Por Diego San Martín Villaverde, profesor de Derecho de la Universidad Científica del Sur

La carrera de Derecho es una elección motivada por un sinnúmero de decisiones, sobre todo, pero no exclusivamente, en la época de la adolescencia. Siempre estará el clásico “no me gustan las matemáticas, entonces voy a letras” o me gustan las series televisivas sobre casos sin resolver y de tribunales, etc. Pero luego, de corte sumamente romántico, está la decisión de buscar y encontrar justicia. Para esto último ciertamente requerimos herramientas, conocimientos, experiencia y formación. Bueno, también hay que ser creativos y críticos.

La justicia es un término profundo, pero el sentimiento de conseguirla a través de la argumentación es un producto del aprendizaje y de la formación. No es sencillo, no es moda, es una labor interesante. La vida impone situaciones diversas donde aplicamos la argumentación.

En este campo, me valgo de las palabras de Manuel Atienza, reconocido jurista y Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante (España): “Embarcarse en una actividad argumentativa significa aceptar que el problema de que se trata (el problema que hace surgir la argumentación) ha de resolverse mediante razones que se hacen presentes por medio del lenguaje: oral o escrito. Argumentar supone, pues, renunciar al uso de la fuerza física o de la coacción psicológica como medio de resolución de problemas” (Bioética, Derecho y Argumentación, 2004, p. 17).

Últimamente he pensado mucho en justicia. He considerado circunstancias que no son justas, pero ocurren; en aspectos dolorosos que no escatiman la debilidad del ser humano. He dudado sobre la finalidad del sistema de justicia y de su utilidad, y he presentado disconforme mi molestia cuando la razón no es motivo para una decisión, cuando argumentar se llena de razones abstractas, insensibles y opacas que socavan el corazón del justo. Parece una pelea constante, sostenida por la necesidad de encontrar bandos (los buenos y los malos) y de definir a cuál me arrimo, pero es evidente pensar que no todos piensan que el lado de los malos es justamente eso.

Esto último es tan interesante y (cuestionable) que nos recuerda capítulos bélicos de la historia humana. Michel Onfray propuso que fue la filosofía de Kant la que sirvió al nazismo para justificar sus actos. Esto lo destaca de manera sublime María Luisa Navarro (Le Monde Diplomatique, 2010, p. 31), quien analiza este pensamiento y nos dice: “…para demostrarlo (Onfray) nos remite a la famosa anécdota recogida por Hanna Arendt en la que se describe al teniente coronel Adolf Eichmann –el oficial nazi que gestionó directamente el traslado y la ejecución de judíos en los campos de exterminio– confesando ante el jurado su devoción por Kant y por el imperativo categórico” (Onfray, M.: El sueño de Eichmann. Precedido de Un kantiano entre los nazis, 2009). Es como decir que lo que unos piensan que es negativo, que es un atentado, para mí, en función a mis conocimientos, formación y lineamientos, fueron actos necesarios y justificados porque aquél representa el sentir de justicia de mi Nación. Claramente deslindamos de este pensamiento, puesto que los actos cometidos por el nazismo fueron atroces y atentatorios a la dignidad humana.

Entre argumentos y justificaciones le vamos dando forma a nuestro sentido de justicia. El rol de definir justicia es, quizá, de esencia debatible y de responsabilidad. Gilberto Cely Galindo, S.J., sostiene: “La humanidad carga a sus espaldas el imperativo moral de construir su pervivencia en el mundo, accediendo cada vez más a niveles más altos y complejos de conciencia de sí misma, lo cual es imposible sin una correcta relación con el mundo de cuyas entrañas han emergido las suyas” (Ética Ambiental y Política Pública, 2009, p. 45).

Todo esto me lleva a abordar la temática ambiental y la vacilación para ubicar su rol fundamental en nuestra búsqueda de justicia. Entonces, volvamos a las aulas y ubiquemos las reflexiones del profesor Mario Alzamora Valdez para quien la justicia es el valor principal que el derecho trata de realizar a través de sus distintas expresiones. Podrá haber un derecho justo, menos justo o injusto, pero siempre llevará en sí una aspiración hacia la justicia (Alzamora Valdez, M. Introducción a la Ciencia del Derecho, 1984, p. 301).

Entonces, quiero proteger jurídicamente el ambiente. Este es mi sentido de justicia. Sin embargo, ambiente es todo, son componentes interrelacionados, son sistemas que involucran al ser humano y que lo emplazan a diseñar estrategias que permitan aprovecharlo a través de actividades productivas con una variable no tan sencilla y muy joven: la sostenibilidad.

Nuestra Ley General del Ambiente, Ley N° 28611, concretamente en el artículo V del Título Preliminar hace referencia al principio de sostenibilidad: “La gestión del ambiente y de sus componentes, así como el ejercicio y la protección de los derechos que establece la presente Ley, se sustentan en la integración equilibrada de los aspectos sociales, ambientales y económicos del desarrollo nacional, así como en la satisfacción de las necesidades de las actuales y futuras generaciones”.

