Por Vicente Brayan Villalobos Villalobos, bachiller de la facultad de derecho de la Universidad de San Martín de Porres (USMP). Miembro del Centro de Estudios de Derecho Civil (CEDC) y asistente de cátedra de los cursos de «Contratos Parte General» y «Contratos Especiales» de la misma institución universitaria. Practicante profesional del Instituto de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

Para descubrir las mejores reglas sociales que convienen a las naciones, sería preciso una inteligencia superior capaz de penetrar las pasiones humanas sin experimentar ninguna; que conociese a fondo nuestra naturaleza sin tener relación alguna con ella; cuya felicidad fuese independiente de nosotros y que por tanto desease ocuparse de la nuestra. (…) Sería menester de dioses para dar leyes a los hombres.

Jean-Jacques Rousseau

El contrato social

(Libro cuarto, capítulo VII, Del legislador)

  1. La propuesta legislativa

La candidata al Congreso de la República por el Partido Morado, Narescka Culqui, presentó una de sus propuestas legislativas para el periodo parlamentario 2021-2026, consistente en establecer un «régimen de responsabilidad de los congresistas que propongan leyes manifiestamente inconstitucionales»; ello con la finalidad de mejorar la calidad de las leyes sancionadas, cuyas deficiencias técnicas y jurídicas en los últimos periodos han sido una de las principales causas del desprestigio institucional de este poder constituido primario. Así, propone que cuando el Tribunal Constitucional (el TC en adelante) declare la inconstitucionalidad de una norma legal «manifiestamente» inconstitucional, podrá «exhortar al Congreso a que instaure un procedimiento ante la Comisión de Ética» contra quienes hayan ejercido la facultad de iniciativa legislativa para la proposición de la norma expulsada del ordenamiento jurídico.[1]

El contexto en que esta propuesta nace puede justificar su pertinencia, ya que en el periodo parlamentario actual se han promulgado leyes cuestionables desde muchas perspectivas y disciplinas; fue el caso de la Ley 31018, que dispuso la suspensión del cobro de peajes en la red vial nacional, departamental y local concesionada, durante el Estado de Emergencia Nacional declarada por el brote de la COVID-19; y recientemente, la Ley 31083, que establecía un régimen facultativo de devolución de los aportes al Sistema Nacional de Pensiones. En el primero de estos, la norma fue invalidada por el TC debido a la vulneración del derecho fundamental a la libertad contractual y a la garantía de la inmutabilidad de la configuración interna del contrato mediante ley posterior a su celebración. Mientras que en el segundo caso la norma devino en inconstitucional por quebrantar el principio de intangibilidad de los fondos del Sistema Nacional de Pensiones e inobservar la prohibición constitucional de sancionar leyes que reflejen iniciativa de gasto por parte del Congreso; razones que ya se advertían desde la etapa deliberativa.

No cabe duda que el propósito es legítimo desde un punto de vista social y popular, sin embargo, no sucede lo mismo si hacemos un análisis desde una perspectiva constitucional. Quiero permitirme por ello expresar mi discrepancia con esta propuesta en base a tres razones in abstracto: i) la distinción entre la naturaleza de la inmunidad de opinión y voto, y la atribución de iniciativa legislativa; ii) la naturaleza política de la función pública del parlamentario y la democracia representativa como forma de gobierno; y, iii) la inexistencia de algo «manifiestamente» inconstitucional. Finalmente, señalaré dos alternativas que considero viables política y constitucionalmente para alcanzar una auténtica reforma que dirija nuestra vida política hacia la república añorada y cimentada en la democracia representativa.

  1. Diferencia entre la inmunidad de opinión y voto, y la atribución de iniciativa legislativa

De la propuesta legislativa de la candidata por el Partido Morado puede inferirse que se trataría de una proposición de reforma constitucional, toda vez que para tal fin habría que suprimirse el artículo 93 de la Constitución en la oración que a la letra dice que los congresistas «no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones». Entonces, la inmunidad parlamentaria abarcara las opiniones esgrimidas por los parlamentarios en el seno de los debates ante las comisiones ordinarias y especiales, y ante el propio pleno del Congreso, con los únicos límites que el Código de Ética Parlamentaria prescribe bajo el sustento de la honorabilidad y probidad en la función legislativa; y los votos efectuados en el acto de deliberación de las proposiciones legislativas sometidas a debate. Sin embargo, aquí cabe hacer un deslinde conceptual entre dicho contenido de la inmunidad parlamentaria y la atribución de iniciativa legislativa que se desprende del inciso 1 del artículo 102 de la Constitución, según el cual es función del Congreso «dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o derogar las existentes».

