Por Alejandra Aquije, estudiante de la Facultad de Derecho de la PUCP y miembro del programa de desarrollo social de THĒMIS, Khuska.

1. Introducción

Durante la primera mitad del 2020 y en plena pandemia por el COVID-19, fuimos testigos de diferentes casos de violencia policial y abuso de poder en diferentes países alrededor del mundo. A finales de mayo, el asesinato de George Floyd se convirtió en noticia internacional, difundiéndose a través de medios de comunicación y redes sociales. El video que capturó la escena graficaba un grado de crueldad tal, que impactó a una multitud de personas y motivó protestas masivas en muestra de rechazo. ¿Por qué? Debido a que este no fue un crimen común, sino que fue una manifestación más de la violencia racista institucionalizada en EE.UU., que legitima el abuso de poder ejercido por las fuerzas del orden. Y es que la problemática es de tal magnitud, que los/as afroamericanos/as tienen tres veces más posibilidades de ser asesinados/as por un policía que las personas de piel clara [1].

Sin embargo, si bien este problema social afecta principalmente a poblaciones en situación de vulnerabilidad (como lo son los/as afroamericanos/as), este corresponde además a la brutalidad policiaca generalizada en EE.UU. Es por ello que, en el presente artículo, analizaré algunos aspectos a tomar en cuenta para entender las causas de este tipo de violencia institucionalizada, realizaré un breve análisis en paralelo con la situación del Perú en la época de cuarentena en relación a los casos de abuso de autoridad y a la polémica Ley de Protección Policial.

2. Violencia policial en Estados Unidos

De acuerdo a los datos recolectados por la ONG “Mapping Police Violence”, en el 2019, un total de 1099 personas murieron bajo custodia policial (24% del total fueron afroamericanos/as) [2]. Asimismo, en lo que va del 2020, 598 personas murieron a mano de las fuerzas policiales en dicho país [1].

En ese sentido, luego de que se hiciera público el video del momento en el que Derek Chauvin asesinaba a George Floyd, se difundieron los antecedentes y las denuncias que existían contra el ahora ex agente policial. Es así que, entre los casos de violencia en los que Chauvin participó, se destaca que fue uno de los seis oficiales involucrados en el tiroteo que acabó con la muerte de Wayne Reyes en 2006 y que, en 2011, fue suspendido temporalmente tras responder a una emergencia en la que Leroy Martínez (23 años) recibió disparos por huir del lugar donde había ocurrido un tiroteo [3]. Asimismo, Chauvin tenía 18 quejas anteriores presentadas en su contra ante los Asuntos Internos del Departamento de Policía de Minneapolis, de las cuales únicamente dos[1] [HL2] culminaron con la toma de medidas disciplinarias [4].

Entonces, cabe preguntarnos ¿cómo es posible que un agente de policía con tales antecedentes y con 18 quejas presentadas en su contra pudiera continuar en su cargo, y además se le permita seguir ejerciendo violencia con total impunidad? Algunas de las respuestas que surgieron en medio de este debate apuntan a que estos son casos aislados, mencionando que quienes los cometen son “manzanas podridas”, “locos/as”, “infiltrados en las instituciones”, tales como Derek Chauvin y muchos como él. No obstante, ¿estos sucesos realmente califican como casos excepcionales? o ¿es que acaso son las mismas estructuras de instituciones de naturaleza represiva –como la policial–  las que permiten y promueven la violencia de manera integral?

De acuerdo a lo señalado por Philip Zimbardo, en relación a la teoría del “efecto Lucifer”, no se trataría de unas cuantas “manzanas podridas” o de casos aislados, sino que, tal vez, sea la “cesta que contiene esas manzanas” la que está podrida, es decir, el sistema que las condiciona [5]. En ese sentido, en tanto el poder en nuestra sociedad se encuentra implementado a través de estructuras sociales, políticas, económicas y legales, es necesario entender de qué forma esto origina contextos situacionales en los que se promueve y avala la violencia en las instituciones policiales. Igualmente, la deshumanización del otro, falta de fiscalización, y el sentimiento de impunidad y poder ilimitado juegan un rol fundamental al guiar el accionar de los/as agentes. Al respecto se pronunció James Nolan, profesor de Sociología y Antropología de la Universidad de Virginia Occidental, y ex agente de policía estadounidense, quien comentó lo siguiente:

