Khuska conversó con Pamela Smith, Directora Ejecutiva de Sociedad y Discapacidad (SODIS) y miembro del Centro de Estudios de Filosofía del Derecho y Teoría Constitucional (CEFT), sobre la situación de la salud de las personas con discapacidad frente a la emergencia sanitaria.

Khuska: ¿Qué medidas se han emprendido a favor de la continuidad de los servicios de salud para las personas con discapacidad durante este Estado de Emergencia?

PS: Las medidas tomadas inicialmente por el gobierno en el marco de la emergencia sanitaria no contemplaron obligaciones o acciones específicas para garantizar la continuidad de los servicios de salud para las personas con discapacidad. No se incorporó un enfoque de discapacidad; al respecto, es importante precisar que un gran porcentaje de personas con discapacidad requieren de diferentes servicios tales como terapias físicas, de rehabilitación, de lenguaje, etc; adicionalmente, muchas requieren de un continuo acceso a medicamentos y servicios de salud mental. La provisión de estos servicios de distinta gama no solo es importante porque existe un impacto directo en el estado de salud y el bienestar de las personas con discapacidad; en muchos otros casos, el acceso a este tipo de servicios tiene un impacto en la preparación para su inserción y permanencia educativa, por ejemplo los Programas de Intervención Temprana- PRITES, así como para la adquisición de habilidades para la vida independiente.

Entre las medidas más importantes que se fueron incorporando, podemos señalar: la autorización de salidas terapéuticas para personas con autismo, la Guía Técnica para el Cuidado de la salud mental de la población afectada, familias y comunidad en el contexto del Covid-19, emitida por el Ministerio de Salud; y posteriormente la publicación del Decreto Legislativo N° 1468, Decreto Legislativo que establece disposiciones de prevención y protección para las personas con discapacidad ante la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19.

La Guía Técnica del MINSA —que establece lineamientos para el cuidado de la salud mental de las personas con ‘trastornos mentales graves y/o con discapacidad—  presentó pautas para que las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) implementaran medidas de cuidado de la salud mental de las personas con discapacidad psicosocial y con discapacidad en general. Los lineamientos de esta guía permiten visualizar las principales barreras que en este contexto se oponen al ejercicio del derecho a la salud de las personas con discapacidad, en particular de las personas con discapacidad psicosocial internadas involuntariamente en instituciones “donde corren mayor riesgo de infección”, tal como lo reconoce el propio Ministerio de Salud.

Se estableció, por ejemplo, el acceso a la información, priorizar la continuidad del tratamiento farmacológico o psicoterapéutico de las personas con discapacidad psicosocial; así como incrementar esfuerzos para promover la desinstitucionalización -dado el grave riesgo de contagio- y la detención del uso de intervenciones sin el consentimiento de la persona. Estas medidas se enmarcan en un abordaje de la salud mental compatible con un paradigma de derechos humanos.

Posteriormente el Decreto Legislativo N° 1486, estableció que la prestación de servicio de salud debe darse sin ningún tipo de discriminación en este contexto; y que se debe asegurar la continuidad de servicios de salud incluyendo la atención en materia de salud mental, así como la entrega de de medicamentos.

Este mismo decreto señala la obligación de las entidades que albergan a personas con discapacidad de disponer medidas y tomar acciones específicas para prevenir el contagio; no obstante, se ha conocido que, a la fecha, 50 personas institucionalizadas en el Hospital Larco están contagiadas. Al momento, se desconoce de un plan en específico para evitar la propagación dentro de este establecimiento. La complejidad de la problemática de personas institucionalizadas está asociada a una falta de dispositivos comunitarios -y con un enfoque de derechos humanos- a los que puedan ser trasladadas. Esta no es una necesidad que ha surgido en este contexto, por el contrario, corresponde a una omisión de implementarlos previamente a la pandemia, en el marco de una política de salud mental que apuesta por sustituir la lógica de encierro por una atención basada en derechos humanos y en la comunidad.

Khuska: En los últimos días se ha reportado la escasez de medicamentos en varias zonas del país, ¿Cómo afecta esto a las personas con discapacidad?

En primer lugar, tal como es mencionado en la Guía Técnica del MINSA, para las personas con discapacidad psicosocial, la escasez de medicamentos puede condicionar su salud mental y bienestar al estar vinculados al consumo de estos. De la misma forma, se encuentran seriamente afectadas las personas con otros tipos de discapacidad, que encuentran fuertes barreras para acceder a los sustitutos, a sus medicamentos habituales, o pagar un mayor precio por estos por su insolvencia económica.

El colectivo de personas con discapacidad ha visto sus ingresos severamente afectados por la crisis sanitaria. Según la Encuesta Nacional de Discapacidad (2012), el 76% de la población con discapacidad mayor a 14 años forma parte de la población económicamente inactiva; y, por otra parte, un considerable porcentaje restante realizaba trabajo en condiciones informales. Existe un riesgo latente de que aquellos que se encontraban trabajando, sean removidos de sus puestos laborales en base a su condición.