La función legislativa congrega otras facultades, o si se quiere sub facultades, que en conjunto hacen operativa la atribución normativa del Poder Legislativo. La facultad de opinión, voto e iniciativa legislativa pertenecen a ella, pero no está superpuestas. Un congresista puede opinar, debatir y rebatir sobre el asunto agendado y votar en sentido favorable, desfavorable o en abstención, u omitir su palabra, y no ser quien ejerció iniciativa legislativa, es decir, no ser el autor de la fórmula legal que se debate y delibera ante la comisión respectiva y/o el pleno del Congreso. Otra diferencia sustancial radica en que los parlamentarios no son titulares exclusivos de la iniciativa legislativa, pues, por ejemplo, los ciudadanos en ejercicio de su derecho de participación política tienen iniciativa legislativa según el artículo 2 de la Constitución. La iniciativa legislativa es, pues, una acción política concreta derivada del derecho fundamental al sufragio; la opinión y el voto son atribuciones parlamentarias que coadyuvan al desempeño de la función congresal.

Por tanto, la propuesta de responsabilidad parlamentaria no queda del todo clara respecto de qué institución jurídico-política habría que suprimirse para su concretización. No obstante, en ambos casos se requeriría de una reforma parcial de la Constitución, lo cual nos llevaría a cuestionarnos sobre su constitucionalidad, generándose un supuesto paradójico: ¿un proyecto de reforma constitucional inconstitucional? De hecho este asunto, en el que la Constitución podría reaccionar negativamente ante una ley que no supone una simple reforma, sino un cambio profundo en su espíritu, no es algo novedoso, pues ya ha habido casos en otros Tribunales y Cortes constitucionales en los que se han sometido a procesos de inconstitucionalidad leyes de reforma constitucional, siendo este un caso peculiar y de suma complejidad para los magistrados.[2] Como es evidente, la controversia consiste en que hay dos textos que establecen parámetros excluyentes pues, por un lado, tenemos el contenido de la Constitución vigente y por otro la ley de reforma de dicho contenido. Ante esta disyuntiva, la solución que le dará el máximo intérprete de la Constitución dependerá de si considera que existe una estructura básica de la Ley Fundamental (basic estructure doctrine), es decir, un espíritu intangible de la Constitución; o si, por el contrario, el legislador al ser el representante de la nación y canalizador de la voluntad soberana del pueblo a través de sus leyes, no ostenta límites para reformar el plexo de preceptos constitucionales.

A mi juicio, una ley de reforma de este tipo vulneraría –de manera insalvable por cualquier método de interpretación constitucional– la atribución de iniciativa legislativa parlamentaria, por cuanto se trata de una competencia inmanente al sistema democrático representativo y uno de los pilares sobre el que se construye el Estado Constitucional de Derecho. El legislador, por más representante democrático que sea y por más plausibles intenciones que tenga, tiene límites para proponer leyes de reforma Constitucional, las cuales se encuentran en su propio espíritu. Podemos concebir este espíritu de la Ley Fundamental tanto en su parte material como en sus preceptos orgánicos; por ejemplo, el legislador se encuentra proscrito de reformar la Constitución suprimiendo derechos fundamentales, o concentrando el poder político en un solo poder constituido primario. Ambas reformas desvirtúan la teoría filosófico-política subyacente en la democracia representativa y en la dignidad humana.

