Entrevista realizada por Valeria Aguado, miembro del Consejo Editorial de Enfoque Derecho, a César Landa, ex presidente del Tribunal Constitucional, docente en la Faculta de Derecho de la PUCP y especialista en Derecho Constitucional, sobre el Estado de Emergencia Nacional, decretado por el Presidente de la República, Martín Vizcarra, mediante Decreto Supremo N° 004-2020-PCM, a raíz del brote de COVID-19 en nuestro país.

ED: Buenas tardes, estamos en comunicación con el doctor César Landa, ex magistrado del Tribunal Constitucional y especialista en la materia, quien nos explicará sobre la medida adoptada por el gobierno a raíz del COVID-19

ED: Buenas tardes, doctor. 

CL: Muy buenas tardes, el día de ayer, 15 de marzo del 2020, el Poder Ejecutivo ha declarado el estado de emergencia a través de un Decreto Supremo N° 044-2020 PCM, en virtud del cual, en función del artículo 137 de la constitución, inciso primero, se suspenden cuatro derechos y libertades fundamentales, como la libertad personal, la libertad de tránsito, inviolabilidad de domicilio y el derecho de reunión. Con motivo de que se ha producido y se advierte que se incrementará una catástrofe, en este caso sanitaria, debido a la llegada de la expansión exponencial del llamado coronavirus o COVID-19, que tiene efectos letales en la medida que no hay todavía una vacuna que prevea su control. Siendo un sistema sanitario el peruano bastante limitado en lo público, corresponde entonces declarar una suerte de cuarentena, es decir, aislamiento domiciliario de carácter social, voluntario o coercitivo, sea el caso, a efectos de que no se propague este virus, que es la fuente fundamental de infección cuando hay concentración de personas en espacios públicos de distinta naturaleza, ya sea mercados, centros comerciales, aeropuertos, terrapuertos, avenidas. En ese sentido, es una medida drástica como también ya viene aconteciendo en otros países de la región para no llegar a situaciones tan lamentables como sucede en Italia o España, que han demorado en tomar las medidas preventivas, coercitivas y el manejo desde el control; el coronavirus se ha desbordado al punto de que en España han muerto más de 100 personas el día sábado por ejemplo, e Italia está a punto del desborde del sistema de prevención desde ya e incluso de protección de la persona sobre todo vulnerables.

ED: Ese estado de emergencia, ¿cuánto tiempo como máximo puede durar?

CL: De acuerdo con la constitución, artículo 137, consta de 60 días renovables, pero lo que ha hecho el gobierno es declarar por lo menos 15 días en la medida en el que es el periodo en el cual [el COVID-19] incuba y pone entonces de manifiesto los síntomas del coronavirus. Eso no siempre es en el 100% de los casos, a veces puede haber alguna persona infectada que no tiene sintomatología y ello es bastante peligroso porque sin saberlo puede ser un portador que puede estar también afectando [a otros], pero [representan] un porcentaje menor. Es cierto que el costo limitar las libertades de tránsito, educación, de trabajo -salvo para quienes están laborando en la lucha contra el coronavirus y las cadenas de suministro y abastecimiento, y para quienes realizan una labor médica, sanitaria, preventiva y de control-, es un malestar que se justifica, de modo tal que la finalidad legítima de contrarrestar [el brote del virus] de la medida es la necesaria y es estrictamente proporcional de 15 días. Salvo que en esos 15 días la situación de la pandemia haya llegado a niveles que requieran tomar mayores medidas, como la extensión, por ejemplo, en días o el toque de queda, para que la gente se quede y solo pueda salir con salvoconducto o autorización. En la época del terrorismo, se vivió una época lamentablemente de toque de queda, en las noches claro está, que no resolvió el terrorismo, pero al menos lo aminoró en parte.

ED: En caso algunas personas no acaten las medidas adoptadas por el gobierno en el Estado de Emergencia, ¿qué tipo de atribuciones tiene la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para contrarrestar tales situaciones? ¿Cuáles serían sus límites?

