Entrevista realizada a Héctor Rojas, magíster en Derecho por la PUCP y docente en la Facultad de Derecho de la misma casa de estudios

En esta oportunidad, Kathia Martínez, miembro del Consejo Editorial de Enfoque Derecho, conversó con Héctor Rojas, magíster en Derecho por la PUCP y docente en la Facultad de Derecho de la misma casa de estudios, acerca de las multas como forma de sanción tanto en el derecho penal como en el derecho administrativo sancionador.

HR: Agradezco muy especialmente la invitación que me hace Enfoque Derecho para contestar a sus interrogantes sobre un tema que me apasiona. Debo advertir que el desarrollo de cada pregunta puede resultar muy complejo y, por ello, me voy a limitar a responder lo esencial, con el fin de no desviarme con asuntos que superan el objetivo de cada pregunta.

ED: ¿Cuál es la diferencia entre una multa dentro del derecho penal y en derecho administrativo?

HR: Esta respuesta debe darse en dos pasos. En primer lugar, se debe definir qué es la multa como fenómeno jurídico y, con ello, en segundo lugar, podremos analizar si la multa juega un papel distinto en el derecho penal (DP) y en el derecho administrativo sancionador (DAS)[1].

En cuanto a su definición, la multa es una sanción o castigo que se desencadena como consecuencia de haber incurrido en una infracción. El castigo consiste en afectar al patrimonio del sancionado. Para graficarlo con algo más de claridad, así como en la pena de cárcel se castiga al sancionado privándolo de su libertad, en la multa se castiga al individuo privándolo de una parte de su patrimonio. La multa nada tiene que ver, por ejemplo, con el daño patrimonial que genera el acto ilícito, es distinta de los aspectos civiles u otros que puedan devenir del acto ilícito.

Ello no solo sucede así en el Derecho Penal (DP). En el Derecho Administrativo Sancionador (DAS) la multa cumple el mismo rol de castigo devenido de la realización de una infracción.

En el DP las multas están asociadas a algunos delitos (no todos la prevén) y se calculan en función del ingreso promedio diario del condenado (día-multa; art. 41CP). Históricamente, la multa no fue un castigo penal protagónico. En el actual Código Penal (CP) el caso más extremadamente alto, se preveía de manera excepcional la sanción ascendente a 1500 días multa en los delitos ambientales (305CP). No obstante, este panorama ha cambiado al reconocerse la responsabilidad de las personas jurídicas, respecto de quienes las multas pueden llegar a 10,000 UIT (Art. 5 y 7 de la Ley N.° 30424)[2].

Las multas en el DAS, en cambio, sí son la sanción protagónica. En este ámbito, la estrategia de desincentivo de la infracción se basa en que la amenaza de castigo patrimonial es suficientemente intensa como para que la persona se vea persuadida de respetar la normatividad administrativa[3].

En un resumen que corre el riesgo de simplificar excesivamente algo muy complejo: la multa penal y la del DAS se diferencian en que la multa penal la aplica el juez penal, como consecuencia de una infracción penal, y la multa del DAS proviene de una infracción prevista en el DAS y se aplica por la Administración (mediante un tipo especial de procedimiento que se denomina procedimiento administrativo sancionador).

La ubicación sistemática de ambas reacciones sancionadoras (castigos) conlleva una serie de diferencias en cuanto a sus fines y funciones dentro del ordenamiento jurídico, pues la sanción penal y la del DAS no están sujetas del mismo modo a los límites del ius puniendi (ejemplos claros: el denominado fin resocializador; 139.22 Const.; o la garantía jurisdiccional: 139.10 Const.)

ED: ¿Una multa dentro del derecho penal puede ser más costosa que una en el derecho administrativo?

HR: Esto es plenamente posible y también a la inversa: una multa en el DAS puede ser más costosa que una multa penal. Ello depende de varios factores que se pueden resumir en dos:

  1. La cuantía prevista legalmente para cada infracción. En el DP ya indiqué en mi respuesta anterior qué tratamiento le da el CP a la multa en nuestra legislación. En el DAS, tendremos que ver cuáles son los topes que fija el legislador en cada ámbito sujeto a la potestad sancionadora (sistema financiero, libre competencia, pesquería, tránsito, y un largo etc.).
  2. Tanto en el DP (Art. 45CP y sig.) cuanto en el DAS (Art. 248.3 TUO LPAG) existen criterios de individualización de la sanción que permiten adecuar la sanción impuesta al principio de proporcionalidad de la sanción. De modo que, luego de individualizar el monto de la multa, en función de los factores que se prevén en cada ámbito, se puede analizar si, en concreto, una multa penal puede ser menor o mayor que una aplicada por la Administración (DAS).