“En la academia, la policía es entrenada para jugar al juego policial: ser agresivos, ir a comunidades y encerrar a los malos. Da la imagen de ser una especie de órgano que vela por encerrar a personas en la cárcel. Pero esa manera de proceder crea violencia. En estos casos, la violencia no es creada por las comunidades sino por la policía.” [6]

En la misma línea, ser un/a agente violento/a y agresivo/a es lo que se esperaría de ellos/as como policías, características promovidas mediante un discurso punitivo y represivo frente a la otredad del “criminal”. Si bien la violencia debería ser una alerta para excluir a agentes que son potencialmente peligrosos/as para la comunidad, muchos de esos casos son procesados como asuntos meramente internos o terminan siendo archivados por falta de pruebas [6].

Esta impunidad de los/as agentes de policía respondería a diversas normas formales e informales que blindan su accionar. Una de estas es la “inmunidad calificada”, una institución jurídica incorporada en el ordenamiento estadounidense en 1967 por la Corte Suprema (en medio de la lucha por los derechos civiles) y que exime de responsabilidad a el/la empleado/a público/a por actos realizados en el ejercicio de sus funciones, excepto cuando se viole la ley federal o un derecho constitucional. Sin embargo, para que esta excepción se [HL3] aplique en la práctica, se exigiría que exista jurisprudencia donde se haya sancionado por los mismos hechos dentro de una misma jurisdicción, de no ser así, quien haya cometido los actos quedaría impune [7]. Por otro lado, están las prácticas informales como el llamado “muro azul del silencio”, entendido como un código entre agentes policiales enquistado en la cultura de la institución, el cual promueve y permite el blindaje mutuo entre compañeros/as, ocasionando investigaciones deficientes [8].

A pesar de todo lo mencionado, a finales de junio y como respuesta a la convulsión social generada por el asesinato de George Floyd, la Cámara de representantes -de mayoría demócrata- aprobó el proyecto de la Ley de Justicia en las Tácticas Policiales como un plan de reforma integral de la institución policial de Estados Unidos. Mediante dicho proyecto se propuso, entre otras medidas, forzar a la policía federal a usar cámaras corporales y en los vehículos, prohibir las técnicas de estrangulamiento (lo que desembocó en el asesinato de George Floyd) y eliminar las órdenes de allanamiento de vivienda sin llamar a la puerta (utilizado en el asesinato de la afroamericana Breonna Taylor) [9].

3. Violencia por parte de las fuerzas del orden en Perú en el contexto del Estado de emergencia

En las primeras semanas de cuarentena en nuestro país, se denunciaron diversos casos de violencia en contra de las personas que incumplían la cuarentena. Uno de los más controvertidos, en su momento, fue el caso del militar que le propinó cachetadas a un joven que se encontraba detenido. Lamentablemente, a medida que transcurrieron las semanas, más y más casos salieron a la luz, entre ellos, intervenciones arbitrarias en viviendas, violencia y discriminación en contra de la comunidad LGTBQ+, la desaparición de Wilber Carcausto y el fallecimiento de Ananías Casavilca en medio de extrañas circunstancias.

En este contexto, el 28 de marzo se publicó en El Peruano la Ley de Protección Policial, mediante la cual se derogó el principio de proporcionalidad, anteriormente recogido en el artículo 4 inciso 1 C del Decreto Legislativo N° 1186, y que se constituía como un límite al uso de la fuerza por parte de la PNP. Además, se generó un fuerte debate en torno a otro cambio introducido por esta nueva Ley que prohibió el dictado de prisión preventiva para los miembros de las fuerzas policiales. Se señaló que aquella modificación implica una vulneración a la independencia del Poder Judicial y el Ministerio Público[10]. Al respecto se pronunciaron diversas organizaciones civiles, la Defensoría del Pueblo, la CIDH y la ONU DD.HH, pues, a pesar de no constituir una excusa para desconocer la vinculatoriedad de la normativa constitucional e internacional, significó un retroceso en la protección de los derechos constitucionales de peruanos/as (especialmente dentro de un contexto de estado de emergencia). Estos hechos fueron especialmente preocupantes debido a la histórica fragilidad democrática que ha existido en nuestro país. Este 2020[4]cumpliremos finalmente 20 años de democracia ininterrumpida,[5]aunque aquello no signifique que ya no existan costumbres y prácticas contrarias a los derechos protegidos dentro de un Estado constitucional de derecho. [6]

