta condición para que un abuso sexual se produzca, juega un rol importante el que la víctima desconozca el tema y de los comportamientos más comunes relacionados. Es entonces cuando la educación sexual integral (en adelante, ESI) juega un rol fundamental en niños/as y adolescentes, al promover no solo el conocimiento de su cuerpo y sus derechos, sino el reconocimiento de posibles situaciones de riesgo a las que pueden estar expuestos/as. Asimismo, la UNESCO defiende que la ESI sirve para orientar a los/as niños/as, aprender sobre el consentimiento, la vida privada y su integridad física (5).

En el mismo sentido, el Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia 2012-2021 menciona que la violencia contra niños/as y adolescentes se puede encontrar en todos los ámbitos de su vida diaria, sin embargo, “es la violencia que se desarrolla en el seno de la familia la más extendida, grave y frecuente, ya que se realiza de manera más continua, y genera consecuencias físicas, psicológicas y sociales que afectan su normal desarrollo” (6).Como prueba de ello, según los datos de los Centros de Emergencia Mujer, de 9815 casos atendidos es en el círculo familiar donde se presentan más casos de violencia sexual a niñas, niños y adolescentes, con 51%. En otras palabras, 4981 menores de 14 años fueron atendidos/as por casos de violencia sexual perpetrada por un/a miembro de su familia (7).

Es necesario cuestionarnos si realmente las instituciones estatales están abordando esta problemática social con la seriedad y compromiso necesarios. Un crudo ejemplo de la falta de tratamiento de violencia contra niños/as y adolescentes en el Perú es la escasez de las cámaras Gessel y el hecho de que las víctimas deban esperar obligatoriamente entre uno y tres meses para poder acceder a dicho instrumento (8), exponiéndolas no solo a casos de revictimización, sino obstaculizando su acceso a una justicia oportuna. Finalmente, debemos preguntarnos si centros juveniles de rehabilitación, como el Maranguita, realmente cumplen su función de rehabilitar y resocializar a delincuentes juveniles o si hacen todo lo contrario.

A manera de reflexión, sostengo que para analizar adecuadamente casos de violencia entre menores es necesario considerar al íntegro de actores y el contexto en el que se han desenvuelto, sin caer en análisis sesgados, estereotipados o realizados desde la comodidad y el privilegio. Porque a pesar de que los medios de comunicación hayan puesto el foco en las condiciones de vida de Camila y su madre (como parte de la campaña para responsabilizarla) para promover la “indignación”, no olvidemos que este suceso es tan solo una manifestación de una estructura social violenta y socioeconómicamente desigual. Ni Camila, ni su madre tuvieron la culpa, el único culpable es el perpetrador del crimen, pero con él comparte responsabilidad el Estado y lo seguirá haciendo en tanto no trabaje por una prevención real de la violencia contra menores, una que incluya educación, salud mental y física y seguridad para los/as niños/as y adolescentes peruanos/as.

Fuente de imagen: Diario Popular


Bibliografía

  1. https://observatorioviolencia.pe/ninez-vulnerable-al-maltrato/
  2. https://elpopular.pe/actualidad/2020/03/02/pnp-informa-desaparecen-11-ninos-dia-peru-desaparecidos-menores-edad-ministerio-interior-violacion-sexual-pnp-1963
  3. https://rpp.pe/peru/actualidad/ministerio-de-la-mujer-en-el-peru-un-nino-es-violado-cada-dos-horas-noticia-1249396
  4. http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-48272005000100003
  5. https://es.unesco.org/news/educacion-integral-sexualidad-prevenir-violencia-razones-genero
  6. https://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/pnaia/pdf/Documento_PNAIA.pdf
  7. https://observatorioviolencia.pe/principales-agresores-sexuales-a-ninas-ninos-y-adolescentes/
  8. https://rpp.pe/politica/judiciales/camara-gesell-que-es-y-por-que-es-clave-ante-casos-de-violencia-sexual-contra-ninos-y-adolescentes-noticia-1189740

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