Por Sebastián Pepper, estudiante de Derecho de la PUCP y miembro del programa de desarrollo social de Themis, Khuska

Introducción:

En abril del presente año, el Tribunal Constitucional alemán dictaminó que sus ciudadanos/as tienen derecho a manifestarse en tiempos de pandemia. Esto ocurrió debido a la prohibición de una protesta a manos de grupos activistas prodemócratas en Giessen (Hesse) bajo la consigna “Fortalecer la salud en lugar de debilitar los derechos fundamentales. Protección contra los virus, no contra las personas”. A raíz de ello, el TC alemán invocó que el respeto al derecho a la reunión no puede ser violado en este contexto ya que forma parte del bloque de derechos que se reconocen en su constitución.[1]

Si bien reconocen que el derecho a la protesta se mantiene vigente durante la pandemia, también acotaron que este debe respetar las reglas de distanciamiento ya presentes. Ahora bien, ¿es esto materialmente posible en una protesta? ¿puede realmente desplegarse este derecho bajo dichas condiciones? Estas cuestiones serán abordadas en el presente artículo, además de recalcar la importancia del derecho a la protesta, la necesidad de su carácter disruptivo en la “toma” del espacio público y su estrecha relación con el derecho a la memoria.

El derecho a la protesta en el marco de la CIDH

El derecho a la protesta no solo debe entenderse como una forma de libertad de expresión, sino como uno que lleva consigo una serie de obligaciones que los gobiernos deben respetar para que se despliegue de forma satisfactoria. Entre ellos está el participar en protesta sin autorización previa, el derecho a elegir el contenido, mensaje, lugar, tiempo y modo de la protesta. Nos detendremos, a efectos de este artículo, a desarrollar el primero y el último.

Sobre la notificación de la protesta, hacia quien le corresponda, es importante recalcar lo que menciona la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre que la falta de la misma “no debe motivar la disolución de la reunión, ni la imposición a sus organizadores, líderes o sus asociaciones de sanciones penales o administrativas como el pago de multas o la privación de libertad” (2019: 28)[2]. Ello debe ir en consonancia con la eliminación de la burocratización del derecho a la protesta en la medida que este proceso solo crea barreras que, lejos de garantizar el derecho a la libertad de expresión y que se concrete el derecho a la reunión, funcionan como mecanismo disuasivo de esta.

Sin lugar a dudas, el punto más controvertido es el referente al modo. Si bien se dispone que existen limitaciones en cuanto a la manera en que se desarrollan las protestas, (carácter pacífico) estas no deben invocarse para permitir que se restrinja arbitraria y permanentemente nuestro derecho de manifestación y reunión. Las protestas tienen un carácter disruptivo que afecta el entorno en que se desarrollan y no por ello deben ser criminalizadas ya que, “este tipo de alteraciones son parte de la mecánica de una sociedad plural, donde conviven intereses diversos, muchas veces contradictorios y que deben encontrar los espacios y canales mediante los cuales expresarse” (2019: 34)[3]. Las protestas rompen con el funcionamiento rutinario del día a día como una vía para reivindicar derechos, alzar las voces y ser escuchados/as; así “la CIDH ha destacado que, en democracia, los Estados deben actuar sobre la base de la licitud de las protestas o manifestaciones públicas y bajo el supuesto de que no constituyen una amenaza al orden público (2019: 35)[4].”

Al reconocer el carácter disruptivo inherente de las protestas también es necesario caer en la cuenta del deber que tienen los Estados de no criminalizar a los líderes, las lideresas y participantes de la misma. Este deber surge debido a que “la aplicación del derecho penal frente a conductas de los participantes en una manifestación constituye una restricción grave y con serias consecuencias para la libertad de expresión, y los derechos de reunión, asociación y participación política” (2019: 64)[5]. La criminalización de la protesta, de sus dirigentes y de quienes se suman a ella no es más que una herramienta para la desarticulación política y la deslegitimación de mensajes que buscan la reivindicación de poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Así, no es solo pertinente entender la criminalización desde un punto de vista jurídico, sino como un discurso en sí mismo que, además de lo ya mencionado, termina por sembrar antipatía en quienes no participan de estas movilizaciones. Es por eso que el uso del derecho penal en contextos de protesta debe ser utilizado solo de forma excepcional y bajo extremo escrutinio. Razones por las cuales esto último no se respeta se debe, por ejemplo, a la aplicación en extremo formal y extensiva del derecho penal, la creación de figuras penales amplias que violan principio de taxatividad y legalidad, la persistencia de las detenciones arbitrarias y la estigmatización de las protestas por parte de autoridades políticas.