Como fue mencionado, los casos de abuso por parte de autoridades policiales o militares no pueden ser analizados únicamente como sucesos aislados, sino deben entenderse en relación a las instituciones en las que se forman los/as agentes del orden, el contexto situacional en el que son colocados/as y el rol asignado socioculturalmente. Asimismo, es importante reconocer que este accionar guarda estrecha relación con el discurso bélico y de “mano dura” promovido y legitimado por toda clase de funcionarios/as públicos/as, inclusive por el mismo Presidente de la República durante sus conferencias de prensa.

4. Conclusiones

Para concluir, durante los últimos años –y, en específico, durante la pandemia por COVID-19– se ha dejado al descubierto los abusos legitimados por los Estados con un enfoque represivo para el control de su sociedad civil. Así, en EE.UU, en Perú y en diversos países alrededor del mundo, es necesaria una reforma integral de las fuerzas del orden. En ese sentido, se deben implementar nuevos regímenes de entrenamiento y formación de los/as agentes, concientización frente a problemas sociales, así como incentivar una mayor responsabilidad y fiscalización a su accionar diario. De lo contrario, en la práctica, continuarán oprimiendo y violentando a los/as miembros de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad social (tal es el ejemplo de lo ocurrido en Perú con los abusos de mujeres trans durante la cuarentena). No obstante, los procesos de reforma deben ir acompañados de un cuestionamiento más profundo a la naturaleza misma de estas instituciones y dirigir el debate a sobre cuál es el rol que deben cumplir en la sociedad actual [11].

Específicamente en el Perú, debemos reflexionar acerca del verdadero rol que deben cumplir las fuerzas del orden, tanto la PNP como las FFAA. Sobre ello, el artículo 1 de nuestra Constitución ampara la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad como el fin supremo de la sociedad y el Estado peruano. En concordancia con este precepto constitucional, la autoridad existe justamente por la legitimidad que, como ciudadanos/as, les otorgamos, sin que esto implique abusos de ninguna clase o violencia injustificada. De acuerdo con el artículo citado de la Constitución, el Estado, a través de las fuerzas del orden, también tiene el deber de garantizar, respetar y promover el ejercicio de nuestros derechos fundamentales sin injerencias arbitrarias, y acorde al sistema internacional del que Perú forma parte. Además, esta clase de abusos afecta especialmente a aquellos grupos históricamente excluidos que se encuentran más expuestos a ser víctimas debido a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. En ese sentido, exigir garantías eficaces y de fiscalización a las fuerzas del orden, así como repensar y reformar nuestras instituciones, es una tarea pendiente para lograr que su accionar sea acorde a los valores de una sociedad democrática.


  1. Bibliografía

(1) Mapping Police Violence

(2) 4 cifras que muestran el racismo estructural en Estados Unidos

(3)Los antecedentes de Derek Chauvin, principal responsable de la muerte de George Floyd

(4)El agente que se arrodilló sobre el cuello de George Floyd ya tenía 18 quejas anteriores en su contra, dice el departamento de policía

(5)https://www.ted.com/talks/philip_zimbardo_the_psychology_of_evil/transcript?language=es#t-24413

(6)«Ser un policía violento y agresivo es la norma en EEUU., es lo que se espera de ti como agente policial»

(7)Contra la impunidad policial en EEUU

(8)https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52922065?fbclid=IwAR3ylGBtOu8w25AgbZB51NoQXuV7tj9SmQpQg-y0m4h2GZzwQd4gMVIgLmw

(9)La ambiciosa reforma contra los abusos de la policía que aprobó la Cámara de Representantes de EE.UU. (y por qué es poco probable que acabe en ley)

(10)Cuarentena en Perú: la Defensoría del Pueblo y la CIDH contra la ley que permite a la policía el uso de armas

(11) Vitale, A (2017) The End of Policing.

Fuente de la imagen: Wired UK

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