Por Gorki Gonzales Mantilla, Profesor principal de la Facultad de Derecho de la PUCP

A la memoria de Javier Neves Mujica

Querido maestro de muchas generaciones y un ser humano excepcional 

 

En los momentos más difíciles de un país se reconoce la fortaleza moral de la comunidad que lo conforma, así se han logrado vencer y superar las peores crisis y calamidades. Pero esta es una cualidad que se abre paso solo cuando el valor atribuido a los bienes y valores comunes se sobrepone a las ambiciones personales y a los intereses de grupo.

Desafortunadamente, ese no parece ser el rasgo que define nuestra historia como país. Los recientes acontecimientos evocan velozmente algunos de los más sombríos episodios de nuestra vida republicana, marcados por el abuso del poder y el desprecio a los valores compartidos.

Es una trayectoria definida por la influencia de una extensa corrupción y la falta de empatía hacia la idea de comunidad. Así están tejidas las prácticas institucionales desde las primeras décadas de la república. Lo muestran las normas que permitieron la consolidación de la deuda interna por la guerra de la independencia donde, gracias a la influencia y el fraude, muchos grupos de poder se vieron enormemente beneficiados con el dinero público. Del mismo modo, los primeros contratos de consignación del guano hicieron posible el desvío de fondos públicos para el beneficio de unos cuantos. En ambos casos, muchas autoridades y funcionarios se integraban a las redes de corrupción y participaban de estos beneficios sin vergüenza ni conmiseración por los valores públicos quebrantados. Cómo no traer a la memoria el recuerdo del presidente Mariano Ignacio Prado quien, al inicio de la guerra con Chile, salió del país con el pretexto de ir a comprar armamento, dejando a la república ensangrentada, fragmentada, sumida en la desolación.

El mal de la corrupción, la ausencia de compromiso con la idea de comunidad y el uso de todos los medios, incluso la violencia, para imponer los propios intereses han sido un reflejo invariable desde aquel entonces. El saldo dramático de ello está presente en el abandono de nuestras comunidades indígenas y la desigualdad estructural que define las relaciones sociales y económicas del país: es una realidad indeleble en el proceso político del Siglo XX.

Todo esto permite advertir que la idea de república, como forma de organización del poder político y la vida en sociedad, ha perdido significado entre nosotros. Es solo un nombre usado para referirse a los aspectos estrictamente formales que ella evoca, como el “gobierno regido por leyes”, sin reparo alguno en los valores de la comunidad que justifican el orden republicano.

Los hechos recientes cuentan con dramatismo esa realidad: el aprovechamiento en favor propio en medio de una pandemia, abusando de la posición que otorga el poder de cualquier tipo, en forma clandestina, mostrando indiferencia por el sufrimiento y el dolor ajeno, con miles de muertos y familias destruidas, con millones de personas viviendo en condiciones inhumanas por la pobreza extrema que se ha incrementado en el último año.

Estos hechos reiteran que la actividad colectiva y la cooperación social no representan valores que la política haya buscado realizar con sinceridad y que tampoco están presentes en la acción individual. En esta historia la idea de comunidad no aparece. Eso explica la reticencia para reconocer las diferencias que nos definen como sociedad, pero que nos complementan y nos deberían permitir crecer también en lo individual.  Así se entiende el rechazo a aceptarnos como una sociedad plural y diversa, negando la exigencia de ser una comunidad para que nuestro país sea viable.

Y esta es la razón que explica la enorme debilidad de la república, cuando se piensa en la forma de organizar el poder y el derecho, para brindar justicia, igualdad y libertad. Estas condiciones necesarias para preservar el bienestar de las personas en una comunidad no son visibles en la práctica institucional, no se expresan en el orden que la república formalmente dice representar.

La acción gubernamental de las últimas tres décadas ha mantenido esa constante y han contribuido a hacerla más grave aún. Se ha impuesto a través de una ideología para consagrar las libertades económicas, es decir, para garantizar los intereses de quienes están en posibilidad de ejercerlas. Este solo hecho ha legitimado los intereses de quienes tienen “libertades económicas” por encima de la desigualdad y la historia de explotación y abuso que pesa sobre las comunidades pobres y los sectores sociales desfavorecidos. Esta perspectiva ideológica ha naturalizado esa realidad.

En este programa político la igualdad y la justicia social, de genuino origen liberal, nunca formaron parte de sus fines y apenas han tenido un lugar marginal, sujeto a la discrecionalidad de los grupos de poder económico y a su influencia sobre las decisiones públicas. Los apologistas de estos grupos han llegado a plantear la necesidad de reducir el espacio para la acción del Estado, al punto de pretender extinguirlo: la privatización de los servicios públicos con el pretexto de lograr la eficiencia ha sido la premisa de su argumentación.

Diversas políticas para el desarrollo de bienes públicos, cruciales desde una perspectiva liberal, han sido parte de este programa en el tiempo. Sin embargo, fueron políticas sometidas a la lógica de los intereses privados. La libertad económica y el lucro han funcionado como preceptos incuestionables, casi naturales. Se ha impuesto la idea del mercado como un fin en sí mismo, se ha buscado encubrir el problema de la pobreza como problema estructural, en algunos casos, exaltando la informalidad como forma de supervivencia y en los últimos años creando la ilusión de los emprendedores como antídoto superior a la pobreza misma: privatizarlo todo, incluso la pobreza, es la respuesta ideológica que parece estar en algunas de las versiones más extremas de este proceso que ha destruido cualquier referencia a la idea de comunidad.

