Retos y desafíos para la administración de justicia en el Perú en tiempos de la COVID-19

El autor analiza los nuevos retos que deberá asumir la administración de justicia para virtualizar los procesos, de tal forma, hacer frente a la pandemia del COVID-19

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Por Alejandro Cardoza Ayllón, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), asociado del Área de Litigios y Arbitrajes del Estudio Benites,Vargas & Ugaz Abogados.

La creciente propagación de la COVID-19 en nuestro país ha generado un fuerte impacto en distintos ámbitos de nuestra sociedad y, desde luego, el sistema de administración de justicia no ha sido la excepción. En acatamiento del Estado de Emergencia Nacional e inmovilización social obligatoria decretado por el Gobierno Central[1], el Poder Judicial ha dispuesto la suspensión de sus labores, así como de plazos procesales y administrativos[2].

En ese contexto, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha implementado un conjunto de medidas inéditas que, si bien buscan evitar la paralización total del sistema de administración de justicia durante la presente crisis sanitaria, aportarían de forma significativa a la transición de nuestro sistema de justicia tradicional –y bastante formalista- hacia uno mucho más moderno.

I. ¿Cuáles han sido las principales iniciativas adoptadas por el Poder Judicial?

Una de las primeras medidas adoptadas por el Poder Judicial consistió en la designación y funcionamiento de órganos jurisdiccionales de emergencia en cada sede judicial del país. Para dicho fin, algunas Cortes Superiores de Justicia han implementado la presentación de escritos a través de correos electrónicos.

Asimismo, se ha autorizado a las Cortes Superiores de Justicia donde se tramitan procesos a través del Expediente Judicial Electrónico (EJE) (Lima Centro, Lima Norte, Cajamarca, Puente Piedra – Ventanilla y Tacna), continuar con sus funciones jurisdiccionales mediante la modalidad de trabajo remoto.

Del mismo modo, se ha autorizado a los jueces que no integren los órganos jurisdiccionales de emergencia, el traslado de expedientes físicos para que puedan continuar con sus labores desde sus domicilios. En efecto, varios magistrados de la Corte Superior de Justicia de Lima ya se han acogido a esta medida.

Por otro lado, respecto a la Corte Suprema de Justicia de la República, se ha dispuesto principalmente: i) la continuación de labores jurisdiccionales mediante el uso de medios tecnológicos; ii) la digitalización de expedientes; y, iii) la realización de vistas de calificación de recursos de casación y vistas de causa si las partes no solicitaron el uso de la palabra oportunamente.

Aunado a ello, se ha autorizado el uso de la solución empresarial “Google Hangouts Meet” para las comunicaciones de abogados y litigantes con los jueces y/o administradores de los módulos básicos de justicia y módulos corporativos de las Cortes Superiores de Justicia de todo el país; así como la implementación de la solución de conexión Virtual Private Network (VPN) para que los usuarios jurisdiccionales y administrativos puedan acceder a la información contenida en los equipos de cómputo, de forma remota.

Finalmente, el Poder Judicial ha publicado su plan de reactivación post-aislamiento social obligatorio, por el cual ha dispuesto, entre otras medidas, la realización de audiencias virtuales como regla general, dejando a las audiencias presenciales como una excepción.

II. ¿Cuáles son los principales retos que deberá asumir el sistema de administración de justicia en el Perú?

Sin lugar a dudas, consideramos que las medidas adoptadas por el Poder Judicial efectivamente han impedido que nuestro sistema de justicia se vea totalmente paralizado durante el Estado de Emergencia. Sin embargo, para que dichas iniciativas maximicen su eficiencia y permanezcan más allá de la actual crisis sanitaria, resulta crucial identificar los principales desafíos que surgen –y surgirán- a partir de su implementación.

  • Respecto a la presentación virtual de escritos:

Durante el periodo de aislamiento social obligatorio, se ha habilitado la presentación de escritos ante los órganos jurisdiccionales de emergencia a través de correos electrónicos.

En primer lugar, ello implica un reto para el Poder Judicial que deberá disponer de suficiente personal capacitado para que realice las funciones propias de un funcionario de Mesa de Partes de forma remota. Asimismo, se deberá garantizar, sobre todo en localidades de extrema pobreza de nuestro país, que dicho personal cuente un computador y acceso a internet desde sus hogares.