Ahora bien, podría equipararse esta propuesta de reforma constitucional con la propuesta de eliminación de la inmunidad parlamentaria de arresto y de proceso; lo cual sería un error. En primer lugar, porque este tipo de inmunidad no constituye un derecho sustantivo de los congresistas, sino más bien es una prerrogativa institucional irrenunciable y exclusiva; en cambio, la iniciativa legislativa, como ya se ha dicho, es a su vez una acción política derivada del derecho de sufragio y de participación política de los ciudadanos. Y en segundo lugar, la inmunidad parlamentaria revestía una circunstancia distinta, porque devino en obsoleta y perniciosa; lo que a mi modo de ver no ocurre con la iniciativa legislativa.

Por último y a manera de ejemplo, supongamos que un grupo parlamentario ejerza su facultad de iniciativa legislativa proponiendo una ley «manifiestamente» inconstitucional; la someten a deliberación del pleno, se sanciona y eventualmente se promulga. Posteriormente, el TC la invalida por «manifiesta» inconstitucionalidad y exhorta al Congreso para que a través de su Comisión de Ética se instaure un procedimiento contra los parlamentarios responsables. Las preguntas que inmediatamente surgen son: ¿Quiénes incurrirían en responsabilidad ética? ¿Solo quienes ejercieron iniciativa legislativa o también quienes opinaron y votaron a favor de la aprobación?  La propuesta no es clara al respecto.

  1. Investidura democrática del congresista

Otra refutación a esta propuesta legislativa es la naturaleza de la investidura congresal que goza prima facie de legitimidad democrática otorgada por el sufragio universal. No obstante, en la opinión pública es usual advertir un escaso, por no decir nulo, respaldo de la población a la investidura parlamentaria y a los resultados del ejercicio de las funciones que de ella derivan; es decir, una queja social que se exacerba en tiempos electorales, en recurrentes crisis políticas, en encuestas sectoriales, en medios de comunicación de la prensa más cuestionada e inclusive en conversaciones cotidianas –triviales en apariencia, pero por demás fidedignas–, que crean ese imaginario social o ambiente de incredulidad sobre los miembros del Congreso, lo cual es perceptible sin necesidad de ser versado en ciencias políticas o sociales.

Sin embargo, bien analizadas las cosas desde el sustrato constitucional vigente, y considerando la situación de la sociedad actual con sus problemas congénitos, no parece ser adecuada la supresión progresiva de las prerrogativas parlamentarias, que fueron instituidas por el constituyente para garantizar la independencia en la función congresal; ello por cuanto podría tener un efecto adverso o contraproducente a los fines que legítimamente se pretenden, provocando el efecto inverso de debilitar la institucionalidad del Poder Legislativo. Contrariamente a lo que se opina, la posmodernidad exige el fortalecimiento de la independencia de las instituciones políticas a través de instrumentos normativos razonables y objetivos, es decir, mecanismos que garanticen la no interferencia de otros poderes constituidos, de intereses particulares o de los poderes mediáticos y económicos (denominados poderes salvajes por no estar limitados constitucionalmente), así como de de cualquier apasionamiento coyuntural o del populismo más desvergonzado.

Con esta discrepancia en cuanto al debilitamiento desmesurado de prerrogativas institucionales no me refiero a la reforma de la inmunidad parlamentaria que acaba de aprobarse en segunda votación –la cual solo ha sido reformada en cuanto al procedimiento de su levantamiento–, sino a la irresponsabilidad de los congresistas por el ejercicio de la facultad de iniciativa legislativa, que por antonomasia define y constituye la investidura democrática que reviste a los miembros del Congreso desde que son elegidos por sufragio universal hasta la culminación de su mandato. En efecto, tal función constituye un mandato de representación, una honorable encomienda a un grupo de personas que desde el instante de la asunción al cargo abandonan su status de ciudadanos particulares, para convertirse en instrumentos de canalización de las necesidades actuales de la nación y para prevenir en cierta medida los embates que atenten contra ella; en suma, para ser revestidos de legitimidad democrática, cuya degradación contemporánea parece irrefrenable.