ED: ¿Son las multas una forma de sanción eficaz? ¿En qué ámbito del derecho es más eficaz su aplicación (administrativo o penal)?

HR: La eficacia o ineficacia de una sanción penal (cárcel, multa, o la que sea) es un efecto medible que se debe estudiar con seriedad, pues no basta con prever el castigo en la norma, sino que se debe analizar su utilidad práctica y los efectos que genera en el sancionado.

Lamentablemente, en el Perú no se suelen hacer estudios sobre la eficacia de las normas jurídicas sancionadoras. La hipertrofia de nuestro sistema penitenciario da cuenta de ello. Por tanto, es muy difícil saber el nivel de eficacia que tiene o puede tener una multa aplicándola a determinado ámbito. Lo mismo ocurre con el DAS. Por ello, repito, soy partidario de que las ramas que componen el ius puniendi del Estado respondan a una única política criminal que permita, justamente, organizar la reacción sancionadora, hacerla más racional y orientada a resultados. En definitiva, hay que abandonar la idea de que el castigo desincentiva.

En efecto, nuestro legislador cae recurrentemente en el error de creer que con establecer multas altas o elevar considerablemente las que ya existen, conlleva automáticamente a que los ámbitos reforzados por la legislación penal o el DAS se vuelven automáticamente eficaces. Si esto fuera así, no tendríamos tráfico en Lima o se estaría respetando la cuarentena, por citar dos ejemplos evidentes. El solo establecimiento de sanciones o su aumento sin una evaluación técnica y una estrategia clara, no es útil como desincentivo al infractor.


[1] Cuando se me pregunta por las multas u otras sanciones en el “derecho administrativo”, hago la precisión de que, en efecto, la Administración impone sanciones en ejercicio de una potestad sancionadora que tiene delegada; pero, a pesar de ello, dichas sanciones no son manifestaciones o fenómenos pertenecientes al Derecho Administrativo, sino al ius puniendi. Esta aclaración tiene como trasfondo que Derecho Administrativo Sancionador no es una tipología, subclase o desagregado del Derecho Administrativo, sino un derecho material que pertenece a una familia jurídica muy diferente al Derecho Administrativo, denominada ius puniendi. Véase al respecto mi trabajo: Rojas Rodríguez, Héctor Fidel. Fundamentos del Derecho Administrativo Sancionador. Lima, Pacífico, 2015.

[2] La Ley N.° 30424 regula la responsabilidad administrativa de la persona jurídica. No obstante, en el Perú se ha entendido que esta denominación hace referencia a una responsabilidad de carácter penal. Una lectura de dicha norma bajo esos parámetros (entendiendo que allí donde dice “administrativo” debe leerse “penal”) solo es entendible bajo una visión centralista del derecho penal que lo supone como el único fenómeno sancionador en el que se necesita regular criterios de imputación de responsabilidad. Esta visión debe superarse. En rigor, la regulación de responsabilidad “administrativa” de la persona jurídica implica la creación de criterios de imputación de responsabilidad de la persona jurídica en el derecho administrativo sancionador. La responsabilidad penal no se puede “entender” o “suponer” allí donde la ley nada dice al respecto, bajo riesgo de quebrantarse la prohibición de analogía.

[3] El derecho administrativo sancionador es una rama del ius puniendi que se caracteriza por reforzar ámbitos de regulación encargados a la Administración. “Reforzar” implica dotar de eficacia. El Ordenamiento jurídico Administrativo necesita de un reforzamiento (DAS) para que sus normas sean respetadas por los ciudadanos bajo la amenaza (o la persuasión, en palabras de Jescheck) de sanción. Todo reforzamiento debe regirse por una estrategia de desincentivo de la comisión de infracciones. A mi juicio, esta estrategia debe ser estudiada y planificada desde la política criminal del Estado.

Fuente de imagen: Auto10.com 

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