Reforma Eléctrica en marcha

"La experiencia nos ha enseñado que plantear soluciones (intervenciones) de corto plazo o de forma aislada suele agravar las distorsiones existentes; legislar “para el momento” no es una buena receta".

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Por Alvaro Klauer D’Acunha, abogado Máster en Derecho de la Energía y Política Energética por el Centre for Energy, Petroleum and Mineral Law and Policy – University of Dundee, y asociado del Área Regulatoria del Estudio Rodrigo, Elias & Medrano.

El proceso de reforma del sector eléctrico en curso cumple un año, motivo por el cual es oportuno realizar un breve balance sobre el desarrollo de sus funciones y resultados a la fecha.

Como se recuerda, en junio del 2019[1] se creó la Comisión Multisectorial de Reforma del Sector Eléctrico (“CRSE”)[2], cuyo objeto es realizar un diagnóstico integral del sector, y formular “propuestas orientadas a la adopción de medidas que garanticen la sostenibilidad y desarrollo del Subsector Electricidad”. Una tarea difícil pero necesaria, según evidencian múltiples estudios sobre la materia[3].

Como tal, la CRSE se instaló el 11 de julio del 2019, proponiéndose elaborar en los primeros 4 meses una propuesta sobre el régimen de declaraciones de precios, y dentro de los primeros 6, propuestas sobre mecanismos de promoción de las energías renovables, separación de compras para el suministro eléctrico por potencia y energía, entre otras medidas de “corto plazo”[4]. Asimismo, en un plazo máximo de 24 meses, tiempo que coincide con el plazo de funcionamiento previsto para la CRSE, elaborar propuestas estructurales para el mediano y largo plazo que configuren una “reforma integral” del sector.

Al respecto, como se pudo apreciar en los años 1992 y 2006, implementar un proceso de reforma constituye una tarea compleja y demandante, que involucra escuchar a los agentes involucrados, efectuar un análisis profundo de las diversas problemáticas existentes y proponer alternativas eficientes. Esta tarea debe realizarse en cumplimiento de una política energética a largo plazo que en el Perú fue aprobada en el año 2010[5], pero resulta necesario actualizarla y traducirla en un plan que sirva como guía a la reforma en marcha.

Así, la experiencia nos ha enseñado que plantear soluciones (intervenciones) de corto plazo o de forma aislada suele agravar las distorsiones existentes; legislar “para el momento” no es una buena receta. En ese sentido, es difícil diseñar una reforma sin saber a dónde vamos, sin un plan elaborado luego de un amplio debate técnico y una visión clara sobre qué es lo queremos como país para los próximos 5,15 o 30 años. Dicha visión, hoy ausente en el debate, es la que permitiría definir cómo aprovechar de la forma más eficiente posible nuestros recursos energéticos, guiando cada uno de los – hasta ahora inexistentes – planteamientos de la CRSE.

Como tal, si bien resulta positivo que durante sus primeros 12 meses la CRSE haya desarrollado diversos talleres, conversatorios y se hayan emitido algunos informes sobre los temas de corto plazo, lamentablemente a la fecha todavía no se presenta ningún plan o propuesta normativa concreta, incumpliendo así los primeros hitos previstos de la reforma. Asimismo, no se conoce el cronograma de trabajo actual o las próximas actividades a realizar, por lo que existiría cierto nivel de incertidumbre sobre el impulso que la CRSE viene imprimiendo al proceso.

Por tanto, cumplido un año desde la instalación de la CRSE y al 50% del tiempo previsto para su funcionamiento, los resultados – lamentablemente – distan mucho de ser los esperados en un proceso de reforma tan esperado como necesario.

En ese contexto, resulta evidente que el sector eléctrico debe adaptarse normativamente a las nuevas tendencias en función de un plan integral, estableciendo pautas que otorguen predictibilidad para temas tan sensibles como la desconcentración de la generación, la transición de la matriz energética hacia tecnologías más limpias y cada vez más competitivas como las renovables, la digitalización de los servicios, la electromovilidad, entre otros. Estos asuntos son el futuro inmediato del sector, por lo que las reglas de juego deben adaptarse de forma coherente y con visión de largo plazo.

En consecuencia, siendo que la reforma es necesaria y urgente, sería recomendable que la CRSE comunique con definida periodicidad las actividades, avances e hitos del proceso, imprimiendo mayor celeridad al proceso en marcha y otorgando predictibilidad al mercado sobre su desarrollo. Además, para preservar la integridad del proceso, resultaría necesario que las autoridades no efectúen pre-publicaciones sobre materias que corresponden a la CRSE.

Finalmente, si bien durante las últimas semanas las autoridades y agentes han centrado sus esfuerzos en encontrar soluciones para mitigar la alta morosidad en los recibos de luz y sus efectos en la cadena de pagos, resulta necesario no perder de vista la trascendencia de la reforma eléctrica en marcha.

Es momento que el Gobierno, a través de la CRSE, evidencie que sí existe la voluntad política requerida para esta necesaria tarea, enmendando durante este segundo año el curso del proceso de reforma en marcha. Las “reformas de tercera generación” no deben esperar más.


[1]        Mediante Resolución Suprema No. 006-2019-EM.

[2]         Grupo conformado por representantes del MINEM, OSINERGMIN y el MEF.

[3]       Ver:                    http://www.minem.gob.pe/_detalle.php?idSector=6&idTitular=9407&idMenu=sub9329&idCateg=1779

[4] Ver: http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/Presentacion%20-%20Evento%20CRSE%20Version%20final%2019%20agosto%202019.pdf

[5]        Decreto Supremo 064-2010-EM.

Fuente de imagen: Grupo Verona

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