Esta forma de entender la política y el desarrollo social ha retrocedido, en los términos del propio relato liberal clásico, a los rasgos que definen el llamado “estado de naturaleza”. Un estado donde impera la violencia del más fuerte, donde el egoísmo y la búsqueda de la gloria personal son virtudes.  No es ajeno a este escenario el estado donde se permite la existencia de cadenas de farmacias, laboratorios, clínicas privadas y compañías de seguros integradas bajo un mismo grupo empresarial. Es el estado en donde las tarifas se “acuerdan” y deciden entre los privados, tal como en el estado de naturaleza, se imponen, con la fuerza de los hechos y la necesidad de las personas convertidas en consumidores, con derechos sometidos a los precios, al poder y la fuerza de los grupos económicos, incluso en tiempos de pandemia. Como en el estado de naturaleza, aquí la comunidad política no existe o no tiene ningún valor.

Esta forma de ejercer el poder se entrelaza con las instituciones modernas del capitalismo global ([i]), pero permanece anclado a la inspiración colonial de sus orígenes en el Perú del siglo XIX.  Por esa razón, su estructura viene sostenida por la fuerza de los intereses que provienen de la acumulación de la riqueza gracias a los conglomerados empresariales, de los monopolios y oligopolios, de los privilegios y de la desigualdad. Es un modelo que ha reactualizado el mercantilismo como práctica institucional y se ha servido de la precariedad del sistema social para legitimar la autoconservación del poder de las élites y sus aliados ([ii]). No se olvida la imagen de Dionisio Romero Paoletti, presidente del Directorio de CREDICORP, uno de los conglomerados empresariales más grandes del país (del que forma parte el Banco de Crédito), cuando confesó a la fiscalía haber entregado en forma clandestina y en efectivo la suma de 3´650,000 dólares a la campaña electoral de la candidata presidencial Keiko Fujimori en el 2011. No hubo en la declaración del empresario señal de arrepentimiento. Al contrario, además de darse por absuelto de toda responsabilidad, tuvo tiempo para justificar ideológicamente su “donación” ([iii]).

Es la imagen de una organización social ordenada por la discrecionalidad y la omnipotencia de ciertos sujetos con poder: un banquero que decide ponerse por encima de las reglas de la democracia, más allá de los valores de la república porque se siente el abanderado de una ideología que ha de salvar al país. Es una escena propia de la cultura de los privilegios de un mundo colonial que sobrevive en las prácticas institucionales ([iv]). Sus fuentes y expresiones han variado o se han matizado, pero como estrategia para el ejercicio del poder continúa y se expande con fuerza gracias al impacto de la globalización económica de las últimas décadas[v]. En este proceso se han creado instancias para que las élites y grupos de poder, cual sucesores del poder virreinal, lo sigan ejerciendo hasta nuestros días.

En todo este relato es muy estrecho el espacio para la idea de comunidad o república. No se trata de un hecho aislado y, más bien, alimenta la misma historia de precariedad y falta de imparcialidad que exhiben las prácticas institucionales desde la independencia. Es un problema crónico y estructural que se ha acentuado con el proceso de cambios y modernización de la economía de los años noventa.

Por eso la “promesa republicana” que Basadre evocó en sus reflexiones sobre el Perú es una exigencia del presente. Sin embargo, se ofrece como un desafío para repensar las bases de nuestra convivencia como sociedad. Es la demanda para entender la política en su sentido más edificante y hacerla útil para construir un entorno institucional de justicia e igualdad desde el quehacer cotidiano de las personas. Esa promesa debe ser usada para sentar las bases de una comunidad de libres e iguales en la diferencia y a partir de la diversidad: la promesa de vida que una nueva república deberá realizar para todos los peruanos.


[i]  Pese al surgimiento de nuevas relaciones económicas y políticas luego del fin del colonialismo en Europa, “(…) el sistema mundial sigue siendo muy jerárquico y insuficientemente social y democrático” PIKETTY, Thomas. Capital e Ideología. Barcelona: Editorial Planeta, 2019, p. 775

[ii] En GONZALES M., Gorki. “Reforma y cambio constitucional como instrumento para la autoconservación de las élites”. En: Giustizia costituzionale e tutela dei diritti. Riflessioni maturate a partire dagli incontri del CAF 2020. QUERÉTARO: Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro – Universidad degli Studi di Pisa, Primera edición: enero de 2021, p. 335.

[iii] En su manifestación ante el fiscal José Domingo Pérez, el empresario relató que se trató de una cifra «excepcional» ante la «amenaza del chavismo» en la campaña del 2011. La empresa aseguró en un comunicado que esta donación «no incurrió en ninguna responsabilidad legal». https://gestion.pe/peru/politica/dionisio-romero-paoletti-reconoce-aporte-de-us-365-millones-a-campana-de-keiko-fujimori-durante-el-ano-2011-noticia/

[iv] Véase QUIJANO, Aníbal, “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”, Cuestiones y horizontes. De la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder, Buenos Aires, CLACSO, 2014, p. 781.

[v] Una escasa transparencia, como parte de prácticas institucionales anacrónicas, en las decisiones que llevan consigo las políticas económicas de los propios organismos internacionales como el Banco Mundial o el FMI ha propiciado consecuencias negativas en nuestros países. Véase STIGLITZ, Joseph. El malestar de la globalización. Barcelona: Penguin Random House Grupo Editorial, 2018, p.193


Fuente de imagen: Andina.

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