En términos simplificados, se concibe a la investidura democrática como aquel cargo público que goza de respaldo popular al haber sido sometido a un proceso electoral sustentado en la democracia representativa; es decir, en un sufragio universal que plasme la voluntad del soberano (el pueblo) en la designación de una cantidad (prestablecida constitucionalmente) de ciudadanos para la conducción de la vida del cuerpo político. Representatividad que bien puede deberse a circunstancias demográficas o geográficas; lo cual exigen la creación de un sistema jurídico-político en el que la figura del congresista cobra una relevancia casi santificada, y que por lo mismo ha de gozar de las garantías institucionales necesarias que lo conduzcan a la captación del interés general, traducida en una proposición legislativa, de forma independiente, esto es, libre de cualquier influencia proveniente de otro poder del Estado o de intereses particulares de una élite o grupo social que no represente a la mayoría, careciendo por ello de legitimidad política[3].

En palabras de Chanamé, «una de las importantes funciones del Congreso es la de representación, pues ellos encarnan la voluntad de la nación, así se establece una primera función representativa de los congresistas, que es la Nación», no abarca, por tanto, solo una región del país. Esta idea lo lleva a convenir con Pedro de la Vega, quien señala que «si la esencia de la política parlamentaria es la deliberación, y esta no es posible bajo la forma de mandato imperativo alguno, el mandato representativo constituye una exigencia ineludible del sistema»[4]. Esta representatividad del intereses general se concretiza con la potestad legislativa que la ha sido delegada mediante el pacto fundamental.

Se exige del legislador, y con justa razón, una labor sobrehumana. En palabras rousseaunianas, «el legislador es bajo todos los conceptos, un hombre extraordinario en el Estado» debido a su deber de descubrimiento de las normas jurídicas que convienen a la nación; así, «el que  se atreve a emprender la tarea de instituir un pueblo, debe sentirse en condiciones de cambiar, por decirlo así, la naturaleza humana; de transformar cada individuo, que por sí mismo es un todo imperfecto (…) de alterar la constitución del hombre para fortalecerla»[5]. De modo que toda reforma que pretenda fortalecer el sistema democrático debe atacar la causa de sus patologías, esto es, debe centrarse a nivel de la conciencia social y cultural de la nación que designa sus representantes al Congreso. Por tanto, una mera reforma formal no produce el cambio profundo que el sistema democrático peruano requiere, pues el problema no radica en las instituciones reguladas en el texto constitucional, sino en las aptitudes políticas de los ciudadanos, cuya carencia se refleja en la conformación congresal y en la práctica parlamentaria desplegada por estos.

En efecto, el estigma que contemporáneamente pesa sobre los miembros de la representación nacional al Congreso, es el producto de una práctica funcionarial desvirtuada e influenciada por intereses que distan de la voluntad popular, volviendo inoperante la democracia representativa y frustrando la posibilidad de tener una institución parlamentaria capaz de traducir e interpretar las necesidades sociales, que en su conjunto conforman el interés general. El cargo público de congresista está sumida en una crisis de legitimidad social tan profunda que hablar de honorabilidad en su investidura resulta una sátira o un insulto a la población; una frase para un discurso demagógico de la etapa pre electoral, pero inexistente en todo el periodo parlamentario.

Una transformación de este problema no se obtiene con sanciones de ninguna índole, esperando a que tal vez generen efectos disuasorios de inconductas contrarias a la ética parlamentaria, porque el incumplimiento normativo, la hipocresía moral y la ignorancia están muy arraigadas a la cultura política peruana en todas sus estructuras sociales, porque las autoridades con potestad sancionadora no saben ni pueden hacer cumplir las normas, porque hay un deslinde entre la justicia y la ley formal que sanciona el Congreso. Entonces, calificar de antiético una fórmula legal por contrariar la Constitución para sancionar al autor de la autógrafa, es mantener a la población en la irresponsabilidad de sus votos; asimismo, desvirtuaría la forma democrática representativa de gobierno, cuya notas distintas son que «los representantes no son meros portavoces de sus representados, sino conformantes de un órgano con capacidad autónoma e independiente decisión, previa deliberación»[6].

