En horas de la mañana, el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena emitió la resolución judicial respecto al pedido de prisión preventiva de Nadine Heredia y el ex ministro Eleodoro Mayorga por el caso Gasoducto Sur Peruano. Respecto a este último, el pedido es de prisión domiciliaria ya que se encuentra dentro del grupo de personas vulnerables por su avanzada edad (72 años). Por lo cual, se cumple el supuesto establecido en el artículo 290, inciso 1.a. del Código Procesal Penal- CPP en adelante-. En el artículo mencionado se determina que se impondrá detención domiciliaria cuando el imputado sea mayor de 65 años. La decisión final del juez fue el rechazo de la prisión preventiva en contra de Nadine Heredia, a lo cual la fiscal Geovanna Mori apeló. 

Los presuntos cargos que se les imputan son colusión agravada (artículo 384 del Código Penal- CP-) y asociación ilícita para delinquir (artículo 317 del CP). El primer delito consiste en que un funcionario o servidor público hace uso de su cargo para defraudar patrimonialmente al Estado. El segundo, en que se constituya, promueva o integre una organización para cometer delitos. 

Según los alegatos relatados, no se han alcanzado los graves fundamentos de convicción que implican, naturalmente, la excepcionalidad, proporcionalidad, motivación y el más alto grado de sospecha para dictar prisión preventiva. Acorde a lo señalado durante la audiencia, no se ha establecido con claridad la oportunidad en la que se habría celebrado el pacto colusorio. Dicho acto habría sido realizado en fecha anterior al periodo de gobierno y los actos concretos fueron realizados en fecha posterior. Si bien la fiscal sí ha especificado los hechos del delito de colusión, no ha sido clara sobre el tiempo en que se dio el pacto colusorio entre Odebrecht y la expareja presidencial Heredia- Humala.

Asimismo, se aprecia que efectivamente hubo diversas reuniones entre Odebrecht y Nadine Heredia. En dichas reuniones, los involucrados trataron temas diversos, dentro de los cuales se pudo apreciar conversaciones sobre obras como el Gasoducto Sur. Por otro lado, el aporte de campaña de Odebrecht se entiende que fue para obtener beneficios futuros en las obras públicas. No obstante, la relatoría señaló que la fiscalía pretende corroborar las declaraciones de Jose Graña con las de Hernando Graña pese a que dichas declaraciones no se no corresponden como fuente directa y no se constituyen como pruebas corroboradas. Por ende, para el juzgado, estas declaraciones son inconsistentes para sostener la acusación. Finalmente, otro punto controversial fue la determinación como funcionaria pública «de facto» de la ex primera dama, Nadine Heredia. Se debe tener en cuenta que, según la sentencia 2011- 00215, un funcionario de hecho es una persona que,«sin título o con título irregular, ejerce funciones públicas como si fuese verdadero funcionario»[1]

Finalmente, el juez determinó dictar comparecencia restrictiva (Art. 287 del CPP) a los tres imputados. Por lo cual, denegó la prisión preventiva al no cumplirse uno de sus requisitos, es decir, el de graves elementos de convicción, estipulado en el artículo 268 del CPP.


[1] http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=jurcol&document=jurcol_f8bcfbaa71c3017ce0430a010151017c

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