Por otro lado, para el periodo post-aislamiento social obligatorio, se ha dispuesto que, en los procesos tramitados por Expediente Judicial Electrónico (EJE), sólo se permitirá la presentación de escritos por la Mesa de Partes Electrónica del Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINOE).

Ello podría significar un desafío para los justiciables y abogados litigantes quienes deberán capacitarse sobre cómo funciona la plataforma digital si no la utilizaron con anterioridad. Además, deberán contar con ciertos requerimientos técnicos como lectoras específicas para el DNI electrónico (el mismo que inclusive no ha sido emitido por el RENIEC durante los últimos meses), para poder rubricar los escritos y anexos mediante firma digital.

  • Respecto a la realización de audiencias virtuales:

La realización de audiencias virtuales implicará, en primer lugar, un gran reto para aquellos jueces que han estado acostumbrados durante años –algunos, por décadas- a realizar las audiencias de forma presencial, teniendo a las partes y abogados en su propio despacho y el expediente judicial a la mano para revisarlo durante la diligencia.

Ante este cambio, los magistrados deberán adaptarse a dirigir audiencias frente a una cámara web desde sus casas o despacho judicial, para lo cual se requerirá brindarles una pronta y adecuada capacitación y, además, deberá ponerse en marcha el maratónico proyecto de digitalización de expedientes.

Por otro lado, se deberá procurar que se cumplan con todas las formalidades de ley para llevar a cabo una audiencia no presencial. Para ello, se deberá corroborar la identidad de las partes procesales y sus abogados que “asistan” a la audiencia, asegurarse que la diligencia sea registrada en audio y video y entregar las constancias correspondientes de forma virtual.

Del mismo modo, las audiencias online significarán también un reto para los justiciables y abogados litigantes que no estén familiarizados con las distintas herramientas tecnológicas existentes, lo cual podría agravarse en aquellos casos donde ni siquiera se tenga acceso a internet, lo cual resulta ser frecuente en varios lugares del país.

  • Respecto a la seguridad de la información:

Durante el periodo de aislamiento social, se ha autorizado al personal jurisdiccional y administrativo el acceso a la información contenida en los equipos de cómputo de las sedes judiciales, de forma remota. Ello incluye, para los casos tramitados por Expediente Judicial Electrónico (EJE), tener acceso al expediente digitalizado en su integridad.

Por ello, es sumamente importante que se brinden dichos accesos de forma restringida, identificando a las personas involucradas y, de ser posible, fiscalizar sus labores diarias, sobre todo si ello implica la emisión y/o descarga de resoluciones judiciales, todo ello a fin de evitar la indebida manipulación de la información de los expedientes en un ambiente ajeno a las instalaciones del Poder Judicial.

A modo de conclusión, podemos afirmar que los esfuerzos realizados por el Poder Judicial frente a esta crisis sanitaria, no sólo resultan ser muy positivos, sino que, principalmente, deben significar una valiosa oportunidad para diseñar y establecer un eficiente sistema de administración de justicia para el futuro, para lo cual será vital la participación activa y disposición de todos los actores que participan día a día en la función jurisdiccional.

Fuente de la imagen: Historiando 


[1] El 15 de marzo de 2020, el Poder Ejecutivo dispuso mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM declarar el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario. Luego de algunas prórrogas, por Decreto Supremo N° 075-2020-PCM, el Estado de Emergencia se extendió hasta el 10 de mayo de 2020.

[2] Por Resolución Administrativa N° 115-2020-CE-PJ, se dispuso la suspensión de los plazos judiciales por el plazo de quince (15) días calendario, desde el 16 de marzo de 2020. Luego de algunas prórrogas, por Resolución Administrativa N° 61-2020-P-CE-PJ, la suspensión se extendió hasta el 10 de mayo de 2020. Cabe precisar que, por Resolución Administrativa N° 000129-2020-CE-PJ, del 27 de abril de 2020, se ha dispuesto mantener la suspensión de plazos por siete (7) días calendario luego del levantamiento del aislamiento social obligatorio.

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