Pues bien, no se trata de definir sostenibilidad exclusivamente como algo que perdure en el tiempo. Es oportuno distinguir la definición de tal con la de desarrollo sostenible que, si bien se relacionan íntimamente, no es lo mismo, puesto que el concepto de sostenibilidad se construye en mérito a este. Conforme expresan Andreu y Fernández, en términos generales, el movimiento de la sostenibilidad y del desarrollo sostenible ha estado ligado al mundo medioambiental (De la RSC a la sostenibilidad corporativa: una evolución necesaria para la creación de valor, Harvard Deusto Business Review, 2011, p. 13).

Esto amerita pensar más allá de lo tradicional, fundamentando nuestra creatividad en medios que acerquen esta solución (a una problemática, valga la redundancia) a la sociedad. Para Federico Mayor Zaragoza, quien fuera Director General de la UNESCO, ex Ministro de Educación y Ciencia de España y ex Diputado al Parlamento Europeo: “la preocupación, surgida recientemente, por la preservación de nuestro planeta es indicio de una auténtica revolución de las mentalidades: aparecida en apenas una o dos generaciones, esta metamorfosis cultural, científica y social rompe con una larga tradición de indiferencia, por no decir de hostilidad” (Un Mundo Nuevo, 2000).

Con la formación y la investigación, las dudas nos atraen y damos vueltas a los conceptos y a las instituciones de las ramas de estudio. Hoy debato mejor probablemente por la experiencia y por la lectura y la crítica. También argumentamos, pero nos sorprendemos cuando hechos cuestionables merecen un amplio análisis argumentativo que somete a la sociedad a una elección. Atienza no lo podría explicar mejor y a esto le llama falacia: “un objeto de especial interés en el estudio de las argumentaciones lo constituye las falacias, esto, aquellos argumentos que parecen buenos, pero que no lo son (…) No siempre es fácil detectar la existencia de una falacia y muchas veces es discutible si un argumento es o no falaz” (Ob. Cit., pp. 27-29).

Lo que hemos visto en los medios de comunicación, una vez “superado” las críticas y opiniones sobre el nuevo gabinete ministerial, es una campaña lamentable de desinformación sobre las implicancias de una ratificación del Acuerdo de Escazú. Hemos sido confrontados por argumentos inexactos que, sin el acceso pertinente a la información y conocimiento, devendrían en teorías presuntamente sustentadas.

En el plano académico, las opiniones deben estar fundamentadas y para ello es necesario manejar información. Es cierto que no todos podemos estar de acuerdo, pero la información es (y debe ser) neutral para definir nuestra posición. Esto no ha estado ocurriendo. No es apropiado comentar sobre un tema amoldando el mismo a una posición probablemente beneficiosa para un sector o parte.

Este tema en particular no es novedoso. La firma del Acuerdo de Escazú (sí, Perú lo suscribió en el 2018) fue producto de negociaciones, debates y consensos de muchos años. De hecho, este acuerdo sostiene la voluntad de los distintos Estados por alcanzar un marco de información y participación en las decisiones de índole ambiental y de protección para los defensores ambientales, figura tan expuesta y vulnerable, pero además valiosa (Comunicado de la Clínica de Litigación Ambiental de la Universidad Científica del Sur, 2020[1]).

Entre tantos argumentos (falaces) se habló que la ratificación del Acuerdo de Escazú implicaría pérdida de soberanía. Ello no tiene asidero legal alguno. Ninguno de los críticos sostiene los principios en los que se basa el acuerdo, a saber, del principio de soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales y el principio de igualdad soberana de los Estados.

El otro argumento “fuerte” es que el Perú estaría sometido a cortes internacionales como La Haya para la resolución de conflictos. Entiendo el sentir. Estimo que piensan que la inversión se alejaría porque las controversias podrían ser abordadas por más instancias y eso motivaría que muchos proyectos de la industria productiva se paralizaran, suspendieran o frustraran.

Irónicamente[2], puede que no tengan información necesaria para respaldar esos argumentos. En el marco del Derecho Internacional, la Corte Internacional de la Haya resolverá un conflicto entre los Estados. En otras palabras, como lo sostuviera Manuel Pulgar-Vidal: “A la Corte se acude como Estado y cuando uno recurre como Estado, además de acuerdo con este tratado de Escazú, es porque las partes convienen en acceder. En realidad, este acuerdo confirma lo que ya está en la legislación internacional, a la cual ya nos sometimos, por ejemplo, para resolver el diferendo marítimo con Chile, con bastante éxito”[3].