  1. No existe algo «manifiestamente» inconstitucional

Ahora bien, como ya se ha dicho, la propuesta de responsabilidad ética parlamentaria tiene como causal el que se haya sancionado una ley «manifiestamente» inconstitucional por el máximo intérprete de la Ley Fundamental. Aquí surge la pregunta de cuándo estaríamos ante una ley que pueda calificarse como inconstitucional a todas luces o –en palabras de la autora de esta propuesta–, que haya «nacido muerta»[7]. Esto podría traer ciertas ambigüedades que se dilucidarían conforme a lo que entendamos por evidencia u obviedad en la inconstitucionalidad del contenido de la ley impugnada. Es decir, que la invalidez normativa pueda ser advertida sin necesidad de una labor intelectiva rigurosa, pues el vicio sale a relucir de una simple interpretación literal; lo cual no sucede en los procesos de inconstitucionalidad, puesto que el Alto Tribunal siempre ha de realizar un ejercicio exhaustivo de interpretación constitucional, a efectos de pronunciarse sobre el mérito de la demanda.

Cuando el TC examina la constitucionalidad de una norma legal, la contrasta con los preceptos iusfundamentales y orgánicos a manera de parámetros de control de validez, es decir, de adecuación o armonización con la Constitución. Así, para determinar la inconstitucionalidad de la norma legal objeto de control, el TC ha debido de emplear previamente todos los mecanismos hermenéuticos puestos a su disposición para salvar su validez constitucional, debido a que el producto legislativo goza de presunción de constitucionalidad derivada precisamente de su investidura democrática; y es que establecer lo contrario, esto es partir de la premisa que el legislador, aunque carezca de respaldo social, proponga leyes inconstitucionales desde su gestación, implicaría desconocer la democracia representativa sobre la que nuestra república se ha venido construyendo, y que es el legislador el llamado para concretar tales aspiraciones políticas. Abrogar tal presunción implicaría preconizar que el legislador carece de atribución representativa delegada por sufragio universal (democracia directa). Un total contrasentido.

Esta presunción de constitucionalidad tiene su correlato en el Código Procesal Constitucional cuando prescribe en su artículo 81 que «las sentencias fundadas en el proceso de inconstitucionalidad que dejan sin efecto la normas sobre las cuales se pronuncian, tienen alcances generales y carecen de efectos retroactivos», con la salvedad establecida en el artículo 83, en cuanto a materia tributaria se refiere, y en algunos casos en que el TC considera imperioso modular los efectos de sus sentencias por revestir el caso de circunstancias que pongan en peligro los derechos fundamentales si se mantienen inatacables los efectos producidos por la norma invalidada desde su entrada en vigencia hasta su expulsión efectiva del ordenamiento jurídico. Si esto es así, no cabe hablar de leyes que «nacieron muertas», por más disconformes que estemos con su contenido; corregir los errores parlamentarios es precisamente una de las funciones que asume el TC al ejercer el control concentrado de constitucionalidad, pues mediante sus sentencias emitidas en este proceso erradica un vicio que atenta severamente la Constitución, pero respetando a su vez el fuero parlamentario y la potestad legislativa del Congreso como institución, mas no de los congresistas como sujetos individuales.

Dicho en otros términos, el control de constitucionalidad concentrado es someter a examen la voluntad general plasmada en una proposición legislativa, en contraste con la voluntad del constituyente democrático inmanente en la Constitución; siendo este último prevaleciente en tanto poder originario constitutivo de los poderes del Estado y del pueblo como cuerpo político. De aquí que, el TC sea calificado como legislador negativo, vocero y garante de la Constitución, pues en un Estado Constitucional de Derecho, si bien no hay ámbito exento de control constitucional, esta función ha de respetar las atribuciones propias de los poderes primarios; pretender lo contrario sería sobredimensionar las competencias del TC y desvirtuar su rol de cara al cumplimiento de los fines que sustentan su existencia institucional.

Aunado a ello, emerge la duda respecto de la cantidad de votos que se requeriría para considerar que una ley es «manifiestamente» inconstitucional, y no únicamente contraria a la Constitución. Pareciera probable que para tal fin fuera menester la votación de los siete magistrados que componen el TC en el sentido de la inconstitucionalidad de la norma legal, por cuanto bastará con un voto en singular para que la inconstitucionalidad no sea una obviedad. La complejidad en este asunto radica en que los parámetros jurídicos, aunque ciertamente más objetivos que los criterios políticos, rara vez conducen a una sola respuesta válida, pues en la mayoría de los casos hay posiciones disidentes que se dirimen por la regla de la mayoría democrática en el seno del órgano colegiado; y es que en derecho todo es discutible.

