Por Gustavo Richarte[1], abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), máster en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid e investigador del Centro de Estudios en Modernización del Servicio Civil (CEMSCI), adscrito a la Facultad de Derecho de la PUCP.

En el marco de la crisis mundial por el nuevo coronavirus (COVID-19), nuestro Poder Ejecutivo emitió el 15 de marzo del 2020, el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM (D.S. N° 044-2020-PCM), Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, cuyo artículo 1º declaró el Estado de Emergencia Nacional por quince (15) días calendario (es decir, del 16 al 30 de marzo) y dispuso el aislamiento social obligatorio.

Sin embargo, dicha situación extraordinaria se ha prorrogado a través del Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM, de fecha 27 de marzo del 2020, hasta el 12 de abril del presente, y luego, a través del Descreto Supremo Nº 064-2020, emitido el 9 de abril del 2020, hasta el 26 de abril del 2020.

Es ese sentido, el Perú se encuentra en un Estado de Emergencia Nacional desde el 16 de marzo del 2020 hasta el 26 de abril 2020, habiéndose restringido, entre otros derechos, el de la libertad de tránsito; limitación que fue precisada el 18 de marzo del 2020, a través del Decreto Supremo Nº 046-2020-PCM (D.S. N° 046-2020-PCM), Decreto Supremo que precisa el D.S. Nº 044-2020-PCM.

El D.S. N° 046-2020-PCM establece que, durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional, únicamente se permitirá el tránsito para la prestación y acceso a los servicios y bienes esenciales que se detallan en los trece (13) literales del artículo 4º del D.S. Nº 044-2020-PCM, modificado por el artículo 1º del D.S. N° 046-2020-PCM.

Revisados los bienes y servicios considerados esenciales, como no podía resultar de otra manera dentro de una Emergencia Sanitaria, no se encuentra ninguno relacionado al ejercicio de la potestad sancionadora del Estado.

En este escenario, y toda vez que los Secretarios Técnicos de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios (STPAD) se encuentran legalmente impedidos de acudir a su centro de trabajo a prestar sus labores, surge la siguiente interrogante: ¿qué sucede con los procedimientos administrativos disciplinarios (PAD) cuyo plazo de prescripción (cualquiera de los regulados por la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil) se cumple durante el período de Estado de Emergencia Nacional?

Al respecto, consideramos que lo primero a tener en cuenta es que el 15 de marzo del 2020 se emitió el Decreto de Urgencia Nº 026-2020 (D.U. 026-2020), Decreto de Urgencia que Establece Diversas Medidas Excepcionales y Temporales para Prevenir la Propagación del Coronavirus (COVID-19) en el Territorio Nacional.

De acuerdo al artículo 1º del referido D.U., su objeto es aprobar una serie de medidas adicionales extraordinarias destinadas a permitir la adopción de acciones preventivas y de pronta respuesta para reducir el riesgo de propagación y el impacto sanitario de la enfermedad causada por el virus del COVID-19, así como coadyuvar a la disminución de la afectación a la economía nacional por el alto riesgo de propagación del mecionado virus.

Entre dichas medidas extraordinarias, se dispuso la implementación del Trabajo Remoto, el cual, conforme a su artículo 16º, se caracteriza por la prestación subordinada de servicios con la presencia física del trabajador en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario, utilizando cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar las labores fuera del centro de trabajo, siempre que la naturaleza de las labores lo permita.

En el caso de los STPAD, recordemos que sus funciones se encuentran descritas en el punto 8.2. del numeral 8. LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LAS AUTORIDADES DEL PAD, de la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC, Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley Nº 30557.[2]

Si revisamos dichas funciones, notaremos que requieren del examen de los expedientes, de la realización de actividad investigadora, la tramitación de documentos, emisión de informes, entre otras. Es decir, aun cuando se pudieran tener los expedientes digitalizados, resultaría muy difícil poder ejercer dichas funciones remotamente. Sin embargo, ello no obstaría para que el STPAD pudiese realizar remotamente algunas funciones administrativas del área a su cargo.

Ahora bien, lo anterior nos llevaría a pensar que los PAD, cuyo plazo de prescripción se cumpliese durante el período de Estado de Emergencia Nacional, están condenados a ello.

Sin embargo, aun en el caso de que el STPAD pudiese realizar trabajo remoto, existe un segundo tema a analizar, el cual consideramos de mayor importancia. Nos referimos a la suspensión del plazo de la tramitación de los procedimientos administrativos.

Así pues, la segunda disposición complementaria final del D.U. Nº 026-2020, dispuso que a partir de su entrada en vigencia, los pliegos del Poder Ejecutivo realizarán las acciones correspondientes a reducir la asistencia del personal a su centro de labores, manteniendo solo a aquellos que les permitan continuar con el cumplimiento de los servicios mínimos, entiéndase esenciales.

En esa misma línea, el numeral 2. de la referida disposición complementaria, dispuso que, excepcionalmente, se declare la suspensión por treinta (30) días hábiles contados a partir del día siguiente de su publicación (la del D.U. Nº 026-2020), del cómputo de los plazos de tramitación de los procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo y negativo que se encuentren en trámite al momento de su entrada en vigencia, con excepción de aquellos que cuenten con pronunciamiento de la autoridad, el cual esté pendiente de notificación.