Asimismo, muchos críticos señalan que ya tenemos una Ley General del Ambiente, mecanismos que garantizan los derechos ambientales de los peruanos, etc., por lo que no ven la necesidad de ratificar el acuerdo. Esto es cuestionable totalmente porque entendemos, en lo que ya parece un juego de interpretaciones, se sobrecargarían los mecanismos ya existentes. No es así. Si bien se trata de procesos que actualmente se encuentran previstos en nuestra legislación, con el Acuerdo de Escazú solo se fortalecerían y, además, promoverían mecanismos de protección para los defensores ambientales.

Entonces, permítase la crítica a estas argumentaciones falaces. Y en este caso, la existencia de una falacia es sencilla. ¿La razón? La carencia de sustento académico. Hablemos con cifras, con situaciones, con ejemplos y, en el caso de los defensores ambientales, con dolor. Si introduzco un concepto como la muerte, entonces elevo la discusión. La esencia del dolor no es la misma si no te ocurre. No quita sensibilidad, sin perjuicio de ello. La profesora Susana Borrás de la Universidad de Rovira i Virgili (Barcelona) analiza este asunto con especial atención y especialización en su libro “La defensa de la vida y el medio ambiente. La situación de las personas defensoras del medio ambiente”. En cifras, la profesora Borrás destaca, tomando como fuente el Informe de Global Witness, que 2017 fue el año con más muertes registradas de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, mientras que se demuestra que la agroindustria es el sector de negocios más vinculado a los asesinatos[4]. Asimismo, las cifras anuales de Global Witness demuestran que en 2017 fueron asesinadas, al menos, 207 personas activistas de la tierra y el medio ambiente en 22 países; casi cuatro personas por semana, convirtiéndolo en el peor año del que se tiene registro. Otro hallazgo terrible del Informe que concierne al Perú es que 60% de los asesinatos registrados tuvo lugar en América Latina. En México y Perú los homicidios aumentaron drásticamente, de tres a quince y de dos a ocho, respectivamente.

Pero no se habla de esto, lo cual es lamentable. Por esto también luchamos desde la academia. Y es que los defensores ambientales, según define la profesora Borrás, son individuos que sufren directa y frecuentemente violaciones graves a sus derechos humanos fundamentales como consecuencia de su labor de defensa del medio ambiente y del bienestar de sus comunidades.

Seamos muy claros. Es un tema de justicia, progreso, competitividad y de defensa de la vida. No es recargar el sistema ni de entrar en pánico porque las comunidades o sociedad tengan aparentemente más instancias para frustrar proyectos extractivos. Y esto no es recargar de normas el ordenamiento jurídico. No es así, dejemos de satanizar, de etiquetar y, como sostuve antes, de tomar bandos, pero, en efecto, debatamos.

Esto es justicia pura y ambiental porque es posible la inversión, la producción y demás de la mano con las comunidades permitiéndoles mejores mecanismos de participación lo cual incluso evitaría más conflictos socio ambientales. Este debate no es más que argumentos falaces que parece ser ya una costumbre considerando que cuando se debatía la Ley General del Ambiente se le criticaba en la misma línea. El profesor Iván Lanegra manifiesta, además, que la negativa a la ratificación del Acuerdo de Escazú se sustenta en la referida ley, alguna vez cuestionada por el empresariado.

La justicia es un valor supremo, perseguida y anhelada por muchos. Nos sometemos a bandos y a argumentos, nos dividimos y golpeamos. La realidad no es simple porque no debe serlo, es la esencia que nos permite definir porqué luchamos. Por ello, debatamos y cuestionemos fundamentos, pero la decisión de optar por una u otra opción es respetable.

En definitiva, elijo defender la justicia ambiental y amparar el conocimiento académico para propiciar un debate adecuado y necesario, pero el escenario es esquivo si no se da paso, concretamente, al rol del académico en estos asuntos que ameritan neutralidad. Debatamos sanamente, sin intereses, con mucha pasión, propiciando la investigación y demostrando que a pesar de no estar de acuerdo podemos hallar un umbral de justicia que nos satisfaga y corresponda y que propicie el crecimiento económico, el desarrollo sostenible, la gestión sostenible de las empresas formales y rechace la ilegalidad y la informalidad que tanto nos daña.


[1] https://www.facebook.com/114779106943011/posts/135065078247747/

[2] El Acuerdo de Escazú alude a cuestiones de derechos de acceso, a información ambiental, participación y derecho ambiental e integra temas de carácter ambiental y de carácter de mejoramiento de institucionalidad democrática.

[3] https://redaccion.lamula.pe/2020/07/23/manuel-pulgar-vidal-empresarios-abran-su-mente-piensen-en-el-desarrollo-y-en-las-buenas-practicas/albertoniquen/?fbclid=IwAR1RbiyIvqTj28L1TnZDTKAKJvW9rQ5WkH_wMrhuAXFaRWFL1G37HRQMcaA

[4] https://www.globalwitness.org/en/press-releases/2017-es-el-%C3%B1o-con-m%C3%A1s-muertes-registradas-de-personas-defensoras-de-la-tierra-y-el-medio-ambiente/

Fuente de imagen: Maxima Online

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