No obstante, podría mencionarse como ejemplo de invalidez manifiesta en el derecho –y como resultado de una analogía forzada– la nulidad manifiesta del acto jurídico negocial en el ámbito del derecho civil; lo que no cabría admitir por cuanto no hay término de comparación, ya que en este supuesto de ineficacia estructural el negocio no goza de presunción de validez en tanto la manifestación de voluntad no es una fuente del derecho positivo, sino de las obligaciones. Asimismo, el la nulidad manifiesta del acto jurídico negocial nunca produce efectos por no cumplir con los requisitos de validez que han de revestir sus elementos esenciales; en cambio, una ley produce efectos hasta que no sea declarada inconstitucional por el órgano constitucional competente para invalidarla.

Queda por demás claro la imposibilidad de considerar a una ley como «manifiestamente» inconstitucional, en razón de que, en primer orden, la investidura democrática que ostentan los parlamentarios en tanto miembros de la representación nacional al Congreso, deriva en la presunción de constitucionalidad de las leyes que produzcan en el ejercicio de su atribución legislativa; y, en segundo orden, el esfuerzo hermenéutico que ha de realizar el TC a efectos de salvar dicha presunción por todos los mecanismos interpretativos constitucionales existentes, por lo que una vez agotados sin haber logrado tal fin, el guardián de la Constitución la expulsa del ordenamiento jurídico por incompatible con sus principios y valores.

  1. Alternativas para una auténtica reforma política-parlamentaria

Para una verdadera reforma política-parlamentaria considero que la situación actual requiere de estas dos alternativas excluyentes:

El retorno al bicameralismo: Se han esbozado diversas opiniones que explican la necesidad del retorno al sistema parlamentario bicameral. Estas razones han sido sintetizadas por Naranjo Mesa –citado por Chanamé Orbe– en opinión que comparto; por ello las reproduzco[8]:

  • Que es conveniente que hayan dos cámaras legislativas para que sirvan, recíprocamente, de freno y contrapeso.
  • Que en materia de formación de la ley no se trata de cantidad ni de rapidez, sino de calidad, y que por tanto el examen de los proyectos resulta màs cuidadoso por parte de dos cámaras que de una sola.
  • Que es necesaria una cámara de reflexión respecto de las decisiones de la otra.
  • Que en materia de costos para el erario público hay que asumir que el funcionamiento de un régimen democrático implica gastos elevados, que en todo caso son menores que los que absorbe un régimen dictatorial, sin control alguno. A lo que habría que añadir la ineficiencia que caracteriza nuestro congreso unicameral, si en términos de costo-beneficio hablamos.
  • La bicameralidad implicaría una cierta especialización de funciones, como por ejemplo funciones de acusación constitucional para una cámara y función de juzgamiento para la otra.
  • Que la existencia de dos cámaras conjura la presión de un gobierno de tendencia autoritaria. A lo que habría que añadir la conjuración del populismo y la demagogia legislativa.

El otorgamiento de competencia consultiva al Tribunal Constitucional: A nivel comparado hay modelos constitucionales en el que el órgano encargado de interpretar la Constitución ejerce un control preventivo de los proyectos y proposiciones legislativas. Es el caso de Francia, Chile, Portugal y Colombia, y alguna vez lo tuvo España. Ahora bien, lo que se propone para el sistema constitucional peruano no es propiamente un control preventivo de constitucionalidad, porque ello supondría desnaturalizar la democracia representativa y el menoscabo de la atribución legislativa del Congreso. La propuesta consiste en otorgar competencia consultiva al TC para que evalúe algún proyecto de ley de impacto constitucional, y emitir una opinión técnico-jurídica que arribe a la concusión de inconstitucionalidad (o no) de la ley consultada.