Sobre la toma del espacio público: el poder de reunión.

Líneas más arriba se hizo hincapié en el poder disruptivo de las protestas, el cual está estrechamente relacionado con la concepción de la “toma” del espacio público y la acción política que la motiva. Sobre esto, Sevilla-Buitrago comenta que “la nueva acción política rompe el lazo legitimador que el espacio público, en su función de teatro cívico, proporciona al orden establecido. Pero es importante tener en cuenta que lo hace en su mismo seno y fuertemente condicionada por él” (2014: 2011)[6]. Las protestas rompen con la cotidianidad y generan un efecto desestabilizador en el espacio justamente para poner en jaque la configuración del poder hegemónico que se ha apropiado por completo del mismo. Estamos pues frente a una dialéctica sobre la reconstrucción de lo público mediante el poder de reunión pues “debemos entender la acción política no sólo como una lucha en el espacio, sino también como una lucha por y con el espacio, una lucha por la reapropiación de las capacidades, destrezas y capitales sociales para organizarlo” (2014: 210)[7]. Organizar nuevamente el espacio público de manera que, quien esté al mando, no sea el poder hegemónico que discrimina, persigue y mata.

Cuando hablamos de la “toma” del espacio público, no necesariamente nos referimos a situarse en él y apropiarse del mismo, sino, reconstruirlo desde sus cimientos. Esta visión parte desde el hecho de que “no hay” propiamente un espacio público para todos/as en el sentido que es una ficción ya que no se vive de forma segura en él. En otras palabras, no existe un espacio público para la comunidad afroamericana, no existe un espacio como tal para las mujeres, para las comunidades indígenas y toda población en situación de vulnerabilidad. Hoy por hoy, el espacio público sigue siendo de quienes ostentan el poder hegemónico. Sinónimo de ello es cualquier tipo de represión frente a lo que para los grupos hegemónicos no es lo “normal”.  Tal como afirma Di Pego, citando a Arendt:

“Por un lado, y tal como lo reconoce Arendt, la revolución constituye un caso paradigmático de la política en la modernidad, pero por otro, esta política no supone un espacio público dado de antemano sino la lucha por la constitución de un espacio público que incorpore a sectores de la sociedad excluidos hasta ese momento del ámbito público. En este sentido, la política tal como aparece con las revoluciones se encuentra más vinculada con el poder de reunión que con el poder comunicativo.” – (2006: 114)[8]

Las protestas cumplen su rol disruptivo cuando se toma un espacio que de facto no es de quienes injustamente se ven privados del mismo. Porque si en efecto lo fuera, no sentirían temor por salir a las calles, la exclusión no los apartaría y la muerte no los perseguiría. Solo en la medida que se luche por la constitución de un nuevo espacio público que incorpore a quienes son excluidos, es que estaremos frente, poco a poco, a una sociedad más justa. No estamos frente a una simple manifestación de desobediencia civil, sino frente a la necesidad de una verdadera revolución que implante un nuevo orden. No es una revolución de ayer, sino que data de siglos. Si bien Arendt usa la palabra revolución para referirse a procesos histórico-políticos como la revolución rusa o cubana, ¿por qué no pensar, por ejemplo, que la lucha contra el racismo puede ser también concebida como una revolución? La pregunta se puede orientar si repensamos que:

“Las revoluciones constituyen uno de los excepcionales momentos de aparición de la política en la modernidad, una política que supone tanto el poder de reunión y la lucha por la ampliación del espacio público como la libertad de configurar una realidad completamente nueva. En el concepto de revolución, entonces, conviven la violencia y la máxima realización de la política, es decir, que en la época moderna, la violencia y la política suelen hacer su aparición en estrecha vinculación. Y no sólo esto, sino que la violencia misma, en la medida que implica el final de una forma de gobierno, ha constituido la condición de posibilidad de aparición de la política y de la libertad.” (Di Pego 2006: 116)[9]

Un diálogo entre el derecho a la memoria y a la protesta:

La preocupación de Hannah Arendt sobre la preservación del recuerdo es genuina. Para ella, el peligro de olvidar nos amenaza constantemente y el hecho mismo de olvidar se traduce en la pérdida de la profundidad que debería caracterizar a la existencia humana. Para Arendt, la profundidad del ser humano no puede ser alcanzada sino mediante la memoria.[10] De esa forma, nosotros/as nos llenamos de contenido, no solo a través de la construcción diaria y procesos de socialización, sino comprendiendo que estos se ven condicionados por un pasado del cual se nos es imposible ser ajeno/a. No estamos solo frente a un orden de hechos que debemos sistematizar cronológicamente de forma irreflexiva, sino que estos nos habilitan el poder realizar interpretaciones colectivas de lo que hoy acontece. Tal como menciona Straehle:

“Para Arendt, sin la memoria ni el recuerdo, las obras de los seres humanos, con mayor razón esos hechos que califica como lo más perecedero en la tierra, se encuentran condenadas a su pronta caducidad. Es menester recordar que la memoria no concuerda con una postura de sumisión o con una recepción pasiva de lo acontecido y lo transmitido, sino que se caracteriza por la posesión de cierto componente activo y transformador. […] La memoria exige por definición que haya un acto de participación por el cual los habitantes del mundo se dotan de una vía de acceso desde la que enraizarse en éste y continuar con su ulterior desarrollo.” (2016: 103)[11]

De esta forma, podemos interpretar que el derecho a la memoria rescata de lo efímero a la existencia humana. Y no solo eso, sino que el recuerdo es uno de los motores primordiales que permiten desplegar el derecho a la protesta. Motivan la acción política que se concreta en salir a reconstruir el espacio público libre de discriminación, injusticia y violencia. Así, el recuerdo de George, Breonna, Stephon, Terence, Sandra, Walter, Tamir, y todos/as quienes fueron asesinados/as o violentados/as por el racismo, no puede apartarse de nuestras memorias. El recordar que más de un millón de peruanos/as han sufrido discriminación[12], el que 8 de cada 10 peruanos/as afirmen que “la discriminación ocurre todo el tiempo y nadie hace nada”[13]; el invocar continuamente que vivimos en un país que se caracteriza por la jerarquización de las diferencias deben ser cuestiones que no nos pueden ser ajenas.[14] No podemos separar el derecho a la protesta del derecho a la memoria. Cabe entonces replantearse lo dispuesto por el TC alemán ¿Seguimos hablando de un derecho a la protesta si restringimos su efecto disruptivo y el poder que tienen en la construcción de un nuevo espacio público?


[1] Carbajosa, A. (16 de abril del 2020). El Constitucional alemán defiende el derecho de manifestación, también en tiempos de pandemia. El país. Recuperado de: https://elpais.com/internacional/2020-04-16/el-constitucional-aleman-defiende-el-derecho-de-manifestacion-tambien-en-tiempos-de-pandemia.html

[2] Relatoría Especial para la Liberta de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2019). Protesta y Derechos Humanos: Estándares sobre los derechos involucrados en la protesta social y las obligaciones que deben guiar la respuesta estatal. Recuperado de: https://www.oas.org/es/cidh/expresion/publicaciones/ProtestayDerechosHumanos.pdf

[3] Ídem

[4] Ídem

[5] Ídem

[6] Sevilla-Buitrago, A. (2014). Espacio público y protesta ciudadana: reflexiones sobre la espacialidad del 15M. Madrid Se Mueve, 8, 207-218.

[7] Ídem

[8] Di Pego, A. (2006). Poder, Violencia Y Revolución en los escritos de Hannah Arendt. Algunas notas para repensar la política. Nueva Época: revistas UNAM, 19 (52), 101-122.

[9] Di Pego, A. (2006). Poder, Violencia Y Revolución en los escritos de Hannah Arendt. Algunas notas para repensar la política. Nueva Época: revistas UNAM, 19 (52), 101-122.

[10] Fontánez, E. (2017). El Derecho y lo Político en el pensamiento de Hannah Arendt (tesis doctoral). Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, España.

[11] Straehle, E. (2016). Hannah Arendt: Una lectura desde la autoridad (tesis doctoral). Universitat de Barcelona, Barcelona, España.

[12] Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2015). Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2015. Recuperado de: https://webinei.inei.gob.pe/anda_inei/index.php/catalog/276

[13] Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (2013). Derechos Humanos para Todos. Recuperado de: https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2014/01/OGIC-dic.pdf

[14] Más información: https://alertacontraelracismo.pe/articulos/discriminacion-etnico-racial-en-el-peru

Fuente de Imagen: ABC.es

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