CL: La Policía Nacional tiene una labor siempre preventiva y puede tomar medidas contra infracciones, que, en este caso, no constituyen delitos, pero sí infracciones a la Ley de Emergencia Sanitaria que comporta la persona que representa un peligro para la salud pública, que eventualmente puede tipificar un delito de atentado contra la salud. Ante ello, la Policía tiene potestades de poder requerir la identificación, el destino o incluso, ya que la libertad personal y de tránsito están suspendidas, devolver [a los civiles] a su lugar de origen y eventualmente detenerlo[s]. Claro, frente a circunstancias que son incontenibles por la Policía, está el resguardo extraordinario de las Fuerzas Armadas, para cautelar las infraestructuras y lugares de frecuencia de personas que no estén autorizadas, como el caso de aeropuertos, terrapuertos, puertos, y, como digo, si hay un desborde por falta de conciencia, vandalismo eventualmente, porque los malos ciudadanos usan estas circunstancias, ayer, por ejemplo, han querido exportar mascarillas que contenían cocaína, fueron descubiertos por la policía en el aeropuerto y estas personas podrían ser detenidas y ser procesadas por los delitos que correspondan contra la tranquilidad y salud pública. Dicho sea de paso, hay que señalar que puede haber abusos y excesos por parte de la autoridad encargada del registro y control de la libertad de las personas sobre el tránsito, y frente a ello la constitución prevé, en el artículo 200, el habeas corpus o el amparo  dependiendo de si se está vulnerando algún derecho de la libertad personal o de reunión. En esta medida, el sistema constitucional y democrático tiene un constitucionalismo de emergencia que bien usado puede revertir estos elementos que van en contra de las disposiciones del aislamiento social para evitar mayores contaminaciones, sobre todo la afectación que está ocurriendo estadísticamente en los grupos más vulnerables que son los ancianos. 

ED: Respecto a los extranjeros que se encuentran todavía en el Perú o los peruanos que se encuentran en el extranjero, especialmente en países que han cerrado sus fronteras, ¿existe todavía alguna vía que les permita regresar a sus países?

CL: La cancillería viene monitoreando esta situación y hace una horas ha abierto un registro de personas para efectos de que estando en el exterior, donde los peruanos que se encuentran en el extranjero y que tienen boleto de avión de retorno posterior a la fecha de suspensión de los vuelos, podrán registrarse. Este empadronamiento busca contar con información sistematizada que permitirá buscar alternativas y abrir vuelos adicionales de retorno. Es decir, sí se está buscando por parte del Gobierno peruano no dejar abandonados a los peruanos en el extranjero que, por cuestiones de que hayan estado allí, me imagino, viviendo o lo que fuera, puedan retornar al Perú. Quisiera resaltar también que el sistema de excepción es un sistema nacido de una decisión del Ejecutivo, pero cuyo control no solamente reposa en el Poder Judicial de manera extraordinaria, si no también en el Congreso, porque de la declaratoria de los estados de emergencia se tiene que dar cuenta al Congreso. Con eso, el dia de hoy, una ceremonia privada debe estar instalándose  [en el Parlamento] y la primera función [del Ejecutivo] será entonces no solamente para dar cuenta de los Decretos de Urgencia que se dictaron durante el interregno parlamentario o las medidas adoptadas, sino también en particular de la declaratoria del estado de excepción. Por lo cual, la responsabilidad también va por parte de los legisladores en su función de fiscalización y legislación, de trabajar unidos con el Gobierno, el cual tiene la responsabilidad prioritaria de los servicios de salud, y del control de la entrada y salida de personas al territorio. 

ED: El día de hoy hubo una conferencia de prensa, en donde se mencionó el alza de precios. En su opinión, ¿cuál debería ser el rol de Indecopi ante esta situación?

CL: Yo creo que la Constitución prevé precisamente que el Presidente de la República tiene facultades para establecer los decretos de urgencia, en el artículo 118 numeral 19 (dictar medidas extraordinarias, mediante decretos de urgencia con fuerza de ley, en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo de dar cuenta al Congreso). Entonces, una de las medidas que se toman -que se han tomado en España por ejemplo, que es una democracia, o en Italia-, es evitar los acaparamientos o, de otra forma, la manipulación artificial de los precios, porque la situación de un mercado libre no funciona cuando hay necesidad pública, que se ha convertido en una pandemia. La responsabilidad de resolver [tal situación] no es del mercado, sino del Estado; de modo tal que el mercado queda subordinado a la decisión pública y el INDECOPI puede controlar el abastecimiento necesario para las necesidades básicas que la población requiere a través de los mercados. En cuanto a los precios, evidentemente la oferta y la demanda de un mercado normal (que es libre) y la de un mercado que no es normal, sino extraordinario, debe evitar la especulación, que aleja a las poblaciones más vulnerables y necesitadas del acceso a los recursos básicos, de alimentación o de fármacos. Entonces, por ejemplo, los genéricos tienen que estar, en primer lugar, en los servicios farmacéuticos para la población, como los alimentos básicos, en los precios normales, sin incrementos, por cuanto se está garantizando el transporte y la producción de los mismos y la cadena de adquisición. Si no se cumple eso, [deben imponerse] sanciones desde administrativas hasta sanciones que corresponden al ámbito penal. 

ED: Muchas gracias doctor por las aportaciones brindadas a Enfoque Derecho. Gracias. 

CL: A ustedes.

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