Para que esto sea posible se requiere establecer requisitos, cuya verificación habilitaría la posibilidad de someter a evaluación previa los proyectos de ley correspondientes. Así, por ejemplo, procedería consulta al TC sobre leyes de reforma y desarrollo constitucional, normas restrictivas de derechos fundamentales y de modificación de preceptos que conforman la parte orgánica de la Constitución, debido a que sus objetos son de relevancia constitucional. Esta consulta sería una obligación que ha de cumplir el Congreso a efectos de mejorar la calidad legislativa. El TC, en estas circunstancias, efectuaría una especie de control constitucional preventivo, pero cuya opinión consultiva no tendría efectos vinculatorios para los parlamentarios. La funcionalidad de esta competencia consistiría en que, habiendo opinado el TC sobre un proyecto de ley en sentido desfavorable a su promulgación, los congresistas se abstengan de sancionarla, por cuanto tendrán una prognosis alta de inconstitucionalidad de la fórmula legal ante un eventual control concentrado.

Ambas propuestas son alternativas y excluyentes debido a que la implementación de uno supone la impertinencia del otro: si se opta por el retorno a la bicameralidad, no habría necesidad de peticionar consulta al TC, pues dicha labor de reflexión sería función del senado; caso contrario, es el TC el órgano autónomo que por excelencia garantizaría una opinión libre de influencias políticas, mediáticas o económicas respecto de la viabilidad constitucional de una proposición legislativa. Claro está que dicha labor ha de permearse con un sistema de selección basado en la meritocracia que conforme un colegiado auténticamente independiente e imparcial, favoreciendo de este modo su función pacificadora tantas veces reclamada.

En base a todo lo expuesto, no considero adecuado imponer a los congresistas un régimen de responsabilidad ética por leyes «manifiestamente» constitucionales. Que las buenas intenciones no nos conlleven a proponer reformas que quebrantarían las instituciones jurídico-políticas sobre las que se han venido levantando nuestra democracia representativa desde los albores de nuestra república.


[1] Puede constatarse a partir del minuto 18 de la transmisión en vivo: https://www.facebook.com/NaresckaCulqui/videos/1571271423262333.

[2] El profesor Oscar Pazo en una entrevista por este medio indicó que esta controversia se ha presentado en los Estados Unidos de 1920 a propósito de la XVIII enmienda de la Constitución de Filadelfia, en el que terminó prevaleciendo la ley de reforma por cuanto establecía un nuevo parámetro de control constitucional. Otro caso ocurrió ante la Corte Suprema de la India en la década de1970, en dónde, por el contrario, se elaboró la «doctrina de la estructura básica» de la Constitución, para regular la potestad legislativa del parlamento. Véase: Pazo Pineda, Oscar. «¿Se puede declarar inconstitucional una ley de reforma constitucional? #ApuntesConstitucionales | Ep. 1». En Lp-Pasión por el Derecho[En línea]: https://lpderecho.pe/declarar-inconstitucional-ley-reforma-constitucional/.

[3] No obstante, un Estado Constitucional de Derecho no se sustrae de su obligación de garantizar los derechos fundamentales de las minorías, quienes pueden exigir del poder público obligaciones positivas o abstencionistas para su desarrollo en condiciones dignas. Por tanto, la democracia representativa, aunque gobierno de las mayorías, cobija a los miembros de los grupos minoritarios mediante el reconocimiento de su status de persona humana y, por consiguiente, su igualdad ante la ley.

[4] Chanamé Orbe, Raúl. La Constitución comentada. Vol I. Lima: Legales Ediciones, 2015, novena edición, pp. 729-730.

[5] Rousseau, Jean-Jacques. El contrato social. Barcelona: Brontes, 2009, p. 58-59.

[6] STC 0030-2005-PI/TC, F.J. 7.

[7] Expresión utilizada para referirse a la inconstitucionalidad de la Ley que establecía un régimen facultativo de devolución de las aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. https://www.facebook.com/NaresckaCulqui/photos/a.108257924460361/138507571435396/.

[8] Chamané Orbe, Raúl. Tratado de derecho constitucional. Lima: Instituto Pacífico, 2019, primera edición, pp. 88-89.


Fuente de Imagen: El Congreso

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