Khuska: ¿Cuál es el aporte del Decreto Legislativo N° 1468 en este tema?

El Decreto Legislativo, en específico, enfatiza en la obligación de garantizar atención médica y entrega de medicamentos. Sin embargo, se reporta el incumplimiento de esta medida que responde a un sistema de salud colapsado, a un problema de acceso a la información, a la falta de comunicación entre entidades del Estado y la imposibilidad de atender de manera articulada y específica a las personas con discapacidad.

No ha existido claridad sobre la forma en la que se asegura esta continuidad. El servicio de traslado de medicamentos se ha incorporado como una estrategia; sin embargo, el Estado sólo ha procurado esta opción para quienes encuentran asegurados por EsSalud y están inscritos para el Servicio de Atención Domiciliaria PADOMI. El Seguro Integral de Salud (SIS) no cuenta con un servicio de esta naturaleza; sus beneficiarios son personas de escasos recursos que se han visto desprovistos de medicamentos y doblemente impactados por las alzas de precio de los productos.

Khuska: No podemos dejar de mencionar la difícil situación económica que vive el país, teniendo en cuenta ello y que el bono universal no ha incluido a todas las personas con discapacidad o a sus familiares directos, ¿Considera que debería existir un bono específico u otro apoyo económico para el colectivo?

Definitivamente. Hay problemas estructurales que son anteriores a la pandemia en la esfera previsional; las ayudas económicas dictadas en este escenario no han beneficiado al colectivo de personas con discapacidad por múltiples razones: a) existen graves deficiencias en la recolección de información en materia de discapacidad tanto a nivel local como nacional, b) los mecanismos usados para priorizar la asignación del bono, como la calificación SISFOH, no incluyen un indicador específico sobre la situación de discapacidad; es decir, la pobreza se mide disociada de la condición de discapacidad pese a que existe evidencia de que las familias que tienen un miembro en esta situación tienen más posibilidades de encontrarse en una situación de pobreza, c) otro tipo de subvenciones como las del programa CONTIGO (que atiende a personas con discapacidad “severa” en situación de pobreza) alcanzan a un número bastante limitado de beneficiarios por la complejidad de los requisitos y problemas de calificación.

Por otro lado, las medidas de protección social en nuestro país tienden a desincentivar el empleo y por ende colocan a las personas con discapacidad en la disyuntiva “perversa” de optar por un empleo o acceder a un beneficio social. Considerando las graves barreras que enfrenta el colectivo —como resultado de una sociedad construida de espalda a sus necesidades— las medidas de protección social deben buscar cubrir los sobrecostos asociados a la discapacidad que incluyen transporte, salud, rehabilitación, asistencia personal, dispositivos tecnológicos, etc.

De esta forma se está perpetuando un ciclo que conduce a la exclusión sistemática de las personas con discapacidad de una participación económica y en sociedad. La falta de acceso a servicios de salud, los altos índices de exclusión y deserción educativa explican la falta de oportunidades para acceder al empleo; al no generarse ingresos económicos, estas personas, eventualmente, necesitarán de alguna subvención para subsistir. Este ciclo adquiere impulso en otros factores como la falta de accesibilidad del entorno, el prejuicio social arraigado y la limitada implementación de la legislación y la política pública en la materia.

Por lo expuesto, es necesario que se entregue una subvención económica para el colectivo que responda a la lógica planteada anteriormente, priorizando cubrir los costos en que incurre el colectivo en lugar de probar constantemente “la severidad” de la condición y su “imposibilidad de generar ingresos”.

Khuska: Finalmente, atendiendo el contexto actual, ¿Cuáles son los desafíos pendientes en materia de salud para las personas con discapacidad?

En principio, existe un problema de acceso y cobertura de los servicios de salud, según la ENEDIS 2012, un 40% de personas con discapacidad no accedía a ningún tipo de seguro de salud. El factor económico condiciona en gran medida el desarrollo de la salud de este colectivo, la misma encuesta reporta que alrededor del 35% no acude a establecimientos de salud por falta de dinero; problemática se verá agudizada en un contexto post-pandemia. Por otro lado, la discusión sobre cuestiones relativas a la salud mental vienen adquiriendo mayor importancia; en ese sentido, se requiere el fortalecimiento de la política de salud mental. Si bien se registran algunos logros, el abandono del paradigma biomédico de la salud mental por un abordaje de derechos humanos debe incorporarse a todo nivel: en el funcionamiento de los centros de salud mental comunitarios, en la creación de dispositivos de externación y para abrir paso a medidas no coercitivas en el ámbito de la salud mental. El encierro —particularmente prolongado al que han sido sometidas históricamente las personas con discapacidad—  genera profundos daños. Ahora que hemos sido mínimamente interpelados por él, nos corresponde ser partícipes de un proceso social que conduzca a establecer estructuras más justas donde las diferencias, incluída la condición de discapacidad, sean reconocidas propiamente en las políticas públicas.

Fuente de la imagen: ILO

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