Por su parte, el numeral 3. de la misma disposición, facultó a los Ministerios del Poder Ejecutivo a aprobar, a través de Decretos Supremos, un listado de procedimientos exceptuados de la suspensión anteriormente descrita.

Sin embargo, los PAD, al igual que todos los demás procedimientos administrativos que no están sujetos al silencio administrativo, no forman parte del objeto de regulación de la segunda disposición complementaria final del D.U. Nº 026-2020. Es decir, sus plazos continuaban transcurriendo.

Debido a ello, el 20 de marzo del 2020, se publicó el Decreto de Urgencia Nº 029-2020 (D.U. Nº 029-2020), Dictan Medidas Complementarias Destinadas al Financiamiento de la Micro y Pequeña Empresa y Otras Medidas para la Reducción del Impacto del COVID-19 en la Economía Peruana.

El artículo 28º de dicho D.U. Nº 029-2020, sumillado Suspensión de plazos en procedimientos en el sector público, forma parte del Título III, denominado Medidas para Reducir el Riesgo de Propagación del COVID-19; y, complementando el vacío dejado por la mencionada segunda disposición del D.U. Nº 026-2020, declaró la suspensión por treinta (30) días hábiles contados a partir del día siguiente de su publicación, del cómputo de los plazos de inicio y de tramitación de los procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier índole, incluso los regulados por leyes y disposiciones especiales, que se encuentren sujetos a plazo, que se tramiten en entidades del Sector Público, y que no estén comprendidos en los alcances de la Segunda Disposición Complementaria Final del D.U. Nº 026-2020, incluyendo los que se encuentran en trámite a la entrada en vigencia del D.U. Nº 029-2020.

Así, recién aquí se estaría regulando el caso de los PAD, disponiendo una suspensión de sus plazos de inicio y de tramitación, desde el 23 de marzo del 2020 al 6 de mayo del 2020.[3]

Ahora bien, a nuestro entender, cuando se dispone la suspensión del cómputo de los plazos de inicio y de tramitación, debe referirse a una suspensión del PAD, si este ya inició, o de las actividades de investigación preliminar, si nos encontramos en la etapa previa al inicio del PAD.

Es decir, se suspenden las actividades referidas al PAD, tanto por parte de la autoridad como del investigado. Esto debe ser así porque si se permitiese que la autoridad continúe con la tramitación, es decir, si se suspende el plazo mas no las actuaciones procedimentales o emisión de actos, no estaríamos entonces frente a una suspensión, sino frente a un incremento del plazo; y por parte del investigado, se estaría ampliando el plazo para la realización de su defensa.

Finalmente, el lector ya habrá notado que el Estado de Emergencia Nacional, junto con la restricción de la libertad de tránsito, culminará el 26 de abril del 2020, mientras que los plazos de los PAD se reanudarán recién el 7 de mayo del presente año.

Entonces, resulta natural cuestionar ¿es necesario que las STPAD, así como los servidores de dicha Secretaría, acudan a su centro de labores el 27 de abril del 2020, toda vez que los plazos de los PAD se encuentran suspendidos hasta el 6 de mayo del 2020?

Desde nuestra óptica, y salvo que se levante la suspensión extraordinaria del cómputo de los plazos de los procedimientos administrativos, culminado el Estado de Emergencia, no tendría sentido que todo el equipo integrante de la Secretaría Técnica acuda al centro de labores. Lo anterior obedece a que, en tanto estén suspendidos los plazos, no se deberá realizar actividades destinadas al impulso del PAD o de su investigación preliminar, por los argumentos anteriormente sostenidos.

Sin embargo, ello no obsta para que se puedan realizar determinadas tareas administrativas en la Secretaría Técnica, tales como, por ejemplo, digitalizar los expedientes, pasar la información al aplicativo informático de los PAD, establecer cronogramas de avance, entre otros. Pero, como se puede notar, para dichas tareas no se requiere de la asistencia de todo el personal del área, sino del Secretario Técnico, y de quienes éste determine como necesarios, en virtud de las actividades a realizar.

Así pues, consideramos que la suspensión recogida en el artículo 28º del D.U. Nº 029-2020, en su aplicación a los PAD, debe suponer una suspensión de las actividades del procedimiento o de su investigación, de acuerdo a la etapa en que se encuentre. Interpretar lo contrario sería entender una ampliación de los plazos y no propiamente una suspensión. Por otro lado, toda vez que el Estado de Emergencia Nacional culminará antes que se reanuden las actividades de los PAD, durante dicho lapso no es necesario que acuda todo el equipo que conforma la STPAD, pues sólo se podrán realizar actividades administrativas.


[1] Máster en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, abogado por la PUCP, e investigador del Centro de Estudios en Modernización del Servicio Civil (CEMSCI), grupo de investigación adscrito al Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica (CICAJ) del Departamento Académico de Derecho de la PUCP.

[2] Además de otras que se le hayan asignado válidamente, o que se encuentren recogidas en su contrato, los instrumentos de gestión de la Entidad, u  otras normas.

[3] Luego del viernes 20 de marzo del 2020, el primer día hábil es el lunes 23 de marzo del 2020.

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